ONU revisará casos de mujeres implicadas en delito de trata
El
gobierno de Chiapas no ha realizado ninguna operación que impacte en
las redes internacionales de trata de personas, reconoció Rafael
Martínez Ruiz, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos de la Procuraduría General de
Justicia estatal (PGJ).
En entrevista, el funcionario explicó que los operativos realizados se
originan por denuncias de taxistas inscritos en el programa
gubernamental “Taxista vigilante”, por policías municipales y en su
mayoría derivadas de denuncias ciudadanas anónimas.
“¿Labores de investigación de alto impacto? Sólo si la policía
científica federal las realiza, porque la Fiscalía no tiene suficiente
personal”, justificó Martínez Ruiz.
Cuestionado sobre las denuncias de las mujeres migrantes detenidas y las
faltas al debido proceso en sus juicios, el fiscal especial respondió
que ni en los operativos, ni en los procesos “hay error”. Para él estos
planteamientos sólo son “argucias de los abogados de la defensa. Son
argumentos ficticios”.
Y cuando las presuntas víctimas se retractan “es porque tienen el
‘síndrome de Estocolmo’, porque no se dan cuenta que están siendo
explotadas”, sostuvo.
El fiscal reiteró que aunque las “migrantes víctimas” sean repatriadas a
las pocas horas o días de ser “rescatadas”, y no ratifiquen lo que el
Ministerio Público presenta como declaraciones contra presuntas
tratantes, el proceso penal contra las detenidas continúa con la
Fiscalía como acusador, “porque es un delito grave que se persigue de
oficio”.
La Fiscalía contra la Trata, abundó, es constantemente capacitada por
personal de la embajada de Estados Unidos y agencias de la ONU.
INTERVIENE NACIONES UNIDAS
En entrevista al respecto, Antonio L. Mazzitelli, representante de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en
México –organismo asesor en el plan antitrata del gobierno de Chiapas–,
se comprometió a que la instancia a su cargo revisará los casos que han
llegado ante un juez, “para entender si nuestra evaluación del proceso y
compromiso del gobierno chiapaneco es real y sustentable”.
También sostuvo que “una política migratoria menos penalizante para el
migrante irregular tendría un impacto positivo en la ruptura de
determinados mecanismos relacionados con la trata”.
Cuestionado sobre las denuncias de las mujeres migrantes detenidas y las
faltas al debido proceso en sus juicios, Mazzitelli reconoció que la
UNODC no ha analizado de fondo los expedientes de los casos que se han
judicializado. Sin embargo, aclaró, no se puede menospreciar lo que el
gobierno de Chiapas ha hecho para combatir el delito de trata.
Desde hace dos años, la UNODC asesora los protocolos de atención a
víctimas y el abordaje para la persecución y la investigación sobre el
delito de trata de personas en Chiapas.
De entonces a la fecha, consideró Mazzitelli, el desempeño que Chiapas y
sus autoridades han tenido en el combate a la trata de personas se pude
medir en la cantidad de personas acusadas que se han llevado a juicio,
la asistencia a las víctimas, y la persecución de los presuntos
traficantes.
“No lo digo sólo yo; nosotros trabajamos con organizaciones de la
sociedad civil que se dedican a la asistencia a las víctimas, y siempre
nos han hablado bien de lo que se está haciendo en Chiapas, comparado
con otros estados de la Federación. Esto no quiere descartar que haya
otras realidades que hay que investigar y perseguir”.
REPARACIÓN DEL DAÑO
Al cierre de este reportaje, la PGJ de Chiapas anunció que en una
operación conjunta en la que participaron policías estatales, federales y
municipales, se “rescató” a 39 víctimas de trata, que se encontraban en
bares y cantinas del municipio de Motozintla, en la región de la sierra
colindante con la frontera guatemalteca.
La PGJ presentó a seis personas detenidas, entre ellas cuatro mujeres
migrantes originarias de Honduras, quienes, dijo, “fungían como
encargados de los establecimientos, por lo que serán consignados para
que enfrenten el proceso penal en su contra por el delito de trata de
personas”.
El pasado 17 de mayo las mujeres acusadas de trata, Karen Vallecillo
Castro, Denia Elizabeth Santos y Santa María Rosales, iniciaron en el
penal femenil de la fronteriza ciudad de Tapachula, un ayuno indefinido
para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la
revisión de sus casos.
Una semana después fueron liberadas. Tras cuatro, tres y dos años en
prisión, el juez les concedió la “libertad absolutoria”. Las tres
mujeres exigen ahora al Estado mexicano la reparación del daño moral,
físico y psicológico, incluyendo el reconocimiento público de que fueron
injustamente encarceladas.
Demandan la implementación de garantías de no repetición por parte del
Estado para que se respeten los Derechos Humanos de las personas
migrantes en México sin importar su condición migratoria.
Más de 30 mujeres migrantes centroamericanas siguen presas acusadas del delito de trata de personas.
*Este trabajo forma parte del proyecto “En el Camino”, realizado por la
Red de Periodistas de a Pie, con el apoyo de Open Society Foundations.
Conoce más del proyecto aquí: enelcamino.periodistasdeapie.org.mx.
Por: Ángeles Mariscal*
Cimacnoticias | Tuxtla Gutiérrez, Chis.-
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