La evaluación impositiva del Estado no considera el esfuerzo diario de los maestros con sus alumnos.
lasillarota.com
Qué
fácil es cuestionar a los maestros si no se conoce su trabajo. Apenas
este viernes el gobierno federal en un intento oportunista suspendió,
que no canceló, la evaluación educativa como una estrategia electoral y
con ese pretexto diversos sectores de la iniciativa privada atacaron
con todo al magisterio, como si fueran ellos los responsables del
estado en que se encuentra la educación en México.
Es evidente que esa “suspensión indefinida” de la evaluación
educativa tiene un fin político, lo que la hace deleznable. Saben que
esta medida es rechazada por el magisterio no porque se opongan a ser
evaluados sino porque el objetivo es pisotear sus derechos laborales.
Pretenden con ello calmar la inconformidad magisterial, pero no lo
lograran.
La suspensión es un simple aviso en medios de comunicación sin
consecuencias legales, porque los Lineamientos para llevar a cabo la
evaluación del desempeño quienes tienen funciones de docencia,
dirección y supervisión en educación básica y media superior,LINEE-05-2015, publicados en el Diario Oficial de la Federación
el 7 de abril de 2015 y aprobados por la Junta de Gobierno del
Instituto de Evaluación para Evaluación de la Educación no han sido
cancelados y siguen vigentes.
Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para el gobierno
federal; el juez Séptimo de Distrito en materia federal con sede en la
ciudad de Morelia, Michoacán ordenó la suspensión definitiva,
con motivo del amparo presentado por diversos maestros, contra esa
medida con el fin de no ser “obligados a presentar la evaluación
contemplada en los lineamientos que reclaman”, y “casualmente” el
gobierno federal anunció al día siguiente de la decisión judicial, la
suspensión de manera indefinida de la aplicación de dicho examen a los
docentes de nuestro país, bajo el argumento de tener nuevos elementos a
considerar en el proceso de evaluación.
A pesar de ello dicen los agoreros gubernamentales que la evaluación
educativa ha sido uno de los logros más importantes de este gobierno,
pero esa afirmación es una falsedad porque ha sido la mayor regresión
educativa en más de 100 años de nuestra historia.
Sin más, con la reforma constitucional han hecho a un lado las
responsabilidades educativas del Estado en materia de gratuidad. Los
padres de familia soportan ahora cuotas obligatorias para sostener los
gastos básicos en el sistema escolar. Aportan no solo recursos
económicos sino incluso trabajo personal para reparar, mantener y
limpiar los centros escolares.
Los padres tienen la amenaza constante de que sus hijos serán
excluidos si no hacen las aportaciones correspondientes en dinero y en
especie. El sistema educativo ha sufrido una de las peores regresiones
al alejarse la responsabilidad estatal con motivo de la reforma
educativa.
Lo que no se dice es que la “evaluación educativa” se limita a un
examen de un mismo tipo para todo el magisterio ajeno a las
especialidades de cada uno de ellos. No hay capacitación previa
constante, ni la entrega de material idóneo ni con la debida
oportunidad, no existe tampoco un organismo imparcial ante una
evaluación que se considere injustificada. No hay un protocolo que
proteja los derechos del maestro en este proceso. Son los operadores
gubernamentales, preparados al vapor, los que pretenden imponerlo,
desde una visión de escritorio ajena a la realidad, sin considerar la
situación que se vive en cada aula del campo, de sectores marginados
que son la mayoría y son quienes sufren graves problemas económicos.
Los y las maestras no sólo se enfrentan a la precariedad de los
centros escolares sino a la carencia de personal e instalaciones dignas
y suficientes. Muchos de ellos tienen que dar varias materias a la vez
o incluso en un mismo salón tienen que atender a menores de distintos
grados escolares. ¿Esa es la evaluación educativa que defiende el
gobierno federal?
La evaluación impositiva del Estado no considera el esfuerzo diario
de los maestros con sus alumnos, los métodos que a diario tienen que
desarrollar para enseñar, motivar, para incentivar el aprendizaje, para
mejorar las actitudes y aptitudes de sus educandos. De eso no se puede
dar constancia escrita porque el proceso de enseñanza aprendizaje es
más complejo y eso los burócratas gubernamentales no lo entienden.
¿Cómo se puede medir la capacidad de un profesor con un simple
examen que ni siquiera está relacionado con la o las materias que día a
día tienen que enseñar en las aulas escolares?
¿Quiénes son esos “sabios” que han diseñado exámenes sin compartir
las experiencias con el magisterio de la realidad que enfrentan en
materia de educación?
¿Por qué no se realizan jornadas de capacitación en la que
participen los maestros más adelantados, con mayor experiencia y que
día a día saben de las carencias para insertarlos en una reforma
educativa integral que busque la mejora de la niñez?
Es una lástima que al frente de este proyecto esté un secretario de
educación pública como Emilio Chuayffet que no tiene idea del diálogo
ni de la búsqueda de alternativas colectivas para mejorar la educación.
Para un funcionario como él, con falta de visión, está convencido de
que es con el autoritarismo y leyes huecas como se puede imponer un
nuevo y mejor modelo educativo.
Pero que equivocado está este funcionario porque el arte de gobernar
no se puede basar en acciones punitivas sino en armar y estructurar
mejores condiciones para la impartición educativa. Pero se requiere de
una amplia participación de la sociedad.
Pero eso no lo entienden los funcionarios de este régimen, porque trabajan para un gobierno pequeño y entreguista.
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx twitter: @Manuel_FuentesM
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