La Jornada
La impunidad está plenamente
identificada como uno de los principales lastres para el estado de
derecho y el desarrollo económico de México: si por una parte la falta
de castigo a los crímenes de alto impacto ha permitido que se perpetúe
la espiral de violencia que desde hace más de una década amenaza la
integridad física y patrimonial de los mexicanos, por otra, la evasión
de las consecuencias legales en los casos de corrupción hace que este
abanico de ilícitos le cueste a la economía nacional la pérdida de entre
5 y 10 por ciento de su producto interno bruto.
En particular, la ciudadanía percibe como inaceptable la impunidad de
la que suelen gozar los funcionarios de todos los niveles y órdenes del
gobierno que incurren en actos de corrupción, tanto por el hecho de que
son precisamente los servidores públicos los primeros responsables de
cumplir y hacer cumplir las leyes, como por la indignación que genera el
desvío de recursos provenientes de los bolsillos de los propios
ciudadanos.
Debe recordarse que los interminables escándalos de corrupción y la
nula voluntad de sancionar a los culpables constituyeron uno de los
rasgos más acusados de la pasada administración priísta, así como una
causa directa de la histórica debacle electoral que dicho partido
político sufrió en los comicios de 2018.
La percepción ciudadana acerca de la impunidad reinante durante los
años recientes se encuentra respaldada por las cifras; de acuerdo con
información dada a conocer por la Secretaría de la Función Pública (SFP,
dependencia federal encargada de vigilar el desempeño de los
funcionarios públicos e inspeccionar el uso del gasto, entre otras
atribuciones), de 11 mil 864 expedientes recibidos en 2018 por
responsabilidades que involucraban a servidores públicos, sólo 901 casos
se saldaron con una sanción, mientras 4 mil 696 concluyeron sin castigo
y 6 mil 200 siguen en proceso de análisis. El altísimo grado de
ineficacia en la persecución de las malas prácticas de los funcionarios
resulta especialmente agraviante si se considera que la SFP recibe para
su operación una ingente cantidad de recursos del erario: mil 191
millones de pesos, únicamente en año anterior.
Si por un lado queda claro que el gobierno entrante recibió de su
antecesor una situación desastrosa en la materia, es en la misma medida
evidente que las autoridades actuales no podrán dar por cumplida la
Cuarta Transformación de la vida pública ofrecida en campaña por el
presidente Andrés Manuel López Obrador mientras no se haya atajado de
manera efectiva y convincente la impunidad que hasta hoy cubre los actos
de corrupción cometidos por servidores públicos.
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