Jenaro Villamil
Desde la década anterior, alentada
por las administraciones mexiquenses de Enrique Peña Nieto y Eruviel
Ávila, la firma española OHL se posicionó como la principal beneficiaria
de megaobras de relumbrón como el Viaducto Bicentenario y el Circuito
Exterior Mexiquense, auspiciadas por ambos políticos. Y hoy que se
conoce su larga cauda de intereses y corrupción que le han dejado
millonarios dividendos, algunos funcionarios, como el titular de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, se
muestran preocupados ante una eventual auditoría que exhibiría sus
pifias.
El lunes 18 de mayo, en una reunión
privada con los integrantes de su gabinete, Enrique Peña Nieto convocó a
sus principales colaboradores a cerrar filas y a respaldar a su
secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza,
el mismo funcionario que durante su administración en el Estado de
México fue el principal responsable de las grandes obras licitadas a
favor de la empresa española OHL (Obrascón Huarte Lain), eje de un
escándalo de sobornos y sobreprecios en la obra del Viaducto
Bicentenario.
Antes del espaldarazo presidencial, Ruiz
Esparza giró instrucciones para “contener el caso” ya que la y él en lo
particular pueden salir afectados en la auditoría ordenada por el
gobernador mexiquense Eruviel Ávila y en las investigaciones que realiza
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contra la trasnacional de la
construcción más favorecida por Enrique Peña Nieto desde que era
gobernador en el Estado de México.
La preocupación del equipo peñista en
torno al escándalo de OHL no es un asunto menor. Tan sólo en el primer
año y medio de Peña Nieto en Los Pinos, la SCT entregó siete contratos a
la OHL por poco más de 41 mil 500 millones de pesos, mientras que sus
principales constructoras rivales –ICA, Tradeco y Carso– sólo obtuvieron
contratos por 9 mil 412 millones.
Los reportes de la SCT indican que en
las grandes obras entregadas por el gobierno federal a OHL existen
también sobreprecios del orden de 610 millones de pesos, en comparación
con las ofertas entregadas por Tradeco o ICA en obras como el Viaducto
Interurbano México-Toluca, la autopista Atizapán-Atlacomulco, el Tren
Ligero de Guadalajara y la autopista México-Puebla. Además, OHL pretende
participar entre las empresas constructoras del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.
Bajo su responsabilidad como titular de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de México
durante la administración peñanietista, Gerardo Ruiz Esparza también le
otorgó a OHL las dos concesiones más importantes que están ahora en la
mira: el Circuito Exterior Mexiquense, una obra de 110 kilómetros que le
genera la mitad de sus ingresos en el país, y el Viaducto Bicentenario,
de 22 kilómetros de carretera entre el Toreo de Cuatro Caminos y
Tepalcapa, en Cuautitlán Izcalli.
“Hay que esperar a que se ventilen las
cosas. Ya me sumé a que se audite si hay duda en el caso del Estado de
México, y en el caso de la federación sistemáticamente se están
auditando las concesiones”, afirmó Ruiz Esparza el miércoles 13 en rueda
de prensa, tras un acto de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC).
Y añadió: “OHL ha cumplido invariablemente en tiempo y forma con los contratos que se le han asignado por licitación pública”.
Viejo militante del PRI y colaborador en
las administraciones mexiquenses de Alfredo del Mazo González y Enrique
Peña Nieto, Ruiz Esparza mandó a revisar y restringir la información
relacionada con los contratos que OHL ha tenido con la administración
federal desde 2012, según reportes internos de la SCT.
Los contratos más importantes son la
construcción del primer tramo del Tren Interurbano México-Toluca por un
monto de 10 mil 148 millones de pesos, entregado a OHL a través de su
filial Constructora de Proyectos Viales de México, y a La Peninsular, de
Grupo Hermes (Carlos Hank Rhon); la licitación para la autopista
Atizapán-Atlacomulco, por 6 mil 946 millones de pesos, y la licitación
de la Línea 3 del metro Guadalajara, de 21.5 kilómetros, por 3 mil 500
millones de dólares.
Esta última obra se la adjudicaron OHL y
Alstom, una compañía francesa que ha estado involucrada también en
investigaciones por fraudes en Connecticut, Estados Unidos, así como en
la construcción de la Línea 12 del Metro del Distrito Federal, junto con
ICA, Grupo Carso y Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles (CAF).
Además de los contratos por más de 40
mil millones de pesos que le ha entregado la SCT, OHL está interesada en
participar como una de las principales empresas en la construcción del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), junto con
otras compañías que presentaron sus propuestas para la terminal de
carga: Ineco, Cal y Mayor, Lufthansa Consulting, Inecomex y Supering.
OHL participa también en el Aeropuerto
Internacional de Toluca (AIMAT) desde que Peña Nieto era el gobernador
en el Estado de México y está interesada en el proceso de edificación de
la terminal de carga y la segunda pista, licitación que también
dependerá de la SCT.
Los senadores Alejandro Encinas, ex
candidato a gobernador del PRD en el Estado de México y Laura Rojas,
legisladora del PAN, propusieron el pasado miércoles 20 de mayo la
creación de una comisión especial para investigar en el Congreso de la
Unión el caso OHL. “La empresa consentida de Peña Nieto”, la calificó
Encinas. Ambos coincidieron en que era insuficiente la renuncia del
titular de Comunicaciones del gobierno de Eruviel Avila, Apolinar Mega
Vargas, y acudir a consultoras financieras como Price Waterhouse y Ernst
& Young para investigar a esta empresa.
La generosidad de Moreno Valle
OHL construye el segundo piso de la
autopista México-Puebla con un costo de 6 mil 500 millones de pesos por
13.5 kilómetros. La generosidad del gobierno de Rafael Moreno Valle con
la empresa española fue mayor que la de Peña Nieto en el Estado de
México durante su gestión.
Cada kilómetro de la autopista
México-Puebla costará 740.7 millones de pesos, mayor a los 233.3
millones de pesos que se invirtieron en los 15 kilómetros de la
autopista México-Toluca, construida también por OHL. El diseño,
construcción, extensión, operación y respaldo gubernamental en cada
autopista son exactamente los mismos.
En el caso de Puebla, OHL comparte el
negocio con otros grupos constructores afines al peñanietismo desde el
Estado de México: Proyectos Viales de México, filial de La Peninsular,
de la familia Hank Rhon, y Pinfra, de David Peñaloza, el mismo
empresario del consorcio industrial Tribasa que dejó una deuda fiscal
por 4 mil millones de pesos en el gobierno de Carlos Salinas.
Dato importante: el mismo personaje que
fungió como intermediario en el caso Tribasa durante el salinismo, José
Andrés de Oteyza –secretario de Patrimonio y Fomento Industrial en el
sexenio de José López Portillo–, es el actual presidente de OHL en
México.
De Oteyza formó parte de aquel grupo de políticos hijos de padres españoles conocidos como Los Churumbeles, quienes no pudieron aspirar a la candidatura presidencial por el candado que existía en el artículo 82 constitucional.
Texto original publicado en la revista Proceso No. 2012
segunda parte
Circuito Exterior Mexiquense: despojo
De todas las obras construidas por OHL
la más polémica es, sin duda, la del Circuito Exterior Mexiquense, que
abarca 110 kilómetros y genera 50.1% de los ingresos de la trasnacional
española en México.
Desde su origen, la obra estuvo plagada
de irregularidades a causa de las demandas y litigios interpuestos por
ejidatarios de municipios aledaños a Texcoco, Ciudad Nezahualcóyotl,
Tultepec y Chimalhuacán debido a los despojos.
El abogado Giancarlo Schievenini,
representante de cuatro familias despojadas de un terreno de 30 mil
metros, perteneciente al rancho La Virgen, en Tultepec, relata a Proceso
ese caso, representativo de la manera en que actuó el gobierno del
Estado de México para proteger a OHL durante la gestión de Peña Nieto.
En 2009, funcionarios del Sistema de
Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos del Estado de México
(SAASCEM), dependiente de la Secretaría de Comunicaciones, con Gerardo
Ruiz Esparza al frente, ofrecieron a los propietarios entre 200 y 300
pesos por metro cuadrado, mientras que a dueños de otros predios de
menor extensión les pagaron mil pesos por metro.
Las familias se negaron a vender, con el
argumento de que en esa extensión había un pozo que alimentaba la
Granja Mayté, productora de alfalfa, y que el valor de las tierras era
superior.
Sin avisarles, el gobierno del Estado de
México ordenó la expropiación, con el pretexto de que el rancho La
Virgen no tenía propietarios. En 2010 interpusieron un juicio de amparo
17/2010 y lo ganaron. Como ya estaba construida la carretera, el juez
ordenó que se les pagaran 50 millones de pesos, pero las autoridades
mexiquenses ofrecieron sólo 10 millones.
Los afectados se fueron a un arbitraje y
la suma quedó en 52 millones. Los abogados contratados por las
autoridades y OHL echaron abajo el juicio, cuestionando el proceso de
elección del juez.
Desde 2011 los dueños de los terrenos
mantienen el juicio, que está frenado en el Consejo de la Judicatura
Federal. “Nos chicanearon. Y hay una corrupción tremenda. Nadie sabe qué
pasó con el cheque de 10 millones de pesos que estaba ya en la
Tesorería del Estado de México para que lo cobraran como indemnización,
aunque sólo fuera la quinta parte de lo ordenado por el juez”, comenta
Schievenini a Proceso.
El abogado afirma que en este caso están
involucrados desde el entonces secretario estatal de Comunicaciones,
Gerardo Ruiz Esparza, hasta jueces del Poder Judicial y funcionarios del
SAASCAEM, la misma entidad denunciada por la empresa de tecnología
aplicada Infrabaer, que publicó sendos desplegados en la prensa nacional
el lunes 11 acusando a OHL de cobros indebidos en las cuotas del
Circuito Exterior Mexiquense que le han representado a la empresa
española ingresos por 120 millones de pesos.
Otro testimonio, recabado por Proceso,
señala que se gestionaron “apoyos” de OHL a diversas comunidades
ejidales para la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, a través
de personajes como Gabino Fraga Peña, titular del grupo GAP,
involucrado en el caso Monexgate de la campaña presidencial del 2012. El
despacho GAP liberó la segunda fase del Circuito Exterior. Los “apoyos”
de OHL le fueron devueltos por el Gobierno del Estado de México.
Los “regalos” de Eruviel a OHL
El asesor jurídico de Infrabaer, Paulo Díez, ha argumentado en inserciones pagadas y en el sitio de internet FinAlAbuso.Net que OHL y el gobierno del Estado de México están coludidos en los abusos cometidos en el Circuito Exterior Mexiquense.
Infrabaer denunció que gracias a la
quinta modificación del contrato con OHL, de diciembre de 2012, el
gobierno del Estado de México le extendió el plazo de la concesión hasta
2051 (cuando originalmente era hasta 2030) y le permitió a la firma
extranjera cobrar incrementos adicionales a las tarifas de peaje entre
2013-2021 de manera irregular.
Tan sólo en 2014, OHL se embolsó por
cuotas de peaje 2 mil 360 millones de pesos y, a pesar de eso, “la
supuesta inversión de OHL en el proyecto no sólo no disminuyó, sino que
se incrementó en más de 6 mil millones de pesos”.
Uno de los cobros irregulares fueron los
50 centavos adicionales que cada usuario pagó por el supuesto Sistema
Independiente de Verificación de Aforo (SIVA), que nunca operó porque
OHL no le permitió a Infrabaer instalar el equipo.
Si sumamos 50 centavos adicionales a la
cuota de cada uno de los 272 mil 19 automóviles diarios que circulan por
el Circuito Exterior Mexiquense, da un total de 120 millones de pesos
extras desde enero de 2013, tan sólo por ese concepto.
La sexta modificación al título de
concesión de OHL, aprobada por el gobierno de Eruviel Ávila la semana
pasada, en medio del escándalo de las grabaciones en las cuales se
ventilaron los actos de corrupción de la firma española, eliminó el
cobro por SIVA, pero exoneró al titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes estatal, Apolinar Medina, quien autorizó
este incremento de la tarifa y apareció en las llamadas telefónicas.
En su documentación sobre las
irregularidades del Circuito Exterior Mexiquense, Infrabaer argumenta
que la quinta modificación al título de concesión no era necesaria
porque OHL ya había recuperado la inversión total de 18 mil 628 millones
de pesos que notificó el 31 de diciembre de 2011 en documentos
validados por los auditores de Deloitte.
A pesar de eso, el gobierno de Eruviel
Ávila le amplió el plazo de título de concesión hasta el 31 de diciembre
de 2051 y le autorizó incrementos adicionales a la tarifa o cuota de
peaje de 50% real, es decir, adicional a la inflación, entre 2013 y
2021.
No sólo eso. El 4 de febrero pasado,
Eruviel Ávila envió al Congreso estatal una iniciativa para reformar el
Código Administrativo y permitir que OHL pudiera seguir explotando la
concesión, independientemente de que ya hubiera recuperado su inversión
más el rendimiento correspondiente (como ocurre hoy en el caso del
Circuito Exterior Mexiquense).
“La propuesta no sólo es
inconstitucional, sino que es un disparate jurídico y económico,
contrario a la práctica internacional en la materia”, afirma Infrabaer.
Infrabaer calcula que de 2013 a 2051 OHL
se podrá embolsar tan sólo por cuotas de peaje en el Circuito Exterior
Mexiquense 294 mil millones de pesos. Si se considera una inflación
anual de 4% constante durante este periodo, la firma española se
embolsará 775 mil millones de pesos; es decir, “140 veces más el monto
de la inversión original del proyecto y casi 20 veces la deuda total del
Estado de México. Ni más ni menos”.
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