6/02/2015

Prisiones, lugar de escarmiento para opositores: Solalinde; Estado cooptado por un grupo privilegiado: experto


    



(02 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Los defensores de derechos humanos nos enfrentamos a todo tipo de agresiones, estamos en la mira,  están preparadas para nosotros las falsas acusaciones y las difamaciones,  siembra de droga, de armas. En cualquier momento nos pueden fincar el delito que se les ocurra a las autoridades y al gobierno, con tal de meternos en las cárceles,  las cuales también son controladas por ellos”, afirma el sacerdote Alejandro Solalinde en exclusiva para Revolución TRESPUNTOCERO.
Además agrega: “ellos controlan el aparato de justicia y las corporaciones, es así como las prisiones se convierten en un lugar escarmiento para los defensores de derechos humanos,  opositores y disidentes al gobierno. En mi caso no tengo miedo y seguiré, hasta el último momento, luchando y hablando, porque respondo a mi conciencia,  si yo callo, sería una traición a mi conciencia y a la gente, porque la sociedad tiene que enterarse de las atrocidades del gobierno, ya que hay sociedad que todavía está dormida,  pero también muchos más están despertando”.
Nadín Reyes es hija de Edmundo Reyes Amaya, víctima de desaparición forzada en 2007 en Oaxaca. Motivo por el que fundó el Comité Hasta Encontrarlos. Ha alertado sobre éste y muchos otros casos de desaparición forzada en México. Durante sus investigaciones, la defensora tuvo que enfrentar simulación y engaño por parte de las autoridades que no querían investigar las desapariciones. También ha sufrido seguimiento y robo.
Raúl Ramírez Baena se trasladó en los años 80 a Tijuana para apoyar a las personas migrantes. En 2003, después de ocupar el cargo de Procurador de Derechos Humanos del estado, fundó la CCDH en Mexicali. Raúl Ramírez fue amenazado por involucrarse en el caso de desaparición, detención y tortura por parte de militares de miembros de la familia Ruíz Lara, acusados de delitos de delincuencia organizada. El defensor responsabilizó a las autoridades militares por las amenazas sufridas.
Según el informe de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), en 2014 existieron más de 300 agresiones contra defensoras de derechos humanos. Dichos actos incluyen amenazas a sus familias, campañas de difamación por parte de los medios, desapariciones forzadas y feminicidios, en este último hecho, fueron asesinadas 32 mujeres entre activistas y periodistas mexicanas.
“El primer reto que tienen las personas defensoras de derechos humanos en México, es el reconocimiento de su labor, que en muchas ocasiones la ausencia de esto genera criminalización, hostigamientos y agresiones, todo ello violaciones a sus derechos humanos, que se van incrementando conforme la inactividad de protección del propio Estado”, asegura Axel García, Coordinador del proyecto de Protección a Personas Defensoras.
García cita el ejemplo de la defensora Marta Solórzano, en Sonora. Quien un día, escuchó que a las afueras de las instalaciones de la policía municipal había sido asesinada una chica de 15 años de edad, lo que la impresionó tanto que partir de ese momento se presentó en aquel lugar, con una pancarta y empezó a exigir justicia.
El hecho tuvo lugar hace más de cinco años. “Cuando la autoridad se dio cuenta que los estaba  visibilizando, los policías la comenzaron hostigar, después allanaron su casa,  amenazaron a ella y a su familia, finalmente detuvieron de manera arbitraria a su hijo, por medio de una red de corrupción y colusión, lo sentenciaron a 11 años de prisión”.
“Aunque la situación de riesgo continúa, la presión por parte los policías municipales disminuye pero no se elimina. Ejemplo claro de uno de los muchos obstáculos a los que nos enfrentamos las personas derechos humanos”, afirma García.
Y comenta que, “el siguiente reto es que la autoridad reconozca el papel tan importante que tiene un defensor de los derechos humanos, porque cuando él está trabajando, está haciendo lo que le corresponde al Estado y al Gobierno hacer. En el caso de Marta Solórzano, si la autoridad del Ministerio Público o la policía, hubiera atendido e investigado el caso de la adolescente muerta, la ciudadanía no tenía porqué meterse,  pero cuando hay un nivel de impunidad y corrupción tal, es lo que obliga a la sociedad a enfrentarlo y a ser  quienes defiendan y sean las voces de quienes callan”.
Miguel Ángel García Leyva, asesor legal y fundador de la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, en Mexicali, Baja California, exige justicia para las víctimas de desaparición forzada registradas en el noroeste de México: Sinaloa, Sonora y Baja California. Además, investiga desplazamientos forzados, acciones de impunidad y apoya a grupos vulnerables. Derivado de ello, ha denunciado constante persecución, hostigamiento, atentados y amenazas por parte de autoridades federales y estatales.
García ve como agentes persecutores y atacantes de quienes se dedican a defender los derechos humanos, a todos aquellos que tienen un interés político o económico que cuidar, “y si un defensor se mete con alguno de ellos, sin duda habrá repercusiones. Hace años, un secretario de Marina emitió un comunicado, en donde declaraba que habían organizaciones que usaban de las víctimas, este tipo de palabras, aunque no hayan sido pensadas de manera dolosa, tienen un impacto negativo en la labor que realizan los defensores,  porque para la sociedad que escucha y para la gente que está pendiente de sus ideas, comienzan a compartir la misma opinión. Cuando se debería reconocer que la labor que realizamos,  es complemento del Estado, o incluso se suple, cuando éste no actúa”.
El activista asegura que el Estado mexicano falla en la protección y cumplimiento de los derechos humanos y al mismo tiempo también provoca la violación de estos. “Como  ejemplo  puedo citar que desde hace tres años tenemos un mecanismo  de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La simple existencia de éste habla de la aceptación, por parte del Estado y del Gobierno mexicano, que existen violaciones y agresiones tanto a la prensa como a defensores.
Silvia Castillo Salgado, directora del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Chilpancingo, Guerrero, defiende los derechos de las mujeres víctimas de violación o violencia intrafamiliar, así como sus derechos sexuales y reproductivos. Por su activismo, la defensora y su familia recibieron amenazas vinculadas con su labor. A pesar de las denuncias interpuestas, no hay avances en las investigaciones. Al día de hoy, está desplazada de su lugar de trabajo y ha tenido que abandonar la organización.
Por su parte, el activista social Michael Chamberlain afirma: “los defensores de derechos humanos padecen una serie de agresiones, que en algunos casos llegan al asesinato, los que no padecen la muerte, son involucrados en delitos a fin de permanecer en la cárcel, sin dejar pasar  las agresiones físicas, las cuales son comunes. Esto provocado porque en muchas ocasiones, las autoridades consideran  a los defensores de derechos humanos enemigos,  ya sea porque intervienen sus funciones o afectan sus intereses, y debido a que el nivel de impunidad está ligado, a nivel de corrupción que existe en México, al encontrarse la mayoría de autoridades involucradas en actos ilícitos, buscan la forma de no salir afectados, perjudicando a los defensores”.
Afirmando que, “los padecimientos de los defensores de derechos humanos, es una problemática que se puede solucionar, el país tiene todos los recursos para poder hacerlo pero el tema no es de poder, sino de querer. La solución está vinculada al derecho de la libre determinación, es decir si los pueblos tuvieran derecho a decidir sobre su propio futuro y a ser protegidos, sobre esta decisión, tendríamos menos agresiones en todos los ámbitos, porque se daría paso a condiciones de igualdad y de libertad, pero esto no pasará porque el Estado mexicano es un Estado cooptado por un grupo privilegiado, que no quiere, evidentemente, soltar el poder”.
José Antonio Lara Duque, abogado y coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), en Nicolás Romero, Estado de México, acompaña luchas de pueblos indígenas que protegen sus culturas, tierras y recursos naturales en el Estado de México. En 2011 fue detenido por autoridades estatales por defender los derechos colectivos de la comunidad del Predio Guadalupe. Las autoridades locales amenazan con detenerlo por un delito grave y fabricado si continúa con su trabajo como defensor.
Juan Carlos Trujillo Herrera y María Elena Herrera Magdaleno, familiares de personas desaparecidas y fundadores de Familiares en Búsqueda María Herrera, México, D.F. En 2008, los hijos de María Herrera, hermanos de Juan Carlos Trujillo, Jesús Salvador y Raúl, desaparecieron en Guerrero cuando vendían piezas rotas de oro. Después de quedarse sin recursos en la búsqueda, en 2010, sus otros hijos, Gustavo y Luis Armando, volvieron al negocio. Ambos fueron detenidos en un retén militar y desaparecieron. María Herrera y Juan Carlos Trujillo han acompañado, asesorado, documentado y defendido otros casos de personas desaparecidas o no localizadas. Recientemente crearon la asociación Familiares en Búsqueda. Debido a su labor, han recibido amenazas en la búsqueda de la verdad.

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