(02 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Los defensores de
derechos humanos nos enfrentamos a todo tipo de agresiones, estamos en
la mira, están preparadas para nosotros las falsas acusaciones y las
difamaciones, siembra de droga, de armas. En cualquier momento nos
pueden fincar el delito que se les ocurra a las autoridades y al
gobierno, con tal de meternos en las cárceles, las cuales también son
controladas por ellos”, afirma el sacerdote Alejandro Solalinde en
exclusiva para Revolución TRESPUNTOCERO.
Además agrega: “ellos controlan el aparato de justicia y las
corporaciones, es así como las prisiones se convierten en un lugar
escarmiento para los defensores de derechos humanos, opositores y
disidentes al gobierno. En mi caso no tengo miedo y seguiré, hasta el
último momento, luchando y hablando, porque respondo a mi conciencia,
si yo callo, sería una traición a mi conciencia y a la gente, porque la
sociedad tiene que enterarse de las atrocidades del gobierno, ya que
hay sociedad que todavía está dormida, pero también muchos más están
despertando”.
Nadín Reyes es hija de Edmundo Reyes Amaya, víctima de
desaparición forzada en 2007 en Oaxaca. Motivo por el que fundó el
Comité Hasta Encontrarlos. Ha alertado sobre éste y muchos otros casos
de desaparición forzada en México. Durante sus investigaciones, la
defensora tuvo que enfrentar simulación y engaño por parte de las
autoridades que no querían investigar las desapariciones. También ha
sufrido seguimiento y robo.
Raúl Ramírez Baena se trasladó en los años 80 a Tijuana para
apoyar a las personas migrantes. En 2003, después de ocupar el cargo de
Procurador de Derechos Humanos del estado, fundó la CCDH en Mexicali.
Raúl Ramírez fue amenazado por involucrarse en el caso de desaparición,
detención y tortura por parte de militares de miembros de la familia
Ruíz Lara, acusados de delitos de delincuencia organizada. El defensor
responsabilizó a las autoridades militares por las amenazas sufridas.
Según el informe de la Red Nacional de Defensoras de Derechos
Humanos en México (RNDDHM), en 2014 existieron más de 300 agresiones
contra defensoras de derechos humanos. Dichos actos incluyen amenazas a
sus familias, campañas de difamación por parte de los medios,
desapariciones forzadas y feminicidios, en este último hecho, fueron
asesinadas 32 mujeres entre activistas y periodistas mexicanas.
“El primer reto que tienen las personas defensoras de derechos
humanos en México, es el reconocimiento de su labor, que en muchas
ocasiones la ausencia de esto genera criminalización, hostigamientos y
agresiones, todo ello violaciones a sus derechos humanos, que se van
incrementando conforme la inactividad de protección del propio Estado”,
asegura Axel García, Coordinador del proyecto de Protección a Personas
Defensoras.
García cita el ejemplo de la defensora Marta Solórzano, en Sonora.
Quien un día, escuchó que a las afueras de las instalaciones de la
policía municipal había sido asesinada una chica de 15 años de edad, lo
que la impresionó tanto que partir de ese momento se presentó en aquel
lugar, con una pancarta y empezó a exigir justicia.
El hecho tuvo lugar hace más de cinco años. “Cuando la autoridad se
dio cuenta que los estaba visibilizando, los policías la comenzaron
hostigar, después allanaron su casa, amenazaron a ella y a su familia,
finalmente detuvieron de manera arbitraria a su hijo, por medio de una
red de corrupción y colusión, lo sentenciaron a 11 años de prisión”.
“Aunque la situación de riesgo continúa, la presión por parte los
policías municipales disminuye pero no se elimina. Ejemplo claro de uno
de los muchos obstáculos a los que nos enfrentamos las personas
derechos humanos”, afirma García.
Y comenta que, “el siguiente reto es que la autoridad reconozca el
papel tan importante que tiene un defensor de los derechos humanos,
porque cuando él está trabajando, está haciendo lo que le corresponde
al Estado y al Gobierno hacer. En el caso de Marta Solórzano, si la
autoridad del Ministerio Público o la policía, hubiera atendido e
investigado el caso de la adolescente muerta, la ciudadanía no tenía
porqué meterse, pero cuando hay un nivel de impunidad y corrupción
tal, es lo que obliga a la sociedad a enfrentarlo y a ser quienes
defiendan y sean las voces de quienes callan”.
Miguel Ángel García Leyva, asesor legal y fundador de la
Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, en
Mexicali, Baja California, exige justicia para las víctimas de
desaparición forzada registradas en el noroeste de México: Sinaloa,
Sonora y Baja California. Además, investiga desplazamientos forzados,
acciones de impunidad y apoya a grupos vulnerables. Derivado de ello,
ha denunciado constante persecución, hostigamiento, atentados y
amenazas por parte de autoridades federales y estatales.
García ve como agentes persecutores y atacantes de quienes se
dedican a defender los derechos humanos, a todos aquellos que tienen un
interés político o económico que cuidar, “y si un defensor se mete con
alguno de ellos, sin duda habrá repercusiones. Hace años, un secretario
de Marina emitió un comunicado, en donde declaraba que habían
organizaciones que usaban de las víctimas, este tipo de palabras,
aunque no hayan sido pensadas de manera dolosa, tienen un impacto
negativo en la labor que realizan los defensores, porque para la
sociedad que escucha y para la gente que está pendiente de sus ideas,
comienzan a compartir la misma opinión. Cuando se debería reconocer que
la labor que realizamos, es complemento del Estado, o incluso se
suple, cuando éste no actúa”.
El activista asegura que el Estado mexicano falla en la protección y
cumplimiento de los derechos humanos y al mismo tiempo también provoca
la violación de estos. “Como ejemplo puedo citar que desde hace tres
años tenemos un mecanismo de protección para personas defensoras de
derechos humanos y periodistas. La simple existencia de éste habla de
la aceptación, por parte del Estado y del Gobierno mexicano, que
existen violaciones y agresiones tanto a la prensa como a defensores.
Silvia Castillo Salgado, directora del Instituto Guerrerense de
Derechos Humanos, Chilpancingo, Guerrero, defiende los derechos de las
mujeres víctimas de violación o violencia intrafamiliar, así como sus
derechos sexuales y reproductivos. Por su activismo, la defensora y su
familia recibieron amenazas vinculadas con su labor. A pesar de las
denuncias interpuestas, no hay avances en las investigaciones. Al día
de hoy, está desplazada de su lugar de trabajo y ha tenido que
abandonar la organización.
Por su parte, el activista social Michael Chamberlain afirma: “los
defensores de derechos humanos padecen una serie de agresiones, que en
algunos casos llegan al asesinato, los que no padecen la muerte, son
involucrados en delitos a fin de permanecer en la cárcel, sin dejar
pasar las agresiones físicas, las cuales son comunes. Esto provocado
porque en muchas ocasiones, las autoridades consideran a los
defensores de derechos humanos enemigos, ya sea porque intervienen sus
funciones o afectan sus intereses, y debido a que el nivel de impunidad
está ligado, a nivel de corrupción que existe en México, al encontrarse
la mayoría de autoridades involucradas en actos ilícitos, buscan la
forma de no salir afectados, perjudicando a los defensores”.
Afirmando que, “los padecimientos de los defensores de derechos
humanos, es una problemática que se puede solucionar, el país tiene
todos los recursos para poder hacerlo pero el tema no es de poder, sino
de querer. La solución está vinculada al derecho de la libre
determinación, es decir si los pueblos tuvieran derecho a decidir sobre
su propio futuro y a ser protegidos, sobre esta decisión, tendríamos
menos agresiones en todos los ámbitos, porque se daría paso a
condiciones de igualdad y de libertad, pero esto no pasará porque el
Estado mexicano es un Estado cooptado por un grupo privilegiado, que no
quiere, evidentemente, soltar el poder”.
José Antonio Lara Duque, abogado y coordinador general del Centro
de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), en Nicolás Romero,
Estado de México, acompaña luchas de pueblos indígenas que protegen sus
culturas, tierras y recursos naturales en el Estado de México. En 2011
fue detenido por autoridades estatales por defender los derechos
colectivos de la comunidad del Predio Guadalupe. Las autoridades
locales amenazan con detenerlo por un delito grave y fabricado si
continúa con su trabajo como defensor.
Juan Carlos Trujillo Herrera y María Elena Herrera Magdaleno,
familiares de personas desaparecidas y fundadores de Familiares en
Búsqueda María Herrera, México, D.F. En 2008, los hijos de María
Herrera, hermanos de Juan Carlos Trujillo, Jesús Salvador y Raúl,
desaparecieron en Guerrero cuando vendían piezas rotas de oro. Después
de quedarse sin recursos en la búsqueda, en 2010, sus otros hijos,
Gustavo y Luis Armando, volvieron al negocio. Ambos fueron detenidos en
un retén militar y desaparecieron. María Herrera y Juan Carlos Trujillo
han acompañado, asesorado, documentado y defendido otros casos de
personas desaparecidas o no localizadas. Recientemente crearon la
asociación Familiares en Búsqueda. Debido a su labor, han recibido
amenazas en la búsqueda de la verdad.
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