Una nueva recomendación por acusaciones de tortura contra personal de la PGJ-DF y otras dependencias del GDF recopila 47 casos de tortura, así como violaciones graves a derechos humanos y el debido proceso contra 95 víctimas.
Perla
Gómez, titular de la CDHDF, presentó el jueves la recomendación 14-2014
en la que se recopilan 47 casos con 95 víctimas de tortura en el DF
entre 2007 y 2013. Foto: CDHDF.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió este jueves la recomendación 14/2014,
en la cual recopiló 47 casos con 95 víctimas que han acusado a
dependencias capitalinas por actos de tortura en su contra y diversas
violaciones a sus derechos.
La CDHDF presentó relatorías y expedientes de cada uno de los 47 casos investigados y exigió a las autoridades capitalinas la reparación del daño e indemnización para 79 hombres y 16 mujeres, así como iniciar procedimientos de responsabilidad penal y administrativa en contra de los servidores públicos señalados.
Los casos presentados el organismo defensor de los derechos humanos en el DF fueron denunciados en el periodo 2007-2013 y a partir de ellos se emitieron 20 recomendaciones que señalan como responsables a cuatro dependencias:
- Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF),
- Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSPDF),
- Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal (CJSLDF),
- Secretaría de Gobierno del Distrito Federal (SGDF), de la cual depende la Subsecretaría de Sistema Penitenciario,
Como autoridad colaboradora para la resolución de las recomendaciones se señala al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).
Las autoridades a las que se dirige la recomendación tienen un plazo de 15 días hábiles a partir de este jueves para
responder si la aceptan. En caso de hacerlo, dispondrán de 10
días más para enviar las pruebas del cumplimiento de las acciones.
La tortura y las violaciones correlativas a los derechos humanos en el DF
Los casos de tortura y violaciones a derechos que han sido
denunciados por las 95 víctimas que menciona esta recomendación,
incluyen agresiones como golpes, asfixia, choques eléctricos, aislamientos, violaciones al debido proceso o ausencia de una defensa.
La CDHDF acreditó también tortura psicológica, amenazas con contenido sexual, amenazas de mutilación, humillaciones, vejaciones, tratos crueles, violencia sexual, uso de lenguaje lascivo y denigrante, tortura sexual, tocamientos, acoso y violaciones.
De igual forma, las relatorías de los casos de la recomendación 14-2104 frecuentemente repiten acusaciones de detenciones arbitrarias, robo, lesiones posteriores al arresto y sometimiento de las víctimas, así como el uso de la violencia con el fin de obtener una declaración o confesión en el marco de averiguaciones o arrestos.
Los hechos recopilados por la CDHDF constituyen presuntas violaciones a los siguientes derechos:
- Derecho a la integridad personal, en particular el derecho a no ser sometido a actos de tortura.
- Al derecho a la libertad personal, el derecho a no ser detenido arbitrariamente y a ser presentado sin demora ante la autoridad que ordenó la localización y presentación.
- Derecho al debido proceso, en cuanto al derecho de contar con una defensa adecuada, el derecho de presunción de inocencia y el derecho de asistencia consular.
- Derecho de acceso a la justicia, derecho a que se investigue eficaz y oportunamente, así como a la reparación del daño a lasvictimas.
- Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
- Derechos del niño, niña y adolescente frente a procesos de procuración de justicia.
Las recomendaciones
La nueva recomendación de la CDHDF pidió a las autoridades
indemnizar a las víctimas e iniciar procedimientos de responsabilidad
penal y administrativa en contra de los servidores públicos
responsables, a partir de 20 acciones específicas.
A la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
CDHDF pidió a la PGJDF que en un plazo no mayor a 15 días inicie las
investigaciones penales y administrativas para determinar las
responsabilidades de los servidores públicos acusados de tortura y
otras violaciones a derechos.
En el mismo plazo, se pide incluir la línea de investigación por el delito de tortura a todas las averiguaciones previas ya existentes sobre los casos presentados de violaciones de la integridad física. También pide reabrir en los próximos 15 días hábiles todas las averiguaciones previas de este tipo en las cuales se haya determinado la reserva o el no ejercicio de la acción penal contra autoridades.
La defensoría de derechos capitalina pidió que en un plazo no mayor a diez días hábiles, el personal de la
Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores
públicos aplique el Protocolo de Estambul en todas las diligencias de investigaciones penales por tortura, incluyendo también la perspectiva de género y el principio superior de la niñez.
En un plazo que no exceda de seis meses, se pide a la PGJDF revisar
y, en su caso, modificar la capacitación sobre prevención de la tortura
impartida al personal ministerial y la policía de investigación, de
forma que se garantice que la capacitación sea permanente y
especializada, incluyendo evaluaciones de desempeño, teórico y
práctico, con indicadores específicos en derechos humanos y perspectiva
de género.
Igualmente, en plazo de seis meses se pide el diseño de un plan de
capacitación permanente para el personal de la Fiscalía para la
investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, el cual
haga énfasis en los elementos que diferencian a la tortura de otras
formas de maltrato, tales como abuso de autoridad o lesiones.
La CDHDF pidió también a la PGJDF que dentro de los 15 días
naturales a partir del jueves proporcione rehabilitación, tratamiento y
acompañamiento psicológico especializado a tas victimas que hayan sido
objeto de tortura por su personal y así lo soliciten.
En un plazo no mayor a un año, se pide a la procuraduría capitalina
diseñe e implemente -en coordinación con las otras dependencias
señaladas como responsables- un mecanismo interinstitucional
de prevención, investigación, sanción y erradicación de la tortura
Todos los contenidos de las capacitaciones deberán ser elaborados en
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Educación por los Derechos
Humanos de la CDHDF.
A la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal:
Para la SSP-DF se incluye la petición de que en un plazo no mayor de
diez días hábiles entregue a su Dirección General de lnspección
Policial información sobre las violaciones a los derechos humanos en
las que se acusa al personal de esta Secretaría.
También se pide que en un plazo de seis meses elabore un programa de
capacitación permanente para que sus elementos conozcan y apliquen
correctamente el Manual de Técnicas para el Uso de la Fuerza de la
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, con la finalidad
de contribuir en la no repetición de las violaciones a derechos humanos
acreditas.
El programa de capacitación deberá contener un mecanismo de
evaluación teórico y práctico. Los contenidos deberán ser eiaborados en
coordinación con la CDHDF.
La Comisión pidió también a la SSP-DF que en un plazo no mayor de 15
días naturales brinde rehabilitación, tratamiento y acompañamiento
psicológico especializado a las victimas que hayan sido objeto de
tortura por parte de su personal.
A la Secretaría de Gobierno y a la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal:
La versión del documento íntegro publicada en la página de
la CDHDF omite la página 386, en la cual deberían mostrarse los
listados completos de las recomendaciones para estas dos dependencias
del GDF, sin embargo, la ombudsman capitalina Perla Gómez mencionó
durante la presentación del documento que se exigieron los siguientes
puntos a estas dos entidades:
A la Secretaría de gobierno se le requirió iniciar
procedimientos de responsabilidad penal y administrativa contra los
servidores públicos responsables de la Subsecretaría del Sistema
Penitenciario, la indemnización por daño inmaterial a las víctimas y
políticas para prevenir la tortura.
La CDHDF pidió a la Consejería Jurídica fincar
responsabilidad penal y administrativa contra los servidores públicos
involucrados, y diseñar un mecanismo interinstitucional de prevención,
sanción y erradicación de la tortura.
Al Tribunal Superior de Justicia en calidad de autoridad colaboradora:
Se recomendó al TSJDF que diseñe e implemente -en un plazo no mayor
a un año- un mecanismo interinstitucional de prevención, investigación,
sanción y erradicación de la tortura, con base en las mejores practicas
nacionales e internacionales.
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