6/18/2019
Narcotráfico, Guerra, Seguridad y Guardia Nacional (III)
6/13/2019
Narcotráfico, Guerra, Seguridad y Guardia Nacional (II)
7/25/2018
AMLO o el costo que está dispuesto a pagar la élite: una reflexión en retrospectiva
El triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha provocado una cascada de opiniones encontradas en México y el mundo. Nadie puede discutir que se trata de un acontecimiento político de alto impacto. Y eso explica que en este espacio también se viertan análisis u opiniones a granel sobre el asunto. El objetivo, sin embargo, es evitar que la euforia triunfalista o el derrotismo acostumbrado se apropien de las palabras. Rastreando lo que documenté o escribí en los últimos dos años sobre la figura de AMLO, encontré un artículo –publicado inéditamente en diciembre de 2016 en La Jornada Veracruz – que juzgué oportuno reproducir, acaso porque el contenido de profecía cumplida y el ánimo que en éste se expresa tienen más vigencia y verisimilitud en el presente.
El “romance” de AMLO con empresarios conservadores, que no pocos críticos han condenado, es absolutamente reprochable. No obstante, lo inédito es justamente esa condena, que en el caso de otros presidentes electos nunca figuró, por la sencilla razón de que nadie tenía expectativas de que esos mandatarios ungidos procedieran de otra forma. Estas expectativas no son accidentales, y responden a otro hecho inédito que cabe registrar en la historia: es la primera ocasión en México, desde Francisco I. Madero y el paréntesis de Lázaro Cárdenas, que existe una correspondencia entre eso que la teoría llama la “voluntad general” y los resultados oficiales de unos comicios. Esto no se puede perder de vista. Y más allá de las componendas cupulares en curso, el hecho por sí sólo –el de la vigilancia y condena– es un triunfo de la sociedad desorganizada. Si bien los zapatistas tienen razón en insistir que el único “cambio verdadero” es el de la autoorganización, no es menos cierto que esas franjas poblacionales mayoritarias, desorganizadas y pulverizadas moralmente por la violencia estatal, apostaron, en su desorganización, por el cambio que estaba a su alcance: la urna. La convocatoria del voto masivo (radicalmente anti-PRIAN) fue exitosa. Difiero con la idea de que se trató tan sólo de un voto de castigo. Las redes sociales dan cuenta de un voto convencido. Y allí radica el mejor antídoto contra la tradicional pasividad del electorado: será un gobierno fiscalizado escrupulosamente por la ciudadanía. Y esta es la adversidad que enfrentará AMLO. Porque un mandato electoral, por definición (y sin obviar que estas limitaciones ameritan una profunda reflexión crítica), no es una licencia para imponer el deseo de las mayorías; es apenas un mandato para representar a esas mayorías en las negociaciones con los intereses poderosos.
Es importante aprovechar el revulsivo moral para profundizar el involucramiento de la población civil en la política, y, como ya he insistido en otras oportunidades, rebasar a AMLO por la izquierda.
Con el propósito de nutrir el análisis, reproduzco a continuación el documento citado.
AMLO: el costo que está dispuesto a pagar la élite
Advierto que en un primer momento este artículo coqueteó con el título de “AMLO: el fraude de 2018”. Que al final decidiera cambiar el título no respondió a un amago de “moderación-modulación”, que es un gesto tan socorrido por el “lopezobradorismo”. Responde a una cuestión de acento: juzgamos más importante el análisis de los resortes anónimos que prefiguran el escenario político en puerta que la intriga estrictamente electoral que perfila el 2018. Y también responde, aunque sólo tangencialmente, a un reconocimiento al trabajo de Andrés Manuel López Obrador, a la perseverancia de permanecer dos décadas en el centro del acontecer político nacional, y a la indisposición de establecer coaliciones con los partidos del establishment tradicional, que es acaso uno de sus gestos políticos más meritorios.
Pero el contenido de la reflexión no mudó un ápice. Y el fondo de ese análisis es que AMLO representa la última oportunidad para el sistema político mexicano de salir de la crisis peligrosamente terminal que enfrenta. Es la última llamada para regenerar las fibras de la política institucional, y reconfigurar las estructuras de Estado con una direccionalidad políticamente sostenible, y ciertamente favorable para algunas fracciones de las élites. Como en Estados Unidos (aunque allá capitalizado por un conservadurismo cavernario), en México asistimos al ocaso de los tradicionales actores políticos institucionales cuya credibilidad es a todas luces nula. Cuando AMLO dice que es necesario salvar a México, entrelíneas proclama “salvar” la institucionalidad de México, esa que nunca en el siglo XX divergió del canon autoritario, ni en su modalidad nacionalista ni mucho menos en su envoltorio globalizador.
Los hiperacumuladores que gobiernan el mundo no están seriamente intranquilos o alarmados con el ascenso de figuras políticas pretendidamente “anti-establishment” (que no “anti-sistema”, aunque muchos “comunicadores” confieran a cualquier impostor esta cualidad, sin saber siquiera qué significa, y desnaturalizando el sentido profundo del concepto). Si el progresismo sudamericano no consiguió modificar sustantivamente la correlación de fuerzas (capital-trabajo) después de un ciclo de 15 años en el poder, es todavía más improbable que el ciclo nacionalista en Norteamérica altere ese reparto jerárquico. José Mujica admitió recientemente en entrevista: “La democracia contemporánea tiene una terrible deuda social y está desgraciadamente evolucionando a una plutocracia. En nuestra américa latina hay 32 personas que tienen lo mismo que 300 millones de personas. Y su patrimonio crece 21% anual. Eso no es democracia. Eso va contra la democracia. Porque la excesiva concentración económica termina generando poder político”. Esto lo dice quien fuera acaso una de las figuras más emblemáticas de la izquierda partidaria del siglo XXI. El nacionalismo que emerge en la región septentrional del continente es incluso menos transgresor que la fórmula “nacional-popular” del sur. Y por consiguiente es previsible que la cosecha de triunfos sociales resulte todavía más modesta.
En este sentido, AMLO es la posibilidad de reducir la tensión social en México, con un costo no tan oneroso para los dueños del país, y con base en una fórmula institucional que, en la primera oportunidad de malestar en las élites, el aparato judicial-mediático puede desbaratar sin muchos apuros, como hace en Sudamérica.
El conflicto de clase en México discurre por terrenos de alta potencialidad insurreccional. En este escenario, Ayotzinapa representa la posibilidad de subvertir todo el orden jerárquico en el país. La desaparición forzada de los 43 normalistas encierra todos los males de México: injusticia social, represión barbárica, contrainsurgencia militar, delincuencia organizada de estado, corrupción e impunidad. Prueba terminantemente que la acción del estado mexicano constituye un terrorismo de estado, cuidadosamente orquestado. Ese costo es el que quieren eludir las élites. Con AMLO en el poder, se diluiría el objeto de reclamo popular: corrimiento de la consigna “Fue el Estado” a un “Fue el peñanietismo”.
Donald Trump es el otro coste que quieren constreñir. La última generación de élites en México, apostó todo a la alianza –desigual e indigna– con Estados Unidos. Y con el repliegue obligado que entraña Trump (el primer presidente abiertamente antimexicano), intentan desesperadamente acotar el precio de la histórica traición. Estamos en un episodio en que la autoestima personal está íntimamente entretejida con la dignidad nacional. Esa fue la lectura de Fidel Castro en la Cuba de Batista, en esa época bajo el signo del comando estadunidense. Pero Castro no concedió margen a la “reconciliación” o la oportunidad política. En 1953, Fidel escribió:
“ El momento es revolucionario y no político. La política es la consagración del oportunismo de los que tienen medios y recursos. La revolución abre paso al mérito verdadero, a los que tienen valor e ideal sincero, a los que exponen el pecho descubierto y toman en la mano el estandarte”.
Decía Bertolt Bretch que los pequeños cambios son el enemigo del gran cambio. AMLO es ese “pequeño cambio” o “momento político” que permite refuncionalizar las dimensiones estatales más desacreditadas sin modificar seriamente la correlación de fuerzas, y, simultáneamente, desactivar el gran cambio o el “momento revolucionario”.
Esto no es una “campaña” contra Morena o AMLO. Es incluso una exhortación a la reflexión, que tiene por destinatario a esa base popular reunida en la órbita del “lopezobradorismo”. Que los medios de comunicación dominantes, fracciones de la clase política y no pocos poderes fácticos elogien a “Don Andrés”, no es ninguna ironía o accidente: es el costo político que está dispuesto a pagar la élite en México.
Fuente: http://www.ladignavoz.mx/2018/07/amlo-o-el-costo-que-esta-dispuesto.html
5/20/2018
Tres escenarios posibles; descentralización de la administración pública; lecciones del sur
3/28/2018
Acerca de por qué asesinan candidatos
1/01/2018
2017: catálogo del primer año de la desglobalización
Arsinoé Orihuela Ochoa
La digna voz
El 2017 fue el año de constatación de un fenómeno hasta hace poco insospechado: la caída del paradigma neoliberal globalizador.
A modo de recapitulación histórica, cabe recordar que la crisis del petróleo de 1973 fracturó el orden prescrito por los acuerdos de Bretton Woods de la segunda posguerra (“Walfare States” o Estados Nacionales regenteados por la alianza capital-trabajo). El agotamiento de ese ordenamiento engendró –no sin la intervención decisiva de las élites en ascenso– la fórmula neoliberal (Estados Neoliberales reorganizados por la fractura de la alianza capital-trabajo). Los impulsores de la “solución” neoliberal –Inglaterra y Estados Unidos– bautizaron esa arrolladora inercia oligárquica con las siglas de TINA (“There is no alternative” o No hay alternativa). Las políticas tributarias de TINA propiciaron la privatización de las empresas e instituciones estatales. Ya en manos de actores privados, las empresas e instituciones estatales transitarían otra metamorfosis: la desnacionalización o extranjerización. Tras la caída del Muro de Berlín y el llamado Bloque Soviético (1989-1991), y por prescripción del Consenso de Washington, se instaló en el mundo la “globalización”, que, si bien es cierto que tiene múltiples niveles de significación, consiste básicamente en una modalidad específica de integración internacional al servicio de la neoliberalización. Es decir: “globalización” designa la extranjerización de los procesos privatizadores. Irónicamente, los primeros en decidir (exitosamente) el repliegue de ese paradigma fueron Inglaterra y Estados Unidos –los artífices del modelo. “Brexit + Trump = el fin de la globalización”.
En este cierre de año, y en tributo a esa tradición que eleva el periodismo a condición de “historia en tiempo presente”, dispuse reunir una serie de recortes a partir de este ejercicio de análisis que durante el 2017 desarrollé bajo este enfoque o lectura, con el propósito de identificar esos procesos e indicadores en la región que dan cuenta de la desglobalización en curso y las realidades en germen que prefigura ese ocaso: a saber, ascenso de la derecha supremacista, desmoronamiento de los integracionismos, amurallamiento de las fronteras, desinstitucionalización del sistema internacional, defenestración de los sistemas de partidos.
Acerca del ascenso de la derecha supremacista
“Si bien una posibilidad es que el sistema en su conjunto pierda legitimidad y se habiliten-activen las fuerzas sociales civilizatorias (minorías, trabajadores, estudiantes, migrantes etc.), no es menos posible que el ascenso de Trump dispare las fuerzas anti-civilizatorias más sórdidas u oprobiosas. Es importante insistir que la reemergencia de las derechas supremacistas-nativistas en Occidente representa la posibilidad de la reemergencia del fascismo. Aún no florece el neofascismo. Pero están situados los sedimentos […] En este escenario pesimista –aunque no por ello improbable–, las derechas y oligarquías continentales apostarán por un repliegue político parcial, cómo ya están haciendo los gobiernos de México, Brasil y Argentina, e intentaran reeditar las consignas nacionalistas que en otra época orientaron el compás propagandístico de la dominación pre-globalista. La evidencia sugiere que abrazarán el discurso de la unidad nacional […] Esto de ninguna manera significa que Estados Unidos abdicará a su injerencia en la región. América Latina es el perímetro de acción convencional de Washington […] Es un recrudecimiento de la unilateralidad histórica de Estados Unidos respecto a América Latina. No es exactamente Doctrina Monroe, acaso porque a Trump no le interesa seriamente el control de los pueblos continentales. Es dumping : es decir, la pura disposición de transferir a la región los costos de la restauración supremacista” (http://bit.ly/2DsMhdk).
“ Ríos de tinta derramaron filisteos e incautos arguyendo la irreversibilidad de la globalización. Ese concepto, que es básicamente una envoltura mística del neoliberalismo, está muerto. La globalización murió por suicidio asistido. El problema es que esa ‘asistencia’ provino de la derecha más recalcitrante y cavernaria. No pocos analistas escribieron sobre el malestar que produce la globalización. Y el problema no es el descontento en la globalización. El problema es que las posiciones conservadoras capitalizaron esa indignación con éxito” (http://bit.ly/2DrUHkZ)
Acerca del desmoronamiento de los integracionismos
“La inercia anuncia que los integracionismos de la globalización están en franca descomposición. El problema es que la salida (exit) sólo está ‘autorizada’ para las potencias que diseñaron el programa globalizador. Grecia en Europa (UE), y previsiblemente México en América del Norte (TLCAN), estarán sujetos a acciones concertadas de sabotaje, máxime si la salida que proponen transcurre por el flanco izquierdo y no por el carril ultraderechista, que es el oprobioso espectro de la época” (http://bit.ly/2DrUHkZ).
Acerca del amurallamiento de las fronteras
“En un reciente artículo, se afirma que en 1989 existían una decena de muros y que actualmente se cuentan alrededor de setenta alrededor del mundo. Y al igual que el de Berlín, los muros del siglo XXI se han construido para reforzar la seguridad interna y, obviamente, para detener los flujos migratorios […] como sería el caso de los habitantes de los países centroamericanos y caribeños, que han llegado a México por tierra y por mar a pesar de la existencia de un muro virtual compuesto de policías, paramilitares, narcotraficantes y el ejército mexicano, y que está en vías de reforzarse gracias a la cooperación del gobierno mexicano con el Pentágono; o el muro de arena fortificado de casi tres mil kilómetros entre Marruecos y el Sáhara Occidental […] Pero además existen muros entre países europeos. Es así como nos encontramos con muros entre Francia e Inglaterra, en el puerto de Calais, para impedir que los migrantes salten de Francia a Inglaterra, y que fue financiado por el gobierno británico. Otros ejemplos en Europa son el construido por Hungría en 2015 –con 175 Km. de longitud– para detener a los migrantes provenientes de Serbia y Croacia; o el construido en Bulgaria, de similares dimensiones que el anterior, para detener el flujo proveniente de Turquía, alimentado principalmente por la guerra en Siria; o el que existe entre Austria y Eslovenia, o Macedonia y Grecia […] El medio oriente también tiene lo suyo: está el construido por Israel en su frontera con Cisjordania que una vez concluido se extenderá a lo largo de 712 Km. y hasta nueve metros de alto. Y no es el único que ha construido, ya que también existen muros en sus fronteras con Jordania, Siria, Egipto y, por supuesto, la franja de Gaza” (Rafael de la Garza 28-II-2017; leer artículo completo: http://bit.ly/2leHG7T).
“Para nadie es un secreto que Luis Videgaray es un operador de Estados Unidos, y de las oligarquías domésticas beneficiarias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Él mismo ha dicho que su prioridad es la renegociación de ese acuerdo. Y eso explica que el canciller responda al comando de Washington; que participe personalmente en la planeación del ‘muro Trump’; que encabece el proyecto de la construcción del muro en la frontera México-Guatemala; y que abrace con ahínco desenfrenado la causa anti-Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA). Luis Videgaray es una especie de ‘encomendero’ de la ‘era post-global’, al servicio de Estados Unidos, y de ese no-proyecto de nación que tiene al país postrado en la ignominia: ‘El México neoliberal itamita y su fracasado modelo maquilador/librecambista quedó amurallado: al norte, el muro Trump, y al sur, el muro Videgaray con Guatemala’ (Alfredo Jalife Rahme en La Jornada 12-II-2017)” (http://bit.ly/2DrRDoY).
Acerca de la desinstitucionalización del sistema internacional
“En su primer libro ‘El arte de la negociación’, Donald Trump escribe: ‘si mi adversario es débil lo aplasto y si es fuerte, negocio’. La frase condensa esas dos significaciones del ascenso de Trump: la de la desintegración de la moral pública (aplastar y no socorrer al débil), y la del inminente aplastamiento de su débil (e imaginario) adversario –México” (http://bit.ly/2zJ1O6c).
Para instalar esa agenda unilateralista sin contrapesos o instancias de diálogo, Trump barrió con las instituciones internacionales y retiró a Estados Unidos del Acuerdo del Pacífico (TPP), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los Acuerdos de París sobre el Cambio Climático, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y tentativamente de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) si persiste con su idea de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.
La defenestración de los sistemas de partidos
“Decía José Enrique Rodó, escritor e intelectual uruguayo, que los partidos políticos no mueren de causas naturales, sino que se suicidan. En el presente, ese adagio es más exacto que nunca. La subrepresentación o nula representación de la población, la bancarrota de la representatividad, el travestismo de los colores e idearios partidarios que en el diccionario de eufemismos se conoce como ‘coaliciones’, la creciente presencia de candidaturas atadas puramente a ‘intereses especiales’, las malogradas ‘transiciones democráticas’, las ‘pesadillas de la alternancia’, y la incapacidad estructural de esas instituciones moribundas para sortear favorablemente las rutinarias crisis, perfilan un horizonte desfavorable para la prevalencia de los partidos políticos como agentes dominantes en la arena política […] En esa inercia contradictoria, que por un lado prescribe representar al soberano (ese significante flotante que unos llaman ‘pueblo’), y que, por otro, demanda proteger los intereses de las élites y las minorías opulentas, los partidos políticos firmaron su propia carta de defunción. El antagonismo que se aloja en esa inercia es insalvable. Las proporciones de las crisis en curso decretaron el agotamiento de ese paradigma de los partidos políticos […] Asistimos al suicidio de los partidos. El ‘movimiento’ (popular o de élite), y las ‘candidaturas sin partido’, alzan la mano entre los escombros de las organizaciones partidarias” (http://bit.ly/2pRqpWY).
“Así como Donald Trump es el harakiri del Partido Republicano y el régimen bipartidista estadunidense, José Antonio Meade es el harakiri del PRI y el régimen de partidos mexicano […] El PRI ayudó a Donald Trump a conquistar el poder en Estados Unidos, tras aquella visita del ahora mandatario estadunidense a México que, por cierto, concertó, a espaldas del público, Luis Videgaray. En retribución, la administración de Trump asesora al PRI para conquistar la elección de 2018. Esto explica que el PRI apostara por un candidato ajeno al establishment partidista. El PRI está acudiendo a la misma fórmula del Partido Republicano: la postulación de un candidato ‘outsider’ –José Antonio Meade– arrastrado por el último suspiro de la maquinaria partidaria […] José Antonio Meade es el fin del régimen de partidos en México” (http://bit.ly/2CkJweP).
Fuente: https://lavoznet.blogspot.com.ar/2017/12/2017-catalogo-del-primer-ano-de-la.html
12/12/2017
Diez tesis y un colofón sobre la candidatura de José Antonio Meade
1. En un artículo publicado en junio del año en curso se dijo: “Lo que está en puerta, en la antesala de la elección de 2018, es la muerte asistida del único partido gobernante en México –el Partido Revolucionario Institucional. Pero atención: esta muerte anunciada no es por una potencial derrota del PRI en la elección del año entrante (eso todavía es difícil de prever), ni por un desterramiento de la cultura política que ese partido prohijó e instaló a sus anchas en un país condenado al clientelismo o el ostracismo o la muerte. El PRI-partido murió porque perdió esa facultad metalegal otrora incontestada: la selección, por dedazo ‘doméstico’, del ‘candidato-presidente’. En la elección de 2018, el candidato a la presidencia no será elegido por el partido sino por Estados Unidos”. José Antonio Meade, candidato ungido del PRI para la elección federal de 2018, es el subproducto de una negociación entre la fracción ultra-neoliberal del PRI –representada por el canciller de México Luis Videgaray Caso– y la administración de Donald Trump –representada por el consejero de la Casa Blanca Jared Kushner–. No es accidental que Meade –el candidato del PRI– ni siquiera sea un militante del partido (PRI). Le asistió la razón al uruguayo José Enrique Rodó cuando dijo, acaso proféticamente, que los partidos no mueren por causas naturales, sino que se suicidan. Así como Donald Trump es el harakiri del Partido Republicano y el régimen bipartidista estadunidense, José Antonio Meade es el harakiri del PRI y el régimen de partidos mexicano.
2. El PRI ayudó a Donald Trump a conquistar el poder en Estados Unidos, tras aquella visita del ahora mandatario estadunidense a México que, por cierto, concertó, a espaldas del público, Luis Videgaray. En retribución, la administración de Trump asesora al PRI para conquistar la elección de 2018. Esto explica que el PRI apostara por un candidato ajeno al establishment partidista. El PRI está acudiendo a la misma fórmula del Partido Republicano: la postulación de un candidato “outsider” –José Antonio Meade– arrastrado por el último suspiro de la maquinaria partidaria.
3. José Antonio Meade es el fin del régimen de partidos en México. Algunos “apparatchiks de partido” querrán salvar el régimen apoyando a Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Ese “voto” discurrirá en la secrecía. AMLO es el costo que está dispuesto a pagar el Ancien Régime para conservar los privilegios inherentes a la partidocracia. ¡Qué ironía! AMLO pronunció aquella célebre consigna de “al diablo con las instituciones”. Y José Antonio Meade, 12 años después, consumó la petición.
4. El neoliberalismo consiste en alejar cada vez más al (hipotético) representante del (hipotético) representado. José Antonio Meade, un tecnócrata que nunca fue investido con un cargo de elección popular, es la fase superior de ese divorcio. Los ideólogos liberales lo saben. Pero en la próxima elección, por “chayotismo” o “maiceo”, van a callar.
5. La campaña electoral de José Antonio Meade acudirá al estribillo de la falsa antinomia neoliberal: el regreso al pasado vs. la modernización desideologizada . Porque en eso han sido extraordinariamente exitosos los neoliberales: en calificar de ideología todo lo que precedió al neoliberalismo. En este sentido, la propaganda pro-meadista consistirá, casi unívocamente, en advertir acerca de un posible (y peligroso) retorno al pasado (nacionalismo). Es decir, traficará con la falsa disyuntiva: nacionalismo ideológico vs. modernidad apolítica, sin reparar que esa modernidad apolítica es ideología (dominante), y disfrazando un axioma que cada vez cobra más verosimilitud: a saber, que el neoliberalismo es la continuidad del nacionalismo priista tardío.
6. José Antonio Meade es un cachorro de la ortodoxia neoliberal salinista. La ortodoxia neoliberal salinista tiene dos columnas: uno, narcotráfico; y dos, militarismo.
7. Con el ascenso de Donald Trump al poder en Estados Unidos, México tránsito de un país terciarizado a un país esclavizado, por cortesía de los gobiernos neoliberales y nacionalistas tardíos, que ahora, desesperados por reorganizar la autoridad, acuden –como ya en hecho en otras oportunidades– al narcotráfico y el militarismo para reproducir las estructuras de poder. José Antonio Meade es el candidato del narcotráfico y el militarismo. No es fortuito que unos días después del “destape” la cámara de diputados aprobara la Ley de Seguridad Interior, que significa la utilización del ejército –agente histórico del narcotráfico en México– para fines de seguridad pública (léase narcomilitarización).
8. José Antonio Meade es el último eslabón de un golpe de estado continuado cuya génesis remonta a la “caída del sistema” en 1988, y que acarreó a México a la pulverización de la soberanía en beneficio irrestricto de Estados Unidos, y a una guerra contra los pueblos disfrazada de guerra contra el narcotráfico.
9. José Antonio Meade, como Donald Trump, es una criatura del “tercer espíritu del capitalismo” , que se define, entre otras cosas, por la incorporación de una (seudo) crítica contra los desenfrenos del capitalismo, señaladamente la corrupción de los políticos, a fin de allanar (ideológicamente) el ascenso al poder público de los autócratas tecnócratas: a saber, personajes como Meade (o Trump) que gobiernan sin soberano popular y al servicio exclusivo de la técnica de la hiperacumulación.
10. José Antonio Meade es la carta de defunción del Estado liberal mexicano.
11. Colofón: “Patria o muerte” no es una consigna. Es un diagnóstico.
Blog del autor:https://lavoznet.blogspot.com.ar/2017/12/10-tesis-y-un-colofon-sobre-la.html
11/12/2017
Ley General en Materia de Desaparición Forzada en México: una pantomima
La digna voz
¿Dónde están? ¿Quién los desapareció?
Para abordar cualquier problemática es necesario formular preguntas adecuadas. Y, para resolver un problema, es necesario responder acertadamente las preguntas. Por razones elementales, cualquier cambio o adición a una legislación debe adherir esta secuencia. Pero la razón no es un principio que rija comúnmente los destinos de un Estado. De hecho, “razón de Estado” es una contradicción, como la “inteligencia militar”. El delito de desaparición forzada de personas, por regla, está encuadrada en estas contradicciones. La desaparición forzada es la huella incriminatoria de un Estado militarista que se opone tajantemente a la razón e inteligencia. Por tanto, es virtualmente imposible que ese Estado persiga a los autores materiales e intelectuales de esos crímenes, acaso porque eso significaría ir tras sus propios rastros de criminalidad. Por definición, el delito de desaparición forzada de personas comporta la aquiescencia del Estado. Esto explica los contenidos pantomímicos de la iniciativa de ley que sobre esta problemática impulsa la clase gobernante en México; y que, por las flagrantes omisiones, permitir inferir que no atenderá ninguna de las preguntas referidas: dónde están, y quién los desapareció.
El 12 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Con 396 votos a favor y cero en contra, la cámara de diputados avaló la minuta que el Senado de la República envió en abril pasado (http://bit.ly/2gYgMOP).
Si bien aún falta la promulgación por el ejecutivo federal, es altamente probable que en fechas próximas la ley entre en vigor, antes de las elecciones federales de 2018. El Estado mexicano necesita una restauración de imagen para atraer a los capitales foráneos que buscarán anidar en el país tras la ruptura con Estados Unidos y el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); y, por añadidura, alterar a su favor la percepción ciudadana (al fingir que el Estado combate la impunidad) de cara a los comicios del próximo año.
Esta ley ha sido aprobada a 10 años de que iniciara la llamada guerra contra el narcotráfico que, por decreto unipersonal, declaró el expresidente Felipe Calderón en diciembre de 2006. Desde ese año, y con la excusa del narcotráfico, el Estado mexicano desató una campaña de violencia institucional que arrastró al país a una larga noche de terror social, tan sólo equiparable con los capítulos más oscuros de la historia de Latinoamérica. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, desde el inicio de la guerra y hasta agosto del año en curso, en México desaparecieron 33.482 personas (http://bit.ly/2gAdu86). Cifra que recuerda peligrosamente e incluso supera el registro de desaparecidos en la dictadura argentina (30 mil). La organización de derechos humanos “Comité Cerezo” ha dicho que, por la opacidad que acostumbra acompañar a esta modalidad de crimen, es difícil contabilizar a las víctimas. Por ello, advierten, la cifra actualizada podría alcanzar los 300 mil.
Por cierto, que Argentina fue uno de los países que encabezó los esfuerzos para el diseño y aprobación de las dos convenciones, la regional-interamericana y la internacional sobre desaparición forzada de personas ("Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas" –firmada en París el 6 de febrero de 2007). Demoró cerca de 20 años consagrar estos dos pactos internacionales. En Argentina, estas convenciones alcanzaron rango de cláusula constitucional. Y en 2011, el congreso incorporó la tipificación de este delito al Código Penal (http://bit.ly/2h9ED23).
A pesar de este antecedente regional, la ley contra la desaparición en México llegó tarde… y a todas luces amputada.
La presión nacional e internacional por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, forzó a que el presidente Enrique Peña Nieto enviara una propuesta en materia de desaparición de personas, a finales de 2015, con el propósito de disminuir el costo político de la desaparición de los estudiantes. Desde entonces, un puñado de comisiones del Senado trabajaron en la iniciativa, naturalmente con la exclusión de los familiares de víctimas y las organizaciones que, por lo menos desde hace 18 años, trabajan en el diseño de esta propuesta de ley.
De acuerdo con personal de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, la ley que se aprobó no garantiza el acceso a los derechos de Memoria, Verdad, Justicia, Reparación Integral y Garantías de No Repetición, básicamente por siete razones (cito casi textualmente):
1. No crea un registro que responda a la naturaleza y especificidad de la desaparición forzada
2. Excluye la responsabilidad de los superiores jerárquicos como lo establece la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada
3. Crea una Comisión Nacional de Búsqueda, que realmente no es Nacional y que no posee atribuciones ni herramientas necesarias para la búsqueda adecuada en campo
4. Niega el acceso a todos los lugares de probable detención de las víctimas, incluidos campos militares y lugares clandestinos
5. Omite la creación de un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses
6. Impide afincar responsabilidad a las Fuerzas Armadas, lo que garantiza la imposibilidad de que éstas sean juzgadas
7. El Estado deja intocada su política de seguridad interna y sus políticas de seguridad pública, a todas luces causales de las condiciones que propician la desaparición forzada de personas en México (http://bit.ly/2iVPnBC).
Con estás omisiones o silencios, la pantomímica Ley General en Materia de Desaparición Forzada garantiza la continuidad del ocultamiento y la impunidad, y habilita, por tanto, la persistencia de una práctica antigua y sistemática del Estado mexicano: la desaparición forzada.
Fuente: https://lavoznet.blogspot.com.br/2017/11/ley-general-en-materia-de-desaparicion.html




