6/06/2015

El acceso a la tierra para las mujeres, un reto para alcanzar la paz



Foto: @katiusca
Artículo por Catalina Vásquez Cardenas
Comunicadora con estudios en Ciencia Política

En un informe de 73 páginas, la Ruta Pacífica de las Mujeres le  entregó  a las mujeres de Medellín, el primer informe sobre los avances de la Ley de Restitución de Tierras y el acceso de las mujeres a la propiedad rural,  una información de sumo valor, toda vez que se ocupa de una situación compleja para las mujeres del campo en cuanto a la inseguridad jurídica de las mismas con respecto a la tierra,  un asunto del cual poco se sabe y en donde el Gobierno Nacional no cuenta con las herramientas para leer y entender las necesidades de las población campesina, en especial de las mujeres.
Y es que las mujeres rurales no han sido ajenas al conflicto armado colombiano, toda vez que son ellas quienes se han visto afectadas directamente por el despojo  y el abandono forzado de sus territorios. Si bien lo señala el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica,  son los varones quienes han perdido la vida en la guerra colombiana, cabe destacar dentro del informe de la Ruta Pacífica, que son las mujeres quienes se han desplazado mayoritariamente.
La investigación se llevó a cabo en los departamentos de Santander, Antioquia y Cauca, regiones altamente  afectadas por la concentración de la tierra; solo en Urabá se han presentado 5.912 solicitudes de restitución, y donde los programas de desarrollo rural del Estado han hecho algunos avances como las restituciones colectivas a cuatro comunidades indígenas del Chocó.

Políticas rurales contrarias a la realidad de las mujeres campesinas
Otro de los temas clave que arrojó la investigación, son la poca o nula información que tienen las mujeres rurales sobre cómo acceder a la tierra, así como la ausencia de aplicación del enfoque diferencial,  en especial en  la ley 1448 según lo ha sentenciado la Corte Constitucional en varias ocasiones.
En este capítulo, las voceras de la Ruta Pacífica hicieron un llamado a las instituciones y a los funcionarios encargados de aplicar la ley, para que la política rural y de víctimas, responda a las necesidades reales de las mujeres rurales y no a enfoques familistas que lo que hacen es invisibilizar a las mujeres dentro del grupo familiar, indicaron.
Al respecto,  señaló la abogada Alejandra Coll, quien presentó el informe ante cerca de 150 mujeres de organizaciones sociales de Medellín, que según la información recogida en la investigación, “en Colombia hay 3.480.000 mujeres registradas como víctimas del conflicto armado, de esas, 1.704 han solicitado en nombre propio predios despojados y no hay claridad sobre las mujeres que pueden estar incluidas en otros núcleos familiares en procesos de restitución de tierras.”
La situación se agrava toda vez que las mujeres al no ser propietarias no les es posible acceder a créditos tal como lo exige el sistema financiero para apoyar proyectos productivos, lo que significa que además de la restricción para el acceso a la tierra en razón del conflicto armado,  las mujeres también encuentran obstáculos para acceder a  los servicios de las entidades financieras.
En lo que tiene que ver con la restitución de tierras, todo el proceso presenta obstáculos, señala el informe, comenzado por el conflicto armado que se sigue expresando en  ciertas regiones como el Cauca y el Bajo Cauca Antioqueño,  pasando por las trabas y obstáculos jurídicos y administrativos que no permiten un claro desenlace en beneficio de las mujeres campesinas.
Pese a esto y a la precaria relación jurídica  que tienen las mujeres rurales con respecto al uso y tenencia de la tierra, indica el informe que es de vital importancia avanzar en una política rural y de restitución “que sirva como  herramienta para alcanzar una paz real, duradera y con justicia social.”,  no en vano el tema de desarrollo rural fue el primer punto en los diálogos de  la Habana entre el Gobierno Nacional y la insurgencia de las FARC.
En esa misma línea lo indicó la coordinadora de la Ruta Antioquia, Teresa Aristizabal, quien se refirió a que parte del objetivo del informe es avanzar en un proceso conjunto con organizaciones de mujeres para que se creen las condiciones necesarias para el acceso por parte de las mujeres rurales para el uso, tenencia y productividad de la tierra.

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