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Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Benjamin Flores |
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Una de las iniciativas de reforma que envió el
presidente Peña Nieto a las fracciones de su partido en el Congreso de
la Unión fue la relativa a la transparencia y equidad publicitarias. No
se trató de una ocurrencia, sino de uno de los nudos gordianos que han
minimizado el derecho a saber de los mexicanos. ¿Qué ha pasado con este
tema desde entonces?
Primero. De entrada, hay que tomar en cuenta que Peña Nieto se
propuso atacar este problema como una prioridad nacional a raíz de una
serie de estudios de opinión pública aplicados durante la campaña
presidencial del 2012 para identificar la lista de asuntos básicos que
demandaban una atención inmediata.
Cabe señalar que la regulación democrática de la publicidad de los
poderes públicos e instituciones que viven con cargo al erario reviste
la mayor importancia porque, grosso modo: a) Permite informar con
veracidad y oportunidad al ciudadano para que esté en condiciones de
tomar decisiones de modo informado; b) representa una herramienta
institucional para que los contenidos de los mensajes publicitarios no
estén llenos de propaganda personal o institucional que distorsione el
derecho a la información de las personas; c) constituye el único medio
eficaz para distribuir pautas de publicidad de manera equitativa, de
suerte que todas las distintas formas de expresión estén representadas
y no sólo aquellas compatibles con el gobierno o instancia en turno; d)
es una garantía de que los medios, de acuerdo con su alcance y público
objetivo, tengan acceso a la publicidad eliminando de manera razonable
los márgenes de discrecionalidad del gobernante. Con esto la publicidad
institucional deja de ser una dádiva del gobierno para convertirse en
una obligación legal bajo determinados parámetros; y e) se trata de un
mecanismo para mejorar los contenidos de los medios, respetando
obviamente la libertad de expresión, al hacerles llegar cursos de
especialización a sus reporteros y directivos, incentivos periodísticos
para desarrollar periodismo de investigación, periodismo de datos,
etcétera. El proceso de educación continua del periodista genera un
círculo virtuoso porque ganan la sociedad, el medio y el periodista.
Segundo. Desde tiempo atrás, el artículo 134 de la Constitución
establece que el dinero destinado a la comunicación social no debe
dirigirse a la promoción personal o institucional de los gobernantes.
Así, hay casos absurdos, como el hecho de que Pemex, empresa que no
compite en el mercado porque es hasta ahora el único proveedor de
gasolina, se publicita sin objetivo racional alguno. Peor aún, es la
cuarta dependencia que más gasta en publicidad oficial, de acuerdo con
el estudio sobre el particular de Artículo 19 y Fundar dado a conocer
en días pasados (http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/PublicidadOficialGobiernoFederal2014.pdf). Sobra decir que, con anuncios o sin ellos, la gente compra a Pemex porque no tiene otra opción.
Por otro lado, hay gobiernos, como el de Veracruz, cuyos convenios
de publicidad se clasificaron como reservados, cuando es claro que se
trata de una información pública. Y así podría elaborarse una larga
lista de casos en que los recursos del pueblo se destinan a
desinformarlo y manipularlo.
En Suecia, desde 1766 ya existía una normativa en la materia. Más
recientemente, a principios del siglo XX, Italia se posicionó como un
ejemplo de buena legislación con un acento social en la asignación de
publicidad oficial. La misma línea observa la reciente Ley de 2005 de
España, que abreva en las anteriores. En Estados Unidos, a pesar de lo
disperso de su legislación sobre esta temática, la ley anual de
presupuesto federal dispone que “los gastos de publicidad sólo serán
permitidos cuando sean aprobados por el Congreso”. A diferencia de
México, las dependencias que gastan más en Estados Unidos son, en orden
descendente, los ministerios o departamentos de Defensa, Salud,
Educación, Transporte y Asuntos de los Veteranos de Guerra, en campañas
racionales por la existencia de una sociedad empoderada que aquí no se
ha producido (https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41681.pdf).
Más o menos los mismos principios ha adoptado Canadá, país que además
usa los recursos dentro de campañas de comunicación de interés público (http://www.tbs-sct.gc.ca/communications/adv-pub/index-eng.asp).
Tercero. En las entidades federativas los intentos de legislar
localmente el tema no han faltado en la discusión pública. En Tabasco,
el propósito del gobierno del estado a cargo de Arturo Núñez se quedó
sólo en eso y nunca se tradujo en una iniciativa presentada ante el
Congreso. En Baja California, donde ninguna fuerza política tiene
mayoría en la Cámara de Diputados, el esfuerzo de prácticamente toda la
comunidad periodística se ha visto enfrentado a un argumento absurdo
que no resiste el menor análisis, esgrimido por el gobernador Francisco
Vega de la Madrid, según el cual regular la publicidad oficial es algo
que corresponde al orden federal. Por supuesto que no. Basta leer lo
establecido en el artículo 100 de la Constitución bajacaliforniana, que
crea la base para legislar al respecto mediante una ley reglamentaria
del citado texto.
Donde se veía voluntad política era en Guerrero, pues el mandatario
Rogelio Ortega expresó su compromiso de impulsar una normativa de ley
reglamentaria sobre publicidad oficial que, al igual que en Baja
California, cuenta con el asidero de la Constitución del estado. Las
cosas se han quedado en suspenso. Este caso es de llamar la atención
porque Ortega llegó al gobierno guerrerense arropado con apreciables
credenciales ciudadanas, pero eso hasta ahora no ha sido suficiente. Es
de esperar que haya un golpe de timón en esa entidad, la cual sería la
primera en México que diera un paso al frente, lo que generaría un
saludable precedente para el país.
ernestovillanueva@hushmail.com
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