La justicia mexicana al fin le dio la razón a las organizaciones civiles que mantuvieron durante 10 años un litigio judicial contra la Minera San Xavier. El costo fue alto: por oponerse a la destrucción del Cerro de San Pedro, los activistas enfrentaron presiones del gobierno local, burocratismo federal y agresiones físicas de emisarios de la empresa. Con todo, el sistema judicial le otorgó a la minera protección contra su propia sentencia. Así, continúa el daño ecológico, que de por sí parecía irremediable.
SAN LUIS POTOSÍ, SLP, 14 de enero (Proceso).- A la comunidad de Cerro de San Pedro ya nada más le quedó el nombre, pues el emblemático cerro que la resguardaba, y que es aún imagen del escudo de la ciudad, está hecho pedazos.
Han desaparecido bocaminas que databan de la época prehispánica, cuando los indígenas chichimecas explotaban el oro de San Pedro antes del arribo de los españoles, así como otras de la Colonia. Ahora son más altos los montículos de desechos depositados al costado de los restos del cerro como parte del proceso de lixiviación en la mina a tajo abierto que opera la compañía Minera San Xavier, filial de la canadiense New Gold.
El daño es casi irreparable. Los cauces de los arroyos aledaños son bloqueados por los taludes que se levantan alrededor de lo que queda del cerro de San Pedro, donde se concentran los desechos que no tienen mineral, pero sí sulfuros que escurrirán al paso de las lluvias.
Las familias están divididas; los escasos pobladores se enfrentan entre sí; unos quieren preservar la comunidad y su entorno ecológico –incluyendo el agua para el valle donde está la capital del estado–, mientras que otros reconocen la necesidad de los empleos que ofrece la empresa minera.
Pasaron diez años para que, en una resolución judicial sin precedente, un tribunal mexicano ordenara a una dependencia del gobierno federal el cierre definitivo de la operación de Minera San Xavier (Proceso 1592) por haber obtenido de manera ilegal el permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El vasto expediente del caso ya fue declarado patrimonio jurídico de la nación, debido a sus peculiaridades y a los precedentes que ha sentado en ese tipo de asuntos.
El delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el estado, Alfredo Sánchez Azúa, no tuvo más remedio que cumplir la instrucción del titular de la dependencia, Patricio Patrón Laviada, de cerrar la mina, pues la procuraduría ya había incurrido en incumplimiento de la resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Como resultado del juicio de nulidad 170/00-05-02-9/634/01-PL-10-QC-DA, el pleno de la Sala Superior de ese tribunal emitió el 21 de septiembre un fallo que señala:
Toda vez que es fundada la queja que se resuelve… se deja sin efectos la resolución de autorización condicionada al proyecto minero, a favor de Minera San Xavier, S.A. de C.V., emitida por el Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y se otorga a éste, quien incurrió en incumplimiento a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el 5 de octubre de 2005, el término de VEINTE DÍAS para que emita y notifique a la parte actora la resolución a través de la cual dé el debido cumplimiento a la sentencia…
A partir de este fallo, el titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, Eduardo Enrique González Hernández, notificó a su vez el 12 de noviembre a Luis Rodolfo Rodríguez, representante legal de Minera San Xavier:
Se deja sin efectos la autorización en materia de impacto ambiental, emitida por esta Dirección General, mediante oficio S.G.P.A./DGIRA. DG0567 /06 de fecha 10 de abril de 2006, a favor de la empresa Minera San Xavier, S.A. de C.V., para el desarrollo del proyecto minero metalúrgico denominado “Cerro de San Pedro”, en una superficie total de 363.089 hectáreas con ubicación en los Ejidos Cerro de San Pedro, Cuesta de Campa, Palma de la Cruz y varias propiedades localizadas en la Comunidad de La Zapatilla, en el Municipio de Cerro de San Pedro, estado de San Luis Potosí, el cual consiste en la explotación del yacimiento de oro y plata, por el método convencional de minado de tajo a cielo abierto, utilizando para su beneficio el proceso de lixiviación en montones con soluciones de baja concentración de cianuro de sodio y para el proceso de recuperación, una planta de tipo “Merril Crowe” que utiliza zinc en polvo para la precipitación de los metales y su posterior refinación en un horno de fundición tipo rotatorio, para finalmente obtener el concentrado metálico.
En este mismo dictamen, la DGIRA fue contundente: “Se niega la autorización en materia de impacto ambiental” para la minera.
Esta dirección de la Semarnat atendió principalmente al hecho de que las autorizaciones otorgadas por la misma dependencia en 1999 y en 2006 contravinieron el reglamento de impacto ambiental, la Norma Oficial Mexicana en materia de ecología y el decreto de planeación publicado oficialmente en San Luis Potosí, con lo que “ni de forma condicionada debió otorgarse autorización de cambio de uso de suelo”, como se resolvió en uno de los juicios de anulación interpuestos por las organizaciones del Frente Amplio Opositor contra la devastación del cerro.
Estas notificaciones van dirigidas a Luis Rodolfo Rodríguez, en su calidad de representante legal de la Minera San Xavier. Hace 10 años él mismo, pero en calidad de funcionario del área jurídica de la Dirección de Ecología del estado, “aconsejó” a los integrantes de Pro San Luis Ecológico sobre el procedimiento legal que debían seguir para que su demanda contra la minera tuviera éxito.
Parecía el final de la lucha judicial que durante 10 años mantuvo la organización Pro San Luis Ecológico, A.C., contra la minera. Pero no había transcurrido ni un mes desde que el renuente delegado Sánchez Azúa acudió a poner los sellos a las puertas de la empresa (el 18 de noviembre), cuando ya la minera tenía a su favor una orden judicial temporal emitida por el juez de distrito Manuel Quistán para levantar la suspensión de sus operaciones en la zona, gracias a la cual reabrió el 14 de diciembre.
La minera inició este juicio desde los primeros días de diciembre, sin que Pro San Luis Ecológico o el Núcleo Agrario fueran notificados del proceso en su calidad de terceros perjudicados.
Así, la justicia mexicana permitió que la empresa canadiense New Gold y su subsidiaria Minera San Xavier evitaran cumplir la sentencia de cierre.
Tierra devastada
“No me puedo imaginar cómo se recuperan dos montañas devastadas; cómo se recupera el escudo de San Luis, así como quedó el cerro”, dice en la sala de su casa Ana María Alvarado, cuya historia personal en los últimos 10 años bien podría ser la historia de la lucha civil por la recuperación de Cerro de San Pedro.
Ella es la representante del núcleo agrario de la comunidad. Su familia salió de ahí en los años cincuenta, pero ella regresó en 1985, al egresar de la carrera de ingeniero en agronomía. Después inició, con su esposo, un proyecto de apicultura.
“Poco a poco nos fuimos vinculando con el pasado. Mi abuelo fue el último ejidatario que vivió, de la lista original. Todavía alcanzó a regresar con nosotros, y nos dio gusto que resurgiera el pueblo (con la llegada de Minera San Xavier a finales de los noventa) porque estaba en total abandono, desolado”, aunque dice que aún había resabios de minería a muy pequeña escala.
Cuando Ana María Alvarado y su familia empezaron a ver algunas pintas de protesta contra la minera tuvieron dudas. Luego se dieron cuenta de que falsos ejidatarios pretendían obtener el reconocimiento del Tribunal Agrario para rentar sus tierras a la empresa, por lo que ella decidió buscar a su vez dicho reconocimiento como ejidataria –por la línea de su abuelo– y lo consiguió en 2001. Entonces comenzó la batalla para anular el contrato de arrendamiento ilegal que se había hecho previamente.
Hoy es una de las principales voceras internacionales del Frente Amplio Opositor, pues viaja y asiste a foros en varios países para exponer y denunciar la situación de Cerro de San Pedro, así como para documentar otras historias similares en países sudamericanos, donde se ha comprobado que la minería a tajo abierto provoca la degradación del ambiente y daña la salud de la población.
A la activista le tocó enfrentar a los supuestos empleados de la minera que el pasado 11 de diciembre agredieron a los integrantes del Frente Amplio Opositor y a los diputados federales que acudieron al Cerro de San Pedro (entre ellos Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo). Además de las pedradas, daños al equipo fotográfico y lesiones a algunos activistas, el líder de los agresores, Narciso Alvarado, amenazó: “Va a correr sangre aquí”.
Indiferencia gubernamental
Integrante de la Red Latinoamericana de Mujeres, Ana María Alvarado se ha hecho oír en Canadá, a cuyo gobierno responsabiliza por la falta de legislación vinculante para las empresas mineras que invierten y desarrollan proyectos en otros países con métodos o tecnología que desde hace tiempo están prohibidas en su país.
En Ecuador, Alvarado participó en un foro sobre la criminalización de la protesta, en el cual quedó en evidencia, dice, “cómo el propio Estado mexicano da a los grupos civiles como nosotros la imagen de agitadores, no de ciudadanos que reclaman sus derechos”.
Asimismo, la activista visitó en Honduras y Bolivia comunidades indígenas en las que la minería de tajo abierto ha dejado los suelos completamente salinos y los niños padecen lesiones en la piel y pérdida del cabello.
Aquí, Ana María Alvarado enfrenta el hostigamiento y la persecución judicial que obligó a algunos de sus compañeros de causa, como Enrique Rivera, a huir de su tierra. Una muestra de las presiones oficiales es que en 2007 el entonces gobernador panista Marcelo de los Santos mandó encarcelar a varios jóvenes que participaban en una protesta contra Minera San Xavier, a los que ante el repudio público debió liberar.
“Más que tener miedo –dice Alvarado–, lo que me preocupa es el futuro, que la gente sepa a lo que se va a enfrentar. En la entrada de la mina antigua hay desechos que tienen 400 años y todavía huele a ácido cuando llueve; los drenajes ácidos escurrirán. Lo vimos en Real de Ángeles, en Zacatecas: la presa de jales es un desierto. Parece la luna.”
Según el Sistema Nacional de Información del Agua, la presa de jales es un “sistema para la disposición final de los residuos sólidos generados por el beneficio de minerales, que deben reunir condiciones de máxima seguridad a fin de garantizar la protección de la población, las actividades económicas y sociales, y, en general, el equilibrio ecológico”.
Sergio Serrano, integrante de Pro San Luis ecológico, resume:
“Minera San Xavier (MSX) sobrevive en Cerro de San Pedro gracias a la red de corrupción mantenida alrededor suyo desde 1999, en la que aparecen involucrados los exgobernadores Fernando Silva Nieto y Marcelo de los Santos Fraga, este último respaldado además por el (entonces) presidente Vicente Fox.”
El fallo que ordenó el cierre definitivo de operaciones de la minera no hizo que el sucesor de Marcelo de los Santos, el priista Fernando Toranzo, cambiara su actitud displicente, aun cuando se trata del principal conflicto ecológico, social y jurídico que heredó de la administración panista, y pese a las repercusiones internacionales que ha tenido el caso. Desde finales de septiembre pasado, cuando Toranzo asumió la gubernatura, las organizaciones civiles que integran el Frente Amplio Opositor le han solicitado audiencia, pero ha sido inútil: sólo envió algunos guardias estatales después de que diputados federales del PRD e integrantes del referido frente fueron agredidos y amenazados por un grupo de trabajadores de la minera y algunas familias de la comunidad.
“Sentimos que (el gobernador) está pasmado, que no sabe qué hacer, y como los avestruces nos esconde la cabeza”, comentó Serrano el jueves 17, al día siguiente de que viajó a la Ciudad de México para reunirse con el procurador federal del Medio Ambiente, Patricio Patrón Laviada.
Dice que el titular de la Profepa les aseguró que le dará prioridad a la batalla legal para garantizar el cierre definitivo de las operaciones de Minera San Xavier en el Cerro de San Pedro.
“Es la primera vez que un fallo de un tribunal exige a la Semarnat el cierre definitivo de una empresa –explica el activista–. Se trata de un asunto juzgado tres veces y ahora se comete un agravio en contra de la propia justicia mexicana, del estado de derecho, de todo el aparato judicial”, con esa suspensión otorgada por el juez de distrito. El juez de distrito no tiene sustancia (para fallar a favor de la minera). ¿Cómo combate que la minera no tiene permisos? Por eso fuimos a hablar con Patrón Laviada; creemos en su palabra. Queremos creer”.
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