OPINIÓN
De
nuevo las protestas sociales se multiplicaron en diferentes partes de
Guatemala. Una de las principales fue en el centro capitalino.
Independientemente de la identidad del grupo, organización, alianza o
medio que hizo los llamados, todos reivindican la importancia de la
presión social para empujar cambios en el país, después de la amplia
difusión de hechos de corrupción y tráfico de influencias cometidos por
funcionarios estatales, bufetes de abogados, representantes públicos y
empresariales.
Además, porque conforme pasan los días se conocen otros casos plagados de malversación de fondos.
En el último mes y medio se ha ido comprobando que las manifestaciones
de indignación son válidas y representan el ejercicio de derechos;
aunque algunas voces conservadoras avalen las protagonizadas por
algunos y rechacen otras.
Las protestas en las calles representan una escuela política en la que
las personas participantes van descubriendo la importancia de la acción
colectiva, que potencia sus resistencias y rebeldías para exigir
cambios que favorezcan las relaciones democráticas en Guatemala.
La negativa del presidente de la República a renunciar, la decisión de
la cúpula empresarial para mantenerlo en el cargo totalmente
debilitado, el cinismo de la mayoría de diputados (muchos tránsfugas)
que dicen ahora querer trabajar como personas probas, las revelaciones
de corrupción dentro del Organismo Judicial, los enfoques manipuladores
de algunos medios y las campañas electoreras abusivas y contaminantes,
están contribuyendo para que la ciudadanía activa transforme sus
consignas en demandas.
Anima pensar que cada día más gente, con o sin experiencia de
participación política, reconoce que los alcances de las reformas a la
ley electoral, la aceptación o condena de las actuaciones antiéticas de
jueces y magistrados, la salida o permanencia de funcionarios y líderes
políticos corruptos, los alcances a la atención urgente de las
necesidades de las mujeres y población empobrecida, la consolidación o
no del modelo extractivista que favorece al gran capital, depende de la
dimensión de las movilizaciones sociales y la capacidad de propuesta
que exista.
En estas protestas populares tan amplias y diversas destacan
iniciativas vinculadas al sistema político, y que claramente se apartan
de esas corrientes que llaman a votar como si nada ocurriera.
Por ello exigen el aplazamiento de las elecciones, en tanto se aprueben
las modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la
cancelación de aquellas agrupaciones que han rebasado los topes para
campañas proselitistas, entre otras.
Para iniciar las transformaciones del sistema político, mujeres y
feministas organizadas demandan la paridad y la alternancia de mujeres
y hombres en candidaturas y cargos de dirección partidaria.
Las participantes en el Encuentro Nacional por la Participación
Política de las Mujeres (procedentes de 13 departamentos) se suman a
estas exigencias y resaltan que las reformas tienen que incluir el
reconocimiento de las consultas comunitarias, terminar con la
criminalización de líderes locales, así como acabar definitivamente con
las prácticas clientelares.
En todo este movimiento hay actoras de la Alianza de Mujeres Rurales que hoy cumple 15 años de lucha.
*Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
CIMACFoto: Yunuhen Rangel Medina
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala.-
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