Consta
de 136 Artículos; pero de su promulgación –el 5 de febrero de 1917– a
la fecha, cuenta casi 700 reformas. La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos no tutela más los derechos de los campesinos,
los trabajadores o los indígenas. Tampoco garantiza para la población
los derechos a la salud, la educación, el trabajo; ni protege las
propiedades nacionales, colectivas y comunales. Por el contrario, ahora
privilegia los intereses del capital. Allana el camino a los grandes
negocios sobre los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales de los mexicanos.
Abogados y analistas consultados por Contralínea
coinciden en que la mayoría de las reformas a la norma fundamental de
México nada tienen que ver con el proyecto de país que los
constituyentes de 1917 plasmaron luego de la lucha armada
revolucionaria.
Los sucesivos gobiernos, de Álvaro Obregón a
Enrique Peña Nieto, han emitido 229 decretos para reformar los Artículos
constitucionales 686 veces. La reforma más reciente entró en vigor hace
menos de 1 semana: el 27 de enero pasado. Hoy, con un escenario
internacional que cuestiona el libre mercado y la complicación de las
relaciones con Estados Unidos, México no cuenta con una carta magna
fuerte que proteja a sus familias.
No es la cifra de 686 enmiendas lo que preocupa a abogados y analistas, sino el tipo de reformas que se han llevado a cabo.
El doctor en derecho Manuel Fuentes Muñiz señala que “la conformación que ha tenido la Constitución ha sido de retrocesos”.
Reconoce
apenas algunos cambios que sí han sido para proteger los derechos de
las personas. Precisamente el 11 de junio de 2011 se otorgó el
reconocimiento en la Constitución de los derechos humanos. El problema
es que son letra muerta.
“Las principales contrarreformas
a los derechos humanos se han dado después de que se reconocieran los
derechos humanos, contradictoriamente. Finalmente al Estado le han
importado poco. Y ha planteado leyes regresivas, en donde la preminencia
es estar protegiendo los intereses de los particulares, de las
empresas, sobre todo extranjeras. En conclusión, nos encontramos con una
Constitución en donde se ha girado a una situación totalmente contraria
al espíritu de lo que estableció el Constituyente, que en 1917 creó por
primera vez las garantías sociales y que ahora están hechas añicos.”
Los
tres Poderes de la Unión han organizado una sesión solemne para el
próximo 5 de febrero en conmemoración de los 100 años de la promulgación
de la carta magna mexicana. A principios de la semana pasada anunciaron
que, “por austeridad”, la ceremonia ya no se llevaría a cabo en el
Teatro de la República, de la ciudad de Querétaro, lugar en donde los
constituyentes de 1917 realizaron sus trabajos y promulgaron el
documento. Ahora tendrá lugar en el recinto del Senado de la República,
en la capital del país.
“Es una efeméride que sólo podemos verla
con mucha tristeza y con mucha añoranza”, dice el jurista Juan de Dios
Hernández Monge. El integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas y
catedrático de historia y de derecho en la Universidad Nacional Autónoma
de México explica que “lo que se logró en 1917 hoy está destruido”.
De
acuerdo con información del Congreso de la Unión, la mayor parte de las
transformaciones a los Artículos constitucionales han ocurrido durante
el periodo de los gobiernos neoliberales: en apenas 34 años –de
diciembre de 1982 a febrero de 2017– se ha reformado la Constitución 486
veces. Mientras, las otras 200 reformas tuvieron lugar entre el 1 de
diciembre de 1920 y el 30 de noviembre de 1982, es decir, un periodo de
62 años.
Para
desmontar el entramado constitucional de derechos económicos, sociales y
culturales, los neoliberales tuvieron que actuar rápidamente. Durante
el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado se realizaron 66 reformas a
la Constitución; para el de Carlos Salinas de Gortari, 55; en el de
Ernesto Zedillo, 77; en el de Vicente Fox Quesada, 31; en el de Felipe
Calderón Hinojosa, 110; y en lo que va del de Enrique Peña Nieto, 147.
Las
contrarreformas –en opinión de Juan de Dios Hernández Monge– han
permitido que se generen hoy las mismas condiciones que dieron origen a
la revolución y a la Constitución de 1917. “Las volvemos a encontrar de
manera generalizada en toda la República”, señala.
Los atentados
contra la Constitución no han sido errores involuntarios o esporádicos.
“Los triunfos del movimiento social plasmados en la Constitución han
venido siendo destruidos de manera sistemática y consistente”, lamenta
Hernández Monge.
La contrarrevolución
De la primera
constitución social del mundo, hoy queda casi nada, coinciden los
especialistas. A las “reformas estructurales” se les ha presentado como
una modernización de la norma fundamental de México. Se trata de
enmiendas a los Artículos torales de la carta magna, pero en un sentido
que, a decir de Juan de Dios Hernández Monge, han significado “un golpe
de Estado constitucional”. Se refiere a los cambios en los Artículos
Segundo, Tercero, 27, 28 y 123 de la Constitución.
El historiador
Lev Moujahid Velázquez Barriga considera, que luego de la Revolución,
los constituyentes buscaron que la Constitución fuera un proyecto de
nación: que permitiera la construcción de un país soberano,
independiente y socialmente justo. Hoy la carta magna no garantiza
ninguna de esas aspiraciones porque ya no responde a intereses
nacionales.
“El Constituyente de 1917 estaba pensado en un
proyecto nacional, en un proyecto de desarrollo propio, endógeno. Y las
últimas reformas que hemos tenido en el país tienen como objetivo
potenciar el sistema económico global que hoy está dominado por los
grandes empresarios y se aleja de los intereses de la nación y del
pueblo mexicano.”
Estos cambios, paulatinos algunos, en tropel
otros, no siempre hubieran sido posibles. Antes, se realizó una reforma
Constitucional previa: al Artículo 35 para que pudiera ser susceptible
de cambio prácticamente todo.
Juan de Dios Hernández Monge
explica: “En la teoría constitucional hay que distinguir el Congreso
Constituyente originario y lo que llaman aquí el Congreso Constituyente
Permanente.”
Abunda en que a partir de la reforma al Artículo 35
constitucional se estableció un procedimiento especial para poder
modificar la Carta Magna. En teoría no podrían haber tocado varios
puntos fundamentales, como la propiedad originaria de los campesinos, de
los pueblos indígenas en relación con la tierra, por ejemplo.
El
doctor en derecho Manuel Fuentes Muñiz señal que el actual modelo de
Constitución no corresponde con los intereses nacionales. “Es un modelo
en donde se ha sustituido el tema de país por el de empresa. Es la
empresa y las inversiones lo que ahora se protege. Esto tiene que ver
con la usura y con la ganancia particular. Tenemos ahora un Estado
pequeño pero torpe. Tenemos un código mercantil más que un código
social”, plantea.
Fin de la educación nacional
El Artículo
Tercero de la Constitución ha sido reformado en 10 ocasiones, siete
durante el periodo neoliberal. Las más recientes han sido las más
profundas y las que han provocado intensas movilizaciones de maestros y
organizaciones sociales. Las modificaciones a ese Artículo y a sus leyes
reglamentarias han contado con el impulso de los sectores más
encumbrados del empresariado mexicano.
“Lo que hicieron con esta
reforma fue romper el espíritu originario del Artículo Tercero
constitucional: esa educación laica, gratuita, obligatoria, nacional,
democrática”, señala Hernández Monge.
El
historiador y maestro en didáctica en ciencias sociales Lev Moujahid
Velázquez Barriga señala que, en efecto, el contexto de 1917 en materia
educativa era muy distinto al actual. No porque se hayan superado las
carencias que entonces se observaban, sino porque los gobiernos recién
emanados de la Revolución, con todo y sus traiciones y limitantes,
pretendían garantizar el acceso a la educación a toda la población.
“La
Constitución de 1917 planteó un proyecto nacional. Y en ese proyecto
estaba la democratización de la educación, que ésta llegara a toda lo
población, que se masificara, incluso.”
Señala que entonces se
echaron andar programas de alfabetización, se crearon las centrales
agrícolas con un sentido educativo, las misiones culturales y, años más
tarde, las primeras escuelas normales rurales. El impulso fue tal que
estos proyectos fueron adoptados por otros países y, hasta la fecha,
constituyen las principales aportaciones mexicanas a la pedagogía del
mundo.
“Lo plasmado en la Constitución en 1917 y el posterior
programa educativo del cardenismo son los únicos dos proyectos
nacionales de educación que México ha tenido en los últimos 100 años.”
Velázquez
Barriga considera que el embate contra el derecho a la educación
consagrado en el Artículo Tercero constitucional y sus leyes
reglamentarias inició en 1992. Como siempre, el discurso gubernamental
lo presenta como una “modernización”. Las modificaciones se aplicaron en
1993 bajo el nombre de Acuerdo para la Modernización de la Educación
Básica, con lo que se dejó de considerar a la educación como un asunto
nacional.
Según el historiador, docente e investigador en
pedagogía, estos años marcan la entrada de los intereses del sector
empresarial a la educación y el abandono en los planes oficiales de los
valores nacionalistas, de desarrollo nacional, de fortalecimiento de la
identidad cultural del país. La nueva visión de la educación buscó
preparar el terreno para la nueva realidad neoliberal de México: al año
siguiente entraría en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN).
Fue solamente el principio. “A partir de ahí se
dispuso el sistema educativo ya no para el desarrollo endógeno de
nuestro país sino para favorecer los intereses de las grandes
corporaciones mundiales”.
Hoy el examen del Programme for
International Student Assessment (PISA), sin embargo, ha demostrado que
México empeoró. A pesar de haber hecho todas las reformas “recomendadas”
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) han fracasado en sus propios objetivos.
“Los niveles de
analfabetismo han permanecido e, incluso, por momentos han crecido; los
niveles de desempleo han crecido también. El sistema educativo no ha
respondido ni a sus mismas expectativas”, expone Velázquez Barriga.
Además,
la cobertura educativa se ha reducido. En su informe más reciente, el
Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por
su sigla en inglés) reportó que cerca de 4 millones de menores de edad
mexicanos están fuera del sistema educativo.
Sin embargo, el
actual secretario de Educación, Aurelio Nuño, anunció la intención del
gobierno federal de cerrar 100 mil planteles de educación básica en el
país. La justificación de tal medida, ofrecida en noviembre pasado, es
la “reconcentración de escuelas”. Es decir, que los alumnos de varias
comunidades vayan a una sola que se crearía en la localidad más
populosa.
“Es un golpe contra las comunidades rurales y urbanas. Y
los estragos serán mayores si no se reconceptualizan esos términos
empresariales con que se ha llenado a la educación pública”, considera
Lev Velázquez.
Para el historiador y pedagogo, alcanzar la
“calidad” puede ser la aspiración de una empresa productora de autos o
de telefonía, pero no puede ser el fin histórico de todo un pueblo.
“Habría que pensar para el ámbito educativo conceptos como el de
dignidad humana: el ser humano debe ser el centro del sistema educativo y
no el mercado”.
Vender trozos de país con sus riquezas
Luego
del movimiento armado de 1910, la revolución campesina –la de Emiliano
Zapata y Francisco Villa– no ganó. De hecho, sufrió una profunda derrota
por parte de otra facción revolucionaria: la de Carranza y Obregón.
Pero los constituyentes de 1917 lograron plasmar algunas de las demandas
campesinas para acabar con los latifundios y entregar las tierras a sus
legítimos propietarios: las comunidades indígenas y mestizas.
La
tenencia de la tierra plasmada en la Constitución también alcanzó para
establecer que la nación era dueña los recursos del suelo y el subsuelo.
A
la fecha, el Artículo 27 ha sido reformado en 20 ocasiones, mientras
que el 28 en 10. Con respecto del Artículo 27, ocho de las reformas –las
más profundas– han ocurrido durante el periodo neoliberal. Por su
parte, las reformas al 28 han ocurrido, en su totalidad, desde que el
neoliberalismo gobierna México.
Los cambios en estos Artículos
demuestran que “del espíritu original del Constituyente de 1917 hoy no
queda prácticamente nada”, señala el abogado Juan de Dios Hernández
Monge. “Con claridad la norma fundamental de México señalaba que la
tierra, las aguas, los bosques, los hidrocarburos, las gemas preciosas,
los metales preciosos son propiedad de la nación mexicana.
“Y eran derechos imprescriptibles, inembargables, intransmisibles e inalienables”, destaca.
La
primera y más profunda “contrarreforma” al Artículo 27 tuvo lugar en
1992, bajo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Con ella se permitió
la privatización del ejido y de la comunidad agraria.
“La
consecuencia inmediata, con la entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, fue el desmantelamiento del campo. Las
comunidades originarias fueron destruidas.”
En esos años,
sabedoras de lo que se avecinaba para México, grandes agroindustrias
como Monsanto compraron a ejidatarios e indígenas, a precios de ganga,
millones de hectáreas en México. “Hoy significan la privatización del
ejido y de la comunidad con la consecuente pérdida de la soberanía
alimentaria que ya había logrado con muchísimos esfuerzos el pueblo de
México”, señala Hernández Monge.
Pero las modificaciones a los
Artículo 27 y 28 no sólo desprotegieron a los campesinos. También a las
industrias de interés nacional. “La Constitución decía que era propiedad
exclusiva del Estado y que solamente los mexicanos por nacimiento
podían obtener concesiones para la producción, explotación de la energía
eléctrica”, recuerda Hernández Monge.
Asimismo, el petróleo era
propiedad originaria de la nación mexicana. La Expropiación Petrolera de
1938 significaba el regreso de la soberanía nacional respecto de la
propiedad de los hidrocarburos.
“Y ahora en las reformas
secundarias de la reforma al Artículo 27 pusieron una frase que, si no
fuera tan dramática, debería dar risa. Se atrevieron a poner que el
petróleo y el gas que se encuentren en el subsuelo son propiedad de la
nación mexicana; pero únicamente cuando estén en el subsuelo. Y también
dice que está prohibido que capitales extranjeros puedan explorar o
explotar el petróleo. Pero luego en el mismo artículo ponen una
salvedad: que el gobierno federal podrá celebrar contratos con capitales
privados para la exploración y explotación.”
Con respecto de la
minería, “la contrarreforma permitió que, en los últimos 25 años, se
hayan llevado de México más oro y más plata que toda la que se habían
llevado acumulada desde 1521 a estas fechas”, señala Hernández Monge.
Explotación y trabajo precario
El Artículo 123 ha sido reformado en 26 ocasiones. De ellas, 10 han ocurrido desde que los neoliberales gobiernan México.
Juan
de Dios Hernández Monge recuerda que la reforma laboral de 2012 fue el
último acto de gobierno de Felipe Calderón, “haciéndole el trabajo sucio
a Enrique Peña Nieto”.
Hoy
esta reforma del Artículo 123 ya ha sido convalidada por la mayoría de
los Congresos de los estados y se convierte en norma suprema de gobierno
en México. “Y con esto dan un golpe mortal al tripartismo: esa forma de
organización donde las juntas de conciliación y arbitraje tenían un
representante del capital, uno del gobierno y uno de los trabajadores, y
que las decisiones se tomaban por mayoría de votos con base en las
constancias de expedientes respectivos. Hoy, de un plumazo,
desaparecen el tripartismo para proponer que sean jueces de lo laboral y
darle el mismo tratamiento procesal como si fuera un juicio civil. Es
decir, la primera instancia, la apelación y el amparo. Pero ahora con
jueces unitarios en lugar de las juntas tripartitas. Esos 100 años de
historia han sido borrados”.
Por su parte, el abogado Manuel
Fuentes Muñiz, catedrático de derecho laboral y seguridad social en la
Universidad Autónoma Metropolitana, señala que esta reforma “ha traído
como consecuencia la creación de un aparato monopolizador de los
registros sindicales en todo el país. Hay una modificación trascendental
en donde el gobierno federal, a través de un organismo público
descentralizado, va a ser el único que va a otorgar o cancelar todo lo
que tenga que ver con los registros sindicales y los contratos
colectivos de trabajo; incluso les retira esas facultades a los
gobiernos de los estados”.
En efecto, de acuerdo con la reforma,
la designación del titular del nuevo órgano será prerrogativa del
presidente de la República en turno, previo a una terna ante el Senado.
El nombramiento será transexenal pues, en principio, el titular durará 6
años en el cargo; pero se puede relegir por otros 6 años.
“Lo que
significa que el siguiente gobierno, de la línea o corriente que sea,
no se va a poder meter en los temas laborales colectivos”, explica
Manuel Fuentes Muñiz.
“Se avizora la consolidación de un derecho
privado sin el sentido social. En las próximas semanas se estarán
registrando más reformas y se le estarán dando más espacios a la parte
patronal”, advierte el abogado Fuentes Muñiz.
Los resultados de
las contrarreformas laborales están a la vista. Fuentes destaca que hoy
“la clase obrera, en su mayor parte, está empobrecida. El hecho de que
el 60 por ciento de los trabajadores reciba un promedio de dos salarios
mínimos, estamos hablando de 160 pesos diarios, nos puede dar una idea
de que la situación económica de pobreza, la mayoría son trabajadores
informales”.
Pero no es todo. Precisamente en materia laboral, la
Constitución mexicana se preciaba de ser de avanzada. “Hoy se ha
destruido, por ejemplo, el principio universal de la progresividad, ese
mejoramiento constante al que tiene derechos el trabajador”.
Hernández
Monge explica: “Cuando un sindicato cumple su función histórica de
obtener mejores condiciones de trabajo y de vida para sus agremiados,
hoy es visto como un enemigo del Estado. Y hay un contubernio de los
tres Poderes de la Unión. En un concierto pleno van destruyendo todas
las instituciones laborales. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo
establece que en la revisión del contrato colectivo de trabajo no se
podrán pactar condiciones inferiores a las ya existentes, obviamente
atendiendo al principio de progresividad. Pero la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia para señalar,
¡sorpresa!: sí se pueden pactar condiciones inferiores a las ya
existentes, y que esa disminución tiene un tope y que son las mismos que
establece la ley”.
Otro ejemplo es el del derecho a la
estabilidad en el empleo, que era uno de los elementos centrales del
Artículo 123. “Con la reforma a la Ley del Trabajo de 2011 se introdujo
la figura de la terciarización, llamada outsourcing. Con ello
destruyeron ese principio de estabilidad en el empleo. Cuando crean o
reactivan las figuras de trabajo a prueba, de aprendizaje, por tiempo
determinado, por temporada, lo que están haciendo realmente es terminar
con el principio de estabilidad en el empleo”.
Por su parte,
Fuentes Muñiz señala que en el mundo laboral mexicano existe hoy un
ejército de trabajadores eventuales; de quienes laboran más allá de su
jornada de trabajo; de quienes sufren riesgos y no tienen una respuesta
válida.
“De los más de 360 mil conflictos que hay en la Junta
federal, el 51 por ciento tiene que ver con temas de seguridad social. Y
no hay una salida. Es una especie de guerra contra los propios
trabajadores. Ahora no se les da salarios, las empresas evaden el seguro
social, los contratan por honorarios”.
Por una nueva Constitución
Este
5 de febrero “no tenemos nada que festejar” señala Juan de Dios
Hernández Monge. Integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas señala
que sí se debe recordar la fecha, pero para tomarla como un aliciente
para lo que viene el día de mañana.
Se
refiere a la iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) y del Congreso Nacional Indígena (CNI) de proponer a una mujer
indígena como candidata a la Presidencia de la República en 2018 y
organizar un Concejo Nacional de Gobierno integrado por hombres y
mujeres indígenas de todo el país.
Juan de Dios Hernández Monge
señala que, como se lee en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
emitida por el EZLN, se buscará que los mexicanos “construyamos de un
nuevo pacto social, una nueva Constitución mexicana que abra el espacio,
que cree un mundo nuevo en donde quepan todos los demás mundos. Quizá
esta sea la última oportunidad del pueblo de México para tomar el
destino en sus propias manos”.
Zósimo Camacho
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]
Contralínea 524 / del 29 de Enero al 04 de Febrero 2017
