El
gobernador de Baja California (BC), Francisco Vega de Lamadrid, esperó
hasta el último día del plazo acordado para reunirse con la Alianza de
Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social de
San Quintín, con quienes tratará demandas de infraestructura que tienen
más de 10 años de rezago, así como la construcción del hospital de
especialidades y guarderías para las jornaleras.
Fidel Sánchez Gabriel, vocero de la Alianza, dijo vía telefónica a
Cimacnoticias que el subsecretario de Gobierno de BC, Pablo Alejo López
Núñez, se comunicó el pasado 27 de mayo con él para informarle sobre el
cumplimiento del último punto de los 13 acuerdos que firmaron
conjuntamente (en presencia de legisladores y autoridades federales) el
pasado 14 de mayo.
En este último acuerdo se especifica que el gobernador deberá reunirse
con las y los jornaleros antes de que concluya este mes de mayo para
tratar problemáticas locales.
Lo que Sánchez Gabriel escuchó por teléfono fue que este sábado 30 de
mayo, a las 11 de la mañana (tiempo del Pacífico, 1 de la tarde en la
Ciudad de México) Vega de Lamadrid se trasladará hasta el Centro de
Gobierno de San Quintín, al sur del municipio de Ensenada, para tratar
problemáticas de la región del Valle que tienen hasta 10 años de rezago.
Los voceros del movimiento y Lucila Hernández García, representante de
las mujeres jornaleras, ya tienen preparado el orden del día para la
reunión, en la que plantearán algunas exigencias que presentaron al
gobernador desde años anteriores.
Las y los jornaleros pedirán que se actualice un estudio de factibilidad
para la construcción de una presa en la cuenca del arroyo de Santo
Domingo, que beneficiaría de agua potable principalmente a la comunidad
indígena triqui que se asienta en San Quintín.
Sánchez Gabriel precisó que el primer estudio para construir la presa se
hizo en 1977, pero el gobierno local de entonces pospuso el proyecto y
hasta ahora no se ha construido.
Otro tema sobre la mesa es la planeación de un programa de
regularización predial para las miles de personas que habitan los
asentamientos irregulares de las comunidades de jornaleros, y que no son
beneficiarias de recursos federales.
La falta de infraestructura hidráulica obliga a las mujeres de San
Quintín a trasladarse con dos cubetas de 20 litros hasta las vías
principales de las comunidades, para esperar las pipas de agua y comprar
el líquido a 23 pesos por un tambo de 200 litros.
Por familia se requiere de tres a cinco tambos por semana para el uso
diario, pero para la preparación de alimentos se hace un gasto extra de
11 pesos por garrafón.
Mañana también se discutirá la construcción de un plantel en San Quintín
de la Universidad Tecnológica de Tijuana, que estaba previsto desde
hace dos años pero, sin previo aviso, el proyecto empezó a planearse
para otra comunidad.
Igualmente se discutirá la expropiación de un pozo ubicado en el Ejido
Díaz Ordaz, el cual fue construido con financiamiento de la Comisión
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) hace 11 años.
No obstante, cuando el pozo estuvo listo para la toma de agua gratuita
(un año después) llegó un supuesto dueño que se apropió del pozo,
dejando sin agua a una comunidad de más de 600 habitantes.
A estas añejas demandas, el movimiento agregará las que surgieron este
2015; entre ellas, la construcción de un hospital de tercer nivel para
el cual –aseguró Sánchez Gabriel– el movimiento ya dio una contribución
económica simbólica (de 20 a 50 pesos por 10 integrantes de la Alianza)
al diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Ricardo Medina Fierro, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas y
quien es oriundo de BC.
Cabe detallar que desde el año pasado se abandonaron los cimientos para
la construcción de una unidad de servicios de salud en la delegación
Camalú, la cual se pensaba sería el hospital de tercer nivel.
No obstante, las y los jornaleros supieron que ahí se habría construido
la Clínica 69 (del programa federal Prospera) que finalmente se asentó
en la colonia 13 de San Quintín, y no atiende especialidades ni
urgencias que no sean básicas.
Las y los jornaleros cuestionarán al gobernador Francisco Vega sobre el
cumplimiento del resto de los acuerdos, ya que aunque no niegan que ya
se hayan realizado las inspecciones a los que se comprometió la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el movimiento desconoce
exactamente en qué centros de trabajo se están llevando a cabo.
También pedirán informes sobre el número de personas que se lograron
afiliar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que de ese
registro dependerá el número de guarderías que habrán de construirse.
Fidel Sánchez señaló que sigue en pie la reunión del próximo 4 de junio
con el gobierno federal para detallar el posible aumento salarial a 200
pesos mínimo por día, y agregó que no está en sus planes impedir las
elecciones del próximo 7 de junio, a fin de que no se vincule al
movimiento jornalero con algún partido político.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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