6/03/2015

El rastro de las masacres


La guerra contra el narcotráfico en México es una guerra contra la población


La violencia y la criminalidad en México no son fenómenos inéditos. Tienen larga raigambre histórica en el país. Pero esa violencia y criminalidad muta al compás de las transformaciones y reformas de Estado. Es decir, las modalidades de violencia y criminalidad que definen el presente nacional están orgánicamente entretejidas con los contenidos de la “situación” estatal. Es casi imposible no advertir la correlación entre el aumento de la violencia y criminalidad, o las formas específicas de esa violencia y criminalidad, y los procesos de despojo patrimonial en curso. El agua, el gas, el petróleo, las tierras y todo el conjunto de recursos naturales, materiales y humanos domésticos están puestos solícitamente a disposición de los múltiples capitales foráneos golondrinos. Las políticas de Estado condenan a la población al subempleo informal sin prestación, al trabajo alienante estandarizado y precariamente remunerado, y en no pocos casos al autoempleo en la industria criminal. En ese desierto de aspiraciones y horizontes cercenados, la violencia y la criminalidad cobran un rol definitorio en la construcción de materialidades e imaginarios colectivos. La guerra contra el narcotráfico es una política de Estado que dota de direccionalidad y coherenciaa esa sórdida trayectoria nacional. No es un asunto circunstancial que los controles de seguridad reporten un relajamiento obstinado, mientras que la violencia y la criminalidad (humanamente inenarrables) se extienden por toda la geografía nacional con absoluta impunidad. 
La guerra contra el narcotráfico no es una guerra contra el narcotráfico. En este espacio se sostiene reiteradamente esta tesis. Y no es por un mero capricho teórico. La realidad provee evidencia extensa para sostener con hechos esta conjetura. Las pruebas arrojan una conclusión categórica: que la guerra contra el narcotráfico es una guerra contra la población. Las principales notas de la semana son un muestrario de esta realidad. México es un catálogo de vandalismo institucional, crímenes de Estado, delitos de lesa humanidad. La masacre, que fue una táctica de exterminio utilizada rutinariamente por las juntas militares latinoamericanas, es una modalidad de asesinato cada vez más extendida en el país. En México la masacre es rutinaria. En casi todos los casos el Estado es el victimario, por acción u omisión. A continuación, un inventario de las más recientes masacres, y una recapitulación de otros asesinatos masivos que enlutan e indignan al país en estos años aciagos de la guerra.
1. En Villa Purificación, Jalisco, testimonios y familiares de desaparecidos coinciden en señalar que el Ejército abatió a decenas de civiles después de los enfrentamientos ocurridos el 1 de mayo en el marco de la Operación Jalisco. Algunas familias reclaman la entrega de los cuerpos. Otros ni siquiera se atreven a reclamar por el temor que produce la presencia de efectivos militares en la región. En la zona hay aproximadamente 11 mil elementos. Las autoridades hacen caso omiso a los reclamos. El Ejército no permite a la gente reconocer a los muertos. Hasta el viernes 22 del mes en curso, “el número de ‘víctimas fatales’ de la Operación Jalisco sumaban al menos 104, incluidos los civiles de Villa Purificación…” (Proceso 24-V-2015).
2. Entre el 9 y el 14 del mes en curso se reportó la desaparición de al menos 15 personas en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. Otras fuentes señalan que la cifra de personas desaparecidas asciende a 30. La prensa atribuye la autoría del crimen a las policías comunitarias. Pero algunos líderes de las CRAC-PC insisten en señalar que se trata de una falsa acusación. Hasta ahora la información está envuelta en un manto de opacidad. Algunos medios registran el hallazgo de un cadáver, presumiblemente de una persona que estaba entre el grupo de desaparecidos.
3. En el municipio de Heliodoro Castillo, en la región sur de la Sierra Madre en Guerrero, se reportó la semana pasada una balacera entre presuntos grupos de la delincuencia organizada. El enfrentamiento dejó un saldo de al menos 10 personas muertas y 20 lesionadas. Las autoridades locales y federales se enfrascan en una querella por imponer su respectiva versión acerca de la cifra real de decesos. La averiguación pericial del crimen no es un asunto prioritario. El gobierno apuesta al olvido. Algunos municipios contiguos se vaciaron. Los habitantes abandonaron sus hogares o huyeron por la violencia en la región.
4. Elementos de la Policía Federal, la Secretaría de Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República abatieron a 43 presuntos delincuentes en el municipio de Tanhuato, Michoacán, que se presume son miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades hablan de un choque o enfrentamiento entre narcos y fuerzas federales. Pero el saldo de la supuesta “confrontación” hace suponer que se trató de una masacre equiparable a Tlatlaya, pues la cifra de “criminales” caídos se estima en 43 mientras que en el bando de los elementos federales tan sólo hubo una baja. Las declaraciones oficiales de las autoridades están plagadas de inconsistencias. Según el gobierno, los hechos se produjeron tras un “operativo de investigación luego de que presuntos delincuentes armados invadieron un predio”.
5. Michoacán es un compendio de masacres. En 6 años se contabilizan al menos 8 masacres. (Quadratin 23-V-2015). El estado es un tiradero de cadáveres. En Uruapan y Lázaro Cárdenas, es habitual el hallazgo de cuerpos abandonados en vialidades públicas concurridas. A las 43 víctimas de la más reciente masacre en la comunidad de Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanhuato, se suman 72 personas más que perdieron la vida en ocasiones de crimen análogas. La última que acaparó la atención de la prensa nacional e internacional fue la ocurrida el 6 de enero de 2015 en Apatzingán. Según fuentes extraoficiales, en el acto fueron ejecutadas 16 personas. La evidencia sugiere que participaron policías federales y personal del Ejército Mexicano del 30 Batallón de Infantería de la XLIII Zona Militar. La revista Proceso registra: “De acuerdo con declaraciones ministeriales, a las 2:30 horas de ese día, un convoy de la Policía Federal irrumpió por el costado sur del Palacio Municipal. Momentos después un destacamento militar lo secundó por el costado norte. Dichos testimonios describen una operación de pinza en la cual federales y militares dispararon al plantón de 70 rurales y autodefensas que, armados sólo con palos, pernoctaban en el sitio” (Proceso 24-V-2015). En el parte oficial los militares arguyen que intervinieron en respuesta a un “reporte ciudadano”. Pero testigos coinciden en destacar que escucharon a policías y elementos castrenses gritar repetidamente: “¡Mátenlos! ¡Mátenlos!”. Pero acaso más ilustrativa de la inacción institucional de la autoridad o su connivencia con el crimen en Michoacán es la masacre que tuvo lugar en Los Reyes, durante una marcha organizada por un grupo de autodefensa para protestar por la complicidad de agentes estatales con la delincuencia organizada, en la que un comando armado disparó contra el contingente en frente de la presidencia municipal. Cinco personas resultaron muertas. Los responsables del crimen siguen prófugos.
6. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, una madre de familia presentó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos por la presunta ejecución extrajudicial de su hija, de tan sólo 21 años de edad. De acuerdo con testigos, efectivos militares del decimosexto regimiento de caballería de la Secretaría de la Defensa Nacional dispararon sin motivo contra un grupo de jóvenes. En el acto, mataron a la joven de 21 años e hirieron a una más.
7. Hay quienes piensan que la equiparación de México con Irak es una exageración. Pero acaso la única diferencia es que allá, en Irak, se reconoce públicamente que el país está en guerra, o bien que está involucrado en un conflicto armado. En México el poder constituido y consortes heráldicos insisten en alimentar la ficción de la normalidad democrática. El reciente informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres advierte que Siria, Irak y México son los países que reportan más muertos por conflictos armados en 2014. De acuerdo con el informe, en México hubo cerca de 15 mil muertes relacionadas con la narcoviolencia. Acerca de la situación nacional, el reporte estima: “El país sigue sufriendo altos índices de violencia debido a bandas criminales... En todo caso, el Estado mexicano siguió dependiendo sobre todo de sus fuerzas armadas para combatir a pandillas criminales. La violencia en México sigue distribuida de manera irregular, con 70 por ciento de las incidencia de violencia concentrada en diez estados ubicados en las principales rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos” (La Jornada 21-V-2015).
8. Las masacres referidas se suman al acervo de asesinatos colectivos y ataques contra civiles que ensangrientan en suelo nacional en el marco de la guerra. Destacan los siguientes episodios de una secuencia criminal con visos de genocidio: Masacre de Villas de Salvárcar (2010), con un saldo de 16 jóvenes asesinados y 12 heridos; Masacre de Chihuahua (2010), que dejó un saldo de 19 muertos; Masacre del 27 de octubre, con un saldo de 15 jóvenes muertos (2010); Las dos Masacres de San Fernando, Tamaulipas (2010-2011), que conjuntamente suman cerca de 265 muertos; Masacre de Torreón, que arrojó un saldo de 18 muertos y 18 heridos; Masacre de Durango (2011), cuyos datos todavía son inexactos, pero se calcula que el número de muertos encontrados en fosas comunes oscila entre 250 y 340; Masacre de Monterrey (2011), que ocurrió en el Casino Royale, y que produjo la muerte de 52 personas; Masacre de Boca del Río, Veracruz, donde fueron abandonados 35 cuerpos sin vida en la zona turística de ese municipio; Masacre de Cadereyta, con un saldo de 49 personas asesinadas, cuyos cuerpos fueron dejados a los largo de la carretera en Nuevo León; Masacre de Tlatlaya, donde elementos castrenses ejecutaron a 22 civiles en una bodega en la comunidad de San Pedro Limón; Masacre y Desaparición Forzada en Iguala, cuyos hechos dejaron un saldo de seis personas fallecidas, 27 heridos, y 43 normalistas desparecidos. El crimen sigue impune. 

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