La
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que la detención
arbitraria, intimidación y agresión por parte de policías federales
encubiertos en contra de Jacqueline Santana López y su novio, Bryan
Reyes Rodríguez –ambos estudiantes y activistas acusados del supuesto
robo de 500 pesos a una uniformada– “no trasciende a la opinión pública,
ni es considerada grave violación a Derechos Humanos (DH)”.
En conferencia de prensa hoy en esta ciudad, Sergio Soto, defensa legal
de Jacqueline Santana y litigante de la Liga de Abogados 1 de Diciembre,
informó que la semana pasada la CNDH emitió su valoración respecto a la
queja que Wendolyn Reyes Rodríguez, hermana de Bryan, presentó ante la
dependencia el 16 de noviembre de 2014, un día después de que la y el
activista fueron detenidos con violencia y acusados injustificadamente
de robar 500 pesos a una mujer policía.
La queja consta en los expedientes CNDH/1/2015/2012/R y
CNDH/1/2015/2162/R, a cargo de Claudia Mérida Huicochea Martínez,
primera visitadora adjunta a la Primera Visitaduría de la dependencia.
Según la queja –de la que Cimacnoticias tiene copia–, la hermana de
Bryan notificó a la CNDH que Jacqueline Santana y su hermano fueron
detenidos arbitrariamente el 15 de noviembre de 2014 por 15 elementos de
la Policía Federal (PF), y 48 horas después Jacqueline Santana fue
recluida en el penal de Santa Marta Acatitla, en esta capital, sin haber
pasado el tiempo requerido para el desahogo de pruebas.
En el documento también se denuncia que se violó el derecho de la joven y
de su novio a la libre asociación y a la libertad de pensamiento y de
expresión, ya que durante el trayecto al Ministerio Público de la
delegación Venustiano Carranza fue cuestionada por las y los uniformados
sobre sus amistades en redes sociales, sus intereses políticos y su
activismo a favor de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural
de Ayotzinapa, en Guerrero.
Además, la queja integra la denuncia de varias violaciones al debido
proceso y a las garantías judiciales de ambos jóvenes, ya que los
policías se negaron a informarles los motivos de su detención, se les
negó el derecho a la presunción de inocencia y fueron amenazados e
insultados reiteradamente por los policías, en especial Jacqueline a
quien un agente le advirtió que de no cooperar sería agredida
sexualmente en el reclusorio.
La queja también incluye argumentos de la familia de la y el joven para
denunciar que se violó su derecho a no sufrir desaparición forzada, a la
honra y la dignidad, a la integridad personal, a la igualdad ante la
ley y la no discriminación, y a la libertad y seguridad personales.
En atención a esta queja, la CNDH solicitó hasta diciembre de 2014 a
Gloria María Hernández Gaona, directora del reclusorio femenil de Santa
Marta, las facilidades para que una doctora y una psicóloga verificaran
la situación jurídica, salud e integridad física de Jacqueline y su
novio.
Las profesionales visitaron el 4 de diciembre de ese año a Jacqueline y
levantaron varias veces su testimonio, en el que hace constar que la
forma de su detención la hizo pensar que era un secuestro, y que fue
sometida con violencia (rodillazos y puñetazos) e insultos al interior
de un vehículo particular.
Tras las evaluaciones, la CNDH determinó en la clasificación de lesiones
que en el momento de la certificación (19 días después de la detención)
Jacqueline presentaba lesiones traumáticas recientes externas, que se
clasifican médico legalmente como de las que “no ponen en peligro la
vida y tardan menos de 15 días en sanar”.
El certificado psicológico –para el que supuestamente se practicó un
“cuestionario para trauma Harvard” y un “cuestionario de síntomas de
Hopkins”– arrojó que Jacqueline sí padecía ansiedad y depresión, pero
que estos síntomas no están relacionados con la forma en que se llevó a
cabo su detención, sino con que su mamá está delicada de salud.
Por tanto, en su informe final la CNDH determinó que la queja “no
trasciende a la opinión pública”, ni que la detención de Jacqueline y
Bryan sea considerada “grave violación a Derechos Humanos”.
RETRASO EN EL PROCESO
Al día de hoy suman ocho meses desde que Jacqueline –estudiante de
excelencia de la carrera de Economía de la Universidad Nacional Autónoma
de México– permanece recluida sin que haya un auto de formal prisión en
su contra.
Mientras, el juzgado ya aceptó varias de las pruebas periciales de la
defensa para descartar los elementos que los denunciantes –la policía
Lidia Zárate y dos de sus compañeros– presentaron en contra de
Jacqueline y Bryan, tales como un arma blanca que no tenía ninguna
huella de los jóvenes, un billete de 500 pesos que se perdió durante el
proceso, y un video del Gobierno del Distrito Federal que no muestra
ninguna imagen que compruebe la versión de los policías.
Queda pendiente –aseguró el abogado Sergio Soto– la resolución de un
amparo que presentó desde noviembre pasado y que podría resultar
favorable para que ambos jóvenes continúen el proceso penal fuera de
prisión, ya que no hay razón para que sigan detenidos.
María de la Luz López, madre de Jacqueline, dijo a Cimacnoticias que la
joven concluyó en la cárcel las materias del último semestre que cursaba
en la UNAM a fin de titularse en los próximos meses; sin embargo, tuvo
que ser revisada por un médico porque está presentando diversas
infecciones estomacales.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa, Cimacnoticias | México, DF.-
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