Proponen sanción para el consumidor final y explotador sexual
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 25 feb. 10 (CIMAC).- La falta de homogeneidad legislativa penal, para castigar el delito de trata, tanto a nivel federal como estatal, profundiza el riesgo de mayor impunidad. A pesar de que en 25 estados del país tienen contemplado ese delito, esas diferencias hacen que desde la Ley se abra la puerta a la impunidad, coincidieron las y los participantes del Foro de Análisis sobre la Legislación Penal en Materia de Trata de Personas.
De acuerdo con organismos nacionales e internacionales se estima que en México existen entre 16 mil y 20 mil niñas y niños que son utilizados con fines de explotación sexual, de los cuales el 80 por ciento son menores de 14 años.
Para Rodolfo Casillas, especialista en el tema y maestro en historia por El Colegio de México, los estados que ya modificaron sus códigos penales apelaron a una gran diversidad de elementos lo que da como resultado una variedad en las conductas sancionables, en los medios comisivos, en los fines y en consecuencia en el régimen de sanciones.
“Diversidad que puede conducir a una especie de impunidad desde la Ley, por lo que habrá que hacer es fuerzos para complementar y no avanzar más en la atomización tanto por quienes ya iniciaron el proceso de actualización como por quienes estan por hacerlo”.
Rodolfo Casillas, precisó que esta diversidad de problemáticas, no sólo se limita a la dimensión nacional y jurídica, también hay que tomar en cuenta los componentes internacionales.
México forma parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y de sus tres protocolos: Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas; Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.
Casillas, señaló que pareciera que al ser México país de origen tránsito y destino de flujos internacionales de personas, mercancías y productos prohibidos, fuera justificante para que sociedad e instituciones podamos presentar excusas por el actuar contradictorio, ineficiente e insatisfactorio al aplicar políticas públicas de corto alcance.
Varias y varios de los ponentes coincidieron en que esta heterogeneidad en los marcos jurídicos ha permitido que los tratantes queden libres y que la impunidad se imponga ante el sufrimiento y el dolor de las víctimas, además de que crea desconfianza en las instituciones y en consecuencia, la falta de denuncia.
Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía para los Delitos de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas de la Procuraduria General de la República (PGR), externó que es necesario un marco jurídico que permita trabajar en los aspectos de atención a víctimas, políticas públicas y persecución de delitos.
“Hay algunos problemas como el de acreditar el tipo penal no sólo en la cuestión de la ley para prevenir, sino los tipos penales específicos. Se tiene que hacer un análisis jurídico que, “nos permita que no se recalifiquen las conductas delictivas, que se dé menos espacio a la corrupción y que en general todos los actores estemos en un mismo sentido combatiendo este delito”.
Mientras que Sadot Sánchez Carreño, consultor del Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia de (USAID México), precisó que es imperante tener un marco jurídico que se tiene que regir en los ejes de protección, prevención y asistencia.
Sánchez Carreño, coincidió en la creación de un tipo penal que sancione al tratante y a quien solicita y ofrece estos servicios, así como a los facilitadores, promotores y al consumidor final que es el explotador directo. “Hay que considerar al consumidor como un tratante”.
Durante el segundo día del Foro Cecilia Romero, Comisionada del Instituto Nacional de Migración, informó que hasta el momento en el país se han detectado106 posibles víctimas de trata de personas, de estos casos el 57 por ciento se trataba de explotación laboral, 38 por ciento sexual, y un caso probable de extracción de órganos.
68 por ciento son mujeres y el 32 por ciento hombres. Asimismo el 58 por ciento eran menores y 42 por ciento adultos. Por nacionalidad, dijo que 49 por ciento son guatemaltecos, 9 por ciento hondureños, 8 por ciento chinos, y 6 por ciento salvadoreños.
En el segundo y último día del Foro participaron diputadas y diputados federales y de algunos estados como Puebla, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Comisiones estatales de Derechos Humanos, Organizaciones de la Sociedad Civil, académicas, académicos y servidores públicos.
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