Activistas piden respaldo internacional ante cerrazón de gobierno
Pese
a las campañas y llamados internacionales que piden al gobierno
salvadoreño garantizar la vida y salud de la población femenina con la
legalización de las causales de aborto, en el país centroamericano las
mujeres que interrumpen su embarazo –incluso de forma involuntaria–
siguen siendo criminalizadas, e incluso condenadas a 30 años de prisión.
Ante esa realidad, que se agrava con la falta de acceso a servicios de
salud sexual y reproductiva, la alta tasa de embarazos en adolescentes y
la poca denuncia de los delitos de violación sexual, el movimiento
feminista en El Salvador ha asumido un compromiso con las mujeres en
medio de un contexto adverso contra quienes defienden los Derechos
Humanos (DH).
Angélica María Rivas Monge, coordinadora de la Comisión Jurídica de la
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico,
Ético y Eugenésico en El Salvador, conversó con Cimacnoticias sobre el
difícil proceso que han emprendido las activistas para defender los DH
de las mujeres, en una nación que desde 1998 penaliza el aborto bajo
cualquier circunstancia.
La Agrupación Ciudadana es la organización civil que representa
legalmente a 17 mujeres en situación de pobreza que tuvieron partos
extra hospitalarios o problemas obstétricos, y no contaron con la
asistencia médica adecuada, por lo que fueron denunciadas por aborto y
condenadas a penas de entre 30 y 40 años de cárcel, al ser procesadas
por el delito de homicidio agravado.
Rivas Monge contó que antes de que fuera modificado el Código Penal en
1997 (reforma que entró en vigor al año siguiente) se permitía que las
mujeres interrumpieran su embarazo en caso de violación sexual, peligro
para la vida de la mujer, o en caso de que el producto presentara
malformaciones incompatibles con la vida.
Sin embargo, no existía un procedimiento claro para acceder a esas
causales. “Por ejemplo en el caso de violación, se exigía que el agresor
ya estuviera en prisión, (pero) para cuando eso pasaba, el embarazo ya
estaba muy avanzado”, dijo la activista.
Por ello, durante el proceso de reforma al Código Penal nacional, el
movimiento feminista buscaba que se crearan los protocolos adecuados
para acceder a las causales.
“Fuimos amenazadas con ser denunciadas del delito de ‘instigación y
ayuda al aborto’, que se penaliza hasta con cinco años de prisión, y
finalmente perdimos la batalla ante la jerarquía católica y conservadora
que buscaba la prohibición total del aborto”, recordó Angélica María
Rivas.
Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal –a decir de la
defensora–, se agudizó el contexto de criminalización contra las mujeres
que interrumpen su embarazo.
En 2009 la prensa estadounidense retomó el caso de Karina, quien había
sido procesada en un inicio por aborto y fue condenada por homicidio
agravado. La Agrupación Ciudadana decidió buscar a esta salvadoreña y
representarla legalmente hasta que recobrara su libertad.
Rivas Monge contó que la Agrupación Ciudadana tuvo un acercamiento con
el Centro Las Libres –organización guanajuatense con sede en el estado
de Guanajuato–, que ya había logrado el excarcelamiento de mexicanas que
también habían sido criminalizadas por abortar. “Pudimos reunirnos con
ellas y empaparnos de su experiencia”, destacó.
A raíz de una investigación realizada por la organización salvadoreña se
detectó que de 2000 a 2011, un total de 129 mujeres habían sido
procesadas por aborto, y más de 20 estaban privadas de su libertad.
Tras revisar los casos, se decidió presentar en abril de 2014 una
solicitud de indulto para 17 mujeres a la Asamblea Legislativa de El
Salvador, basada en la Ley Especial de Ocursos de Gracia.
De acuerdo con la especialista, no se debe confundir con “perdón”, ya
que a nivel jurídico dicho recurso se concede por razones de justicia y
equidad.
En ese sentido, la organización argumentó la solicitud con base en la
inocencia de las mujeres, “pues ellas fueron víctimas de un sistema de
criminalización y debían ser indultadas por razones de justicia, equidad
y Derechos Humanos”.
A más de un año de iniciada la campaña “Libertad para las 17”, (acogida
por organizaciones internacionales), 15 de ellas siguen en prisión luego
de que una cumpliera su condena de 12 años de cárcel y fuera puesta en
libertad, y en enero de este año se otorgara el indulto a Guadalupe.
Aunque no han sido notificadas oficialmente, se sabe que la Asamblea
Legislativa negó el indulto a las otras 15 mujeres, pero aún se
desconocen las razones de la negativa.
En tanto, la criminalización no ha cesado y de 2011 a la fecha la
organización ha identificado 10 casos más de mujeres procesadas
inicialmente por aborto, pero condenadas por delitos más graves, el caso
más reciente se dio hace un mes.
De ese total, la Agrupación representa legalmente a seis mujeres, además de las 15 que aún están en reclusión.
“Nuestra campaña por la libertad de estas mujeres continúa, estamos
buscando otras estrategias para demostrar su inocencia y obtener su
libertad; tenemos un compromiso con ellas y con sus familias que
seguiremos honrando”, refrendó Rivas Monge.
La también abogada sostuvo que a raíz de la campaña se ha presionado al
Estado salvadoreño para sostener un diálogo al respecto (incluso
Naciones Unidas ha ofrecido ayuda para orientar al gobierno en el
proceso), pero no ha accedido a ello.
“No estamos hablando únicamente de aborto, sino de otras garantías a la
salud sexual y reproductiva de las mujeres”, dijo. Puso como ejemplo que
aproximadamente el 33 por ciento de los partos a nivel nacional
corresponden a adolescentes, y aunque no hay cifras exactas, un alto
número de esos embarazos fueron producto de violación.
A lo que se suma que el Ministerio de Salud salvadoreño no genera bases
de datos y estadísticas sobre interrupciones del embarazo o muertes
maternas por abortos inseguros. “Es como si en El Salvador el aborto no
existiera, pero sabemos que no es así y que muchas mujeres continúan
arriesgando su vida para interrumpir su embarazo”, alertó la feminista.
Angélica Rivas llamó a las organizaciones civiles de América a voltear
la vista a El Salvador, y evidenciar la necesidad de que el gobierno
dialogue con todos los sectores de la población a fin de que se respeten
los derechos de todas las mujeres.
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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