La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) Nashieli Ramírez Hernández, indicó que hasta 2022, había más de 226 mil personas privadas de la libertad en centros penitenciarios, federales y estatales, de las que 12 mil 156 personas (5.6%) eran mujeres.
De acuerdo con la ONU-DH, la inobservancia de los derechos de las mujeres en prisión, en especial en la prisión federal para mujeres en Morelos, donde ha ocurrido la muerte de 15 mujeres en los últimos tres años, algunas de ellas aparentemente por suicidio, demuestra un problema en el sistema penitenciario que el estado mexicano no está atendiendo y resuelto.
Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) de 2021, el 39.8 % de las mujeres privadas de su libertad han sufrido algún tipo de agresión después de su detención; el 15.5 % algún tipo de agresión sexual; y el 4.8 % violación sexual.
Las inadecuadas condiciones de detención, el hacinamiento, los problemas de autogobierno y corrupción, los esquemas rígidos de aislamiento administrativo y las deficiencias en las políticas de reinserción, son algunos de los retos que han sido señalados por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos en cuanto a derechos humanos para las mujeres y hombres en prisión.
Además, el abuso de la prisión preventiva y la existencia misma de la prisión preventiva oficiosa han exacerbado estos desafíos. Cabe señalar que a nivel nacional, el 42.2% de los hombres privados de libertad se encuentran en prisión preventiva mientras que en el caso de las mujeres el porcentaje asciende a 52.6%. La diferencia por estado es aún más grande.
La ONU-DH también recuerda que las prisiones en México albergan principalmente a personas en situación de pobreza y marginación, quienes enfrentan una mayor vulnerabilidad debido a las difíciles condiciones de detención en las prisiones.
Daniela Anciera, directora general y cofundadora de La Cana, un proyecto social que busca crear oportunidades para las mujeres privadas de la libertad, reafirma este dato, pues en entrevista con MVS señaló que en el penal Chiconautla en Ecatepec alrededor del 10 por ciento de las mujeres recluidas podrían salir por un promedio de 8 mil pesos por delitos menores.
Sin embargo, debido a su situación económica precaria, no les es posible pagar la fianza y deben quedarse en la cárcel; algunas mujeres incluso sólo deben pagar una multa de 400 pesos mexicanos.
«Son mujeres que están por delitos menores como robo que, por no poder pagar una fianza o una buena defensa, están en la cárcel».
Daniela Anciera, directora general y cofundadora de La Cana
Anciera asegura que dicho patrón se reproduce en todas las cárceles del país pero que afecta con mayor fuerza a las mujeres debido a la violencia económica que muchas de ellas sufren o porque la mayoría tienen dependientes económicos, tales como hijas e hijos.
Por otro lado, de acuerdo con informes de Documenta, la violencia hacia las mujeres privadas de su libertad no sólo se limita a agresiones físicas o verbales, sino también a sus derechos, incluyendo su derecho a la salud.
En un informe sobre la atención médica de las mujeres del Centro Femenil de Readaptación Social de Tlalpan, Documenta retrata las injusticias de las cuales son víctimas las mujeres privadas de la libertad en dicho penal: desde la poca disponibilidad de las camas, hasta los pagos que deben realizar para poder ir a la Torre Médica de Tepepan para recibir atención médica.
En muchas ocasiones, después del parto, las mujeres y sus bebés son remitidas a pequeñas celdas, en ocasiones con otras cinco reclusas, donde cuentan con poca o ninguna ayuda para el cuidado de sus hijas e hijos.
Por lo anterior, la ONU-DH anima a que el “Plan Integral para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario”, al que aludió en campaña la Dra. Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México, sea adoptado por el próximo gobierno, atienda lo dispuesto en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela; observe lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y vele por la implementación efectiva de las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
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