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6/18/2019

Narcotráfico, Guerra, Seguridad y Guardia Nacional (III)

AMLO Presidente
La Jornada de Veracruz

Guerra
¿México está en guerra? Llama la atención que muchos connacionales, cuando son interpelados con esta pregunta, acostumbren responder que “no”. Esto significa admitir que el baño de sangre en nuestro país, las desapariciones forzadas (cerca de 40 mil) y las fosas clandestinas (alrededor de mil 300 documentadas) son apenas un conjunto de indicadores inconexos que configuran un mero problema de inseguridad. Y acaso allí radica la singularidad de México: se trata de una sociedad que aspira a resolver sus conflictos internos sin reconocer la raíz de sus conflictos internos. Lo que es peor aún, no pocos analistas arguyen que en México no hay guerra, bajo el insulso argumento de que no existen dos bandos reconocibles o identificables en disputa, y que ni siquiera está claro qué pudieran disputar. Bien. El problema en nuestro país es tan grave que la impotencia para explicar la realidad es el eje en torno al cual hilvanamos el diagnóstico de nuestra realidad. Tras haber expuesto los rasgos distintivos del narcotráfico, y a fin de anclar hondamente en el análisis que atañe al Plan Nacional de Paz y Seguridad y la Guardia Nacional del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en esta tercera entrega perfilo una aproximación sin ambages al tema de la guerra en México, y expongo algunas pautas para abordar esta inexorable realidad nacional. Para efectos ilustrativos, dispuse desagregar en tres partes el análisis: uno, la caracterización de la guerra –qué tipo de escenario bélico transita el país–; dos, los efectos de la guerra –cómo impactó la declaratoria de guerra en las estructuras del narcotráfico, que es el presunto enemigo–; y tres, los actores o señores de la guerra –qué bandos guerrean entre sí–. (Glosa marginal: no puedo dejar de destacar la invaluable aportación del Dr. Norberto Emmerich a las consideraciones aquí vertidas).
La narcoguerra . En diciembre de 2006, apenas unos días después de la toma de protesta oficial, el presidente Felipe Calderón Hinojosa decretó una guerra contra el narcotráfico. Los aspectos electorales, jurídicos e institucionales de este episodio han sido exhaustivamente examinados por académicos, comentócratas y periodistas. Y ciertamente, tales variables de análisis siguen siendo más o menos intrascendentes para la comprensión del acontecimiento. Lo políticamente relevante de la declaratoria de guerra contra el narcotráfico es la guerra en sí. Es importante aclarar que la administración de Calderón inauguró una época en la política nacional: a saber, la oligocracia bélica; es decir, oligarquías competitivas que disputan los recursos de poder por medio de la guerra, bajo un disfraz de normalidad democrática. El narcotráfico no es tan sólo una excusa para justificar un teatro de guerra: es la unidad política alrededor de la cual se organizan las oligarquías competitivas para disputar tales recursos de poder: instituciones, poblaciones, territorios, dineros etc. Por oposición a lo que aduce unívocamente la bibliografía sobre el tema, el narcotráfico no coopta, captura o corrompe al Estado, sino que es al revés: el Estado coopta al narcotráfico para corromperse. Corrompe con ello el llamado “pacto social”, neutraliza la contestación, y altera las reglas de la política apoyado en el estribillo del “enemigo-común-narcotráfico”.
La guerra contra el narcotráfico no es una guerra contra el narcotráfico: es una disputa bélica entre las élites nacionales, en vinculación con los cárteles del narcotráfico, por el control de los recursos de poder y en contra del derecho a la vida y el patrimonio de la población. Por tal motivo, es más exacto llamarla narcoguerra .
Desde el punto de vista de las víctimas, la narcoguerra es una violencia de Estado: es decir, la incidencia sistemática de crímenes tales como la desaparición forzada, las ejecuciones sumarias extrajudiciales, la tortura a gran escala, el silenciamiento de opositores políticos, el exterminio de periodistas etc.
El anuncio del fin de la “guerra contra el narcotráfico” del Presidente AMLO, es un anuncio acerca del fin de la guerra como mecanismo de disputa del poder. Esta declaración oficial es significativa, no sólo por la intención que encierra de desactivar la violencia en el país, sino también porque le arranca al narcotráfico uno de sus principios nutricios: la guerra. “No obligues a tu enemigo a que luche por su vida”, sugirió Sun Tzu.
La politización-militarización del narcotráfico . Dentro de las unidades que disputan militarmente los recursos de poder, el eslabón más débil es el capo. Esto explica que la estrategia de seguridad de los gobiernos conservadores contemplara resueltamente la persecución de los capi di tutti capi . Los jefes de los cárteles han sido empujados a desempeñar el rol de CEO’s (gerentes ejecutivos) removibles o desechables. Las insubordinaciones o desafíos al Estado que algunos capos han protagonizado responden fundamentalmente a esta “vulnerabilidad” a la que fueron condenados en el organigrama de las estructuras de poder, y no a la presunta disposición “higiénica” del Estado de barrer con ellos. De hecho, la guerra fue un aliciente o revulsivo para los narcos: los involucró decididamente en la política nacional, y propicio la militarización de sus estructuras y rutinas. Tanto un efecto como el otro contribuyeron a multiplicar el poder y la presencia del narcotráfico en la vida pública de México. La guerra convirtió a los cárteles en controladores de territorios y poblaciones.
La cartelización de la política. Difiero con los analistas que sostienen que los cárteles no existen, o bien, que éstos representan apenas un eslabón más en la cadena de poder estatal y/o delincuencial. Asistimos al fenómeno exactamente opuesto: la cartelización de la política y del crimen.
Respecto al crimen, cabe hacer notar que el narcotráfico es una modalidad de delincuencia de tipo comando: es decir, consigue reunir en su órbita a las Pymes del crimen común y a todos los otros ilegalismos diseminados. En cualquier centro urbano del país, los comerciantes de piratería, los deshuesaderos irregulares, las bandas de robo de vehículos, los asaltantes etc., pagan una cuota por concepto de “operatividad” al jefe narco de la plaza. El narcotráfico regula la totalidad de las actividades delictivas de una entidad.
En la política, el narcotráfico es un actor estratégico que controla recursos políticos tales como las instituciones de seguridad e impartición de justicia, algunas fracciones del ejército nacional, el presupuesto público, ciertos factores de producción económica, el aprovisionamiento de armamento proveniente del extranjero (e.g. la operación “Rápido y Furioso”), la información asociada a los medios de comunicación, los cargos públicos asociados al gobierno etc. En suma, el conjunto de recursos que dispone cualquier Estado para reforzar la capacidad de gobernabilidad. El cártel es un administrador de los intereses heterogéneos que se alojan en esta ensalada.
Tras el desmoronamiento del partido único-hegemónico, y de sus ritos y fórmulas (e.g. el “dedazo” fallido de Luis Donaldo Colosio), la política autoritaria mutó hacia nuevas-viejas formas de organización. Acaso la criatura más conspicua de esa innoble metamorfosis es el cártel-camarilla.
La guerra aceleró el tránsito concluyente de la camarilla –la otrora unidad básica de las redes políticas nacionales– al cártel. A ello se debe que la política de nuestro país se rija por las dinámicas del narcotráfico, y que los cárteles del narcotráfico emulen el comportamiento del Estado nacional.
La guerra en México es una guerra entre los dueños de México.
Sin duda que un primer paso para la desactivación de la guerra, consistía en desterrar de las estructuras gubernativas a los señores de la guerra (i.e. los conservadores) y a sus barones aliados.
Si conquistamos tal primer objetivo, aún está por verse.

6/13/2019

Narcotráfico, Guerra, Seguridad y Guardia Nacional (II)

AMLO Presidente

Narcotráfico
¿Qué es narcotráfico? El vox populi a menudo responde a botepronto: tráfico de drogas. Algunos científicos sociales acostumbran decir que tal definición es empíricamente cierta pero científicamente falsa. Yo argüiría que es redondamente falsa. Ni siquiera un observador amateur podría ignorar que el narcotráfico en México tiene tantas aristas, dimensiones y esferas de influencia que incluso es difícil distinguirlo de un gobierno, un ejército o una empresa. En este sentido, tal tentativa de definición es apenas la descripción de una de las múltiples funciones que engloba “narcotráfico”.
El narcotráfico cobra impuestos o derecho de piso, efectúa tareas de contrainsurgencia o represión, ensaya estrategias de comunicación con el público, entrena o recluta comandos militares de élite, conquista territorios por la fuerza, delimita fronteras militarmente, genera fuentes de empleo, invierte en obras públicas tales como carreteras, escuelas e iglesias, desarrolla proyectos turísticos e infraestructurales, diversifica el mercado legal e ilegal, agrupa en su órbita a las Pymes del crimen común, regula relaciones sociales en las comunidades, coopta poblaciones jóvenes, pobres y desocupadas, desempeña funciones de arbitraje en la resolución de conflictos en los barrios, define contenidos editoriales de la prensa, blanquea o lava sumas ingentes de dinero, teje alianzas con la clase gobernante, financia campañas políticas etc. Y, por último, trafica droga.
La opinión comúnmente compartida es que “los políticos corruptos imitan a la mafia”. Pero ¿acaso el ejemplo mexicano no sugiere que el orden de los factores es a la inversa, y que los narcotraficantes emulan el comportamiento político del Estado y sus representantes?
Efectivamente, el inventario de rutinas arriba citadas, y de las cuales hemos sido testigos todos los mexicanos, particularmente en los últimos 12 años, perfilan o constituyen comportamientos típicamente políticos. Esto significa que el narcotráfico no es únicamente drogas y economía ilegal, sino también, y acaso señaladamente, política y Estado.
Diversas organizaciones civiles en México coinciden en señalar que es realmente difícil establecer los contornos de la delincuencia y el Estado; o, en su defecto, que tal separación demanda rigor quirúrgico. Y aciertan. La razón es que el narcotráfico es una problemática que implica, desde sus orígenes, fuertes conexiones con el aparato estatal y sus instituciones. Tal conexión alcanzó en México un grado de desarrollo y evolución posiblemente inédito en el mundo. Cómo llegamos a esta encrucijada, es quizá la pregunta que deberíamos formular y responder los mexicanos. Pero ese objetivo rebasa las dimensiones y aspiraciones de este breve ejercicio de reflexión.
Ahora bien, lo políticamente sustantivo de este análisis es identificar cómo la naturaleza política del narcotráfico se desdobla e impacta en las estructuras del Estado, porque sólo así estaremos facultados para valorar las acciones de gobierno y enarbolar propuestas sobre la materia. La caracterización del narcotráfico que pretendo hacer en este análisis aspira a exhibir el carácter político de ese actor –a menudo ignorado por las corrientes de opinión dominantes–, y cómo tal carácter, en los hechos, reviste fines estatalistas. Para tal efecto, es necesario puntualizar qué entendemos por “comportamiento político” e “indicador de estatalidad”. Y acudo a una ilustración básica, no sin ignorar el riesgo que involucra aislar objetos en el caso de un análisis que versa sobre fenómenos sociales: la lógica de costo-beneficio o maximización de ganancia es una consideración económica, y por consiguiente un indicador de mercado; la conquista militar de un territorio y el control de esa territorialidad mediante la delimitación de fronteras es un comportamiento político, y por consiguiente un indicador de Estado. Si bien es cierto que el narcotráfico engloba las dos dimensiones antes referidas, el propósito de esta reflexión es distinguir y caracterizar la segunda de ellas: la política y estatalista.
Está casi universalmente aceptado que un Estado nacional tiene por lo menos cuatro atributos: a saber, territorio, coerción, monopolio y legitimidad. La hipótesis que planteo es que el narcotráfico aglutina en su órbita tales ámbitos funcionales del aparato estatal en vinculación con las instituciones formales del Estado. Esto significa que, para arrancar al narcotráfico de las estructuras gubernativas, es necesario arrancar un “pedazo” de Estado, y más específicamente, un pedazo del Estado conservador. Alguien, en algún lugar escribió, que el error de AMLO, en relación con el presupuesto, había sido que, allí donde tenía que cortar con bisturí, el gobierno de la 4T pasó el machete. Considero que esta accidentada metodología de recortar presupuestos podría extrapolarse –acá sí legítimamente– al ámbito de la delincuencia organizada: decomisar resueltamente al actor narco los ámbitos funcionales del aparato estatal que, en coadyuvancia con el régimen conservador, regenteó durante tantos años.
Por ahora, interésanos identificar esos ámbitos funcionales en los que el narcotráfico emula comportamientos políticos, acaso como parte del Estado organizado.
Monopolio. El narcotráfico es monopólico. Existen casos en los que un territorio o plaza es “habitado” por dos cárteles; por ejemplo, Veracruz (Los Zetas; Cártel de Jalisco Nueva Generación). Pero esa cohabitación es hostil. Cuando CJNG penetró en la entidad veracruzana, los reporteros de la región advirtieron: “vinieron por todas las canicas”. Esto significa que el narcotráfico es inherentemente monopólico, y que la coexistencia de dos o más cárteles es apenas un estadio inferior en el proceso de dominio hegemónico de uno sobre los otros. Los episodios de violencia desbordada que hemos observado en las diferentes geografías de México responden a las guerras predatorias que libran los cárteles del narcotráfico –prohijados por el blindaje institucional del poder político local– con el objetivo de conquistar exitosa, efectiva y monopólicamente un territorio, e instalar un centro de poder único sobre alguna demarcación territorial que, no casualmente, corresponde con las unidades administrativas del país (estados o municipios). La gente acostumbra llamar a este proceso “disputa por la plaza”.
Territorialidad. El narcotráfico es territorial. Tras la conquista del territorio por la guerra, y el sometimiento del adversario, el cártel vencedor coopta o aniquila los remanentes del cártel rival. Posteriormente, establece un rígido control de la “plaza” a través de los agentes que más proximidad tienen con el territorio: policías, agentes de tránsito, elementos de las fuerzas armadas, taxistas. El cártel del narcotráfico engrosa este destacamento de ocupación con Halcones –jóvenes vigilantes que viajan en motonetas–, Estacas o sicarios –que por lo general son expolicías o exmilitares que ejecutan operativos de carácter militar– y escuadrones de muerte. En algunos estados como Veracruz, Guerrero o Tamaulipas es común encontrar retenes irregulares custodiados por personal del cártel fuertemente armados: delimitan el área de influencia –las fronteras– sobre las que ejerce soberanía la organización. Dentro de ese territorio, no se admiten adherencias o simpatías por otro grupo criminal. Cabe hacer notar que el objetivo central del narcotráfico es el control de territorios, ya que tal ejercicio de poder territorial es mucho más rentable que el tráfico de droga: permite dictar las leyes que rigen en un lugar.
Coerción: El narcotráfico es coercitivo. Es la violencia que dota de estabilidad a la victoria tras la guerra. Coerción es lealtad por la fuerza. Y esta violencia sostenida se expresa especialmente en modalidad de extorsión. Está documentado que en los 32 estados de la república el narcotráfico cobra una cuota o “impuesto” a los pequeños y medianos comercios, y el “derecho de piso” a los negocios clandestinos, informales o de giros negros. El incumplimiento del pago se traduce en cierre del emprendimiento o la muerte del dueño o algún empleado. Al igual que el juego extorsivo que caracterizó al Estado en sus orígenes, el narcotráfico ofrece protección o seguridad a cambio de una tributación. Lo mismo ocurre con los periodistas: el cártel que gobierna la plaza riega dineros entre la prensa local a cambio de lealtad. La deslealtad es castigada letalmente. En no pocos casos, ni siquiera compra las voluntades editoriales: tan sólo endosa la amenaza de muerte a aquellos periodistas que no se apeguen a su política de información. La extorsión también comparece en los dominios políticos. Cuando un aspirante a cargo de elección popular visita una comunidad, el narcotráfico acostumbra secuestrar las unidades vehiculares en las que se transporta el candidato y su círculo de trabajo, incluidos reporteros y personal de prensa. Se trata de un secuestro exprés que consiste en concertar ex profeso una entrevista entre el jefe narco de la “plaza” y el candidato en cuestión, con el propósito de acordar a priori la “agenda de cooperación” entre el futuro funcionario y la organización criminal. Esto ocurre rutinariamente en varios estados del país. Y los desencuentros se pagan con sangre. Tan sólo recuérdese el proceso electoral de 2018, que dejó un saldo de 523 políticos y funcionarios asesinados, de los cuales 48 eran candidatos a puestos de elección popular ( https://bit.ly/2zoA0sY ).
Legitimidad. El narcotráfico busca legitimidad. Como cualquier otro centro de poder y autoridad, el narco combina los recursos de la coacción y el consenso. Si bien los cárteles del narcotráfico en México han desarrollado sus propios medios de comunicación, lo cierto es que, en algunos estados como Veracruz, estas organizaciones han acudido a la prensa establecida para controlar la información que circula, y con ello conquistar simpatías entre el público a través de estrategias de comunicación que combinan la divulgación de éxitos programáticos (e.g. seguridad) y la censura de hechos o acciones socialmente inconfesables. También, innovan en materia de recursos comunicacionales; por ejemplo, las narcomantas . Reproduzco el pronunciamiento, a mi juicio emblemático, de aquella manta que dejó el CJNG al lado de los 35 cadáveres que, en 2011, arrojó en una avenida neurálgica de Boca del Río, y que da cuenta fielmente de ese interés de ganar legitimidad, y que es un atributo político que distingue a los cárteles: “No más extorsiones, no más muertes de ¡gente inocente! (sic) […] zetas del estado de Veracruz aún faltan más ministerios públicos […] Esto les pasará o como los que hemos matado a balazos (sic). Al pueblo veracruzano no se dejen extorsionar, no paguen más cuotas. Si lo hacen es porque quieren. esta gente es lo único que saben hacer […] Esto les va pasar a todos los zetamierdas (sic) que sigan en Veracruz la plaza ya tiene nuevo dueño”.
 

7/25/2018

AMLO o el costo que está dispuesto a pagar la élite: una reflexión en retrospectiva


Arsinoé Orihuela Ochoa

Rebelión

El triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha provocado una cascada de opiniones encontradas en México y el mundo. Nadie puede discutir que se trata de un acontecimiento político de alto impacto. Y eso explica que en este espacio también se viertan análisis u opiniones a granel sobre el asunto. El objetivo, sin embargo, es evitar que la euforia triunfalista o el derrotismo acostumbrado se apropien de las palabras. Rastreando lo que documenté o escribí en los últimos dos años sobre la figura de AMLO, encontré un artículo –publicado inéditamente en diciembre de 2016 en La Jornada Veracruz – que juzgué oportuno reproducir, acaso porque el contenido de profecía cumplida y el ánimo que en éste se expresa tienen más vigencia y verisimilitud en el presente.

El “romance” de AMLO con empresarios conservadores, que no pocos críticos han condenado, es absolutamente reprochable. No obstante, lo inédito es justamente esa condena, que en el caso de otros presidentes electos nunca figuró, por la sencilla razón de que nadie tenía expectativas de que esos mandatarios ungidos procedieran de otra forma. Estas expectativas no son accidentales, y responden a otro hecho inédito que cabe registrar en la historia: es la primera ocasión en México, desde Francisco I. Madero y el paréntesis de Lázaro Cárdenas, que existe una correspondencia entre eso que la teoría llama la “voluntad general” y los resultados oficiales de unos comicios. Esto no se puede perder de vista. Y más allá de las componendas cupulares en curso, el hecho por sí sólo –el de la vigilancia y condena– es un triunfo de la sociedad desorganizada. Si bien los zapatistas tienen razón en insistir que el único “cambio verdadero” es el de la autoorganización, no es menos cierto que esas franjas poblacionales mayoritarias, desorganizadas y pulverizadas moralmente por la violencia estatal, apostaron, en su desorganización, por el cambio que estaba a su alcance: la urna. La convocatoria del voto masivo (radicalmente anti-PRIAN) fue exitosa. Difiero con la idea de que se trató tan sólo de un voto de castigo. Las redes sociales dan cuenta de un voto convencido. Y allí radica el mejor antídoto contra la tradicional pasividad del electorado: será un gobierno fiscalizado escrupulosamente por la ciudadanía. Y esta es la adversidad que enfrentará AMLO. Porque un mandato electoral, por definición (y sin obviar que estas limitaciones ameritan una profunda reflexión crítica), no es una licencia para imponer el deseo de las mayorías; es apenas un mandato para representar a esas mayorías en las negociaciones con los intereses poderosos.

Es importante aprovechar el revulsivo moral para profundizar el involucramiento de la población civil en la política, y, como ya he insistido en otras oportunidades, rebasar a AMLO por la izquierda.

Con el propósito de nutrir el análisis, reproduzco a continuación el documento citado.

AMLO: el costo que está dispuesto a pagar la élite

Advierto que en un primer momento este artículo coqueteó con el título de “AMLO: el fraude de 2018”. Que al final decidiera cambiar el título no respondió a un amago de “moderación-modulación”, que es un gesto tan socorrido por el “lopezobradorismo”. Responde a una cuestión de acento: juzgamos más importante el análisis de los resortes anónimos que prefiguran el escenario político en puerta que la intriga estrictamente electoral que perfila el 2018. Y también responde, aunque sólo tangencialmente, a un reconocimiento al trabajo de Andrés Manuel López Obrador, a la perseverancia de permanecer dos décadas en el centro del acontecer político nacional, y a la indisposición de establecer coaliciones con los partidos del establishment tradicional, que es acaso uno de sus gestos políticos más meritorios.

Pero el contenido de la reflexión no mudó un ápice. Y el fondo de ese análisis es que AMLO representa la última oportunidad para el sistema político mexicano de salir de la crisis peligrosamente terminal que enfrenta. Es la última llamada para regenerar las fibras de la política institucional, y reconfigurar las estructuras de Estado con una direccionalidad políticamente sostenible, y ciertamente favorable para algunas fracciones de las élites. Como en Estados Unidos (aunque allá capitalizado por un conservadurismo cavernario), en México asistimos al ocaso de los tradicionales actores políticos institucionales cuya credibilidad es a todas luces nula. Cuando AMLO dice que es necesario salvar a México, entrelíneas proclama “salvar” la institucionalidad de México, esa que nunca en el siglo XX divergió del canon autoritario, ni en su modalidad nacionalista ni mucho menos en su envoltorio globalizador.

Los hiperacumuladores que gobiernan el mundo no están seriamente intranquilos o alarmados con el ascenso de figuras políticas pretendidamente “anti-establishment” (que no “anti-sistema”, aunque muchos “comunicadores” confieran a cualquier impostor esta cualidad, sin saber siquiera qué significa, y desnaturalizando el sentido profundo del concepto). Si el progresismo sudamericano no consiguió modificar sustantivamente la correlación de fuerzas (capital-trabajo) después de un ciclo de 15 años en el poder, es todavía más improbable que el ciclo nacionalista en Norteamérica altere ese reparto jerárquico. José Mujica admitió recientemente en entrevista: “La democracia contemporánea tiene una terrible deuda social y está desgraciadamente evolucionando a una plutocracia. En nuestra américa latina hay 32 personas que tienen lo mismo que 300 millones de personas. Y su patrimonio crece 21% anual. Eso no es democracia. Eso va contra la democracia. Porque la excesiva concentración económica termina generando poder político”. Esto lo dice quien fuera acaso una de las figuras más emblemáticas de la izquierda partidaria del siglo XXI. El nacionalismo que emerge en la región septentrional del continente es incluso menos transgresor que la fórmula “nacional-popular” del sur. Y por consiguiente es previsible que la cosecha de triunfos sociales resulte todavía más modesta.

En este sentido, AMLO es la posibilidad de reducir la tensión social en México, con un costo no tan oneroso para los dueños del país, y con base en una fórmula institucional que, en la primera oportunidad de malestar en las élites, el aparato judicial-mediático puede desbaratar sin muchos apuros, como hace en Sudamérica.

El conflicto de clase en México discurre por terrenos de alta potencialidad insurreccional. En este escenario, Ayotzinapa representa la posibilidad de subvertir todo el orden jerárquico en el país. La desaparición forzada de los 43 normalistas encierra todos los males de México: injusticia social, represión barbárica, contrainsurgencia militar, delincuencia organizada de estado, corrupción e impunidad. Prueba terminantemente que la acción del estado mexicano constituye un terrorismo de estado, cuidadosamente orquestado. Ese costo es el que quieren eludir las élites. Con AMLO en el poder, se diluiría el objeto de reclamo popular: corrimiento de la consigna “Fue el Estado” a un “Fue el peñanietismo”.

Donald Trump es el otro coste que quieren constreñir. La última generación de élites en México, apostó todo a la alianza –desigual e indigna– con Estados Unidos. Y con el repliegue obligado que entraña Trump (el primer presidente abiertamente antimexicano), intentan desesperadamente acotar el precio de la histórica traición. Estamos en un episodio en que la autoestima personal está íntimamente entretejida con la dignidad nacional. Esa fue la lectura de Fidel Castro en la Cuba de Batista, en esa época bajo el signo del comando estadunidense. Pero Castro no concedió margen a la “reconciliación” o la oportunidad política. En 1953, Fidel escribió:

“ El momento es revolucionario y no político. La política es la consagración del oportunismo de los que tienen medios y recursos. La revolución abre paso al mérito verdadero, a los que tienen valor e ideal sincero, a los que exponen el pecho descubierto y toman en la mano el estandarte”.

Decía Bertolt Bretch que los pequeños cambios son el enemigo del gran cambio. AMLO es ese “pequeño cambio” o “momento político” que permite refuncionalizar las dimensiones estatales más desacreditadas sin modificar seriamente la correlación de fuerzas, y, simultáneamente, desactivar el gran cambio o el “momento revolucionario”.

Esto no es una “campaña” contra Morena o AMLO. Es incluso una exhortación a la reflexión, que tiene por destinatario a esa base popular reunida en la órbita del “lopezobradorismo”. Que los medios de comunicación dominantes, fracciones de la clase política y no pocos poderes fácticos elogien a “Don Andrés”, no es ninguna ironía o accidente: es el costo político que está dispuesto a pagar la élite en México.

Fuente: http://www.ladignavoz.mx/2018/07/amlo-o-el-costo-que-esta-dispuesto.html

5/20/2018

Tres escenarios posibles; descentralización de la administración pública; lecciones del sur

México 2018 [VIII]
La digna voz

Derrotismo o los tres escenarios posibles
Tras una larga campaña electoral teñida de un rotundo favoritismo lopezobradorista, y a pesar de los casi 20-30 puntos de ventaja del candidato de Morena en las intenciones de voto (según las encuestas, nunca confiables), y a tan sólo seis semanas de la elección, aún priva, entre no pocos votantes, la desconfianza acerca de un posible triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en los comicios del 1º de julio. “No lo van a dejar”, dice el estribillo, como si se tratara de una rencilla privada entre un “retoño desobediente” y su pandilla, y no una elección que involucra a la totalidad de los mexicanos que radican dentro y fuera de México. Cabe reconocer que ese ánimo derrotista no es gratuito. En México nunca se respetaron las preferencias de la población en una elección presidencial. Eso que llaman el “juego democrático”, en nuestro país trascurrió, con escasas variaciones, por trayectorias ominosas: elecciones de Estado (la larga noche de la “dictadura perfecta” del Partido Revolucionario Institucional), magnicidios o asesinato de candidatos (Luis Donaldo Colosio en 1994), transiciones espurias (Vicente Fox Quesada en 2000), flagrantes fraudes electorales (Carlos Salinas de Gortari en 1988; Felipe Calderón en 2006), y compra de voluntades con dineros provenientes de la delincuencia organizada (Enrique Peña Nieto en 2012). Este inventario de contravenciones a la voluntad de las mayorías desmonta la estúpida idea (otra modalidad de disfraz derrotista) de que “los pueblos tienen el gobierno que merecen”, que infelizmente es una prenoción que repiten al unísono “intelectuales” de derecha e izquierda. El conjunto de guerrillas o grupos políticos armados diseminados en la geografía nacional (todos ellos legítimos) aportan otro alegato lapidario de que los pueblos no admiten la condición de opresión a la que los condena un “mal gobierno”. En este sentido, y más allá de los posicionamientos políticos o estados de ánimo que suscriba cada uno, las evidencias e inercias permiten adelantar tres posibles escenarios para el próximo 1º de julio: (1) un triunfo apretado de AMLO; (2) un triunfo aplastante de AMLO; (3) un mega fraude electoral.
Descentralización de la administración pública: la jugada destacada del partido
Al final de un encuentro deportivo (e.g. un partido de fútbol), el equipo de locutores a cargo de la transmisión acostumbra votar por la “jugada destacada del partido”. Algunas veces, los comentaristas consiguen decretar, con antelación al final del juego, el “highlight” de la ocasión. Esto acontece cuando una acción temprana cambia sensiblemente el curso del trámite.
Extrapolando esta lógica al escenario de la elección en puerta, estimo que la “jugada destacada del partido”, el acontecimiento que altera el procedimiento rutinario de las promesas vacías, y que desvertebra el reparto de facultades en el organigrama del poder público, es la propuesta de descentralizar la administración pública federal en función de las prioridades/contribuciones de cada estado o región. Es una reactualización de las estructuras públicas, para homologarlas con la desconcentración económica (que no es lo mismo que la hiperacumulación, el epifenómeno del neoliberalismo) que atravesó el país en los últimos 50 años, con polos industriales ubicados en las regiones norte y bajío del país, centros turísticos reunidos alrededor de la Riviera Maya, o las desguarecidas sedes de producción petrolera, que podrían recuperar un poco de la soberanía arrebatada en el ciclo neoliberal.
La apuesta es transitar de la actual feudalización político-económica (poder económico desconcentrado-poder político hipercentralizado) a una descentralización o federalismo más o menos genuino. Y esta propuesta, que claramente atrae a las élites provinciales, es la razón por la cual AMLO no desciende en las preferencias electorales, aún cuando su voto duro se concentre en la capital y alrededores.
El progresismo o las lecciones del sur
El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva –acaso la figura de la izquierda más elogiada por propios y extraños– está en la cárcel. Cristina Fernández de Kirchner resiste una virulenta persecución judicial en Argentina. Rafael Correa, el expresidente ecuatoriano, fue inhabilitado políticamente en por una confabulación caprichosa del oficialismo. Y otros tantos líderes del progresismo en Sudamérica atraviesan situaciones de acoso y cacería sin precedentes.
México no puede ignorar las lecciones del sur. La política de “conciliación de clases” es una bomba de tiempo. No se puede construir un programa político sostenible, en beneficio de las mayorías, sin tocar los privilegios y las fortunas concentradas. No es posible conquistar la soberanía, la justicia social y la paz sin una transformación de fondo. Es necesario alterar el reparto del orden jerárquico, desactivar la guerra contra la población, alfabetizar políticamente a las bases populares, pluralizar las fuentes de información, y recuperar el control de las industrias estratégicas.
El progresismo que representa AMLO acaso encierra el mismo peligro que los progresismos del sur: la eventual derechización del voto y el ascenso de un fascismo social, como ya se advierte en Brasil y Argentina.
México no puede ignorar las lecciones del sur. Sin renunciar a votar por AMLO, es necesario rebasar, por el flanco izquierdo, a AMLO.

3/28/2018

Acerca de por qué asesinan candidatos


México 2018 [VI]

La digna voz
A propósito de una entrevista reciente con el periódico Tiempo Argentino (https://bit.ly/2IMB5vC), que versó sobre el asesinato de candidatos en México en el marco de la campaña electoral en curso, juzgué oportuno recoger algunas de las reflexiones que arrojó la ocasión y presentarlas en formato extendido.
Es habitual que en México estos fenómenos –asesinatos en general, y asesinato de candidatos en particular– pasen inadvertidos; o bien, que una franja mayoritaria del público minimice el hecho en sí y/o sus efectos colaterales. La violencia es la divisa dominante de la política nacional, tanto en la modalidad de represión llana y abierta como en la acción consuetudinaria de las instituciones, que, sin moderación, quebrantan el orden constitucional a su antojo. Y este alud de criminalidad e ilegalidad concertada desde las instituciones acaso explica el fenómeno de la “naturalización” del maridaje violencia-política. Por cierto, esta violencia política está íntimamente entrelazada con la violencia social. Y, por ello, el tema cobra una importancia mayúscula.
Con base en esta premisa, y sin descuidar la decisión política que desencadenó la barbarie en México –la guerra contra el narcotráfico–, extiéndome sobre el asunto en cuestión.
T.A.: ¿Se recrudeció el asesinato de candidatos en México o es similar a otros momentos? ¿Qué explica estos asesinatos?
A.O.: El asesinato de candidatos como recurso para determinar el resultado de una elección no es una rareza ni un procedimiento inédito en la “democracia electoral mexicana” (nótese el entrecomillado). Los procesos de democratización en los países discurren por diferentes caminos. Y lo primero que hay que entender es que en México nunca ha habido una democratización de los canales institucionales-electorales, aun cuando es posible consignar una relativa pluralización del sistema de partidos. Rotación de élites sin cambios sustantivos ni canalización institucional de las demandas sociales: esa es la fórmula.
Cabe recordar que la Revolución Mexicana estalló bajo la consigna de “sufragio efectivo, no reelección”. Y si bien la insurrección consiguió la abrogación de la reelección, la efectividad del voto popular nunca se cristalizó. De hecho, la crisis de violencia en el país es fruto –entre otros factores– de una octogenaria acumulación de procesos electorales fraudulentos, en la que los asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular es una norma más que una excepción. Tal vez el caso más emblemático es el asesinato del candidato presidencial (puntero) Luis Donaldo Colosio, en las vísperas de la elección federal de 1994. A propósito de este caso, existe una multiplicidad de interpretaciones. Pero casi todas coinciden en señalar el involucramiento de actores del Estado profundo (conciliábulos militares), dinastías familiares del propio partido político –Partido Revolucionario Institucional (PRI)–, y el narcotráfico. Y todos los actores referidos continúan decidiendo los destinos del país.
En este sentido, el recurso de la violencia o eliminación física de candidatos sí es similar a otros momentos. Pero también es cierto que ha habido un agudo recrudecimiento. Justamente porque las fuerzas armadas, las añejas dinastías familiares y el narcotráfico han acumulado cuotas extraordinarias de poder, especialmente en el último decenio. La guerra contra el narcotráfico que decretó el expresidente Felipe Calderón en 2006, tan sólo 10 días después de la toma de protesta, y acaso como una estrategia para aplastar por la fuerza las denuncias de fraude en su contra, provocó un desencadenamiento de una violencia sin parangón en el país. La guerra, que nunca fue contra el narcotráfico porque hoy éste es el actor dominante en la política nacional, habilitó un escenario bélico que propició el fortalecimiento de las fracciones más criminosas del poder político –jerarcas militares, dinastías familiares, narcotráfico–. El fraude electoral de 2006 acarreó la guerra. Y el costo humano fue altísimo: 200 mil muertos, decenas de miles de desaparecidos, millones de familias desterradas de sus territorios o comunidades, y la normalización del terror, la criminalidad y la corrupción.
Esa violencia a gran escala también alcanzó a la clase política y las instituciones. Y esto explica que tan sólo en los últimos cuatro meses hayan sido asesinados más de 30 aspirantes a cargos de elección popular. La OEA recientemente denunció que en México es asesinado un candidato cada cinco días. Si esto aconteciera en Venezuela, no es tan difícil imaginar el escozor internacional que provocaría. Pero como acontece en México, donde la barbarie está naturalizada, nadie respinga, con excepción de unas escasas expresiones de “preocupación”.
En México, la gente acostumbra decir, en la antesala de una elección, que el país “se va a llenar de muertitos”. Adviértase que este clima electoral homicida es común (de ninguna manera normal). No obstante, cabe insistir que el ascenso del narcotráfico a clase gobernante potencializó aparatosamente la virulencia de los asesinatos políticos. Sólo a modo de ejemplificación: cuando un candidato visita la comunidad o jurisdicción para la cual está compitiendo, el narco acostumbra secuestrar las unidades vehiculares en las que se transporta el candidato y su círculo de trabajo, incluidos reporteros y personal de prensa. Se trata de un secuestro exprés que consiste en concertar ex profeso una entrevista entre el jefe narco de la “plaza” (territorio de operación de algún cártel) y el candidato en cuestión, con el propósito de coordinar a priori la “agenda de cooperación” entre el futuro funcionario y las organizaciones criminales. Esto ocurre rutinariamente en todas las geografías del país. Y las desavenencias se están pagando con sangre. En la escena política nacional rige la “ley narco”: plata o plomo. Desde el punto de vista del neoliberalismo sin reservas, que profesa el culto de la superioridad de los mercados por encima de cualquier acción del Estado, México es la utopía.
No pocas veces los narcotraficantes responden a “encomiendas” de ciertas fracciones del aparato político-institucional. También el narco efectúa tareas de contrainsurgencia. Es un pacto de reciprocidad concertado por narcotraficantes y gobernantes dedicados al bandidaje de Estado. En este sentido, no es gratuito que los candidatos más perseguidos a sangre y fuego generalmente provengan de las filas del partido de oposición; pero definitivamente no son lo únicos. Porque el problema rebasa los marcos puramente electorales. El problema de fondo es el ascenso del narcotráfico a clase dirigente.
T.A.: ¿Cómo impacta esta violencia en la participación electoral y los resultados?
A.O.: El impacto es directo y determinante. Esa es la idea de los asesinatos: afectar la participación electoral y los resultados.
En relación con lo primero –la participación electoral–, es evidente que el clima homicida alimenta el abstencionismo. En México el voto no es obligatorio. Y, con frecuencia, a los comicios sólo asiste entre el 20 y el 40 por ciento del electorado. Naturalmente, el asesinato de candidatos provoca un terror que aleja al público de las urnas.
Y con respecto a lo segundo –los resultados–, sencillamente prevalece la voluntad de los intereses privados, a menudo criminales. Y el narco y clase política delincuencial consiguen actualizar la continuidad de eso que llamo el “narcoestado”, en detrimento de lo que uno podría llamar la “voluntad general”. En México, nadie llega a un puesto de gobierno clave sin el consentimiento del crimen organizado. Ese es el impacto más inmediato. Y el impacto mediato, es la sostenida desmoralización política de una población civil condenada por las clases gobernantes a habitar en condiciones de terror permanente y parálisis social.
T.A.: ¿Algo que agregar?
A.O.: Urge frenar la sistemática práctica del régimen de sellar con fraude los procesos electorales. Esa es la tarea política de 2018. Este año el país se juega la vida. Y no lo digo metafóricamente. El derecho a la vida en México es lo que está en disputa en la elección de 2018.

1/01/2018

2017: catálogo del primer año de la desglobalización


Arsinoé Orihuela Ochoa
La digna voz

El 2017 fue el año de constatación de un fenómeno hasta hace poco insospechado: la caída del paradigma neoliberal globalizador.

A modo de recapitulación histórica, cabe recordar que la crisis del petróleo de 1973 fracturó el orden prescrito por los acuerdos de Bretton Woods de la segunda posguerra (“Walfare States” o Estados Nacionales regenteados por la alianza capital-trabajo). El agotamiento de ese ordenamiento engendró –no sin la intervención decisiva de las élites en ascenso– la fórmula neoliberal (Estados Neoliberales reorganizados por la fractura de la alianza capital-trabajo). Los impulsores de la “solución” neoliberal –Inglaterra y Estados Unidos– bautizaron esa arrolladora inercia oligárquica con las siglas de TINA (“There is no alternative”   o No hay alternativa). Las políticas tributarias de TINA propiciaron la privatización de las empresas e instituciones estatales. Ya en manos de actores privados, las empresas e instituciones estatales transitarían otra metamorfosis: la desnacionalización o extranjerización. Tras la caída del Muro de Berlín y el llamado Bloque Soviético (1989-1991), y por prescripción del Consenso de Washington, se instaló en el mundo la “globalización”, que, si bien es cierto que tiene múltiples niveles de significación, consiste básicamente en una modalidad específica de integración internacional al servicio de la neoliberalización. Es decir: “globalización” designa la extranjerización de los procesos privatizadores. Irónicamente, los primeros en decidir (exitosamente) el repliegue de ese paradigma fueron Inglaterra y Estados Unidos –los artífices del modelo. “Brexit + Trump = el fin de la globalización”.

En este cierre de año, y en tributo a esa tradición que eleva el periodismo a condición de “historia en tiempo presente”, dispuse reunir una serie de recortes a partir de este ejercicio de análisis que durante el 2017 desarrollé bajo este enfoque o lectura, con el propósito de identificar esos procesos e indicadores en la región que dan cuenta de la desglobalización en curso y las realidades en germen que prefigura ese ocaso: a saber, ascenso de la derecha supremacista, desmoronamiento de los integracionismos, amurallamiento de las fronteras, desinstitucionalización del sistema internacional, defenestración de los sistemas de partidos.

Acerca del ascenso de la derecha supremacista

“Si bien una posibilidad es que el sistema en su conjunto pierda legitimidad y se habiliten-activen las fuerzas sociales civilizatorias (minorías, trabajadores, estudiantes, migrantes etc.), no es menos posible que el ascenso de Trump dispare las fuerzas anti-civilizatorias más sórdidas u oprobiosas. Es importante insistir que la reemergencia de las derechas supremacistas-nativistas en Occidente representa la posibilidad de la reemergencia del fascismo. Aún no florece el neofascismo. Pero están situados los sedimentos […] En este escenario pesimista –aunque no por ello improbable–, las derechas y oligarquías continentales apostarán por un repliegue político parcial, cómo ya están haciendo los gobiernos de México, Brasil y Argentina, e intentaran reeditar las consignas nacionalistas que en otra época orientaron el compás propagandístico de la dominación pre-globalista. La evidencia sugiere que abrazarán el discurso de la unidad nacional […] Esto de ninguna manera significa que Estados Unidos abdicará a su injerencia en la región. América Latina es el perímetro de acción convencional de Washington […] Es un recrudecimiento de la unilateralidad histórica de Estados Unidos respecto a América Latina. No es exactamente Doctrina Monroe, acaso porque a Trump no le interesa seriamente el control de los pueblos continentales. Es dumping : es decir, la pura disposición de transferir a la región los costos de la restauración supremacista” (http://bit.ly/2DsMhdk).

“ Ríos de tinta derramaron filisteos e incautos arguyendo la irreversibilidad de la globalización. Ese concepto, que es básicamente una envoltura mística del neoliberalismo, está muerto. La globalización murió por suicidio asistido. El problema es que esa ‘asistencia’ provino de la derecha más recalcitrante y cavernaria. No pocos analistas escribieron sobre el malestar que produce la globalización. Y el problema no es el descontento en la globalización. El problema es que las posiciones conservadoras capitalizaron esa indignación con éxito” (http://bit.ly/2DrUHkZ)

Acerca del desmoronamiento de los integracionismos

“La inercia anuncia que los integracionismos de la globalización están en franca descomposición. El problema es que la salida (exit) sólo está ‘autorizada’ para las potencias que diseñaron el programa globalizador. Grecia en Europa (UE), y previsiblemente México en América del Norte (TLCAN), estarán sujetos a acciones concertadas de sabotaje, máxime si la salida que proponen transcurre por el flanco izquierdo y no por el carril ultraderechista, que es el oprobioso espectro de la época” (http://bit.ly/2DrUHkZ).

Acerca del amurallamiento de las fronteras

“En un reciente artículo, se afirma que en 1989 existían una decena de muros y que actualmente se cuentan alrededor de setenta alrededor del mundo. Y al igual que el de Berlín, los muros del siglo XXI se han construido para reforzar la seguridad interna y, obviamente, para detener los flujos migratorios […] como sería el caso de los habitantes de los países centroamericanos y caribeños, que han llegado a México por tierra y por mar a pesar de la existencia de un muro virtual compuesto de policías, paramilitares, narcotraficantes y el ejército mexicano, y que está en vías de reforzarse gracias a la cooperación del gobierno mexicano con el Pentágono; o el muro de arena fortificado de casi tres mil kilómetros entre Marruecos y el Sáhara Occidental […] Pero además existen muros entre países europeos. Es así como nos encontramos con muros entre Francia e Inglaterra, en el puerto de Calais, para impedir que los migrantes salten de Francia a Inglaterra, y que fue financiado por el gobierno británico. Otros ejemplos en Europa son el construido por Hungría en 2015 –con 175 Km. de longitud– para detener a los migrantes provenientes de Serbia y Croacia; o el construido en Bulgaria, de similares dimensiones que el anterior, para detener el flujo proveniente de Turquía, alimentado principalmente por la guerra en Siria; o el que existe entre Austria y Eslovenia, o Macedonia y Grecia […] El medio oriente también tiene lo suyo: está el construido por Israel en su frontera con Cisjordania que una vez concluido se extenderá a lo largo de 712 Km. y hasta nueve metros de alto. Y no es el único que ha construido, ya que también existen muros en sus fronteras con Jordania, Siria, Egipto y, por supuesto, la franja de Gaza” (Rafael de la Garza 28-II-2017; leer artículo completo: http://bit.ly/2leHG7T).

“Para nadie es un secreto que Luis Videgaray es un operador de Estados Unidos, y de las oligarquías domésticas beneficiarias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Él mismo ha dicho que su prioridad es la renegociación de ese acuerdo. Y eso explica que el canciller responda al comando de Washington; que participe personalmente en la planeación del ‘muro Trump’; que encabece el proyecto de la construcción del muro en la frontera México-Guatemala; y que abrace con ahínco desenfrenado la causa anti-Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA). Luis Videgaray es una especie de ‘encomendero’ de la ‘era post-global’, al servicio de Estados Unidos, y de ese no-proyecto de nación que tiene al país postrado en la ignominia: ‘El México neoliberal itamita   y su fracasado modelo maquilador/librecambista quedó amurallado: al norte, el muro Trump, y al sur, el muro Videgaray con Guatemala’ (Alfredo Jalife Rahme en La Jornada 12-II-2017)” (http://bit.ly/2DrRDoY).

Acerca de la desinstitucionalización del sistema internacional

“En su primer libro ‘El arte de la negociación’, Donald Trump escribe: ‘si mi adversario es débil lo aplasto y si es fuerte, negocio’. La frase condensa esas dos significaciones del ascenso de Trump: la de la desintegración de la moral pública (aplastar y no socorrer al débil), y la del inminente aplastamiento de su débil (e imaginario) adversario –México” (http://bit.ly/2zJ1O6c).

Para instalar esa agenda unilateralista sin contrapesos o instancias de diálogo, Trump barrió con las instituciones internacionales y retiró a Estados Unidos del Acuerdo del Pacífico (TPP), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los Acuerdos de París sobre el Cambio Climático, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y tentativamente de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) si persiste con su idea de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.

La defenestración de los sistemas de partidos

“Decía José Enrique Rodó, escritor e intelectual uruguayo, que los partidos políticos no mueren de causas naturales, sino que se suicidan. En el presente, ese adagio es más exacto que nunca. La subrepresentación o nula representación de la población, la bancarrota de la representatividad, el travestismo de los colores e idearios partidarios que en el diccionario de eufemismos se conoce como ‘coaliciones’, la creciente presencia de candidaturas atadas puramente a ‘intereses especiales’, las malogradas ‘transiciones democráticas’, las ‘pesadillas de la alternancia’, y la incapacidad estructural de esas instituciones moribundas para sortear favorablemente las rutinarias crisis, perfilan un horizonte desfavorable para la prevalencia de los partidos políticos como agentes dominantes en la arena política […] En esa inercia contradictoria, que por un lado prescribe representar al soberano (ese significante flotante que unos llaman ‘pueblo’), y que, por otro, demanda proteger los intereses de las élites y las minorías opulentas, los partidos políticos firmaron su propia carta de defunción. El antagonismo que se aloja en esa inercia es insalvable. Las proporciones de las crisis en curso decretaron el agotamiento de ese paradigma de los partidos políticos […] Asistimos al suicidio de los partidos. El ‘movimiento’ (popular o de élite), y las ‘candidaturas sin partido’, alzan la mano entre los escombros de las organizaciones partidarias” (http://bit.ly/2pRqpWY).

“Así como Donald Trump es el harakiri del Partido Republicano y el régimen bipartidista estadunidense, José Antonio Meade es el harakiri del PRI y el régimen de partidos mexicano […] El PRI ayudó a Donald Trump a conquistar el poder en Estados Unidos, tras aquella visita del ahora mandatario estadunidense a México que, por cierto, concertó, a espaldas del público, Luis Videgaray. En retribución, la administración de Trump asesora al PRI para conquistar la elección de 2018. Esto explica que el PRI apostara por un candidato ajeno al establishment partidista. El PRI está acudiendo a la misma fórmula del Partido Republicano: la postulación de un candidato ‘outsider’ –José Antonio Meade– arrastrado por el último suspiro de la maquinaria partidaria […] José Antonio Meade es el fin del régimen de partidos en México” (http://bit.ly/2CkJweP).

Fuente: https://lavoznet.blogspot.com.ar/2017/12/2017-catalogo-del-primer-ano-de-la.html

12/12/2017

Diez tesis y un colofón sobre la candidatura de José Antonio Meade


Arsinoé Orihuela Ochoa

Rebelión

1. En un artículo publicado en junio del año en curso se dijo: “Lo que está en puerta, en la antesala de la elección de 2018, es la muerte asistida del único partido gobernante en México –el Partido Revolucionario Institucional. Pero atención: esta muerte anunciada no es por una potencial derrota del PRI en la elección del año entrante (eso todavía es difícil de prever), ni por un desterramiento de la cultura política que ese partido prohijó e instaló a sus anchas en un país condenado al clientelismo o el ostracismo o la muerte. El PRI-partido murió porque perdió esa facultad metalegal otrora incontestada: la selección, por dedazo ‘doméstico’, del ‘candidato-presidente’. En la elección de 2018, el candidato a la presidencia no será elegido por el partido sino por Estados Unidos”. José Antonio Meade, candidato ungido del PRI para la elección federal de 2018, es el subproducto de una negociación entre la fracción ultra-neoliberal del PRI –representada por el canciller de México Luis Videgaray Caso– y la administración de Donald Trump –representada por el consejero de la Casa Blanca Jared Kushner–. No es accidental que Meade –el candidato del PRI– ni siquiera sea un militante del partido (PRI). Le asistió la razón al uruguayo José Enrique Rodó cuando dijo, acaso proféticamente, que los partidos no mueren por causas naturales, sino que se suicidan. Así como Donald Trump es el harakiri del Partido Republicano y el régimen bipartidista estadunidense, José Antonio Meade es el harakiri del PRI y el régimen de partidos mexicano. 

2. El PRI ayudó a Donald Trump a conquistar el poder en Estados Unidos, tras aquella visita del ahora mandatario estadunidense a México que, por cierto, concertó, a espaldas del público, Luis Videgaray. En retribución, la administración de Trump asesora al PRI para conquistar la elección de 2018. Esto explica que el PRI apostara por un candidato ajeno al establishment partidista. El PRI está acudiendo a la misma fórmula del Partido Republicano: la postulación de un candidato “outsider” –José Antonio Meade– arrastrado por el último suspiro de la maquinaria partidaria.

3. José Antonio Meade es el fin del régimen de partidos en México. Algunos “apparatchiks de partido” querrán salvar el régimen apoyando a Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Ese “voto” discurrirá en la secrecía. AMLO es el costo que está dispuesto a pagar el Ancien Régime para conservar los privilegios inherentes a la partidocracia. ¡Qué ironía! AMLO pronunció aquella célebre consigna de “al diablo con las instituciones”. Y José Antonio Meade, 12 años después, consumó la petición. 

4. El neoliberalismo consiste en alejar cada vez más al (hipotético) representante del (hipotético) representado. José Antonio Meade, un tecnócrata que nunca fue investido con un cargo de elección popular, es la fase superior de ese divorcio. Los ideólogos liberales lo saben. Pero en la próxima elección, por “chayotismo” o “maiceo”, van a callar.

5. La campaña electoral de José Antonio Meade acudirá al estribillo de la falsa antinomia neoliberal: el regreso al pasado vs. la modernización desideologizada . Porque en eso han sido extraordinariamente exitosos los neoliberales: en calificar de ideología todo lo que precedió al neoliberalismo. En este sentido, la propaganda pro-meadista consistirá, casi unívocamente, en advertir acerca de un posible (y peligroso) retorno al pasado (nacionalismo). Es decir, traficará con la falsa disyuntiva: nacionalismo ideológico vs. modernidad apolítica, sin reparar que esa modernidad apolítica es ideología (dominante), y disfrazando un axioma que cada vez cobra más verosimilitud: a saber, que el neoliberalismo es la continuidad del nacionalismo priista tardío.

6. José Antonio Meade es un cachorro de la ortodoxia neoliberal salinista. La ortodoxia neoliberal salinista tiene dos columnas: uno, narcotráfico; y dos, militarismo.

7. Con el ascenso de Donald Trump al poder en Estados Unidos, México tránsito de un país terciarizado a un país esclavizado, por cortesía de los gobiernos neoliberales y nacionalistas tardíos, que ahora, desesperados por reorganizar la autoridad, acuden –como ya en hecho en otras oportunidades– al narcotráfico y el militarismo para reproducir las estructuras de poder. José Antonio Meade es el candidato del narcotráfico y el militarismo. No es fortuito que unos días después del “destape” la cámara de diputados aprobara la Ley de Seguridad Interior, que significa la utilización del ejército –agente histórico del narcotráfico en México– para fines de seguridad pública (léase narcomilitarización). 

8. José Antonio Meade es el último eslabón de un golpe de estado continuado cuya génesis remonta a la “caída del sistema” en 1988, y que acarreó a México a la pulverización de la soberanía en beneficio irrestricto de Estados Unidos, y a una guerra contra los pueblos disfrazada de guerra contra el narcotráfico. 

9. José Antonio Meade, como Donald Trump, es una criatura del “tercer espíritu del capitalismo” , que se define, entre otras cosas, por la incorporación de una (seudo) crítica contra los desenfrenos del capitalismo, señaladamente la corrupción de los políticos, a fin de allanar (ideológicamente) el ascenso al poder público de los autócratas tecnócratas: a saber, personajes como Meade (o Trump) que gobiernan sin soberano popular y al servicio exclusivo de la técnica de la hiperacumulación. 

10. José Antonio Meade es la carta de defunción del Estado liberal mexicano. 

11. Colofón: “Patria o muerte” no es una consigna. Es un diagnóstico. 

 

Blog del autor:https://lavoznet.blogspot.com.ar/2017/12/10-tesis-y-un-colofon-sobre-la.html

11/12/2017

Ley General en Materia de Desaparición Forzada en México: una pantomima


Arsinoé Orihuela Ochoa

La digna voz

¿Dónde están? ¿Quién los desapareció?

Para abordar cualquier problemática es necesario formular preguntas adecuadas. Y, para resolver un problema, es necesario responder acertadamente las preguntas. Por razones elementales, cualquier cambio o adición a una legislación debe adherir esta secuencia. Pero la razón no es un principio que rija comúnmente los destinos de un Estado. De hecho, “razón de Estado” es una contradicción, como la “inteligencia militar”. El delito de desaparición forzada de personas, por regla, está encuadrada en estas contradicciones. La desaparición forzada es la huella incriminatoria de un Estado militarista que se opone tajantemente a la razón e inteligencia. Por tanto, es virtualmente imposible que ese Estado persiga a los autores materiales e intelectuales de esos crímenes, acaso porque eso significaría ir tras sus propios rastros de criminalidad. Por definición, el delito de desaparición forzada de personas comporta la aquiescencia del Estado. Esto explica los contenidos pantomímicos de la iniciativa de ley que sobre esta problemática impulsa la clase gobernante en México; y que, por las flagrantes omisiones, permitir inferir que no atenderá ninguna de las preguntas referidas: dónde están, y quién los desapareció.

El 12 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Con 396 votos a favor y cero en contra, la cámara de diputados avaló la minuta que el Senado de la República envió en abril pasado (http://bit.ly/2gYgMOP).

Si bien aún falta la promulgación por el ejecutivo federal, es altamente probable que en fechas próximas la ley entre en vigor, antes de las elecciones federales de 2018. El Estado mexicano necesita una restauración de imagen para atraer a los capitales foráneos que buscarán anidar en el país tras la ruptura con Estados Unidos y el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); y, por añadidura, alterar a su favor la percepción ciudadana (al fingir que el Estado combate la impunidad) de cara a los comicios del próximo año.

Esta ley ha sido aprobada a 10 años de que iniciara la llamada guerra contra el narcotráfico que, por decreto unipersonal, declaró el expresidente Felipe Calderón en diciembre de 2006. Desde ese año, y con la excusa del narcotráfico, el Estado mexicano desató una campaña de violencia institucional que arrastró al país a una larga noche de terror social, tan sólo equiparable con los capítulos más oscuros de la historia de Latinoamérica. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, desde el inicio de la guerra y hasta agosto del año en curso, en México desaparecieron 33.482 personas (http://bit.ly/2gAdu86). Cifra que recuerda peligrosamente e incluso supera el registro de desaparecidos en la dictadura argentina (30 mil). La organización de derechos humanos “Comité Cerezo” ha dicho que, por la opacidad que acostumbra acompañar a esta modalidad de crimen, es difícil contabilizar a las víctimas. Por ello, advierten, la cifra actualizada podría alcanzar los 300 mil.

Por cierto, que Argentina fue uno de los países que encabezó los esfuerzos para el diseño y aprobación de las dos convenciones, la regional-interamericana y la internacional sobre desaparición forzada de personas ("Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas" –firmada en París el 6 de febrero de 2007). Demoró cerca de 20 años consagrar estos dos pactos internacionales. En Argentina, estas convenciones alcanzaron rango de cláusula constitucional. Y en 2011, el congreso incorporó la tipificación de este delito al Código Penal (http://bit.ly/2h9ED23).

A pesar de este antecedente regional, la ley contra la desaparición en México llegó tarde… y a todas luces amputada.

La presión nacional e internacional por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, forzó a que el presidente Enrique Peña Nieto enviara una propuesta en materia de desaparición de personas, a finales de 2015, con el propósito de disminuir el costo político de la desaparición de los estudiantes. Desde entonces, un puñado de comisiones del Senado trabajaron en la iniciativa, naturalmente con la exclusión de los familiares de víctimas y las organizaciones que, por lo menos desde hace 18 años, trabajan en el diseño de esta propuesta de ley.

De acuerdo con personal de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, la ley que se aprobó no garantiza el acceso a los derechos de Memoria, Verdad, Justicia, Reparación Integral y Garantías de No Repetición, básicamente por siete razones (cito casi textualmente):

1. No crea un registro que responda a la naturaleza y especificidad de la desaparición forzada

2. Excluye la responsabilidad de los superiores jerárquicos como lo establece la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada

3. Crea una Comisión Nacional de Búsqueda, que realmente no es Nacional y que no posee atribuciones ni herramientas necesarias para la búsqueda adecuada en campo

4. Niega el acceso a todos los lugares de probable detención de las víctimas, incluidos campos militares y lugares clandestinos

5. Omite la creación de un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses

6. Impide afincar responsabilidad a las Fuerzas Armadas, lo que garantiza la imposibilidad de que éstas sean juzgadas

7. El Estado deja intocada su política de seguridad interna y sus políticas de seguridad pública, a todas luces causales de las condiciones que propician la desaparición forzada de personas en México (http://bit.ly/2iVPnBC).

Con estás omisiones o silencios, la pantomímica Ley General en Materia de Desaparición Forzada garantiza la continuidad del ocultamiento y la impunidad, y habilita, por tanto, la persistencia de una práctica antigua y sistemática del Estado mexicano: la desaparición forzada.

Fuente: https://lavoznet.blogspot.com.br/2017/11/ley-general-en-materia-de-desaparicion.html

9/17/2017

México 2018: la izquierda se levanta


La digna voz

México está al borde del colapso humano. Esta verdad inexorable prologa las elecciones federales de 2018. Y no es catastrofismo infundado: los indicadores de seguridad, justicia y derechos humanos dan cuenta de una tragedia humanitaria en curso: 200 mil homicidios en 10 años de guerra; 32 mil desaparecidos (organismos civiles estiman que la cifra asciende a 60 mil); 2 millones de personas desplazadas territorialmente por la violencia; 110 periodistas asesinados desde el año 2000 hasta la fecha; un repunte de 700% en materia de secuestros (ninguna familia en México se salva de este delito lacerante); feminicidios al alza (con especial virulencia en el Estado de México, actualmente base operativa de los poderes federales); pobreza galopante (55.3 millones de pobres, de acuerdo con el Coneval); y una militarización sin freno de la vida pública ( las quejas presentadas por violaciones a los derechos humanos por parte de militares se han incrementado en un 1000 por ciento ). Pero nadie en los circuitos de arriba parece estar intranquilo por esta calamidad o siquiera dispuesto a nombrarla. México es un holocausto sin relato ni reconocimiento oficial. Fuera de ese oficialismo resueltamente sordomudo, florecen, desde la izquierda –una de arriba y otra de abajo– dos fuerzas anti(extra)establishment: Movimiento de Regeneración Nacional y Concejo Indígena de Gobierno (propuesta conjunta del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional).
La primera fuerza (Morena), apunta al cambio de régimen político por la vía electoral (temporalidad política de corto-mediano alcance). La segunda (CIG-CNI-EZLN), apunta al cambio civilizatorio (transformación radical del orden social) por la vía de la articulación-organización de base (temporalidad política de mediano-largo alcance).
Morena es un movimiento electoralista, anti-neoliberal y tibiamente nacionalista. El CIG-CNI-EZLN es un movimiento social de amplio espectro, anticapitalista y decididamente autonomista. El propósito acá no es equipararlas. Nadie discute que se trate de izquierdas de signo diferente: una, de arriba-moderada (coyuntural); la otra, de abajo-radical (de largo aliento). A la segunda la acusan de no querer dialogar con la primera, o incluso de “colaborar” ( sic ) con las “fuerzas de la derecha”. Pero la historia constata que la responsabilidad del desencuentro recae en la otra parte. La izquierda electoral-institucionalista nunca quiso dialogar con la rebelión indígena anticapitalista, e incluso traicionó flagrantemente la posibilidad de un encuentro. En 1996, las principales fuerzas partidarias, incluida esa izquierda institucional (Partido de la Revolución Democrática, antecedente de Morena) establecieron las bases del ordenamiento político-electoral, en beneficio irrestricto de los partidos, y en detrimento de los Acuerdos de San Andrés (apertura y democratización del sistema político en su conjunto), suscritos por el EZLN y el gobierno federal. Acaso por eso los zapatistas han dicho que el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador –signatario de ese arreglo partidocrático–, no es diferente del resto de los políticos.
En esas coordenadas discurre la interferencia que impide el diálogo. La factibilidad de desalojar a la narco- derecha del poder e instalar “sosteniblemente” las agendas de “las izquierdas” en 2018 (esfuerzo absolutamente urgente, legítimo e inaplazable), estriba en la habilitación de un diálogo, aunque fuere sólo transitorio o coyuntural, entre las bases sociales que movilizan esas dos fuerzas.
Esto de ninguna manera es un intento por dirimir, por orden de las teclas, una discusión entre dos propuestas políticas tan apartadas una de la otra, objetiva y subjetivamente. Pero sí es un esfuerzo por exhortar a un diálogo que involucre a la militancia de base de las izquierdas, que, afortunadamente, ya en algunos foros y espacios está teniendo lugar. La prioridad es que la izquierda se levante, apuntando a una tarea común: pensar-desarrollar colectivamente el anticuerpo. México es un organismo desprotegido, y a merced de las inercias políticas más adversas e infaustas.
Ni Morena es exactamente igual a los otros partidos (todas las coaliciones partidarias en curso responden a una acción concertada de la derecha por frenar el lopezobradorismo), ni el CIG-CNI-EZLN aspira a escamotear la candidatura de Andrés Manuel López Obrador (la rebelión indígena ha sido radicalmente fiel al programa de resistencia; y es acaso el único actor social con autoridad moral irreprochable). La condición de posibilidad de un encuentro radica en admitir que las descalificaciones recíprocas contribuyen a fortalecer la continuidad en el poder de una derecha obscenamente criminal, y, por consiguiente, la hegemonía del PRI-Estado.
Por definición, el poder es eso que gobierna, y que ha tenido capacidad de alcanzar hegemonía. En México gobierna el PRI-Estado, cuyos dominios gubernativos abarcan: 1) el sistema político en su conjunto, es decir, la totalidad de los partidos –tricolor, blanquiazul, amarrillo o verde; 2) la tradicional cultura política clientelista, corrupta e influyentista; 3) el ensamblaje estructural con el narcotráfico; 4) la anglofilia o adhesión ideológica a Estados Unidos por oposición a la identificación con Latinoamérica; 5) el neoliberalismo antinacional.
El imperio del privilegio (criminal) en México descansa sobre esas columnas del PRI-Estado.
Las izquierdas tienen básicamente dos asignaturas urgentes, una de corto plazo, otra de largo alcance: la primera, desarrollar el anticuerpo (anti-PRI) y derruir las bases del PRI-Estado; la segunda, reconstruir el tejido social y parir un orden social radicalmente “otro”.
El diálogo de las izquierdas es en función de esas tareas comunes.
Que en 2018 la izquierda (no unificada pero sí en diálogo) se levante.

8/28/2017

Tres tesis sobre el caso Narvarte y una lección escarmentada


La digna voz

El pasado 31 de julio se cumplieron dos años del multihomicidio de cinco personas en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, y en el que perdieron la vida Rubén Espinosa (periodista), Nadia Vera (activista estudiantil), Alejandra Negrete, Mile Viriginia Martin y Yesenia Quiroz. El artero crimen –que es uno de los episodios que toca las fibras más sensibles de la crisis nacional– permanece sin castigo. De hecho, en mayo del año en curso, jueces federales congelaron los procesos contra dos de los tres detenidos. Y las averiguaciones continúan envueltas en una bruma de omisiones e inacciones (como todos los otros centenares de crímenes de lesa humanidad que laceran al país). Las líneas de investigación que involucran la labor periodística de Rubén y el activismo de Nadia Vera en Veracruz siguen desatendidas. Recientemente la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reportó que la Procuraduría de Justicia de la capital “contaminó” la escena del crimen, e ilegalmente filtró información a la prensa que revictimizó-criminalizó a las víctimas del asesinato múltiple. Esto con el objeto de urdir un relato que desautorice el reclamo de justicia de los deudos, el gremio periodístico y el movimiento estudiantil. Antes de morir, Rubén y Nadia responsabilizaron públicamente al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (admirador confeso de Francisco Franco), por cualquier perjuicio que pudieran sufrir. Unos días antes de su asesinato, Rubén confesó: “Me molesta, me caga estar así, aislado, con miedo, no poder chambear a gusto, pero en Veracruz no se pueden echar en saco roto las intimidaciones, los acosos y la vulnerabilidad en la que periodistas ejercen el oficio” (Noé Zavaleta en “El Infierno de Javier Duarte”). Todas las evidencias del crimen apuntan al Palacio de Gobierno en la ciudad de Xalapa (capital de Veracruz). Y, sin embargo – o acaso por eso– todas las indagatorias desestiman la “línea Veracruz”.
Con base en las evidencias disponibles, y las averiguaciones de organismos autónomos como Artículo 19, periodistas independientes, abogados de las víctimas, y algunos rumores palaciegos, es posible perfilar tres tesis acerca del multihomicidio.
Primera tesis: venganza personal
Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, y su secretario de seguridad pública, Arturo Bermúdez Zurita, habían sido expuestos públicamente por el lente denunciatorio del fotoperiodista Rubén Espinosa.
En más de una oportunidad, las imágenes en prensa de Javier Duarte, capturadas por Rubén Espinosa, retrataron a una persona obcecada por “la plenitud del pinche poder” ( dixit Fidel Herrera Beltrán). El registro fotográfico de un Duarte colérico, con mirada inequívocamente homicida, es crédito de Rubén. Por ese goteo de información que los poderosos aborrecen, se hizo de conocimiento público el malestar que generó intramuros el lente de Rubén. Esas fotos circularon febrilmente en la prensa nacional e internacional. Y, en cierto sentido, la certidumbre pública acerca del talante criminoso de Javier Duarte es un mérito del trabajo de Espinosa.
Por otro lado, Rubén Espinosa nunca titubeó cuando denunció ante la prensa que la fuente de acoso e intimidación que sufrían los periodistas-activistas en Veracruz era la secretaría de seguridad pública, dirigida por el “Mad Dog” tropical, Arturo Bermúdez Zurita, también conocido en los corrillos de la narcocracia como “Capitán Tormenta”.
Esos “desaires” y señalamientos inflamaron el rencor vengativo y homicida de una casta gobernante que instauró en el estado un orden puramente delincuencial.
Segunda tesis: miedo
Documentar el infierno en Veracruz involucra pisar los talones del binomio crimen-institucionalidad. En esa entidad bañada en sangre, la delincuencia organizada de Estado arrolla a todo aquel que intenta interferir o denunciar el maridaje de la criminalidad y las instituciones.
El 5 de junio de 2015, ocho alumnos de la Universidad Veracruzana fueron atacados brutalmente por un comando armado en la ciudad de Xalapa, y cuya acción emuló peligrosamente el modus operandi de la represión en Ayotzinapa (aunque sin desaparecidos). El asalto dejó algunos rostros desfigurados, traumatismos craneoencefálicos, fracturas múltiples y un clima de horror.
En México es imposible distinguir una acción criminal de una acción de gobierno. Y lo que ese grupo de estudiantes denunció antes del ataque fue justamente el creciente ensamblaje del estamento gobernante con los cárteles de la droga. “La neta, la neta, ustedes son los Zetas” (en referencia a la organización criminal cuya sede residencial-operativa es Veracruz). Esa consigna repicó en cada marcha que los estudiantes organizaron para reprochar el terrorismo criminal del gobierno de Javier Duarte y el sobreempoderamiento de sus allegados criminales.
Rubén Espinosa documentó la agresión a los estudiantes. Y, convencido que “los agresores despechan en Palacio de Gobierno” (Alejandro Saldaña), dispuso investigar a fondo el caso. Esa osadía le costó el exilio. Rubén salió huyendo de Veracruz por el virulento asedio del gobierno duartista . Pero no desistió de seguir con la investigación del ataque sicarial contra los ocho jóvenes. Desde la Ciudad de México –otrora santuario de periodistas en destierro– solicitó ayuda a colegas veracruzanos para difundir un documento que escribió a cuenta personal, y cuyo contenido arrojaba pistas sobre la conexión de aquel escuadrón criminal con el gobierno del estado de Veracruz.
El gobierno sabía de la tenacidad de Rubén Espinosa. Y temía que el fotorreportero desentrañara la verdad: que en Veracruz la institución duerme con el enemigo. En otras palabras, que la gobernabilidad en esa entidad está terminantemente fuera de la legalidad.
El duartismo tenía miedo de Rubén, en particular, y de la denuncia social en general. Porque no hay gobierno que soporte la verdad que él y otros conocen: que la delincuencia (narcotráfico) es clase gobernante.
Tercera tesis: represión ejemplar
La articulación del periodismo crítico e independiente y el movimiento estudiantil veracruzano comenzó a tener un costo político para el Partido Revolucionario Institucional. En la elección federal de 2015, el 7 de junio de ese año –sólo dos días después de la atroz embestida a los estudiantes–, el partido oficialista perdió escaños tradicionalmente indisputados en el Congreso de la Unión; particularmente la diputación de la capital del estado. En esa ocasión fue electo Cuitláhuac García, del Movimiento de Regeneración Nacional (oposición), como diputado federal por el Distrito electoral federal 10 de Veracruz con cabecera en Xalapa-Enríquez a la LXIII Legislatura, y tras derrotar a Reynaldo Escobar, fiel e histórico militante del PRI que desde distintos cargos coordinó la instalación de la delincuencia organizada en el estado. En 2016, el propio Cuitláhuac García disputó la gubernatura del estado. Y perdió por un margen minúsculo (en una elección fuertemente cuestionada por anomalías desentendidas por el árbitro electoral). Si el movimiento estudiantil hubiera seguido en pie, es posible especular que la oposición habría conquistado la gubernatura.
El asesinato de Rubén Espinosa y Nadia Vera en la colonia Narvarte de la Ciudad de México aconteció sólo dos meses después del primer gran descalabro electoral del PRI estatal (una entidad que “el partido” gobernó ininterrumpidamente por casi un siglo). Rubén y Nadia fueron figuras emblemáticas de esa “articulación del periodismo crítico e independiente y el movimiento estudiantil veracruzano”. Por eso sufrieron acoso sistemático. Y eso explica que decidieran salir huyendo de Veracruz. Pero la violencia homicida los alcanzó en su fallido refugio. Y fue de tal dimensión la desmoralización por el multihomicidio, que la protesta social agonizó en ese estado. Julián Ramírez alerta: “después del asesinato en la Narvarte, el movimiento de estudiantes en Veracruz se acabó”. La represión fue ejemplar. Escrupulosamente dirigida. El mensaje fue claro: no se tolerará ni un connato de crítica al orden criminal, y el brazo de venganza veracruzano no conoce fronteras geográficas.
Lección escarmentada
A Rubén y Nadia les asistía la razón cuando advertían: “nos están aniquilando”. El Estado Mexicano nos está aniquilando.