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6/21/2025

Derecho humano a la tierra: por las que estamos y las que nos han llevado

 Por Amanda Verrone

Fuentes: El salto [Foto: Cristian Jiménez ]

En todo el mundo las mujeres tenemos menos acceso a la tierra que los hombres. Para las mujeres el derecho a la tierra es una cuestión de justicia social.

El pasado mes de abril recordamos el 29 aniversario de la masacre de 21 trabajadores y trabajadoras rurales sin tierra, ocurrido el 17 de abril en Eldorado de Carajás, Brasil. desde entonces, la vía campesina señala la fecha como el día internacional de la lucha campesina, en memoria de aquellas personas que fueron cobardemente asesinadas por defender el derecho a la tierra. en un momento geopolítico marcado por el incremento de las violencias machistas, guerras, genocidios, y expulsiones territoriales, el derecho a la tierra sigue siendo una cuestión de vida o muerte.

Para las mujeres el derecho a la tierra, además, es también una cuestión de justicia social, relacionándose íntimamente con el derecho a la autonomía, a la alimentación adecuada, a la vivienda digna y a los bienes comunes bajo otras lógicas que no las del mercado o de la familia heterosexual. En todo el mundo las mujeres tenemos menos acceso a la tierra que los hombres. Como explicaba en este artículo, nos han desterrado y lo saben. sin embargo, este derecho como tal ha estado durante mucho tiempo ausente en las discusiones sobre los derechos humanos.

De ahí que de los nueve tratados internacionales fundamentales de derechos humanos, el derecho a la tierra solo se cita una vez y en el contexto de los derechos territoriales de las mujeres de las zonas rurales, centrado en garantizar la no discriminación sexista en las políticas de reforma agraria, allá en los pocos rincones donde las ha habido. Un avance indudable para remediar las dinámicas heteropatriarcales intrafamiliares, pero absolutamente insuficiente ante a una realidad en la que la mayor parte de las tierras del planeta se encuentra bajo el control del agronegocio transnacional.

Frente a esta realidad, hace poco más de 10 años la propuesta de reconocimiento del derecho humano a la tierra ha cogido algo de fuerza en el debate jurídico internacional, como una alternativa al aprisionamiento de este derecho en el clásico derecho de propiedad. Esto porque el derecho de propiedad sí aparece recogido no solo en el art. 17 de la declaración universal, sino también en las convenciones internacionales sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y discriminación contra la mujer.

La apuesta de la UE y de las instituciones y empresas vascas es rescatar la economía capitalista a través de la militarización y la industria de la guerra

Una propuesta que, a parte de profundizar en la memoria, verdad y justicia hacia todas las campesinas asesinadas por defender la tierra y el territorio, para las que nutrimos una praxis crítica del derecho, el reconocimiento del derecho humano a la tierra también busca cuestionar y hacer evolucionar el propio derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, pasar de un enfoque antropocéntrico e instrumentalista de la tierra —que la considera una puerta de entrada a la realización de otros derechos— al reconocimiento de que la tierra sostiene la vida y siembra la identidad y cultura de los pueblos, siendo por tanto, un derecho humano sustancial en sí mismo.

En este sentido, hay algo que siempre debemos tener claro: el derecho no cambia la realidad, sino la realidad cambia el derecho. y la realidad que vivimos actualmente en Euskal Herria nos demuestra que, lejos de avanzar en una política de acceso a la tierra robada consecuente con la transición ecofeminista que necesitamos como nación, la apuesta de la UE y de las instituciones y empresas vascas es rescatar la economía capitalista a través de la militarización y la industria de la guerra. El incremento de la (necro)política de fronteras y la incapacidad del Derecho Internacional Humanitario en impedir el genocidio contra el pueblo palestino son algunas de las evidencias más dramáticas de esta peligrosa disociación entre el ser y el deber ser normativo.

Al final, toda propuesta de reconocimiento de derecho humano está inserta en una estructura jurídica internacional que atiende a una organización geopolítica del poder. normativas pautadas en un falso universalismo que borra —discursivamente— las diferencias históricas, culturales y sociales entre hombres, mujeres, pueblos, naciones, estados y territorios y naturaliza desigualdades que, a su vez, justifican opresiones. los derechos humanos, así como la tierra y el cuerpo de las mujeres, son también un territorio en disputa.

El reconocimiento del derecho humano a la tierra es importante para plasmar, también jurídicamente, otras formas de organizar el cuidado de la vida

Por lo tanto, el reconocimiento del derecho humano a la tierra, más que un discurso falsamente ahistórico, neutral y atemporal, debe servir para reconocer y reparar. por un lado, para reconocer el expolio heteropatriarcal originario que, acompañado del proyecto supremacista colonial de blanqueamiento poblacional, es incorporado y perfeccionado por la acumulación capitalista hasta la actualidad. por otro lado, para reparar toda la precariedad, horror y violencia impuestas a las mujeres por el capital agrario y sus élites masculinas.

En definitiva, el reconocimiento del derecho humano a la tierra es importante para plasmar —también jurídicamente— otras formas de organizar el cuidado de la vida, pero siempre y cuando esté acompañado de la responsabilización de instituciones, organismos financieros y de las propias oligarquías internas. si no hay una materialidad transformadora y persecutoria de aquello que, a día de hoy, impide la realización de los contenidos de muchos derechos ya existentes, difícilmente el derecho humano a la tierra se traducirá en buen vivir para las mujeres en el campo. no solo en los meses de abril o mayo, sino todos los días el mejor homenaje que les podemos rendir a las que nos han llevado es seguir luchando.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/opinion/derecho-humano-tierra-estamos-nos-han-llevado

3/16/2025

Al amparo del poder, 36 personas acaparan más de 39 mil hectáreas

 Expolio de la propiedad social en 63 mil ejidos: Registro Agrario Nacional


Los terrenos se hallan en zonas turísticas, bosques, selvas y áreas naturales protegidas // Ex funcionarios, políticos y empresarios, entre los propietarios // Acumulan predios con amenazas y colusión de autoridades de los tres niveles
 
Periódico La Jornada
Domingo 16 de marzo de 2025, p. 3

Sólo 36 personas poseen más de 39 mil hectáreas en alrededor de 63 mil ejidos de propiedad social que se encuentran en zonas turísticas de alto valor comercial, bosques y selvas, así como áreas naturales protegidas del país, terrenos que son destinados al mercado inmobiliario para construir fraccionamientos y viviendas de alta plusvalía o proyectos mineros, de acuerdo con una investigación del Registro Agrario Nacional.

Se trata de un expolio de la propiedad social, define el documento de 160 páginas, el cual se enfocó “a los grandes acaparadores de tierra de propiedad social… Lo que distingue a los mayores acaparadores es la cercanía con fuentes de financiamiento… Ese poder económico casi siempre está ligado al poder político local, y en algunos casos al nacional. No se puede entender la actuación impune si no existió algún tipo de colusión con quienes pueden tener acceso a los trámites”.

Entre estos terratenientes figuran políticos, ex funcionarios y empresarios, quienes a partir de la falsificación de documentos, contratos leoninos, prestanombres, cooptación y amenazas a las asambleas ejidales y la complicidad de funcionarios de los tres niveles de gobierno han acaparado grandes extensiones de tierra aprovechando la tendencia privatizadora salinista de 1992 en el campo. Estos personajes incluso han sido acusados en procesos jurídicos de despojo, señala el estudio.

El documento –con datos a 2024– indica que mientras 18 personas poseen 31 mil 473.8 hectáreas en 21 mil 695 parcelas, que son terrenos útiles para las actividades agropecuaria o forestal, otros 18 concentran 7 mil 529.9 hectáreas en 41 mil 385 predios, cuyo destino es para la urbanización y construcción de vivienda.

El Registro Agrario Nacional concluye que los sujetos responsables de estas actividades pueden realizarlas individualmente o en grupo, y que es tal la sofisticación con que actúan y el grado de cinismo, que se amparan. El fenómeno del acaparamiento de grandes superficies en ejidos del país es el principal factor de afectación y disminución de la propiedad social, advierte.

El estudio del RAN destaca los casos de Antonino Almazán Arteaga, ex funcionario de esta institución, quien posee 5 mil 145 parcelas en 12 núcleos agrarios, con 3 mil 63 hectáreas, ubicadas en 10 municipios de los estados de Yucatán, Quintana Roo, Jalisco y Campeche, cuyo valor es superior a mil 200 millones de pesos.

Del total de esa superficie, en 442 hectáreas del municipio de Progreso, Yucatán, con Almazán Arteaga –a quien el gobierno de Enrique Peña Nieto condonó una deuda fiscal de 27.5 millones de pesos– aparece como cotitular el artista plástico mexicano Carlos Alberto Génova Gamboa, quien es considerado el segundo acaparador de tierras, pues posee 4 mil 236 parcelas en cinco municipios de Yucatán y Quintana Roo, y suma en total 541.1 hectáreas. Génova Gamboa es sobrino del ex coordinador de los diputados del PRI Emilio Gamboa Patrón.

El estudio identifica a Miguel Velázquez Nieva, quien posee 491 parcelas en 13 municipios de Campeche, Michoacán, Durango, Yucatán y Quintana Roo, con mil 644.8 hectáreas; la Fiscalía General de la República lo señaló como presunto operador de una de las empresas fantasmas utilizadas para el presunto desvío de recursos en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, preso desde 2017.

En la lista también están Moisés Rafael Mizrachi Nizri, quien posee 2 mil 387 parcelas en dos municipios de Yucatán, con 249.4 hectáreas, y Fernando Francisco Javier Ponce García acumula 748 predios en Quintana Roo, con 653.9 hectáreas; él es dueño de la empresa Bepensa, embotelladora de Coca Cola en Yucatán, y es señalado por campesinos del despojo de derechos ejidales en la zona de Holbox. También figuran Eduardo Antonio Tricio Sierra, con 31 parcelas en tres municipios de Coahuila y Durango que abarcan mil 408.8 hectáreas; la familia Tricio es propietaria de Grupo Lala.

El estudio incluye a los acaparadores de solares, quienes prefieren este tipo de posesión porque se les asigna gratuitamente, sin ningún pago de impuestos y su comercialización puede realizarse en menor plazo que las parcelas.

La investigación del Registro Agrario identifica a Ausencio Dávila López como el mayor acaparador en este rubro, pues concentra 5 mil 186 solares en Quintana Roo, con 4 mil 502.7 hectáreas. No obstante, se aclara que la información de esta persona sigue en revisión.

Otro terrateniente es Rafael Acosta Solís, con 3 mil 867 solares, con una extensión de 995.08 hectáreas en cinco municipios de Yucatán; esta persona llama la atención por haber sido subprocurador de Justicia en el estado de Yucatán, indica el informe. También figura Antonino Cascio González, quien ademas de figurar en la lista de principales acaparadores de parcelas, lo es también de 2 mil 951 solares en cuatro municipios de Yucatán, con 168.05 hectáreas.

Lorenzo Adalberto Rodríguez Carlos acumula 2 mil 995 solares, con 638.2 hectáreas en Yucatán, y está relacionado con Mauricio Vila Dosal, ex gobernador de esta entidad.

2/09/2020

Campo sin créditos y agricultura protegida

Editorial La Jornada

Paradójica, sería una de las formas de llamarle a la situación de la agricultura en México: por un lado se admite que el desarrollo agrícola es esencial para el desarrollo económico sustentable del país (no hay administración de gobierno que no lo diga explícitamente); por el otro, el crédito destinado a ese sector es uno de los más bajos de América Latina (sólo son menores el de Brasil y el de Trinidad y Tobago). El dato aparece consignado en un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), donde la organización también señala que las zonas donde se concentran una parte sustancial de los recursos naturales del territorio nacional –es decir, las áreas rurales– siguen despoblándose poco a poco, por una combinación de factores donde el abandono, la desatención oficial y los planes de apoyo fallidos tienen un peso considerable.
Lo anterior no tiene nada de nuevo, porque el proceso de migración hacia los centros urbanos viene de lejos: en 1950, por ejemplo, 57 por ciento de la población mexicana vivía en comunidades rurales, en tanto que en la actualidad esa proporción supera escasamente 21 por ciento. La tendencia preocupa, no sólo porque contribuye a la constante formación de centros urbanos congestionados y superpoblados, sino también porque conspira abiertamente contra la producción agrícola nacional. El campo sigue desempeñando su tradicional función de proveedor de alimentos, pero 70 por ciento de las unidades productivas está a cargo de pequeños productores sin recursos, campesinos e indígenas que, en extensiones de cinco hectáreas o menos, y casi siempre afectados por bajos rendimientos, orientan su producción al autoconsumo y no siempre logran satisfacerlo.
Durante años, la infraestructura estratégica económico-financiera de apoyo al campo mexicano estuvo en manos del Estado, que mediante políticas cambiantes, y a menudo erráticas, intentaba llevar crédito a diversos puntos del país, tarea nada sencilla porque la gran variedad de suelos de México requiere recursos muy diferenciados. Pero la sucesión de crisis económicas (nacionales o importadas), y especialmente la funesta adopción de las recetas neoliberales, esa infraestructura fue derivándose hacia las instituciones de crédito privadas, y éstas empezaron a conceder créditos sólo a las unidades que cultivaban productos altamente rentables, que no son necesariamente los de consumo humano más extendido en la dieta de la población. La participación estatal en el otorgamiento de crédito al campo continuó teniendo un enfoque más o menos social, pero sus alcances nunca tuvieron la amplitud que el sector necesitaba para salir a flote.
Como uno de los cuestionamientos recurrentes al campo ha sido su baja productividad, en el transcurso de la pasada década y media empezó a plantearse la conveniencia de impulsar la llamada agricultura protegida, esto es, aquella que tiene lugar bajo estructuras que preservan los cultivos de los eventuales rigores del medio (heladas, granizo, lluvias torrenciales, sequías, etcétera). La idea fue tan bien recibida, que actualmente México ocupa el sexto lugar mundial en este tipo de agricultura, aun cuando el número de hectáreas sigue siendo proporcionalmente muy bajo en relación con los cultivos a cielo abierto. En estas condiciones, naturalmente, los índices de rendimiento productivo son mucho más altos, por lo que los organismos de crédito no se muestran muy reticentes para asignar sus préstamos. Pero, como es obvio si se examinan los costos, las unidades productivas de agricultura protegida son casi siempre propiedad de empresarios agrícolas con suficiente solvencia como para no depender enteramente del crédito, a diferencia del otro 94 por ciento de los productores de la república.
Son estos últimos los que necesitan programas de financiamiento otorgados con un sentido no sólo económico sino también social, dadas las carencias de la población que habita en sus zonas productivas, donde hay tres veces más pobres extremos que la media del país. Eso, y políticas públicas que ayuden a que los recursos destinados al campo sirvan para mejorar los sistemas de producción, y no simplemente para tapar, como dádivas, los agujeros de la pobreza.

El crédito agrícola en México, uno de los 3 más bajos en AL

Reporte de la Cepal

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▲ Las economías más grandes de Latinoamérica han dejado de apalancar al sector.

El crédito agrícola en México es uno de los tres más bajos en América Latina. Representa sólo 1.9 por ciento del total del financiamiento disponible en el país, asegura la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En un nuevo reporte, el organismo destaca que se espera que a finales de este siglo la población rural representará sólo 10 por ciento del total en la región, aunque esas zonas seguirán concentrando gran parte de los recursos naturales, de los que depende la economía de los países del área.
La Cepal subraya en su texto el abandono en que está la población de dicha zona y el sector del que ésta depende. En México, la agricultura es la principal fuente de trabajo. Ahí se emplea 45.9 por ciento, mientras en servicios está 33.2 y en la industria 20.9.
No obstante, la pobreza extrema afecta a uno de cada cuatro habitantes de las zonas rurales –tres veces más que en las áreas urbanas– y el trabajo infantil se duplica. En general, ello se refleja en que se tiene uno de los accesos a crédito más bajos para el sector, que hoy día representa 3.1 por ciento de la economía.
El promedio de crédito a este sector en América Latina es de 6.1 por ciento. Por arriba de México están todos los países, excepto Brasil y Trinidad y Tobago, que dan 0.8 y 0.2 por ciento de su financiamiento a la agricultura.
Por ejemplo, en Nicaragua se da 14.6 por ciento, en Uruguay 14.4 y en Belice 10.9. En general, las economías más grandes han dejado de apalancar al sector.
La organización enfatiza que la pobreza rural está estrechamente vinculada con los serios déficits de trabajo decente en la agricultura (y en otras actividades productivas primarias), a los cuales se añade la débil presencia de instituciones laborales en las áreas campesinas.
Para que la agricultura pueda contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad en el campo es importante no sólo cerrar las brechas de los salarios laborales entre los sectores agrícolas y no agrícolas, sino también extender la cobertura de la seguridad social y otros beneficios laborales a los trabajadores del sector agropecuario, destaca la Cepal.

Foto Alfredo Valadez Rodríguez
 Periódico La Jornada

12/17/2019

Revitalizar el campo, única vía para honrar a Zapata: Pedro Ángel Palou


En entrevista, el escritor lanza: Emiliano nos dice que traicionamos de nuevo al sector agrícola y lo pagaremos caro
La Jornada, la SEP y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se suman con un libro a la conmemoración del Caudillo del Sur por el centenario de su asesinato


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La Jornada, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se suman a la conmemoración por el centenario del asesinato de Emiliano Zapata con la edición del libro Zapata. Documentos. Arte. Gráfica, que reúne una vasta recopilación de la iconografia alusiva al Caudillo del Sur.
Esa obra incluye el texto ‘‘Zapata, de corrido’’, en el que el escritor Pedro Ángel Palou (Puebla, 1966) narra la vida del jefe rebelde, entrelazando corridos zapatistas que se estaban perdiendo y que gracias al trabajo del antropólogo y etnomusicólogo Carlos Barreto Mark, recientemente fallecido, ahora acompañan la ruta de esta nueva revisión de uno de los personajes esenciales para México.
En entrevista con este diario, Palou, autor de la mejor novela histórica dedicada a Zapata –como lo afirmaba Carlos Fuentes–, considera que en el país, al hablar del revolucionario, se debe considerar que existe una tarea pendiente: ‘‘la más urgente, repensar al campo”.

 ‘‘Hoy Zapata tiene otro sentido. Su vigencia es absoluta y hay que revisarlo con miras a un nuevo contrato social, particularmente con el campo mexicano, tan destruido por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y por la reforma del artículo 27 constitucional que hizo Carlos Salinas’’, postula Pedro Ángel Palou (Puebla, 1966).
Añade que ‘‘una política que revitalice al campo, que lo tecnifique y le devuelva la fuerza al ejido (y la esperanza productiva) sería la única manera, en la actualidad, de homenajear a Emiliano Zapata”.
Palou comenzó a trabajar textos sobre el líder de los ejércitos del sur en 2004; varias líneas de acción le llamaban, por ejemplo ‘‘el texto sobre Jaramillo de Carlos Fuentes en Tiempo Mexicano y las ‘sagradas escrituras’ del zapatismo a las que hace referencia. La biografía de Gildardo Magaña, su último lugarteniente. El guion de Steinbeck para ¡Viva Zapata!, de Elia Kazan.
‘‘Después fatigué toda la bibliografía, la nuestra y la escrita por extranjeros, particularmente los historiadores estadunidenses. Sin embargo, a pesar de la enorme bibliografía sobre el Caudillo del Sur todavía tenemos, si no secretos, sí muchos aspectos qué dilucidar”, refiere.
Carlos Fuentes tenía planeado escribir su novela Emiliano en Chinameca, pero desistió luego de conocer el Zapata que Palou publicó en 2005, libro que ‘‘está dedicado a él y a Silvia Lemus, como homenaje. Fuentes leyó mi manuscrito y luego lo elogió mucho en su libro La gran novela latinoamericana”.

El revolucionario tenía conciencia social
Luego del asesinato de Emiliano Zapata, y al transcurrir los años, ‘‘el zapatismo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue una primera reverberación de su pensamiento. Marcos entendió la gestualidad de Emiliano y la emuló con brillantez. Incluso le puso Aguascalientes al lugar de las asambleas comunitarias, en referencia a la Convención”, continúa Pedro Ángel Palou.
‘‘Hoy, en cambio, Zapata tie-ne otro sentido. Su vigencia es absoluta y hay que revisarlo con mi-ras a un nuevo contrato social, particularmente con el campo mexicano, tan destruido por el NAFTA (siglas en inglés del Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y por la reforma del artículo 27 constitucional que hizo Carlos Salinas.
‘‘¿Qué nos dice Zapata? Palabras más, palabras menos: que traicionamos de nuevo al campo. Y que lo pagaremos caro. La ruptura de las relaciones antropológicas naturales de las comunidades rurales por culpa de las maquiladoras y la pobreza han ocasionado la migración masiva y la libre circulación territorial del narco, y esas son, en buena medida, nuestros peores lastres en 2019”.
Respecto de la transformación de Zapata en icono pop, el autor sostiene que ‘‘el capitalismo suele volver mercancía todo, incluso los sueños. A Emiliano lo hemos convertido en camiseta, como al Che. El problema es que así lo hemos despolitizado, deshistorizado. Es como en la película Diarios de motocicleta, donde el Che queda sólo como un liberal que despierta a la conciencia social por visitar una colonia de leprosos. Lo mismo con Zapata, lo hemos dibujado como si fuera sólo una ‘fuerza’, y un ‘natural’, un campesino que se levanta en armas casi porque sí.
‘‘Zapata tenía una conciencia social que le venía de su propia experiencia, es cierto; pero también de muchas lecturas, de participar en el Club Ponciano Arriaga, de leer a los anarquistas con Otilio Montaño. Zapata no era un improvisado. Hasta Neruda cayó en la trampa cuando dijo que el zapatismo era una ‘tormenta de herraduras’.
‘‘Equiparar al zapatismo con la naturaleza puede ser poéticamente redituable pero le elimina de tajo la conciencia política. Su lucha, como está claro en el Plan de Ayala, es muy pensada. Firmar diciendo ‘justicia y ley’, en nuestro país, no es pleonasmo. Zapata nunca dijo la tierra es de quien la trabaja. La tierra es de quien legítimamente la posee, de sus dueños históricos, los indígenas de Morelos según las ordenanzas reales que eran esas ‘sagradas escrituras’ en náhuatl de las que hablaba Fuentes.”
–Los corridos que recupera en el texto, ¿son vigentes, se continúan escuchando en tierra morelense?
–El corrido zapatista se estaba perdiendo, como también el instrumento melancólico con el que se le toca, el bajoquinto. El gran antropólogo y etnomusicólogo Carlos Barreto Mark, recientemente fallecido, trabajó incansablemente por recuperar los corridos, por hacer que grupos de jóvenes volvieran a tocar las canciones, por trabajar con lauderos en el arreglo de instrumentos. Gracias a él, el corrido es una fuerza vital –concluye Palou.
El libro Zapata. Documentos. Arte. Gráfica será presentado mañana a las 19 horas en la Librería de La Jornada (avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, cerca de la estación Zapata del Metro, alcaldía de Benito Juárez). Participarán Hermann Bellinghausen y Luciano Concheiro.

Foto Indira García
Periódico La Jornada

9/08/2019

Campesinos apoyan los proyectos de AMLO, dice el procurador agrario


Se les ha asesorado para que participen y saquen el mejor provecho, asegura

La mayor parte de los campesinos propietarios de tierras aledañas y donde se ubicarán los principales proyectos de infraestructura, como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el aeropuerto de Santa Lucía, están de acuerdo con las obras, aseguró el titular de la Procuraduría Agraria (PA), Luis Hernández Palacios Mirón.
En entrevista con La Jornada, el funcionario explicó que la PA ha acompañado a los ejidatarios y comuneros para que saquen el mejor provecho a sus tierras y puedan participar en estos proyectos de varias formas: con la obtención de regalías, la colocación de sus productos y con trabajo en diversas modalidades si así lo desean.
Acotó que los propietarios de los terrenos entienden que en el actual gobierno la actuación es otra, que se protegen sus intereses y que en la venta de terrenos se retribuirá de manera justa.
Sostuvo que la oposición a estos proyectos no viene de la población de las zonas, sino de grupos que defienden sus propósitos: Hay que distinguir la crítica que tienen los proyectos. Hay una crítica ideológica, muy identificada, que está en contra de los proyectos del presidente (Andrés Manuel López Obrador), por organizaciones empresariales; está muy identificado y no son los ejidatarios.
Remarcó que el hecho de que en los proyectos habrá inversión privada no significa que sean un negocio particular, pues siempre está la presencia del gobierno y éste garantiza jurídicamente que la forma en que se aproveche su tierra no sea modificada posteriormente: La presencia del Estado como garante en este proceso asociativo es lo que ha despertado confianza para participar.
Por ejemplo, en el Corredor Transístmico el esquema de asociación en participación va a estar mediado, porque el titular de los polos va a ser del gobierno, la inversión va a llegar en relación con la construcción de la infraestructura sobre una tierra que va a estar administrada por el Estado.
▲ En entrevista con La Jornada, Luis Hernández Palacios Mirón sostuvo que los propietarios de los terrenos aledaños a obras como el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía entienden que el actual gobierno protege sus intereses.Foto Cristina Rodríguez
Reiteró que este no va a ser un negocio privado, aunque haya inversión privada, (pues) es la que se requiere para la generación de nuevas industrias.
Tras señalar que en el Istmo la PA ha dado acompañamiento desde hace meses a ejidatarios y comuneros, sostuvo que la orientación nuestra es que no vendan su tierra, y eso lo han visto ellos muy favorable, porque la experiencia cuando se vende es que de no haber cuidado, seguimiento y asesoría respecto a qué hacer con el dinero al cabo del poco tiempo se quedan sin tierra y sin dinero.
El procurador aseveró que se están tomando medidas legales para que en sexenios posteriores les cambien las condiciones a los ejidatarios: Son contratos establecidos y depositados, ratificados ante autoridades judiciales y soportados en un fideicomiso. Así que esto va a ser inmodificable.
En cuanto al Tren Maya, reconoció que empieza a darse especulación con la tierra, pero la sugerencia de la PA a los campesinos es que no la vendan, y menos a intermediarios.
Sobre Santa Lucía, indicó que ya se compraron terrenos a cuatro núcleos agrarios, y la PA participó dando orientación a los propietarios de la tierra, de los términos en que los procesos de compraventa deberían darse y participando en las convocatorias a asambleas para que estuvieran en condiciones de autorizar los procedimientos legales.
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada

7/19/2019

No hay motivo para protestas campesinas, señala el Presidente


El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay motivo para protestas ahora que los fondos para el campo están llegando primero a los más pobres, no como antes, que todo el apoyo era para los de arriba. Señaló que en las movilizaciones de agricultores observó a un líder usando un Rolex.
También manifestó que la ampliación del periodo de gobierno en Baja California se considera inapropiado o antidemocrático, para no decir ilegal, y recordó que legisladores de todos los partidos, incluso los que están protestando más, votaron por el cambio.
Entre los diversos temas que ayer abordó en Palacio Nacional, admitió que faltan elementos de la Guardia Nacional (GN) en todo el país porque se están atendiendo 150 coordinaciones de 266. Y rechazó, cuando se le preguntó, que desde su gobierno se amedrente a mandatarios del Partido Acción Nacional, a quienes jamás se les ha pedido nada, ni siquiera que voten por una iniciativa de ley. Se mostró seguro de que si algún mandatario ve que se le está ninguneando, replica y se defiende.
Sobre el llamado que realizan mineros despedidos para tomar la mina Buenavista de Cobre –propiedad de Grupo México– en Sonora, apeló al diálogo para que se llegue a acuerdos y afirmó: Aunque no somos represores, no vemos con buenos ojos un movimiento en el que no se cumple con los procedimientos legales.
López Obrador ratificó que el movimiento campesino tiene toda la libertad para expresarse, pero a lo mejor los dirigentes no les están informando bien por qué no estamos en deuda; al contrario, se han entregado este año los fondos al campo antes de la temporada de siembra y más y mejor distribuidos. Les están llegando apoyos a los pobres a quienes antes no les llegaba.
Aseguró no estar en contra de quienes tienen para comprarse un buen reloj, pero la inconformidad es porque se decidió apoyar al productor de 20 hectáreas para abajo. El plan de rescate al campo comienza con los de abajo y va subiendo”, de manera que a los productores medianos o grandes también les llegarán los beneficios y cuando haya más recursos se dará a quienes posean 30, 50 y hasta 100 hectáreas.
Sobre la ampliación de mandato de dos a cinco años para el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, reiteró que la autoridad competente resolverá con libertad y con estricto apego a ley. No hay injerencia del Ejecutivo. Nada de acuerdos en lo oscurito, nada de silencio cómplice.
Ante los señalamientos del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, de que en la Ciudad de México no se tiene ni la mitad de los elementos de la GN considerados, señaló que poco a poco se irán desplegando todos los que se requieren en el país.

Periódico La Jornada

6/30/2019

Los derechos de un ejido y los de los indígenas en el PIM

La Jornada
Juan Carlos Flores*

De los 11 amparos que tiene interpuesto el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua contra el Proyecto Integral Morelos, 10 son sobre derechos indígenas de 11 comunidades. Sin embargo, todos los juzgados federales han manifestado que su derecho a la seguridad y autodeterminación, están por debajo del interés social del transporte de gas natural, sin importar la falta de medidas de seguridad, información y violación a la libre determinación de las comunidades que implica la implementación del Proyecto Integral Morelos.

Ni siquiera el interés superior de la niñez de la población de Huexca, que reclama su derecho a la seguridad ante un segundo gasoducto que sube a la zona del volcán y rodea la comunidad con una pinza de gasoductos, ha logrado combatir el interés social (más bien privado) que implica el transporte de gas natural, en ese caso, de la empresa Gas Natural del Noroeste, una de las empresas más beneficiadas en México por el comercio de gas industrial.
Otros tres amparos se interpusieron en favor de nueve comunidades indígenas de Morelos, Puebla y Tlaxcala, una semana antes de la consulta de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y previo al asesinato de Samir Flores. Se trató de llamar la atención de los juzgados para que reaccionaran previo alejercicio participativodel Presidente, porque éste, estaba generando mucha tensión. Sin embargo, fueron desechados los amparos al señalar los juzgados que la consultano era un acto de autoridady no afectaba el derecho de las comunidades indígenas a la consulta. El resultado fue el asesinato de nuestro hermano Samir, el Ejército y la policía cuidando las urnas y persiguiendo a Amilcingo en luto y enojado. Estos amparos se impugnaron y finalmente, los tribunales colegiados le dieron la razón a las comunidades. Otros dos amparos interpuestos con posterioridad a la consulta corrieron la misma suerte.
Cansadas las comunidades de ser ignoradas por parte de las autoridades, deciden reclamar su derecho a la autoconsulta y se interponen tres amparos más, reclamando ahora que se les respete su decisión de no al Proyecto Integral Morelos y que ya no quieren más consultas, quieren que se respete la decisión tomada en asambleas por usos y costumbres, respaldados en el artículo 29 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, que establece que no se puede almacenar, ni eliminarmateriales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado. Exigiendo se reconozca y respete su derecho de autodeterminación, tan sonado en los Acuerdos de San Andrés y las ahora promesas de cumplimiento del gobierno.
Como nuestra historia, viven centenas de comunidades indígenas en el país que se les niega el acceso a la justicia y el respeto a su derecho de autodeterminación. Pues así están las condiciones legales que imponen la Ley de Amparo, la Ley de Hidrocarburos, la Ley Minera y la Ley de la Industria Eléctrica, entre otras. Aunque seamossujetos de interés público, como dice la Constitución, los pueblos indígenas valemos menos que el interés social de los objetos sin vida, como petróleo, gas o los minerales. Mucho menos se nos reconoce como sujetos de derecho público.
Para fortuna de las comunidades afectadas por el PIM, aún existen los derechos agrarios, emanados de la Revolución Mexicana, donde sólo con un salvaje derramamiento de sangre, se consiguió que se respetaran los derechos de los pueblos originarios a través de la fundación del ejido y el reconocimiento de la propiedad comunal, protegiéndolos legalmente ante cualquier intento de despojo. Un amparo agrario que interpuso Amilcingo hace unas semanas consiguió lo que no se había conseguido en siete años de lucha legal, la suspensión de la operación del Gasoducto Morelos, porque éste pasa por tierras del ejido y no obtuvo el consentimiento de la asamblea ejidal. Por eso es que la 4T, está interesada en impulsar una nueva reforma de derechos agrarios en el país, para acabar con cualquier garantía de protección de los pueblos ante los megaproyectos.
En la nueva burla de consulta exprés que recién impulsa el INPI para reformar los derechos indígenas en la Constitución, vemos un nuevo peligro de recortar aún más los derechos que nos han sido apenas reconocidos, reduciendo el derecho a la consulta indígena (que solo es un derecho procedimental que pretende proteger el derecho fundamental de autodeterminación de los pueblos), a mero trámite administrativo del Estado y las empresas y que, cuando tiene la suerte de implementarse, deja divididas y lastimadas a las comunidades, no fortalecidas en su autodeterminación, como debería ser.
De esta manera, es preciso discutir los avances y posibles retrocesos que enfrentan los derechos de los pueblos indígenas en nuestra nación y regresar la mirada a los derechos reconocidos previamente como resultado de la Revolución Mexicana.
*Abogado del FPDTA, miembro del CNI

4/20/2019

Representan las mujeres 50% de la fuerza de trabajo agrícola en países pobres

Pugna la FAO por equidad de género
Afrontan más limitaciones que los hombres para acceder a la tierra, la tecnología y mercados
▲ Cuando ellas participan aumenta la producción, dice la FAO. En la imagen, cosecha de tomates en Sonora.
Las mujeres representan alrededor de la mitad de la fuerza de trabajo agrícola total en los países en desarrollo, donde realizan actividades como agricultoras y trabajadoras del sector, son horticultoras, empresarias, emprendedoras y líderes comunitarias, señala la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Cumplen importantes funciones en la agricultura y en el desarrollo de las economías rurales, destaca.
Asimismo, advierte que no obstante el papel relevante que desempeñan, ellas afrontan mayores limitaciones que los hombres para acceder a la tierra, la tecnología, los mercados, la infraestructura y los servicios.
Según la FAO, son tan buenas como los hombres en la agricultura: los datos muestran que cuando las mujeres rurales tienen el mismo acceso que los hombres a recursos productivos, servicios y oportunidades económicas, hay un aumento significativo en la producción y ganancias sociales y económicas inmediatas y a largo plazo, lo que contribuye a la reducción del número de personas que padecen hambre y viven en la pobreza.
Destaca que la igualdad de género está en el centro del mandato de la FAO, con la finalidad de alcanzar la seguridad alimentaria para todos mediante el aumento de los niveles de nutrición, mejora de la productividad agrícola y la plena participación de la población rural en los procesos de toma de decisiones.
El organismo de la ONU ha planteado que se deben emprender reformas para otorgar a las mujeres derecho igualitario a los recursos económicos, al acceso a la propiedad y el control de la tierra, así como a servicios financieros, herencias y recursos naturales, todo ello de conformidad con las leyes nacionales de cada país.
Además, pugna porque se logre la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y las niñas en el campo.
En México se calcula que actualmente 30 por ciento de la población rural son mujeres, y en Hidalgo, Chiapas y Oaxaca son mayoría.
Uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es lograr la igualdad de género en todos los ámbitos, incluido el agrícola.
A escala global, se estima que si se lograra esa meta en el campo, ellas podrían incrementar su productividad en aproximadamente 30 por ciento. Además, se reduciría el número de personas hambrientas en el mundo en casi 17 por ciento.
Los niños en el sector rural serían beneficiados, pues según el organismo, las mujeres gastan más en alimentos, salud, vestido y educación para sus hijos cuando tienen mayores recursos.
Foto Carlos Ramos Mamahua
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Viernes 19 de abril de 2019, p. 13

4/19/2019

Este gobierno también nos está condenando: jornaleros


Para la Unión General Obrera, Campesina y Popular (Ugocp), el actual gobierno, igual que los neoliberales, está condenando a los jornaleros con el desmantelamiento de las instituciones agrarias, y se niega a entender que la lucha de las organizaciones campesinas no es por políticas hipócritas de combate a la pobreza ni por dádivas.

Política agroalimentaria sin rumbo en la Sader

Luis Gómez Garay, secretario general de la agrupación, consideró que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) aplica una política agroalimentaria sin rumbo y que el campesinado cuenta con “meros entes testimoniales, como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual está en vías de convertirse en mera promotora del desarrollo urbano, mientras los tribunales y la Procuraduría Agraria se debaten en la penumbra y las carencias que los han llevado a la irrelevancia“.

Gómez Garay sostuvo que la Ugocp no lucha por despensas, sino por progreso, respeto de la tierra campesina y desarrollo integral para las comunidades rurales. Esta es la lucha de las organizaciones campesinas en pleno siglo XXI. Indicó que por ello se mantendrán críticas de cualquier nueva forma de expoliación de las conquistas de los campesinos sobre las tierras”.

Nosotros no nos avergonzamos de nuestro pasado de lucha; hemos sido y seguiremos siendo promotores del cambio para el desarrollo integral de nuestras comunidades, afirmó.

Para la Ugocp en el campo prevalecen “falta de oportunidades y de condiciones para la producción, así como bajos niveles de rentabilidad agropecuaria y ausencia de empleos competitivos y bien remunerados. Aseguró que no es con políticas hipócritas de combate a la pobreza ni con dádivas como se saldrá de esta situación.

En entrevista, dijo que las demandas de justicia social e integración de este sector al desarrollo nacional están pendientes de atención con el neoliberalismo y con el actual gobierno federal; hasta el momento continúa el mismo panorama, insistió.

Carolina Gómez.

Periódico La Jornada
Viernes 19 de abril de 2019, p. 13

La ley de 1992 no cubre necesidades del campo: Procuraduría Agraria



Hernández Palacios llama a enriquecer iniciativas en el Congreso


Puesto que la Ley Agraria de 1992 ya no responde a las necesidades actuales del campo, debe generarse una nueva norma que contenga preceptos vinculados al bienestar, el progreso social, la democracia y el desarrollo sostenible, sostuvo el titular de la Procuraduría Agraria (PA), Luis Hernández Palacios Mirón.

Al encabezar los trabajos de la segunda sesión ordinaria del Comité Permanente de Control y Seguimiento (Copecose), el funcionario indicó que la legislación agraria en vigor significó, en su momento, una respuesta del Estado al reclamo social y político de los pueblos y comunidades originarias, así como de los campesinos pobres y sin tierras que hoy, a 27 años de distancia, la historia ha demostrado que la propiedad social prevalece, a pesar de la etapa neoliberal que vivió el país en las últimas décadas.

Destacó la importancia de que las organizaciones campesinas integrantes del Copecose formulen propuestas que enriquezcan iniciativas planteadas, como la del senador José Narro Céspedes (Morena).

Debe defender propiedad de la tierra: Narro Céspedes

Ante dirigentes y representantes de distintas organizaciones, como la Central Campesina Independiente, la Central Nacional Campesina, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y la Unión General Obrero, Campesina y Popular, entre otras, Narro Céspedes, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado, dijo que la nueva Ley Agraria debe tener un alto contenido social, defender la propiedad de la tierra y convertir al ejido y la comunidad en sujetos de desarrollo.

El también dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala hizo énfasis en que la mejor forma de honrar la memoria de Emiliano Zapata, tras 100 años de su muerte, es promover una ley que recoja el espíritu y la esencia del Plan de Ayala.

Aparte, Narro y el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, se reunieron con habitantes de la comunidad de Cedros, municipio de Mazapil, Zacatecas, quienes solicitan que se resuelva el conflicto con la mina Peñasquito, propiedad de la empresa canadiense Gold Corp, que ha explotado mantos acuíferos de la zona, dejando a los habitantes sin acceso al agua.

Desde hace varias semanas, los habitantes han bloqueado los accesos al yacimiento para exigir que se cumplan los compromisos y acuerdos que la firma estableció con los afectados.

Narro señaló que respalda a la asamblea general de ejidatarios de la comunidad de Cedros. Desde hace siete años, la minera Peñasquito agotó el manantial de nuestra comunidad; nosotros contamos con un dictamen de la Comisión Nacional del Agua que dice textualmente que uno de los factores contribuyentes en la disminución del flujo del manantial son las actividades mineras.

Carolina Gómez M

Periódico La Jornada
Viernes 19 de abril de 2019, p. 13

3/24/2019

Recuperar el territorio



Toda lucha política comienza siendo una lucha por el control de los símbolos. Andrés Manuel López Obrador ha impuesto como símbolo la Cuarta Transformación. Un concepto polimorfo. Quiere decir muchas cosas, para muchas personas, pero todos lo usan como referencia. Está al menos vinculado con justicia, combate a la corrupción e inclusión. Lo que ha hecho la 4T en el imaginario colectivo es reforzar la historia patria escolar que parte de la secuencia de héroes y villanos. Pero la combinación más interesante de héroes me parece que es la Tercera Transformación. Madero, el presidente mártir, espiritista y liberal. Por otro lado, Cárdenas, el general, el liberal social y, de muchas formas, el constructor del Estado de la Revolución Mexicana.
Cárdenas el reformador, tanto en su obra institucional como en el ámbito de los derechos sociales, estaba guiado por una visión geopolítica: recuperar el territorio.
La reforma agraria y su producto principal, el ejido, no se entienden si se ven sólo desde el ámbito distributivo. Aunque en muchos casos las tierras distribuidas eran de buena calidad, se dotó de ellas a campesinos en las zonas fronterizas del norte y sur del país, en litorales y en enclaves agrícolas.
Aunque el sector agropecuario floreció, su propósito de fondo era recuperar el territorio de manos de los enemigos del proyecto reformador: los latifundistas, la Iglesia católica y las empresas extranjeras, sobre todo petroleras. Dotar de tierras a los campesinos generó un gran conglomerado de ciudadanos, consumidores y, sobre todo, defensores del territorio nacional.
Por territorios me refiero al espacio público, es decir, a los ámbitos de confluencia frecuentemente tensa y crítica entre los ciudadanos organizados o no, y los poderes instituidos y los fácticos. La enorme desigualdad en el país se expresa en la fragmentación socioeconómica, pero también en las políticas, en el espacio electoral y en los ámbitos culturales. Esta fragmentación configura una sociedad estamental, en la cual el éxito de la gobernabilidad autoritaria se sustentó en una eficaz administración de los privilegios diferenciados por categoría social, cuyo propósito era impedir acciones colectivas articuladas. Esta variante del capitalismo salvaje funcionó sobre la base del patrimonialismo –manejo diferenciado de los recursos públicos–, el neocorporativismo –encuadramiento de organizaciones a cambio de privilegios distribuidos entre las cúpulas y chorreados en pequeñas cantidades a las bases– y el clientelismo –pingües privilegios a cambio de adhesión política.
Recuperar los territorios en el momento actual enfrenta tres obstáculos:
La prisa. La idea de reformas implementadas de manera vertical y sin deliberación es una idea cuyo tiempo ya pasó. Funcionó defectuosamente en el régimen autoritario. En el pluralismo algunos la añoran, pero es una ilusión. No va a funcionar.
El éxito temprano. No hay nada peor que juzgar una estrategia que requiere actos repetitivos como un triunfo irreversible cuando se tienen éxitos tempranos. Ya pasó antes y ahora vuelve a ocurrir. No hay nada irreversible cuando se impulsan transformaciones que afectan intereses. Las reformas no son actos fundadores, sino procesos de deliberación y acuerdos.
La exclusión. Una profunda desigualdad se encuentra en la base de políticas públicas fallidas. Un sinnúmero de privilegios para unos cuantos impiden un mínimo estado de derecho. No podemos jugar a mayorías y minorías parlamentarias como si tuviéramos una democracia consolidada. El ámbito partidista expresa desafortunadamente sólo a una parte de la pluralidad social. La crisis del corporativismo, el estancamiento económico y la inseguridad pública han fragmentado el cuerpo social.
Estamos, sin duda, en una encrucijada. Por ello resulta importante recordar la frase de Karl Polanyi: ninguna interpretación errónea del pasado ha sido más profética del futuro.
Twitter: gusto47

3/11/2019

Campesinos reclaman por políticas agrícolas de AMLO

Cien días de la 4T

En los primeros 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la política agrícola ha generado incertidumbre entre los grandes y pequeños agricultores, señaló la Alianza Campesina del Noroeste.

Para los agricultores de Sonora, Baja California y Baja California Sur, así como de Sinaloa, Jalisco y Guanajuato, la inconformidad crece. Ya limitó el número de hectáreas a apoyar a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a mitad del ciclo agrícola otoño-invierno, lo que llevará a la insolvencia económica para pagar créditos a los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura y Financiera Nacional, expusieron.
Si la Sader no instala una mesa de negociación con los agricultores en el noroeste del país habrá una revuelta a finales de abril y principios de mayo porque no tendrán recursos para pagar los créditos contratados.
Sobre la situación con los pequeños productores del sur-sureste, el secretario general de Alianza, Raúl Pérez, dijo que si bien se les adelantó el apoyo de la Sader, no hay seguridad de que inviertan en la siembra y cultivo de maíz o frijol.
En ambos casos consideró que se abrirá un hueco en el volumen de producción de alimentos básicos, eso mantendrá a México como importador de granos y como número uno en la compra de maíz.
Pérez dijo que al acudir a las oficinas del distrito de desarrollo rural para dar sus datos y ser incluidos en el padrón de la Sader, se les niega el derecho a apoyos del programa Alimentos para el Bienestar con el pretexto de no cumplir con el perfil de beneficiarios.
Agregó que los productores del noroeste están inconformes por las limitantes del programa que se les pretende aplicar, mientras los de sorgo en Tamaulipas se inconformaron por la reducción del área de cultivo apoyada por Proagro.
Periódico La Jornada
Lunes 11 de marzo de 2019, p. 6

3/10/2019

Wixáricas festejan devolución de más de 10 mil hectáreas

10 mil 720 hectáreas
Wixaritari recuperan territorio en Durango
Las tierras se amparan en su origen por un título virreinal otorgado en 1725


Mesa de Torrecillas, Dgo., Después de 51 años de luchar para recuperar parte de su territorio, la comunidad wixárica de Bancos de San Hipólito, municipio de Mezquital, logró acreditar la acción de reconocimiento y titulación de bienes comunales sobre 10 mil 720 hectáreas.
Debió transcurrir medio siglo para que este viernes un ceremonial de agradecimiento a la deidades wixaritari del fuego, la tierra y el sol, iniciara los festejos por la sentencia definitiva del Tribunal Agrario 7, con sede en la ciudad de Durango, en favor de la etnia.
Maíz en masa y varas de ocote bañadas con sangre de venado sirvieron de combustible para el fuego ceremonial en Mesa de Torrecillas, ubicada a 2 mil 420 metros sobre el nivel del mar, en la sierra donde confluyen los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango.
Un festejo que además fue tambor de batalla para ahora lograr que los tribunales ordenen la ejecución y devolución directa de sus tierras.
El 8 de febrero pasado el Tribunal Agrario 7 dictó la sentencia favorable a los wixaritari tras 51 años de iniciado el litigio con títulos virreinales en mano, el cual, a partir de que en 1992 se instauraron los tribunales agrarios, fue tomado por el despacho de Rubén Ávila Marín, quien murió recientemente, labor que continuó su hijo Rubén Ávila Tena hasta su culminación.
Se trata del reconocimiento de tierras en favor de los wixaritari más grande en los recientes 20 años, pues las 10 mil 720 hectáreas recuperadas representan una superficie 16 veces mayor a la del Bosque de Chapultepec, en Ciudad de México.
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▲ Habitantes de la comunidad wixárica de Mesa 
de Torrecillas, fueron notificados del fallo 
en su favor que emitió tribunal agrario.
Foto Arturo Campos Cedillo
Es hasta donde alcanza la vista, todo lo que ves, presume Ascención López Carrillo, gobernador tradicional de la comunidad. El fuerte y fresco viento agita las plumas de águila que coronan su sombrero.
Y todo lo que se ve desde el desfiladero en Mesa de Torrecillas parece el planeta completo, hondonadas y cerros verdes, grises, azules a la distancia. Barrancas a las que no se les encuentra fondo. Un espinazo interminable de la Sierra Madre Occidental, en la punta al sur oriente de Durango.
Autoridades, representantes, pobladores, familias, niños que se corretean contentos, provenientes de seis pueblos de Bancos de San Hipólito, festejaron la noticia.
Honraron a los ancestros que iniciaron la lucha legal y se comprometieron en continuar a la siguiente etapa para que ahora, en los hechos, sus tierras les sean reintegradas.
Cuando eso suceda, Bancos de San Hipólito –también conocida como Bancos de Calitique o Cohamiata–, será ejemplo para las comunidades colindantes como O’dam, compuesta por tepehuanos, nahuas y náyeri (coras).
Un ejemplo para todos los pueblos indígenas no sólo de esta región sino de todo el país, expresó Santos de la Cruz Carrillo, vocero de la comunidad y quien encabeza el trámite legal para la restitución comunal.

Medio siglo de trámites
Queremos decirle al gobierno federal, que si ya se emitió la sentencia, de una vez nos entregue el reconocimiento para iniciar la titulación de las tierras, manifestó Maurilio Rodríguez Aguilar, una de las autoridades tradicionales presentes.
No será tan fácil. Hay dos núcleos agrarios en el municipio de Mezquital que seguramente se van a inconformar ante la sentencia del tribunal, San Lucas de Jalpa y Huazamota.
Estás localidades resultan directamente afectadas, y tras ser notificadas de la resolución, tienen hasta el próximo 15 de marzo para presentar sus respectivas impugnaciones.
Las tierras recién reconocidas por el tribunal agrario en favor de los wixaritari se amparan en su origen por un título virreinal otorgado por la corona española en 1725 a la comunidad de San Andrés Cohamiata, en Jalisco.
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▲ Mujeres wixaritari festejaron la noticia 
de la sentencia por la cual la etnia recuperará 
10 mil 720 hectáreas, tras litigios de más 
de medio siglo.Foto Arturo Campos Cedillo
En la década de los 60 del siglo pasado, la autoridad agraria tituló de forma incompleta a San Andrés Cohamiata, quedando fuera de su perímetro comunal más de 50 por ciento de su territorio, incluidas las hectáreas recuperadas ahora por la comunidad de Bancos de San Hipólito.
A pesar que el trámite de reconocimiento y titulación de bienes comunales se inició el 8 de marzo de 1968, la autoridad agraria dio inicio por su parte al trámite de dotación de ejidos a las comunidades duranguenses de San Lucas y Huazamota, que les fue entregado en 1976 a sus pobladores por el gobierno estatal.
En 1981 San Lucas de Jalpa fue reconocido por resolución presidencial con 33 mil 456 hectáreas, incluyendo las 10 mil 720 hectáreas de territorio wixárika.
En 2002 los wixaritari acudieron al Tribunal Agrario 7 de Durango para instaurar la demanda de nulidad contra las restituciones de las autoridades agrarias.
Siguió la historia del pleito agrario hasta el que el 11 de agosto de 2009 el Tribunal Superior Agrario emitió sentencia anulando la resolución presidencial.
Durante los 51 años que tomó a la justicia reconocer nuestros derechos ancestrales, hemos sido víctimas de abusos por parte de quienes son nuestros colindantes, expusieron los wixaritari durante la ceremonia de este viernes.
Y agregaron: por eso, solicitamos la atención y seguimiento de los medios de comunicación y sociedad civil para que nuestras demandas sean cumplidas y nuestros derechos garantizados.
Afirmaron que la comunidad continuará su lucha por defender su territorio hasta tener en su poder las 10 mil 720 hectáreas, por lo que urgieron tanto al tribunal como al gobierno federal emitir las ejecutorias tras la sentencia de mérito en caso de que no se presenten las posibles impugnaciones.

Corresponsal
Periódico La Jornada

2/10/2019

Ejidatarios de Morelos exigen que se consulte a los verdaderos afectados


Ayala, Mor., Ejidatarios que habitan en las inmediaciones del río Cuautla rechazaron la consulta pública a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador para el 23 y 24 de febrero y la construcción y puesta en marcha de las dos termoeléctricas del Proyecto Integral Morelos (PIM), ya que, aseveraron, sólo busca legitimar el despojo de agua y la imposición de esta megaobra, contra lo que opinen los verdaderos afectados.
Si no quiere que su Cuarta Transformación se convierta en el cuarto movimiento social nacional, escuche a los campesinos antes de que siga con la consulta sobre la termoeléctrica y el PIM, que incluye una segunda termoeléctrica, un acueducto y un gasoducto (que pasará también por Puebla y Tlaxcala) advirtieron.
El PIM inició, custodiado por policías estatales y federales, hace siete años, cuando era gobernador el panista Marco Adame Castillo y presidente Felipe Calderón, continuó y se inició la construcción con el perredista Graco Ramírez y el priísta Enrique Peña Nieto. Ante la resistencia y los amparos de los campesinos contra la obra, ésta no ha sido terminada del todo.
Ejidatarios de Ayala, municipio de Cuautla, académicos y pobladores de Huexca, municipio de Yecapixtla, se reunieron la mañana de ayer en Ayala, en el campamento que desde hace dos años mantienen ejidatarios en las inmediaciones del río Cuautla para impedir que se lleven el agua a la termoeléctrica que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construye en esa comunidad indígena.
Encabezados por Jorge Zapata González, nieto del general Emiliano Zapata, los labriegos consideraron que la consulta será amañada y en favor de la CFE y las empresas españolas involucradas en el megaproyecto, ya que la pregunta de si están de acuerdo o no con la operación de una de las dos termoeléctricas es tendenciosa y omite tanto el acueducto como el gasoducto, obras que también son rechazadas.
Del Presidente, Zapata González dijo: Él sabe, de buenas fuentes, que este proyecto no es viable en Morelos, cuna del agrarismo y de Zapata, sin embargo como burla decretó este 2019 como el año del general Emiliano Zapata. ¿Y cómo lo va honrar? Viniéndole a entregar el agua de los ejidos de Zapata a empresas extranjeras, expresó ante unos 300 ejidatarios reunidos en el plantón en la comunidad de San Pedro Apatlaco, municipio de Ayala.
Zapata convocó a los ejidatarios afectados por el PIM que este domingo que López Obrador visita Cuautla, acudan para pedir ser escuchados por el Presidente, ya que consideran que el delegado federal, Hugo Erick Flores, trata de beneficiar a las empresas españolas Elecnor, Abengoa, Bonatti y Enagas, sobre todo por la nacionalidad del jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz, no ha dado información verídica ni estudios sustentados al Presidente.
Pobladores de Huexca, donde la CFE construyó una termoeléctrica, y tiene pendiente otra, exigieron que la consulta sólo se haga en las comunidades afectadas y no en todo Morelos, que el resultado sea vinculante y que se posponga hasta que se llegue a un acuerdo conjunto con las comunidades de cómo organizarla, los tiempos y modos de informarse adecuadamente y, sobre todo, se garantice que el proyecto es seguro para las comunidades, antes no se puede consultar nada.

Corresponsal
Periódico La Jornada

12/17/2018

Con millones de hectáreas de gran valor, los indígenas son los más pobres: Nahmad

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Nahmad es uno de los críticos más duros del trato oficial a los pueblos indígenas con 6 décadas de trabajo.

Los indígenas son los más pobres entre los pobres, además de que la relación entre el Estado y los pueblos aún es colonial, no se les da autonomía política ni recursos económicos, necesitamos descolonizar el sistema, dice Salomón Nahmad, Premio Nacional de Artes y Literatura 2018 en la categoría Historia, Ciencias Sociales y Filosofía.
Ahora que se creó el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, considera que fue un grave error cerrar el Instituto Nacional Indigenista (INI), creado en 1948 y desaparecido en 2002: El indigenismo es el apoyo para la descolonización de los pueblos; en 1940 se creó el Instituto Interamericano Indigenista para descolonizar todo el continente y que se reconocieran los territorios de los pueblos como propios, recuerda.
Con más de 60 años en la investigación antropológica de los pueblos originarios, en particular el cambio social, el académico estudió trabajo social en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1954, y desde esa fecha he estado dedicado a buscar el bienestar y el mejoramiento de la población indígena, dice a La Jornada.
Nahmad nació el 14 septiembre de 1935, actualmente labora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) y además es asesor en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
–¿Qué lo motivó a dirigir su trabajo con los pueblos indígenas?
–Cuando estudiaba, la rectoría de la UNAM dirigía el proyecto de las misiones culturales universitarias, así fui a Tonantzintla, en el valle de Cholula, Puebla. Ahí entré en contacto con la población hablante del náhuatl. Al terminar trabajo social estudié antropología social, entonces entendí el panorama multilingüístico y multicultural de México. Al terminar la carrera, un grupo de estudiantes fuimos a entrevistar al doctor Alfonso Caso, fundador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Museo Nacional de Antropología. El gran arqueólogo nos ofreció trabajo en el INI y en 1961 entré a trabajar bajo la orientación del maestro Julio de la Fuente, uno de los más grandes etnólogos mexicanos.
Hay más de 60 grupos originarios de los olmecas
–¿Cuál ubicaría que es su investigación más relevante?
–La más importante es el estudio integral de la zona mixe de Oaxaca. El doctor Caso y De la Fuente me mandaron a hacer la investigación de esos 21 municipios que hablan mixe. A medida que fui estudiando a ese pueblo me di cuenta que eran descendientes de los olmecas: son los pueblos vivos de los olmecas. Estos son el origen de la civilización mesoamericana. Me tocó trabajar con uno de los pueblos pertenecientes a la matriz de la civilización mesoamericana y junto con los zoques, que están en Chiapas, Tabasco y Oaxaca, forman parte del tronco lingüístico zoque-mixe.
“De ahí vienen los demás grupos étnicos, más de 60 grupos diferenciados. Esto hace que México tenga una de las civilizaciones más importantes, por eso la relevancia de la investigación de los pueblos indígenas, de sus lenguas, de sus culturas, tradiciones, de su religiosidad, de sus conceptualizaciones de la vida.
“De 1961 a 1977 estuve trabajando en el INI, donde fui director, pero empecé desde investigador, primero en Tlapa, Guerrero, la zona más pobre. Conocí en esa región de La Montaña la máxima situación de pobreza: un drama. Ha mejorado, el cambio social no ha sido lo deseable, pero ahora hay mecanismos para hacer llegar alimentos. En 1963 estuve en Yucatán, en la zona más aislada, cuando era territorio de Quintana Roo; no existía el estado. El trabajo que se hizo para el reparto de tierras de un ingenio y una hacienda no gustó mucho a las autoridades y pidieron mi salida.
–¿Cómo ve la situación en la que estaban los pueblos indígenas en los años 60 y las condiciones actuales?
–Es otra dimensión. Se logró una transformación con la educación bilingüe porque las comunidades no querían maestros mestizos, sino gente que hablara su idioma. Preparamos a los primeros promotores indígenas en la zona cora-huichol, que era muy aislada. Establecimos el centro coordinador, ahora hay una universidad intercultural dentro de esa zona, en ese entonces no había ni una escuela.
–Después de todo el trabajo con pueblos indígenas, ¿qué lo llevó a enfocarse al tema de la pobreza?
–Los indígenas tienen 30 millones de hectáreas en posesión, pero la banca no lo reconoce y no son sujetos de crédito. La cantidad de tierras que tienen en la selva Lacandona es de gran valor. Los tarahumaras tienen 600 mil hectáreas llenas de bosque. A los mayas de Quintana Roo no les dan dinero para desarrollo turístico, es a las empresas trasnacionales. Para transformar la economía hay que adaptarse a las condiciones que ellos diseñan, no que nosotros lo diseñemos. El Estado mexicano, hasta hace 20 años, apenas reconoció las lenguas de origen nacional, incluido el mexicano: el náhuatl.

Foto La Jornada
 Periódico La Jornada

11/13/2018

Para leer las iniciativas del senador Monreal



Como sabemos, está por comenzar el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y, como también sabemos, el Congreso de la Unión ya está formalmente instalado con amplia mayoría de Morena. Tiene sentido la distinción para colocar la mirada en dos iniciativas del senador Ricardo Monreal, cuyo contenido y posible destino arroja luces y sombras sobre el alcance que tendrá un Poder Legislativo hegemónico frente a un titular del Ejecutivo que sustenta su fuerza en los 30 millones de votos que recibió en julio y aspira a lograr lo que ha denominado la cuarta transformación. Está en juego el principio de división de poderes y la orientación que prevalecerá.
El pasado 23 de octubre, el senador Monreal, en nombre del grupo de Morena, presentó una iniciativa que propone la abrogación de la actual Ley Agraria y la expedición de la Ley para el Desarrollo Agrario. La exposición de motivos se sustenta en el marco constitucional vigente, esto es, la contrarreforma salinista de 1992 al artículo 27 constitucional y su corolario peñista con la energética de 2013. El impecable sustento jurídico confirma el mensaje de Morena de que no tocará tan cuestionadas reformas por parte de campesinos e indígenas y a la vez tan festejadas desde el capital nacional y trasnacional.
La Ley Agraria vigente corresponde al espíritu de la contrarreforma de 1992. Ahora, consideró Morena, habrá que armonizar con la de 2013, esto es, darle continuidad. Como claramente analizó y denunció el abogado Carlos González, del Congreso Nacional Indígena (La Jornada, 3/11/18), el propósito central es reforzar los mecanismos para la privatización de las tierras ejidales y comunales y la destrucción de la propiedad social.
Se trata, señaló, de otra reforma estructural neoliberal que convalida poner la producción de hidrocarburos, de energía eléctrica y minera por encima de cualquier otra. Se reforzó el rol de la tierra como mercancía y colocó los ejemplos respecto a los contratos de usufructo, los derechos a la asociación, a la enajenación de las tierras ejidales, al dominio pleno, el otorgar las tierras en garantía, así como las modalidades para participar en proyectos de inversión pública y privada o aportar tierras ejidales y comunales a sociedades mercantiles o civiles.
En ese sentido se pronunció la Red Me­xicana de Afectados por la Minería, al considerar la iniciativa como amenaza para los derechos de los pueblos, que propicia la penetración de los capitales de inversión en los núcleos agrarios, como son las industrias extractivas, los proyectos energéticos, la urbanización y los agronegocios.
Dirigentes campesinos, indígenas y afromexicanos del movimiento campesino Plan de Ayala Siglo XXI presentarán en el Senado una contrapropuesta de Ley Agraria. Resultan naturales las posturas críticas expresadas, que también datan de tiempo atrás. Primero, con sorpresa, nos preguntamos cuál fue el telón de fondo de dicha iniciativa y observamos la velocidad para redactar una ley, luego vimos que se retomaron elaboraciones previas para introducir su armonización con la energética y colocar el tema de inversiones.
¿Cuál es la prisa? No sabemos, pero sí fue un indicador el que PRI, PAN y PRD la respaldaran (boletín 513 del Senado), claro, pues fueron los que aprobaron las de 2013. Parece una suerte de neopactito por México. Lo más destacable fue, sin embargo, el silencio desde todos los espacios del próximo gobierno: Sedatu, Sagarpa, Procuraduría Agraria y, por supuesto, el presidente electo. ¿Respeto a la autonomía del Senado?
Queda en el aire la ausencia de postura en un tema crucial. La siguiente iniciativa monrealista , hace cinco días, marcó el contraste: trata de la eliminación de comisiones que cobran los bancos por servicios financieros, las cuales representan, en promedio, 30 por ciento de sus ingresos . El solo anuncio causó pérdidas millonarias en el valor de los bancos que cotizan en la Bolsa Mexicana y desplomó el mercado bursátil .
Esta vez el presidente electo declaró que respeta al Senado, pero desde su campaña dijo que no se harían reformas fiscales los primeros tres años.
Al presidente de la República, cuando esté en funciones sólo le quedará el espacio del veto para no publicar la reforma si se aprueba en ambas cámaras. Ya en el escenario de virtual deslinde y abierta contradicción, en el Senado se ha matizado, señala que no se aprobará sin antes dialogar con los bancos. Cuestión que debería ser previa y que en el caso agrario e indígena también se omitió, ni diálogo ni consulta, como apunta el Convenio 169 de la OIT. La reacción diferenciada del presidente electo, ¿sería porque no afectan la bolsa mexicana, o porque la tierra como mercancía favorece al capital?

9/08/2018

Igualdad y territorio, la lucha común de las indígenas andinas


Esté artículo se vincula al Día Internacional de la Mujer Indígena, el 5 de septiembre, que conmemora la rebelión y muerte de la heroína indígena Bartolina Sisa.
Teresita Antazú, cornesha (máxima autoridad) yanesha, uno de los 55 pueblos indígenas reconocidos oficialmente en Perú, quien desde muy joven luchó contra el poder patriarcal y las variadas desigualdades que enfrentan las mujeres indígenas. En la imagen durante una movilización en defensa de los grupos originarios amazónicos. Crédito: Mariela Jara/IPS
LIMA, 3 sep 2018 (IPS) - “A los 18 años fui la primera dirigenta en mi organización, mi abuelo que era un machista pedía que me pegaran porque estaba sentada entre hombres”, recuerda Teresita Antazú, lideresa indígena del pueblo yanesha, en la Amazonia peruana.
Ahora, cuando está por cumplir 57 años y tras una vida dedicada a romper barreras, considera que en las últimas tres décadas las mujeres indígenas de su país y de toda la región andina han logrado visibilidad, reconocimiento formal de sus derechos y apertura de las instituciones a sus demandas.
Pero todavía siguen víctimas de violencias cruzadas por su condición de mujeres e indígenas, así como de discriminación y de amenazas crecientes sobre sus territorios, dijo a IPS la primera mujer cornesha (máxima autoridad) de la Federación de Comunidades Nativas Yaneshas, desde Constitución, en la selva central peruana, donde reside.
“Si los gobiernos no saben cómo vivimos las mujeres indígenas y los problemas que enfrentamos cada día, no podrán hacer políticas públicas que respondan a nuestras necesidades”: Teresita Antazú.

Antazú,  la primera mujer que es cornesha (máxima autoridad) de la Federación de Comunidades Nativas Yaneshas, sintetiza como de “persistentes deudas sociales” el escenario en sobrevive la población femenina indígena en los países andinos.
Para Rosa Montalvo, documentalista ecuatoriana con 25 años de trabajo con mujeres indígenas en la región andina, es justamente su actual lucha por el territorio y la igualdad el hilo de continuidad con la gesta de Bartolina Sisa, la aymara ejecutada en 1782 por rebelarse ante la opresión de los conquistadores españoles.
Es en homenaje a esta heroína indígena que el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América Latina, realizado en Bolivia en 1983, instituyó el 5 de setiembre como el Día Internacional de la Mujer Indígena.
“Como Bartolina Sisa, las mujeres indígenas están en la brega por existir, por vivir en sus localidades y mantenerse como culturas, como pueblos y tener las oportunidades que merecen preservando la continuidad de las nuevas generaciones y más ahora que la arremetida a sus territorios es más fuerte”, dijo Montalvo a IPS desde Quito.
Se refiere por ejemplo al caso de Colombia, donde la Organización Nacional Indígena que agrupa a 102 pueblos denunció que entre noviembre de 2016 y julio de este año fueron asesinados 65 líderes defensores por acción de grupos armados ilegales. Es justo desde que en el país se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno y la guerrilla, que puso fin a medio siglo de conflicto.
La ecuatoriana Rosa Montalvo, con más de 25 años de trabajo ininterrumpido con las mujeres indígenas, contribuyendo a desarrollar procesos de fortalecimiento y liderazgo femenino dentro de los pueblos originarios, durante un encuentro sobre el tema en Lima. Crédito: Mariela Jara/IPS
“Las comunidades indígenas han quedado más vulnerables en un grave escenario de disputas territoriales siendo las mujeres severamente afectadas porque permanecen en sus territorios para sostener la vida quedando expuestas a la violencia”, explicó Montalvo, integrante también de la no gubernamental Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra.
Triple discriminación y violencia

Rosa Montalvo, especialista en mujeres indígenas y campesinas andinas, sostiene que la triple discriminación por etnia, clase y género hacia las mujeres indígenas es una constante en toda la región.
Le suma a esta trenza el rasgo común de la violencia interna, no solo de la pareja, sino el desarraigo que provoca la pérdida de referentes culturales por la presencia de mega obras (carreteras, represas, entre otras), o actividades extractivas.
“Es muy violento ver que desaparece el apu (montaña sagrada), el cementerio, todo lo que ha significado para la vida de los pueblos. Estos cambios en los territorios afectan en términos económicos y de despojo, y de manera subjetiva, sobre todo a las mujeres”, dice.
Es así, explica, porque son ellas quienes más han defendido su identidad y presencia. “Se ven como las madres que van a preservar las generaciones futuras. Esta labor de resistencia las coloca en el centro de las disputas territoriales y son afectadas por los nuevos intereses que entran a las comunidades”.
Montalvo indica que sus esposos muchas veces pueden ser tentados por las empresas que les ofrecen trabajo. Por su rol de proveedores en contextos de crisis productiva del campo por el cambio climático y escasez de tierras, ellos aceptan. 
“Entonces es la mujer quien hace la resistencia porque sabe que la tierra permite la continuidad de la vida. Vive la arremetida de la empresa hacia afuera y del esposo hacia adentro, con la desventaja que tiene menos articulaciones con el exterior, menos formación, conocimiento de la legislación y recursos económicos”, explica.

La amenaza a los territorios con los impactos en las vidas de los pueblos y de las mujeres se da también en países como Ecuador y Bolivia pese a sus Constituciones progresistas, postuló Montalvo.
“En los dos países, continúa el modelo primario exportador para obtener recursos y eso significa arremeter en los territorios indígenas”, dijo la especialista ecuatoriana. 
El territorio es la vida para los pueblos y mujeres indígenas, allí encuentran los medios para sustentarse, se reproduce su cultura y forma de ver el mundo. Si estos son atacados se pone en riesgo la existencia misma.
Los Estados andinos han suscrito la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que garantizan la consulta previa e informada para poder realizar proyectos de inversión en los territorios de las comunidades indígenas.
Sin embargo, los compromisos se incumplen y las actividades extractivas impactan sobre los medios de vida de las poblaciones, culturas y cosmovisiones, indican especialistas y dirigentes indígenas.
“Por eso nosotras hablamos de violencia en plural, como violencias que se producen en nuestros cuerpos y en nuestros territorios” explicó a IPS la peruana Tarcila Rivera, integrante del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.
Rivera, vicepresidenta del Centro de Culturas Indígenas de Perú Chirapaq, que formó hace 34 años, refirió que cerca de la mitad de las mujeres indígenas de América Latina habita en territorios donde los Estados han multiplicado las concesiones para megaproyectos y actividades extractivas.
Pero se trata de zonas que, al mismo tiempo, se caracterizan por la pobreza y la postergación de sus poblaciones.
“Luchamos para que en el área rural no se concilie la violación de una niña a cambio de dinero o bienes y para evitar el despojo de nuestras tierras, la contaminación de nuestros ríos y huertos”, señaló en Lima.
Rivera es una activista indígena reconocida mundialmente y que sigue las enseñanzas dadas por su madre en su natal Ayacucho, la región del centro de los Andes peruanos golpeada especialmente por el conflicto armado que azotó el país en los años 80 y 90.
“Mi madre murió analfabeta, pero tenía una gran sabiduría para enfrentar los problemas y crear soluciones”, recordó.
“Si tú quieres tener una pollera (faldón andino) nueva o comer algo especial, me decía, tienes que tener tu propio dinero, no te falta capacidad, fortaleza espiritual y puedes salir adelante”, citó como ejemplo de sus consejos a favor de su autonomía y empoderamiento.
En más de 30 años de activismo nacional e internacional por los derechos de las mujeres indígenas, destaca como logros importantes el haberse organizado, hablar con voz propia y articular desde lo local a lo global.
La peruana Tarcila Rivera, impulsora de la organización y articulación de las mujeres indígenas a nivel local y mundial, quien defiende los derechos de la población femenina nativa en los foros internacionales. En la imagen, en una comunidad de Ayacucho, en los Andes peruanos, de donde es originaria y dónde abandera el acceso a la educación de niñas y adolescentes indígenas. Crédito: Cortesía de Chirapaq
Impulsora también del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, Rivera coloca como desafío prioritario internacionalmente la erradicación del racismo hacía las mujeres de pueblos originarios, que considera una de las violencias estructurales en su contra.
“El racismo daña la autoestima, es la discriminación a tu identificación étnica, te hacen sentir menos porque eres mujer, por no hablar castellano, por ser pobre, por vivir en el monte”, afirmó.
Como consecuencia, “no tienes herramientas para defenderte ya sea del hombre que en tu casa te golpea o de un policía que injustamente te maltrata por reclamar tus derechos, y eso lo tenemos que erradicar en nuestros países”, afirmó la lideresa indígena.
En la región andina, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), es Bolivia el país con mayor porcentaje de población indígena, con 62 por ciento del total, seguido de Perú (24 por ciento), Chile (11 por ciento), Ecuador (siete por ciento). Colombia (tres por ciento) y Venezuela (2,7 por ciento).
Desagregar los datos por sexo y establecer diferentes variables en relación a violencia, salud, empleo, educación, vivienda, es otra de las deudas de los Estados que coinciden en señalar Atanzú y Rivera.
“Si los gobiernos no saben cómo vivimos las mujeres indígenas y los problemas que enfrentamos cada día, no podrán hacer políticas públicas que respondan a nuestras necesidades”, expresó Antazú.
Consultadas sobre su horizonte en 10 años, coinciden que se ven con presencia más equitativa en los espacios de decisión a nivel local, regional y nacional; y con niñas y jóvenes indígenas que reciben una educación de calidad que las haga sentirse capaces de comerse el mundo.
“Y sin esas miradas que nos gritan: ¿y tú, qué haces acá?”, remarcó Rivera.
Edición: Estrella Gutiérrez