La discusión fue puesta en la mesa por el presidente Calderón, por medio de la iniciativa que hizo llegar al Senado el pasado 15 de diciembre. En ese documento propuso introducir en la Constitución figuras como la iniciativa legislativa popular, las candidaturas independientes y una cierta forma de referéndum, para el caso de algunas reformas constitucionales. El PRD y otros partidos de izquierda fueron más allá y en su iniciativa de reforma política propusieron la revocación de mandato. El grupo parlamentario del PRI en el Senado dice, con toda razón, que las candidaturas ciudadanas ya existen como posibilidad a nivel constitucional y que, en todo caso, lo que hace falta es regularlas a nivel de la legislación electoral; la suya parece ser la iniciativa que aborda con mayor sistematicidad e imaginación los temas que deben ser discutidos.
Las iniciativas presentadas permiten abrir una discusión nacional de mayor importancia, creo que olvidan un aspecto fundamental de la reforma del Estado, entendida en clave democrática: me refiero al catálogo de derechos fundamentales que tenemos o deberíamos tener todos los habitantes. Ninguna de las iniciativas se detiene a proponer un régimen jurídico renovado para nuestras libertades, a pesar de que hoy están bajo fuego en tantos aspectos. La iniciativa del PRI contiene el asunto de la suspensión de derechos: propone que haya ciertos derechos que por ningún motivo se puedan suspender, lo que es congruente con los tratados internacionales que México ha firmado en la materia.
Sería ideal que los partidos políticos nos dijeran la forma en que visualizan una reforma profunda en materia de derechos fundamentales. Es decir, una reforma que nos aproxime más al ideal de una sociedad en la que no haya discriminación, en la que todos tengamos las mismas oportunidades para triunfar, en la que nuestras libertades no puedan ser recortadas de forma arbitraria, en las que estemos protegidos frente a la delincuencia organizada (incluyendo la que se perpetra o escuda en las instituciones oficiales). Ojalá que esa reforma a favor de la ciudadanía no tarde en llegar. Esa es la que nos interesa más y la que puede generar un espacio fuerte para una ciudadanía que sigue inerme.
El otro gran tema que se tendrá que analizar es el del federalismo. El nudo de atribuciones y competencias que actualmente tenemos no le sirve a nadie. La omnipotencia presidencial de antaño se ha sustituido por la lógica pequeño feudal de gobernadores que no rinden cuentas a nadie y que tienen más recursos que nunca. Entre 1945 y 1991 los estados ejercían un 14% del presupuesto nacional. Hoy ese gasto es cercano al 60%, pero la transparencia en su ejercicio sigue siendo muy precaria. El arreglo federal que México necesita no ha sido planteado todavía por nadie. Ojalá pronto podamos ver alguna propuesta seria que nos permita caminar hacia el federalismo mexicano del siglo XXI. Las iniciativas de reforma que ya están a consideración de los integrantes del Senado suministran una excelente plataforma para avanzar en la dirección correcta. No hay excusas que valgan. Los senadores tienen todo para aprobar, durante el actual periodo de sesiones, una reforma que sea sistemática y que abone en el proceso democratizar el país, que todavía es tan precario e incierto. La reforma política es, hoy en día, la mejor apuesta que se puede hacer a favor del ciudadano. Ojalá todos lo entiendan así.
twitter: miguelcarbonell
Investigador del IIJ-UNAM
sal a la calle y encuentra un trabajo. Ahora esa exhortación no sirve para nada, pues hay 7 millones de personas de entre 15 y 24 años, que, por más que lo intentan, no logran ocuparse en los mercados laborales de América Latina, y se ven obligados a pasar los días sin oficio alguno.
Entre quienes no consiguen trabajo cunde el desaliento, y aquellos que sí cuentan con un empleo, en general lo ejercen en condiciones de informalidad, sin protección ni perspectivas.
Basta revisar los indicadores de escolaridad de cualquier país para darse cuenta de que además estamos ante una paradoja: estos jóvenes forman parte de la generación más educada que hayamos tenido con un buen porcentaje que ha ido a la universidad y tiene lógicas expectativas sobre su propio futuro en el mundo del trabajo.
El empleo de los jóvenes es un desafío político, porque cuando esas expectativas se traducen en desaliento y frustración, se hace más difícil la estabilidad de nuestras sociedades e incluso la representatividad y gobernabilidad democráticas.
Pensemos en un joven al que llaman a votar, que vota en situación de desempleado, y que años después, al repetir el proceso, sigue aún sin conseguir trabajo. ¿Cómo afecta esto su vinculación con la democracia?
Además, existe el problema de la relación con la vida laboral, pues cuando no tienen oportunidades difícilmente lograrán romper el círculo de la pobreza e internarse en una senda de trabajo decente. Estaremos desperdiciando un talento y una capacidad productiva necesaria para lograr el crecimiento económico.
Por si fuera poco, los jóvenes han sido el grupo más golpeado por la crisis del empleo de este último año. Indicadores recopilados por la Organización Internacional del Trabajo revelan que en 2009 su tasa de desempleo aumentó más que la de los adultos, mientras disminuyó su participación en los mercados laborales, lo que se atribuye en gran parte al desaliento.
Se estima que más de 600 mil jóvenes engrosaron las filas del desempleo a causa de la crisis.
En América Latina y el Caribe hay 104 millones de jóvenes que enfrentan el siguiente panorama: 34 por ciento de ellos solamente estudia; 33 por ciento sólo trabaja; 13 por ciento estudia y trabaja, y 20 por ciento no estudia ni trabaja.
Se sabe que la tasa de desempleo entre la juventud duplica la tasa general y triplica la de los adultos, una realidad global que trasciende el espacio latinoamericano. Por otro lado, es práctica habitual que sean los primeros en perder su empleo en tiempos de crisis, y los últimos en volver a trabajar cuando llega la recuperación. Sin contar que son considerados mano de obra barata, y esto suele sumirlos en condiciones laborales precarias.
Para enfrentar este desafío es necesario adoptar medidas específicamente dirigidas a generar más y mejores empleos para los jóvenes; invertir en formación profesional, incentivar el espíritu de emprender para que puedan verse también como creadores de empleo. Aquí no actúan las fuerzas invisibles de ningún tipo, porque estamos frente a problemas estructurales que sólo pueden ser abordados con acciones y políticas muy concretas.
Hay que colocar los planes de promoción del trabajo decente para los jóvenes como parte integral de las políticas públicas; se necesita fortalecer la institucionalidad que pone en práctica estas políticas; se requiere del diálogo social para hacerlas más fuertes y garantizar su éxito; es indispensable el intercambio de buenas experiencias entre las naciones.
No hay soluciones mágicas para un problema tan complejo, por eso es importante que los gobiernos nacionales, regionales y locales, sindicatos y empresarios, conjuntamente con otros actores sociales, insistan en buscar la manera de torcer esta realidad si es que de verdad queremos avanzar hacia el desarrollo.
Sin los jóvenes no vamos a lograrlo.
* Director regional de la OIT para América Latina y el Caribe
Más ordenada y sistemática, menos pensada para satisfacer necesidades ad hominen que la de Calderón, la iniciativa presentada por el senador Manlio Fabio Beltrones corrige y acota los alcances posibles de la reforma, la cual, ya está claro, bajo ninguna de sus formulaciones implicará la radical transformación del régimen político, sino su puntual adaptación a las nuevas circunstancias del país, dejando para el futuro el debate de fondo sobre la naturaleza del Estado, las instituciones políticas y el régimen que México necesitará para afrontar las realidades del siglo en curso.
Una rápida aproximación al texto beltroniano permite reconocer varias coincidencias, si bien matizadas, comenzando por la polémica relección de los legisladores, de la que excluyen a los presidentes municipales. La razón argüida es extralegal
, al margen de la ingenieria
mediante la cual se diseñan los demás cambios.
En realidad, la negativa a convertir al municipio en la célula madre de la reforma (como debiera ser) es indicativa de la clase de disyuntivas a las cuales ninguna modificación legal escapa. Si bien es el municipio el verdadero laboratorio donde ha de procesarse la relación política/ciudadanos, los autores de la iniciativa admiten que, justo en ese escenario, la relección no sería conveniente como medio de control y transparencia, dado el poder disolvente e incontrolable de los recursos sucios
que estarían en juego, aunque no se dice nada de los llamados poderes fácticos
legales –económicos o políticos– que actúan en cada localidad al margen o en contra de la cadena institucional y ya han pervertido la competencia electoral democrática.
Resulta una verdadera lástima que ese peliagudo problema no aparezca con claridad, cuando, en efecto, se trata de discutir cómo transformar al Estado para fortalecerlo y no, como se deduce, de buscar veredas alternas que lo hagan un poco más gobernable
. Es lamentable que en este debate, como en muchos otros de gran importancia –la definición de la laicidad del Estado, por ejemplo–, el gobierno actúa a partir de sus prisas, es decir, empujado por la coyuntura sin proponerse la urgencia de reinventar una nueva razón de Estado democrática y social.
Asimismo, también quedan fuera de la propuesta priísta –y escribo a vuela máquina leyendo las informaciones de la prensa, no la iniciativa– las candidaturas independientes que son, en cierto modo, el señuelo de toda la iniciativa presidencial, el eje del discurso ciudadano
que Felipe Calderón ha decidido levantar para remozar, así sea demagógicamente, la pobre oferta electoral ofrecida por su partido.
Ojalá y en este punto, y ante la falta de una discusión de fondo en torno a una ley de partidos
que garantice el pluralismo, la deliberación ayude a fortalecer las libertades políticas, sin fabricar híbridos que al final terminarán por erosionar la transparencia de la vida pública.
A estas alturas, es impensable una reforma política que no asuma el papel crucial de los medios, ya no sólo como vehículos de los mensajes partidistas, sino como centros promotores y difusores de valores, ideología y elementos capitales de la agenda nacional. Confiemos en que los legisladores vuelvan al asunto sin dejarse vencer por el lobby que ya tiene bancada propia en ambas cámaras.
Tampoco reconoce el PRI la segunda vuelta, la cual en el guión calderonista resultaba ser una travesura de políticos jugando a espaldas de la opinión pública, como una puntada propia de escolapios, pero impresentable ante la sociedad.
El rechazo a la fórmula de la segunda vuelta es un freno a las pretensiones bipartidistas que animan, en el fondo y en la superficie, la visión panista y en la que coinciden los grupos que en el tricolor de hecho cogobiernan en materias claves las estrategias para definir el curso general de la política económica. Un capítulo importante de la iniciativa priísta es el reconocimiento pleno de la autonomía del Ministerio Público. En cambio, acepta el PRI reducir el número de legisladores, en la que parece ya una obvia concesión al consenso
y propone reformas importantes tanto en la ratificación de los secretarios propuesto por el Presidente, introduciendo de alguna manera un elemento de corresponsabilidad
y fiscalización
sobre el Ejecutivo. Asimismo, plantea un mecanismo para suplir la Presidencia en caso de ausencia definitiva, vacío que el presidencialismo histórico prefirió no tocar. En fin, una mirada superficial a la propuesta del Revolucionario Institucional denota mayor oficio, seriedad y compromiso. Pero sigue siendo una reforma corta, chata, limitada a satisfacer intereses actuales.
Se dirá, con razón, que los grandes temas nacionales pasan, por otra parte: la reforma fiscal que está en puerta; la necesaria revaloración de los temas de la desigualdad y la pobreza, ahora agravados por la crisis (el dato es brutal: el ingreso por habitante en 2009 cayo en 20 por ciento), lo cual obligaría a una profunda reorientación de las políticas económicas en el contexto de la situación internacional.
Pero es obvio también que la dimensión social no estará en la mesa salvo para imponer la reforma laboral al costo de suprimir en los hechos el ejercicio del derecho de los trabajadores a la defensa de sus intereses históricos y legales. Dicho de otro modo, los temas sociales dependen, sobre todo, de la capacidad de los amplios sectores afectados e interesados en ventilarlos sin desmayo, con claridad y perseverancia mediante la acción concertada de todas las fuerzas que hoy están en peligro o amenazadas por el desempleo o el abandono.
El asunto no es rechazar la reforma política (o cargar toda acción política a la cuenta de la partidocracia
. El debate ayuda al reforzamiento de las posiciones populares, cuyas exigencias en torno a la revocación del mandato, el referendo o el plebiscito, deberían extenderse hacia la defensa de un modelo
de organización del Estado que favorezca la mayor representación con la mayor representatividad, la fiscalización ciudadana, entre otras formas de consulta popular.
Acompañar las propuestas con el calificativo ciudadano
no las hace mejores. Es un error creer que la línea divisoria es la que pasa entre partidos y ciudadanos, elude la política. Ésta es necesaria para dirigir al Estado, para combatirlo. Y a esa máxima se atiene el PRI.
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