9/26/2016

PRENSA MÉXICO LUNES 26 DE SEPTIEMBRE 2016

1.2 millones de pesos recibió Ochoa Reza como liquidación de la CFE

/Ochoa rechaza linchamiento contra Duarte y defiende finiquito de 1.7 mdp de CFE (video)/La CFE gastó 5.2 mdp en las liquidaciones de los últimos 4 directores que renunciaron/Igual que Ochoa Reza, otros directores de CFE cobraron finiquitos mayores/2018 ¿Segunda vuelta?/Ayotzinapa: 2 años, 43 desaparecidos, 180 detenidos… ninguna sentencia//#DatosCerrados | Tomás Zerón, señalado de “sembrar” evidencia en caso Ayotzinapa, ganó más de 7 mdp/


REFORMA

El Gobierno de Coahuila paga decenas de millones de pesos del erario a empresas fantasma. Se trata de presuntas compañías que tienen sus domicilios lo mismo en bodegas, casas inhabitadas y vecindades que en viviendas de fraccionamientos populares y edificios de oficinas donde nadie las conoce en la Ciudad de México, Monterrey y Saltillo. Aunque facturan millones, no tienen portales en internet ni teléfonos ni logotipos de identidad ni correos electrónicos, pero a esas empresas el Gobierno del priista Rubén Moreira les otorga contratos millonarios a través de adjudicaciones directas. Una investigación de Grupo Reforma encontró que, además de registrar domicilios fantasma, la mayoría de estas firmas facturan servicios de consultoría, así como venta de muslo y pierna de pollo, huevo, bolos infantiles, edredones, cobijas, medicamentos y materiales de curación.

EL FINANCIERO

El tricolor informó que luego de que la PGR atrajera el caso y por tratarse de un tema de enriquecimiento ilícito la suspensión es el primer paso para una eventual expulsión; el gobernador de Veracruz recibió demandas de PRD, PAN, MC, Morena y Yunes.Fuentes del Partido Revolucionario Institucional confirmaron que este lunes su Comisión Nacional de Justicia Partidaria retirará los derechos como militante al aún gobernador de Veracruz, Javier Duarte.Se informó a El Financiero que la Comisión de Justicia dictaminará en contra del mandatario, luego del anuncio de la Procuraduría General de la República (PGR) de atraer el caso, por tratarse de acusaciones de enriquecimiento ilícito, lo que implicaría su expulsión del partido.Al mismo tiempo, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados anunció su plena disposición de poner sobre la mesa las siete solicitudes de juicio político que hay contra Duarte.La diputada federal priista Mercedes del Carmen Guillén, presidenta de la Comisión de Gobernación y copresidenta de la Subcomisión de Examen Previo en San Lázaro –instancia encargada de revisar y analizar el contenido y la procedencia o no de las peticiones de juicio político– aseguró que “tenemos la instrucción precisa para no frenar o distraer, o incluso obstaculizar, el desahogo de algún expediente”.Por ello adelantó que en la próxima reunión –el 29 de septiembre– se va a proponer una metodología de trabajo para canalizar y darle cauce a los diversos asuntos, que “hoy tendrán que resolverse”. En ese mismo sentido se pronunciaron los priistas Álvaro Ibarra Hinojosa, presidente de la Comisión de Justicia –y otro de los copresidentes de la Subcomisión de Examen Previo– y el vicecoordinador de la bancada tricolor, Jorge Carlos Ramírez Marín. En las denuncias, a Duarte de Ochoa se le acusa de corrupción, violaciones a las leyes electorales, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, inseguridad y violencia en el estado. 

La Procuraduría General de la República (PGR) ha erogado al menos 22.4 millones de pesos a las investigaciones para esclarecer la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.Desde el 4 de octubre de 2014, cuando asumió el caso, la dependencia ha destinado 18.8 millones de pesos a sueldos de personal que labora en las indagatorias.De acuerdo con una respuesta de la PGR a una solicitud de información, pagó 3.2 millones de pesos para elementos especializados de la SEIDO y 16 mil 830 euros, equivalentes en su momento a 308 mil 236.40 pesos, a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para la identificación de restos óseos hallados en Cocula.Hoy, al cumplirse dos años de los hechos ocurridos en Iguala, se prevén manifestaciones en la Ciudad de México, Guerrero y Chiapas.Investigación  cuesta $22.4 millones a la PGR. La mayor parte de esa cifra, 18.8 mdp, ha sido para sueldos de quienes colaboran en las indagatorias.La Procuraduría General de la República (PGR) ha gastado un total de 22 millones 415 mil 929 de pesos en el caso Iguala, desde que el 4 de octubre de 2014 atrajo las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida hace dos años, entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.Esa cantidad incluye los estudios realizados por la Universidad de Innsbruck para identificar los restos óseos localizados en el bausero de Cocula y en el Río San Juan, en el estado de Guerrero.De este total, tres millones 212 mil 840 pesos corresponden al concepto de viáticos (hospedaje, alimentación y traslado) de personal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de secuestro y de la Coordinación General de Servicios de Apoyo, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), para “realizar diligencias ministeriales realizadas en la investigación del caso Iguala”, se señala en la respuesta a una solicitud de acceso a la información sobre los gastos erogados por la PGR desde que atrajo el caso.
EXPANSIÓN CNN

1.2 millones de pesos recibió Ochoa Reza como liquidación de la CFE

La Comisión Federal de Electricidad afirmó que la liquidación y gratificación del actual dirigente priista se realizó en estricto apego a la normatividad vigente desde 2002. Más de un millón de pesos recibió Enrique Ochoa Reza por concepto de liquidación y gratificación por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que presentó su renuncia el pasado 8 de julio para buscar la presidencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).De acuerdo con información difundida este domingo por Méxicoleaks, el actual dirigente priista recibió un cheque por un 1.2 millones de pesos en concepto de liquidación y gratificación por concluir su relación en la dirección general de la CFE, cargo que ocupó del 4 de febrero de 2014 al 8 de julio de este año.“Considero que es legal, pero también considero que la participación y la organización de la CFE sobre cómo pagarle a sus trabajadores corresponde a un procedimiento que está establecido previamente y que yo la verdad no tengo más que ser sujeto pasivo de ella”, dijo Ochoa Reza en entrevista con Méxicoleaks.

En la víspera de que el gobernador de Veracruz sea sancionado y le sean retirados sus derechos partidistas, el presidente del PRI, Enrique Ochoa, aseguró que no hay un linchamiento del PRI contra Javier Duarte."Hay tres elementos fundamentales que analizar en casos como estos, primero, seamos los priistas los primeros garantes en la transparencia y rendición de cuentas de nuestros propios gobiernos; en segundo lugar tenemos que ser también muy puntuales en señalar los actos de corrupción de otros partidos políticos."Pero en tercer lugar, en aquellos casos, cuando las acusaciones sean falsas y cuando se presenten pruebas que no son veraces, en consecuencia también el partido tiene que defender la buena reputación de los militantes que falsamente han sido señalados", señaló.Ochoa dijo creer en el respeto a los derechos procesales y que, por esa misma razón, ha impulsado en el PRI procesos ante la Suprema Corte y ante el Senado de la República, para acelerar la impartición de justicia, respetando derechos procesales, pero también cumpliéndole a los ciudadanos el cumplir con un reclamo de transparencia y rendición de cuentas. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, dijo que con la filtración de los documentos de su presunta liquidación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se le quiere intimidar y detener, pero afirmó que seguirá con estos procesos contra priistas.

México importará en 2017 un volumen promedio de 616.2 mil barriles diarios de derivados del petróleo, tales como gasolina y diésel que comprará a Estados Unidos a través de la empresa subsidiaria Pemex Transformación Industrial (TRI), con base en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto para el próximo año.Lo anterior, posiciona a México como un país altamente dependiente de Estados Unidos, principalmente en la producción de gasolinas y diésel, por mencionar algunos de los derivados petrolíferos que comprará a ese país, pues el Departamento de Energía de Estados Unidos prevé que estos insumos eleven su precio el próximo año.A través de un reporte de 2016 con fecha del 15 de septiembre, la Annual Energy Outlook 2016, la US Energy Information Administration advirtió que es posible que los precios de las gasolinas en el mercado estadounidense pasen de 2.08 a 2.26 dólares por galón, lo cual implica un alza de 18 centavos de dólar (8.6%).Dicho aumento no sólo tendrá impacto en el bolsillo de los consumidores estadounidenses, sino también en el de los mexicanos, puesto que el gobierno deberá de pagar más por importaciones y a su vez repercutirá en el alza de precio para el consumidor.Especialista comenta.Acerca del tema Luis Miguel Labardini, socio director de la firma Marcos y Asociados, explicó que se están alineando las variables para que el precio de las gasolinas supere la barrera de los 15 pesos o incluso el de los 16 pesos por litro el próximo año. 

ANIMAL POLÍTICO
El Manual de trabajo de la CFE establece que todo mando que renuncie tiene derecho a una compensación, pero no a una indemnización. Los exdirectores se rigen con otra norma, que les brinda liquidaciones aun cuando ellos renuncien.En los últimos cinco años, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pagó 5.2 millones de pesos por las liquidaciones de cuatro exdirectores que estuvieron menos de tres años en el cargo y renunciaron: Antonio Vivanco, Jaime González, Francisco Rojas y Enrique Ochoa.El de menor antigüedad es Jaime González Aguadé, actual director de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Dirigió la CFE sólo cinco meses y recibió 687 mil pesos de liquidación. Es decir, por renunciar obtuvo un monto equivalente al salario por cuatro meses de trabajo.Los cálculos de la CFE revelan que la salida de los exfuncionarios fue tratada legalmente como un despido por parte de la empresa y, por tanto, recibieron “indemnizaciones” económicas, aunque en todos los casos fueron de renuncias.El cálculo por concepto de “separación voluntaria” (renuncia) para los cuatro exfuncionarios sumaría sólo 732 mil pesos de compensación económica; es decir, siete veces menos de lo que finalmente la CFE pagó por concepto de liquidaciones.A partir de documentos enviados a la alianza Méxicoleaks https://mexicoleaks.mx, de la que Animal Político es parte,  se comprobó que Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, consiguió 1.2 millones de pesos como liquidación tras su renuncia a CFE el pasado 8 de julio.Representantes de la Comisión aseguraron que el monto calculado para el priista fue correcto y se ha aplicado el mismo método para todos los exdirectores, según lo establece el reglamento que rige los contratos de altos mandos de empresa productiva del Estado. Según documentos obtenidos por los medios que conforman Méxicoleaks, la CFE ha repetido el procedimiento administrativo para dar millones de pesos de recursos públicos a quienes dejan el cargo de la empresa.Sin embargo, abogados laborales consultados, aseguran que se trata de un “pago indebido”, toda vez que una “liquidación” sólo aplica cuando el trabajador es despedido. Según la Ley Federal del Trabajo, cualquier trabajador que renuncia a su empleo sólo tiene derecho a la parte proporcional de sus prestaciones con base en su antigüedad.Pero estos funcionarios públicos han tenido un trato distinto.
El gobierno de Rubén Moreira ha facturado millones a empresas cuyos domicilios no existen o que no están registradas en el padrón de proveedores. Ha pagado por consultorías a empresas que venden huevo y pollo.El Gobierno de Coahuila, a cargo de Rubén Moreira, pagó facturas millonarias a empresas fantasma cuyos domicilios están en bodegas, casas abandonadas y vecindades ubicadas en la Ciudad de México, Monterrey y Saltillo.De acuerdo a una investigación del diario Reforma, estas empresas facturan servicios de consultoría, y venta de insumos como edredones, cobijas, medicamentos además de alimentos.Algunas de las empresas señaladas en el reporte son Nuberia Comercial de México y Consultora Murano, en la Ciudad de México; Comercializadora Vilansa y Operadora de Negocios Egeo, en Monterrey, y Riviera Álamo, en Saltillo, son algunas de las firmas favorecidas por el obierno estatal.También se detectaron las empresas Asha Consultores Especializados, Consultorías Bardo, Vilzel Consultoría Integral y Hotelería y Alimentos GRF, todas en la Ciudad de México.Nuberia Comercial se ha adjudicado este año al menos cinco contratos por asignación directa por un total de 77 millones 513 mil pesos por la compra de colchonetas, colchones, material de curación, paquetes quirúrgicos y medicamentos, indica Reforma.Sin embargo la empresa no aparece en el Padrón de Proveedores y Contratistas del gobierno estatal vigente.La firma Riviera Álamo – ubicada en Saltillo – ha facturado este año más de 24 millones de pesos al erario por contratos directos, sin licitación.Las empresas carecen de portales de internet, teléfonos y otras no tienen oficinas donde dicen estar establecidas.De acuerdo a fuentes de la Secretaría de Finanzas de Coahuila, los pagos a estas empresas se realizan por órdenes de los altos mandos. Uno de ellos sería el Subsecretario de Administración de la Sefin, Julián Montoya.En algunos casos, lo que ofrecen las empresas no corresponde con lo que factura el gobierno.Un ejemplo es Consultora Murano recibió del estado 15 millones de pesos por la compra de huevo blanco, pierna y muslo de pollo, pese a que esta empresa es proveedora de asesorías.
PROCESO

Al igual que Enrique Ochoa Reza, los últimos cuatro directores generales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cobraron finiquitos mayores a los que les correspondían porque se separaron de manera voluntaria de sus cargos, de acuerdo con documentos obtenidos por la alianza Méxicoleaks.La alianza, de la que Proceso forma parte, reveló ayer que el pasado 8 de julio –en su último día como director de la empresa– Ochoa Reza solicitó y obtuvo de la CFE una liquidación por un millón 206 mil 271 pesos, equivalente a 253 salarios diarios, o a dos días de salario por cada semana que pasó en la nómina de la empresa.Ese mismo día renunció a la dirección general de la empresa para postularse a la presidencia del PRI nacional, que consiguió cuatro días después. La investigación mostró que según la normatividad de la empresa productiva del Estado, le correspondía un finiquito de 231 mil 118 pesos, un monto cinco veces menor al que recibió.En su defensa, el exdirector de la CFE aseveró que fue un “sujeto pasivo” en su proceso de liquidación, y planteó que la empresa productiva del Estado calculó su finiquito con base en la misma normatividad que aplicó a sus antecesores en el cargo; esa es la fracción segunda del artículo 33 del Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de Mando de la CFE.La fracción mencionada establece que en un caso de liquidación –distinto a la separación voluntaria, cuyas reglas quedan estipuladas en la fracción primera del artículo 33–, la CFE otorgará al servidor de mando un finiquito base de 120 salarios diarios, más 55 días de salarios diario por cada año de servicios prestados.Documentos obtenidos por la alianza Méxicoleaks confirman que la CFE aplicó el mismo cálculo en el caso del priista Francisco José Rojas Gutiérrez, el antecesor de Ochoa Reza en el cargo. Rojas Gutiérrez cobró un finiquito neto de 878 mil 973 pesos cuando abandonó la dirección general de la CFE “por motivos personales” en febrero de 2014, después de un año y 66 días en el cargo. De acuerdo con la normatividad, le tocaba un finiquito de 112 mil 520 pesos.Jaime González Aguadé, quien fungió como director general de la CFE durante los últimos cinco meses del sexenio de Felipe Calderón –entre el 29 de junio de 2012 y el 1 de diciembre del mismo año–, salió de la CFE con un cheque de 687 mil 741 pesos. Preside ahora la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Por seis meses en el cargo, su finiquito debió ser de 39 mil 564 pesos.
REPORTE ÍNDIGO
En menos de dos años se elegirá un nuevo presidente y se pronostica una competencia reñida. En el Senado se está desempolvando una iniciativa para crear la figura de la segunda vuelta electoral y enfrentar el riesgo que implica una elección cerrada como la registrada en el 2006. La inquietud por revivir el debate sobre la segunda vuelta electoral, el tema tabú desde hace una década en México, comienza a tomar fuerza de cara al 2018.La semana pasada, la Mesa Directiva del Senado pidió desempolvar una iniciativa ciudadana sobre el tema presentada hace dos años en la Cámara alta.El trámite podría servir para elevar nuevamente el tema al debate legislativo, que ya cuenta con el apoyo del PAN.Sea por evitar una crisis política como la que se vivió en el 2006, o por un interés meramente electoral, los expertos consideran que resucitar el tema de la segunda vuelta tan cerca de la sucesión presidencial es riesgoso, lo que puede complicar su negociación.Reconocen que aunque pareciera que las condiciones no están dadas para la aprobación de una figura que cambiaría radicalmente la democracia en México, un cambio de rumbo de último minuto, impulsado desde el PRI, podría modificar el escenario.El PAN ha fijado abiertamente el tema como una de sus prioridades para este periodo de sesiones; ese partido ha impulsado la segunda vuelta desde el 2009, cuando el entonces presidente Felipe Calderón envió una iniciativa para introducir esa figura.En la reforma político electoral del 2014, la segunda vuelta fue sacada del debate por presión del tricolor.Históricamente el PRI se ha opuesto siquiera a la discusión del tema. No les gusta hablar de él, prefieren compartir sus puntos de vista de forma callada; nadie quiere comprometerse con una postura pública.La última vez que alguien del PRI habló sobre el tema de la segunda vuelta fue en noviembre del 2015, cuando su todavía líder nacional, Manlio Fabio Beltrones, fue cuestionado sobre si la apoyaría o no. La respuesta fue que ya existían mecanismos que permitían conformar acuerdos de gobernabilidad.
ARISTEGUI NOTICIAS
Ayotzinapa_reunion_PGR-1 erhFelipe de la Cruz y Vidulfo Rosales celebran que se esté investigando la línea que apunta a la participación de policías municipales de Huitzuco, aunque aclaran que ésta la reveló el GIEI.Felipe de la Cruz, vocero de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, y el abogado Vidulfo Rosales, condenan que a dos años de los sucesos violentos de Iguala, Guerrero, no se haya determinado el paradero de los jóvenes ni se haya emitido una sola sentencia, pese a que se ha detenido a 180 personas.En entrevista para Aristegui Noticias, Vidulgo Rosales considera como un avance el que se haya comenzado a indagar la línea de investigación que involucra a policías de Huitzuco, pero acota que ésta fue descubierta por los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH y que hasta el momento no se ha detenido a ningún elemento de esa corporación, pese a las pruebas con las que cuenta ya la PGR.“Creo que hoy es la línea más coherente, más sólida, que nos indica una nueva ruta de desaparición de los estudiantes, la cual resulta mucho más congruente, mucho más clara y ojalá pues pueda privilegiar esta línea de investigación, eso es lo que nosotros esperamos“, dijo el abogado de familiares de los normalistas desaparecidos.Sin embargo, Felipe de la Cruz considera que no se puede hablar de avances aún: “Definitivamente, a dos años el actuar de la PGR, ha sido una simulación como de todo el gobierno de México porque si no fuera así nosotros tendríamos noticia de los jóvenes, o al menos saber la causa o la razón por la cual se cometió ese crimen, pero estamos como al principio”.Pidió agotar la línea de investigación de Huitzuco, pues los informes de GIEI han evidenciado que “a través de la tortura formaron y crearon la verdad histórica”.
Por medio de un oficio, la dirección corporativa de administración y servicios de Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitó miles de desalojos al dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (SNTPRM), Carlos Romero Deschamps.Dicha dirección solicitó que los trabajadores que laboraban en 19 áreas de extracción de hidrocarburos, licitadas en la ronda uno, salgan de aquellas zonas, “a fin de entregar dichos campos a las trasnacionales y empresas privadas ‘limpias’”, es decir, sin un solo sindicalizado petrolero.‘‘El personal sindicalizado que labora en las instalaciones involucradas prestará sus servicios en dichas áreas hasta las 23 horas con 59 minutos del día 7 de agosto del 2016, tomándose el tiempo necesario para una entrega segura’’, señala el oficio 00828, el cual se encuentra firmado por el subdirector de relaciones laborales y servicios al personal de la dirección de Pemex ya referida, Marco A. Murillo Soberanis.En dicho texto, también Murillo indica a Romero Deschamps: ‘‘Le agradeceré se continúen las pláticas que hasta el momento hemos realizado para concretar los acuerdos necesarios respecto del personal de planta sindicalizado que resulta involucrado’’. Lo que significaría que entre la empresa y sindicato dieron inicio a las negociaciones para definir el destino laboral de estos trabajadores.El oficio pide el desalojo de miles de trabajadores sindicalizados de las áreas de extracción: Moloacán, Pontón, La Laja, Paso de Oro, Tecolutla y Cuichapa Poniente, en Veracruz; Peña Blanca, Carretas, Calibrador, Mareógrafo, Benavides Primavera, Duna y San Bernardo, en Nuevo León; Barcodón y Ricos, en Tamaulipas; Catedral, Mundo Nuevo, Topén y Malva, en Chiapas; Paraíso, Tajón, Fortuna Nacional, Mayacaste y Calicanto, en Tabasco, entre otros.Por dicha situación, esos miles de trabajadores que se quedaron sin lugar y materia de trabajo, han sido enviados a diversos centros, y aunque han buscado la reubicación no han tenido éxito, sin embargo, la reforma energética, en su artículo transitorio segundo, versaba que a los trabajadores se les respetarían los derechos laborales a los petroleros, y tanto Enrique Peña como los sucesivos directores de Pemex y funcionarios de esa empresa señalaron insistentemente que no habría despidos.
SINEMBARGO
Foto: CuartoscuroSegún su ingreso bruto, Tomás Zerón de Lucio le costó a los mexicanos siete millones nueve mil 500 pesos. Estuvo 36 meses como Director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, despacho desde el cual llevó la investigación de la desaparición de los 43. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lo señaló de manipular la evidencia en el Río San Juan de Cocula, Guerrero, zona que visitó poco antes del informe de la “verdad histórica”; pero él defendió que su presencia ahí tuvo fines investigativos. Renunció hace doce días, pero no se fue al desempleo. Ahora es secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y gana 203 mil 875 pesos al mes.La gestión de Tomás Zerón de Lucio como Director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, unidad creada en el seno de la Procuraduría General de la República (PGR) en septiembre de 2013, costó siete millones nueve mil 500 pesos, consta en el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT).Cada uno de los 36 meses que estuvo en ese despacho, con la responsabilidad de los asuntos de interés nacional, el funcionario señalado de sembrar evidencias en las indagatorias de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Superior Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, percibió 194 mil 708 pesos con 34 centavos.El 14 de septiembre pasado -a 12 días del segundo aniversario de la tragedia de Ayotzinapa- presentó su renuncia. En el desempleo duró apenas unas horas. La misma noche de su dimisión, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lo nombró secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, cargo en el que ahora percibe 203 mil 875 pesos de salario bruto al mes.En manos de Zerón de Lucio quedó la investigación de la desaparición de los 43 normalistas, la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014, el evento que hizo caer la aprobación de la gestión del Gobierno de Enrique Peña Nieto. Poco antes de dejar México y cumplir el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el funcionario fue señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como la persona que manipuló evidencias en el Río San Juan de Cocula, Guerrero, y las convirtió en datos cerrados.
LA JORNADA 
Afecta a miles que laboraban en 19 áreas de extracción

Partió la orden de Pemex al dirigente Carlos Romero Deschamps
El objetivo, dejar limpias las zonas para consorcios privados ganadores
Hay flagrante violación de derechos, acusa unión de agremiados
Patricia Muñoz Ríos
Fotoportada
Oraciones transfronterizas
Activistas rezan junto al muro construido por Estados Unidos en la frontera con Tijuana. La Patrulla Fronteriza ha abierto los fines de semana un parque en San Diego para permitir la reunión entre migrantes y sus familiares que habitan del lado mexicano Foto Afp

Presentaba ocho disparos; con él suman 19 clérigos asesinados: CEM
El Ceesp demanda al Congreso ser agresivo en la corrección del paquete 2017
"Es preocupante que se asignaran más recursos al pago de intereses y estados"
opinión
Lorenzo Córdova
columnas
Ortiz Tejeda
Rayuela : Por fin una excelente noticia. Hoy, en la hermosa y sensual Cartagena de Indias, se pondrá fin a 52 años de guerra fratricida. ¡Que dure!

La planta de gas de IEnova opera junto a área habitacional
Distribuye enorme cantidad de ese combustible, alertan ambientalistas
Es vecina de complejo de la CFE y tiene cercanía con desarrollo turístico
Los permisos que logró el consorcio violan el reordenamiento territorial

La Jornada Baja California

"Haré pagar prácticas corruptas del pasado"

Fotocontraportada


La población colombiana de Carmen de Bolívar disfruta un concierto de paz en la víspera de la firma del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Foto Ap

El presidente Santos y Timochenko pondrán fin en lo formal al conflicto armado
Asistirán 16 jefes de Estado al acto en Cartagena


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