Sara Sefchovich
Entrevistado a raíz del linchamiento de unos asaltantes por parte de varios ciudadanos iracundos, a los que habían asaltado en un camión de pasajeros, el procurador de Justicia del DF dijo, palabras más palabras menos, que entendía que las personas se defendieran, pero que los conminaba a “no excederse”.
¿Qué qué?
¿Quiere eso decir que la autoridad está dando el permiso para hacer justicia por propia mano? ¿Y quiere decir que entonces reconoce su incapacidad para darnos seguridad y arréglense como puedan? ¿Y quiere decir que lo único que pone como límite a esos actos es “no excederse”, que quién sabe lo que exactamente quiere decir?
Porque definitivamente se trata de un límite impreciso. Por ejemplo, para algunos un golpe es una manera de educar y para otros es señal de violencia intrafamiliar. Para algunos ciudadanos hartos de tanta delincuencia, patear y golpear a un asaltante es justicia, mientras que para el linchado puede significar (y de hecho ha sucedido varias veces) la muerte.
El Procurador no es el único. Por lo visto esa indefinición es la respuesta que han optado por dar autoridades, policías y fuerzas de seguridad ante la situación de violencia incontrolable en que vivimos.
Un ejemplo que no tiene desperdicio es el siguiente: la Secretaría de la Defensa Nacional publicó recientemente un Manual para el uso de la fuerza, que contiene directivas en este sentido y que deberá aplicarse a las tres fuerzas armadas del país.
En dicho documento se afirma que el uso de la fuerza debe hacerse de manera “razonada”.
Una vez más, ¿qué quiere decir ese término?
Quién sabe. Pero entre que se decide si significa esto o aquello, mientras para los soldados y marinos están las amenazas de que “el uso no razonado o indebido de la fuerza genera responsabilidades penales y administrativas”.
Hace algunas semanas me pregunté en este espacio para qué queríamos policías si no los dejamos cumplir con su trabajo. La semana pasada me pregunté para que queremos expertos si nunca se los consulta en los asuntos que saben. Ahora agrego a los soldados. ¿Cómo van a llevar a cabo su trabajo con esta indefinición de lo que se puede o no se puede?
No darles claridad sobre sus límites impide que cumplan con su cometido. Más aún considerando las amenazas de lo que les puede suceder si sus superiores deciden que se salieron de dichos límites.
Es increíble que se pretenda dejar a la determinación de cada quien si lo que hace es razonado, es indebido, es excesivo. Sobre todo cuando las situaciones en las que hay que actuar requieren de decisiones rápidas y de respuestas que no siempre hay tiempo de meditar para calcular si caben en esos imprecisos límites.
Cuando hace seis años la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó el caso de San Salvador Atenco y determinó que las policías federal y del Estado de México se habían excedido en sus funciones con los habitantes de Atenco que protestaban contra el gobierno, se dijo que los ministros deberían definir los criterios sobre los límites en el uso de la fuerza pública. Pero es la hora que no conocemos esas definiciones.
Los discursos suenan muy bonitos: “No hay que acudir a la violencia innecesaria”, “Hay que apegarse a la legalidad”, “Es fundamental respetar los derechos humanos”. Son excelentes deseos, pero cuando se está en una situación de ese tipo, es difícil “establecer la necesidad y la proporcionalidad con base en un análisis contextual de la situación que se presente” como pide un activista.
Estamos frente a un problema serio, porque la indefinición lleva a la confusión y por lo tanto a la discresionalidad. Y esto vale tanto para los encargados de la seguridad como para los propios ciudadanos que como hemos visto en fechas recientes, no cantan nada mal las rancheras en cuanto al uso de la violencia y la brutalidad.
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