Crecen los ataques contra periodistas
El más reciente informe de la Fundación Manuel Buendía es sumamente preocupante. En los últimos nueve años han asesinado a 53 compañeros del oficio. De ese total, aparentemente un caso se está aclarando (Eliseo Barrón), sin que hasta la fecha tengamos pormenores del mismo. Los otros, se encuentran archivados para mejor ocasión. Ello porque la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra Periodistas y Medios de Comunicación, de la Procuraduría General de la República, donde cobra el señor Alberto Orellana Wiarco, no tiene recursos, personal ni, sobre todo, interés en hacer las averiguaciones de los casos.
Y al encargado de Derechos Humanos de la mencionada Procuraduría, licenciado Juan de Dios Castro, lo mismo le da por regañar a la defensora de radios comunitarias, Aleida Calleja (se han clausurado violentamente, en dos años, 36 emisoras de ese tipo y cuando menos un par de directivos pueden caer en prisión), que advertirle a los disidentes panistas que no le hagan, al decir del abogado, el juego a los periodistas críticos o a los caricaturistas malévolos.
Hace poco ultimaron a Juan Daniel Martínez, en Acapulco, Guerrero, corresponsal de la W Radio, y con él son ya siete homicidios en lo que va del año, sin que las autoridades federales y estatales pongan la menor atención en lo que sucede. La cifra va en aumento constante, pues en 2007 hubo cinco caídos, un año después se elevó a 12 (más del ciento por ciento), y ahora, en seis meses de 2009, ya superamos lo ocurrido hace dos años.
Como es lógico, muchos de los tecleadores que ya no regresaron a sus hogares vivían en entidades donde el narcotráfico es omnipresente. Y es que cuando las publicaciones se atreven a ello, les lanzan sendas granadas para recordarles quién manda en la plaza, como le ocurrió hace tiempo a El Mañana de Nuevo Laredo.
En 2008 hubo, documentadas, 225 agresiones. Por lo tanto, según el vocero de la citada fundación, Omar Raúl Martínez, se convirtió en el lapso más violento en los últimos tres lustros. De esas acciones violentas, el 69 por ciento fueron realizadas por el poder político. Ello muestra que los burócratas continúan siendo quienes más obstruyen el derecho a la información y a la difusión de las ideas.
Confluyen en estos ataques a las principales libertades, entonces, los que violentan el artículo 6 y 7 constitucionales y aquellos que, teniendo las herramientas para castigar a los infractores, se hacen de la vista gorda o simplemente aceptan que todo pase y nada ocurra.
Los estados donde hay mayor número de acometidas son: Distrito Federal, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Es cierto que muchos de los delitos en estos lugares no son tan graves como los asesinatos, pero en todos los casos se demanda que se impidan.
Una nueva forma de atacar a los emisarios, la cual documenta muy bien Perla Gómez Gallardo en su libro Libertad de expresión, revisión metodológica de las agresiones a periodistas en México, es la demanda civil a medios y reporteros. Mientras que en 2007 hubo dos juicios, el año pasado fueron 14.
Desde que Marta Sahagún llevó a tribunales a la revista Proceso y a Olga Wornat, el numerito se ha repetido. Así pues, lo mismo hizo Gerardo Sosa (cacique hidalguense) contra Alfredo Rivera y Miguel Ángel Granados Chapa; igual procedieron consorcios gaseros y petroleros contra Miguel Badillo, Nancy Flores y Ana Lilia Pérez, acción en la que hasta el comentarista resultó involucrado.
Pero además, hoy existe un boicot del gobierno federal en publicidad. En este caso los perjudicados son las publicaciones: Forum, Síntesis, Contralínea, La Tijereta, Fortuna y Proceso. Así pues, un nuevo mecanismo se agrega para evitar que existan investigaciones puntuales de lo que ocurre en el país, comentaristas agudos, caricaturistas irreverentes y fotógrafos valientes.
Recientemente, en el número 1709 del semanario que dirige Rafael Rodríguez Castañeda y que fundó Julio Scherer García, apareció en la portada una imagen donde ante las armas, dinero, celulares y casquillos de algunos integrantes del cártel de La Familia, se exhibían números de Proceso, sobre todo dos en los cuales se mostraba cómo operaban las bandas delincuenciales en el país.
El hecho es un nuevo atentado contra las libertades elementales. Cuestión que llevó a una airada protesta del impreso. Nos solidarizamos con nuestros compañeros. No se puede presentar a un informativo como parte de un grupo criminal. Es necesario sumar nuestra voz contra dicho atentado del que fue objeto una publicación que ha sufrido embates gubernamentales desde siempre y ahora parecen recrudecerse.
Es vital para una república evitar los asesinatos y demás ataques –abiertos o sutiles– contra periodistas y medios de comunicación.
jamelendez44@gmail.com
¿Y la reforma para atender delitos contra periodistas?
Autor: Álvaro Cepeda NeriSi no fuera por las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a funcionarios, no habría ni antecedentes de las muchísimas quejas de periodistas agredidos, asesinados y perseguidos por servidores públicos que abusan del poder. Quienes trabajan como reporteros, analistas y comentaristas están desamparados totalmente.
Se agrega a ello la negación de la publicidad oficial, para dársela a los incondicionales de la prensa (y hasta millonarios sobornos para quienes impiden que en sus medios se critique a funcionarios, sobre todo a gobernadores), para ahorcar económicamente a la prensa escrita que insiste en informar verazmente y sus editores acatan al pie de la letra que sus colaboradores ejerzan los derechos a publicar escritos sobre cualquier materia.
Ante la impotencia de los periodistas para hacer prosperar sus demandas en los estados, ya que los gobernadores controlan al Poder Judicial (e incluso a la mayoría de los diputados locales), desde hace años se planteó hacer de competencia penal federal esas denuncias.
El decadente titular de la Fiscalía para Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República (un tal Alberto Orellana Wiarco, cómplice de los gobernadores acusados ante el Ministerio Público Federal) se adorna con dizque ser el promotor de la propuesta y pasa por alto que la medida lleva años en los anales periodísticos; así como la creación de un defensor del periodista.
La Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, promete aprobar un dictamen de reforma al Código Penal Federal, y adicionarlo con un título número 27, denominado “Delitos contra la libertad de expresión”. Tipificaría la conducta de los funcionarios para que los tribunales federales conozcan de esas denuncias. Obviamente destituyendo a Juan de Dios Castro por su parcialidad en la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR y a su empleado Orellana Wiarco.
El reportero Enrique Méndez nos da la información: “La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobará un dictamen de reforma al Código Penal Federal que federaliza los delitos cometidos contra periodistas e impone sanciones de uno a cinco años de prisión y multa de 100 a 500 días de salario mínimo a quienes impidan, interfieran o limiten el libre ejercicio periodístico”.
César Camacho anunció que la sanción aumentará 50 por ciento cuando un servidor público cometa la agresión y que, buscando proteger exclusivamente la actividad periodística, no se limita a reporteros o conductores de noticieros, sino que abarca a todos los que intervienen en esa actividad, desde la búsqueda de información hasta su distribución, incluyendo a fotógrafos y camarógrafos.
Se define que esa actividad no sólo es la que se realiza todos los días, también incluye a quien la ejerce con colaboraciones mensuales, de manera remunerada o no y sin que haya necesariamente relación laboral con el medio. “La idea es evitar que los pretextos o legalismos jurídicos hagan que se cumpla con la letra de la ley, pero se evada el cumplimiento o la intención que señala el propio delito”, afirmó (La Jornada, 17 de febrero de 2009).
La pregunta a los legisladores es: ¿cuándo se aprobará el dictamen, para su discusión? Los diputados federales deben agregar la creación de defensor nacional de los derechos del periodista para que, con la aprobación de la reforma penal, sea posible que las libertades de prensa no sean manipuladas por los tribunales, cuando sus jueces y magistrados se ponen al servicio de los intereses particulares o se coluden con funcionarios para atacar, agredir, perseguir y hasta asesinar a periodistas.
cepedaneri@prodigy.net.mx
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