(apro).- Las policías atacan
a la población. La población lincha presuntos delincuentes. No pueden
generalizarse ambos hechos, pero son extremedamente preocupantes. Y me
pregunto si existe alguna variable que pueda vincularlos. Me atrevo a
opinar que sí. Hay síntomas todos los días, en múltiples ámbitos, que me
orillan a pensar que nuestros gobiernos cada día tienen menos autoridad
y que las leyes están perdiendo su sentido de obligatoriedad entre las
personas. Si a ello le añadimos el factor impunidad, ese sí bastante
generalizado, el pronóstico no resulta alentador.
Es delicado que nos terminen violentando quienes tienen el deber de
protegernos –con especial agravio cuando se ataca y viola a mujeres que
cada día tienen que luchar contra un sistema patriarcal en sí opresor–,
pero si a ello le sumamos el uso faccioso de las leyes, el problema
podría magnificarse todavía más. Cuando los postulados jurídicos no
hacen sentido entre la población, cuando las leyes que nos damos no nos
protegen de quienes abusan del poder, puede pasar cualquier cosa.
El caos que puede derivarse de todo ello no conviene a nadie. Por eso
contamos con los poderes judiciales para que sirvan de última
trinchera. El tema es que no cualquier poder judicial puede estar a la
altura de las circunstancias. Sobre todo si no pasa desapercibida una
aparente complejidad: el resultado de una pésima actuación de las otras
instancias de gobierno es que el poder judicial tenga que acabar
blindando los derechos de quienes deberían enfrentar responsabilidades.
Ante ello, al mal gobierno le queda un pretexto a su medida, porque en
vez de aceptar su inadecuado proceder, opta por culpar ante la sociedad
al poder judicial.
Me sirve el anterior razonamiento para aplicarlo a un asunto con el
que me he visto involucrado en el pasado, porque no siento comodidad
escribiendo de otros casos que no manejo, aunque estén en el centro del
debate público. Para ellos también creo pertinente el enfoque, pero toca
a otras personas desarrollarlo. Así que en lo que sigue resalto el tema
de los organismos genéticamente modificados.
Al inicio de la semana la Suprema Corte de Justicia informó que su
Pleno invalidó el decreto que declaraba a Yucatán como una zona libre de
cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados. La razón
que sustentó esta determinación es que corresponde a la Federación
regular la materia de bioseguridad y distribuir competencias entre los
Estados de la Unión. Más en concreto, la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural tiene facultad exclusiva para establecer esas zonas.
Esta argumentación jurídica es pulcra y difícil de objetar. Pero para
quienes se han dedicado al combate de la invasión de los organismos
genéticamente modificados a cargo de empresas transnacionales y en
defensa de la soberanía alimentaria, y para la gente que en el campo
sufre todas las afectaciones, constituye una noticia que muy fácil puede
mal interpretarse. Logran que una autoridad local por fin haga lo
correcto y lo que resulta es que solamente puede documentarse el
desastre, porque a las autoridades locales exclusivamente les
corresponde monitorear los riesgos de la liberación de estos organismos y
vigilar que se cumpla la ley federal.
Más problemática se torna la percepción de que se ha hecho justicia
cuando en mente se tiene que años atrás en la Corte también pareció
darse un freno a los permisos para siembra comercial de soya
genéticamente modificada, siendo que la apreciación diaria es la
violación de esos fallos. Si de verdad hay quebrantos a la ley, cabe
preguntarse la razón por la que en unos casos hay consecuencias y en
otros no. De ahí a concluir que el Derecho es de uso faccioso hay nulo
margen.
Incluso el camino recomendado por la Corte puede pasar a segundo
plano –existe la posibilidad de demandar a las autoridades federales
para que establezcan una zona libre de organismos genéticamente
modificados puesto que hay suficientes precedentes que obligan a dictar
regulaciones “olvidadas”, como apenas ayer para el uso terapéutico del
cannabis–. ¿Qué hace falta entonces para evitar el caos? Una cosa
segura, entre muchas más que podamos pensar: que las autoridades que
incumplen sus tareas sufran consecuencias, más que simbólicas, las
jurídicas.
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