Felipe Calderón, mal y de malas

Ernesto Villanueva 

Calderón y su polémico proyecto de partido. Foto: Octavio Gómez 

Con mi solidaridad para Adriana Dávila Fernández, por los infundios dichos en su contra sin base alguna.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El expresidente Felipe Calderón va mal y de malas en su interacción con la comunidad. Su incursión en la política en el país ha sido desafortunada y le ha generado más pasivos que activos. Existen, por supuesto, elementos que permiten sustentar lo que afirmo. Veamos.

Primero. En un hecho inédito, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el programa que conducen John Ackerman y Sabina Berman en el Canal Once, expresó sin tapujos que él había sido presionado por el exmandatario Felipe Calderón. El polémico expresidente negó la afirmación y solicitó pruebas de los asertos del presidente de la SCJN.

Es evidente que, en este caso, las presiones –que yo intuyo que fueron ciertas– no se hicieron por escrito ni se guardaron documentos que reflejaran esas intervenciones de Calderón para orientar el sentido de las decisiones de la SCJN. ¿Por qué lo hizo 10 años después?, pregunta Calderón. La respuesta es obvia: por seguridad personal. ¿Se imagina alguien lo que pudo haber desencadenado una declaración del ministro Zaldívar Lelo de Larrea en ese momento? No dudo que hasta de vinculación con el crimen organizado lo hubieran presentado en un tiempo donde la figura de los “testigos protegidos” gozaba de cabal salud y era suficiente para decidir quién era inocente y quién no, al margen de los principios de seguridad jurídica. 

Cada quien, por supuesto, deberá formar su propio criterio y estoy seguro de que si se hiciera una encuesta o sondeo, el presidente de la SCJN tiene mayor credibilidad que Felipe Calderón.

Segundo. En ese contexto, ¿quién podría olvidar el caso del llamado Michoacanazo, donde por razones de ventaja política y ajuste de cuentas 32 servidores públicos del gobierno del estado y municipales de Michoacán fueron privados de su libertad y puestos en un penal de alta seguridad? El problema fue que ese proceso se cayó estrepitosamente y todos los imputados salieron libres por falta de méritos y el juez que dictó las sentencias fue después cesado de sus funciones por corrupción. Cabe recordar que mucho ayudaron dos personas para exhibir la verdad: el entonces senador Carlos Sotelo, presidente de la Comisión Especial para el caso Michoacán, y el subprocurador jurídico del gobierno michoacano, Ignacio Mendoza Jiménez, también detenido y puesto en libertad y quien ayudó en la defensa de los demás acusados. 

¿Quién les va a pagar los daños psicológicos, las secuelas, las enfermedades que estas personas sufrieron por una decisión arbitraria de Felipe Calderón tomada para desprestigiar al PRD y fortalecer la fallida intención de apoyar a su hermana Luisa María para gobernar Michoacán, su estado natal? 

Tercero. Felipe Calderón es un mentiroso incontinente. Habría que recordar, por ejemplo, como festinó el abatimiento del famoso líder del cártel La Familia Michoacana, Nazario Moreno González, con sendos comunicados en la página web de la Presidencia de la República. 

Incluso Calderón afirmó en su informe de gobierno que: “Nazario Moreno González, El Chayo, principal líder delictivo, responsable del adoctrinamiento y uno de los fundadores de la organización criminal de La Familia, abatido por Fuerzas Federales en diciembre de 2010” (quinto.informe.gob.mx/informe-de-gobierno/resumen-ejecutivo/estado-de-derecho-y-seguridad). En 2012, Marco Lara Klahr, en su obra Cosas de Familia, puso al descubierto el montaje de Calderón y demostró que no existía evidencia alguna de la muerte del jefe del cártel y que estaba vivo. 

Dos años más tarde, el 9 de marzo de 2014, la realidad le dio la razón a Lara Klahr: el capo de la droga fue abatido por las fuerzas armadas, exhibiendo claramente los datos de la afirmación y poniendo en claro la grave mentira, una de muchas, de Felipe Calderón al pueblo de México. 

Cuarto. El desprecio de la población por Felipe Calderón es patente. Muestra de ello no sólo ha sido su impedimento para entrar a recintos universitarios por ser non grato, sino que en su más reciente incursión al crear un partido político bajo el nombre de Libertad y Responsabilidad Democrática, AC, de acuerdo con datos oficiales del INE, va muy rezagado; con corte al 1 de octubre del presente año apenas llevaba 92 de las 200 asambleas distritales requeridas por la ley y solamente 77 mil 401 afiliados; es decir, 33% del mínimo requerido para lograr el registro como partido de esa asociación civil; y la fecha fatal para cumplir los requisitos vence a finales de febrero de 2020. Por si lo anterior fuera poco, en distintas plataformas digitales hay más detractores contra Felipe Calderón que adeptos a su causa, lo que pone de relieve la enorme dificultad de que pueda obtener el registro legal. 

Quinto. Cómo no recordar que el último día de su mandato reformó el reglamento del Estado Mayor Presidencial para su propio beneficio, al auto otorgarse seguridad militar ilimitada (la existente de 73 elementos ya de por sí era un exceso), atención especial en el Hospital Central Militar y otros beneficios no para todos los expresidentes de la República, sino sólo para él, en un esfuerzo de prolongar sus canonjías sin límites después de su sexenio. 

Por fortuna, el reglamento de referencia fue abrogado, el Estado Mayor Presidencial no existe más y se eliminaron las cuantiosas pensiones expresidenciales otorgadas sin ninguna base legal, como lo hemos apuntado la doctora Hilda Nucci y yo en nuestra obra Los parásitos del poder. Cuánto cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes (Ediciones Proceso, 2016). 

Con todo lo anteriormente expuesto, en verdad ¿habrá quien le crea a este conspicuo personaje, que cada vez que habla se hunde más en la percepción de los mexicanos? 

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¿AMLO debe callarse?

                                                                                 

El presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Benjamín Flores

Por Ernesto Villanueva ,(Proceso).- El presidente Andrés Manuel López Obrador conduce su administración en los umbrales de la tolerancia de diversos actores sociales, entre ellos los representantes de algunos medios informativos. 

Primero, esos actores han cuestionado mucho el tema relativo a los límites que a su juicio debería observar el ejercicio de la libertad de expresión por parte del titular del Poder Ejecutivo federal a propósito de los juicios de valor que éste viene formulando respecto de algunos medios, entre ellos el diario Reforma. El caso es que representantes de medios y comentaristas se duelen porque el presidente de la República practica su libertad de expresión aun cuando esté claro que lo hace dentro de los márgenes previstos en los artículos sexto y séptimo constitucionales. Así pues, se impone una pregunta: ¿El presidente de la República, por el hecho de serlo, debe abstenerse de ejercer sus derechos fundamentales? La respuesta es que no hay ningún artículo constitucional que establezca semejante disposición. El hecho de que antes los mandatarios tuvieran por costumbre una política de comunicación distinta, dinero de por medio, a la de Andrés Manuel López Obrador, no significa que el estilo personal del actual presidente deba seguir las políticas de sus antecesores. En suma, la Carta Magna no prevé ninguna limitante o disposición expresa que establezca que el titular del Poder Ejecutivo federal tenga restricciones adicionales a las del resto de los ciudadanos. Es menester dejar sentado que los dichos e imputaciones presidenciales se han hecho al amparo de lo previsto en el articulado de la Constitución, y ni por asomo actualizan los límites contenidos en ella en relación con las libertades de opinión e información. 

Segundo. Algunos medios se duelen de que el presidente de la República emita opinión sobre ellos. ¿Hay alguna disposición constitucional que lo límite en tal sentido? La respuesta es: ninguna. Tan es así que quienes en teoría pudieran presumirse como afectados no han activado su derecho ante un órgano jurisdiccional competente. En última instancia el modelo apelaría a la sanción moral, pública, lo que carece de asidero constitucional. Otro problema para los detractores de AMLO reside en que la inmensa mayoría de los mexicanos coinciden con los dichos del presidente, e incluso celebran que no guarde silencio ante la crítica, con razón o sin ella. AMLO asimila sus dichos, como un conspicuo derecho de réplica, haciendo ajustes al modelo constitucional que había subvertido el papel presidencial a fuerza de la costumbre y de la subcultura del poder. En suma, en ningún tratado, convención o en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se contemplan excepciones en cuanto al ejercicio de la libertad de los gobernantes para discernir y hacer públicos sus puntos de vista. Así que este ejercicio de la libertad no encuentra ataduras o límites en el derecho positivo o convencional. 

Tercero. Ciertamente, en el ámbito jurídico hay quienes se han manifestado sobre la emisión del memorándum presidencial relativo a la reforma educativa. Pero por lo visto nadie en ese mismo ámbito, con interés legítimo, ha hecho valer sus inconformidades ante la inédita decisión de AMLO. Si bien es preciso puntualizar que el memorándum tiene debilidades jurídicas y puede ser recurrido ante el órgano jurisdiccional competente, nadie que se sepa, insisto, lo ha controvertido. Mi comentario al respecto es que el memorándum afectado de inconstitucionalidad emitido por el titular del Ejecutivo federal posee validez (vida jurídica) y eficacia (es decir, que va a tener efectos jurídicos) para los titulares de las secretarías de Gobernación y de Educación Pública y para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Ante las dudas, queda claro que la resolución presidencial tendrá validez y eficacia hasta que la autoridad judicial competente decida en tal sentido. La inconstitucionalidad no es una disposición que nazca muerta; para que eso ocurra se precisa que las dependencias y el organismo constitucional autónomo hagan valer sus acciones ante el Poder Judicial de la Federación.  l

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Declaraciones patrimoniales: ajustes y desajustes

proceso.com.mx

La primera sesión ordinaria del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Foto: Octavio Gómez

Por Ernesto Villanueva

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En la más reciente sesión del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) hubo una gran discusión sobre los formatos de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que tiene un trasfondo de interés público porque entraña transparencia y rendición de cuentas, además de ser una herramienta de lucha contra la corrupción. Veamos.

Primero. EL SNA introdujo un cambio al formato tradicional para ese tipo de declaraciones: de 200 espacios aumentó a más de 500. El primer tema es que, en aras de la transparencia, en el nuevo se incluyó información confidencial y datos considerados irrelevantes. En este sentido hubo consenso en que se hicieran los ajustes necesarios para evitar que los formatos de la declaración conduzcan a error. Ciertamente, es siempre preferible tener información de interés público puntual y clara que dar pie a percepciones equívocas en el imaginario colectivo por un diseño inadecuado del formato de referencia.

Segundo. El otro tema es el relativo a la segmentación; es decir, el formato no puede ser el mismo para quienes formen parte de los mandos superiores de la administración pública y manejen recursos que para los jefes de departamentos de estudios e informes, que no tienen a su alcance ninguna atribución en materia económica. José Octavio López Presa, ahora en funciones de presidente del Comité de Participación Ciudadana del SNA, es un gran aliado de la democracia en México; fue el creador del SISI del IFAI, el antecedente de la caricatura en que con el INAI se convirtió la Plataforma Nacional para supuestamente facilitar las solicitudes de información. López Presa me informa que la segmentación debe realizarse de manera clara y sencilla y, opina, ésta no tendría por qué llevar largo tiempo para su puesta en marcha. López Presa forma parte ahora de ese comité que –espera y esperamos todos– haga los ajustes necesarios a la brevedad posible. 

Tercero. El gran problema es el de la interoperabilidad que permitiría agregarle a la base de datos que hizo la compañía Oracle una plataforma digital con diversas funcionalidades para cruzar información y aprovechar los datos almacenados. Ha habido cierta molestia con la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, porque no ha sido partícipe de que las cosas se hagan de forma gradual, sino que se presente el proyecto completo. Por cierto, la secretaria anterior no logró mayores avances en la materia, según confirma López Presa. Sandoval llegó con tiempos fatales y sin nada –o casi nada– avanzado, por lo que técnicamente era imposible o casi imposible hacer en tres meses lo que no se hizo en más de un año. Conozco y reconozco el trabajo de la nueva funcionaria y su rigor intelectual, razón por la cual considero que su intervención en este proceso hará seguramente la diferencia.

Cuarto. En lo que corresponde al gobierno de la Ciudad de México, éste ha logrado grandes avances en la materia, es decir en el área de la Agencia de Operación e Innovación Digital, que dirige el especialista José Merino. López Presa comenta que deben realizarse todavía algunas pruebas de seguridad a la plataforma de la capital del país, trabajo que, considera, podría llevarse de tres a cinco meses. Optimista, confía asimismo en que la plataforma de la Ciudad de México eventualmente podría ser el referente nacional, incluyendo por supuesto la tarea de llenar el vacío que dejó la administración anterior de la Secretaría de la Función Pública.

Quinto. En el diseño original, el presupuesto destinado a cada uno de los miembros del Comité de Participación Ciudadana equivale a 65 mil pesos netos mensuales. López Presa, empresario exitoso, asegura que no participa en esa instancia por pesos y centavos, pero revela que hasta ahora la Secretaría de Hacienda no ha liberado esos recursos; legalmente tampoco se ha informado o habido cambios enfocados a reducir o eliminar ese pago.

Sexto. La interpretación de la ley establece la obligación de los servidores públicos de presentar su declaración patrimonial siempre y cuando se desempeñen como mandos medios, y excepcionalmente la realización de operativos ante el riesgo de corrupción que pueda presentarse. Una inquietud que se ha manifestado en pequeños círculos académicos es que profesores e investigadores de tiempo completo de las universidades públicas, que son –somos– en estricto sentido servidores públicos, también deberán presentar su declaración patrimonial, aunque no manejen recursos públicos. López Presa afirma que este rumor carece de fundamento, por lo que el gremio académico universitario que no coordine o maneje proyectos con recursos públicos no tendrá la obligación de presentar la declaración; resulta claro que si ésta llegara en verdad a imponerse de manera general, generaría una gran resistencia en la amplísima comunidad académica del país. Es de esperar que la obligatoriedad de las declaraciones bajo el argumento de la dificultad de la interoperabilidad tarde en ponerse en marcha. La nueva fecha límite es el último día de diciembre de este año, pero si resulta procedente el proyecto de la capital del país, el plazo sería mucho más corto.  

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Este análisis se publicó el 31 de marzo de 2019 en la edición 2213 de la revista Proceso

Democratización de la publicidad oficial

                                                                                 

Sesión en la Cámara de Diputados. 

Foto: Miguel Dimayuga

Por Ernesto Villanueva (Proceso).- Cambiar las costumbres, las inercias, no es una tarea fácil; antes bien, es sinuosa y compleja, aunque se trate de transformaciones positivas para la salud pública. Es el caso de la publicidad oficial en México. Muchos gobernantes han dicho que los recursos públicos destinados a los medios de comunicación deben ser transparentes y con un sentido de equidad y racionalidad. Pero hasta hoy nadie ha cumplido. Como candidato electo, Enrique Peña Nieto hizo llegar a su fracción parlamentaria un anteproyecto de iniciativa para democratizar las reglas del juego de la publicidad oficial. Nunca avanzó, se quedó sólo en un ejercicio de retórica. Hoy todo apunta a que las cosas sí van en serio.

El 15 de septiembre del año pasado, la reportera Jesusa Cervantes dio a conocer un documentado reporte de la corrupción como regla de conducta en la Cámara de Diputados (https://www.proceso.com.mx/551097/rastros-documentados-de-la-corrupcion-en-san-lazaro) en la legislatura anterior. La nueva mesa directiva que preside Porfirio Muñoz Ledo busca dejar como legado un cambio real en los criterios de asignación de pautas de publicidad oficial a los medios. En las próximas semanas la Cámara de Diputados tendrá (por fin) una normatividad innovadora, por la transparencia y equidad de su contenido, que marcará un parteaguas en las relaciones de ese órgano legislativo con los medios de comunicación.

El cambio ha empezado ya en la Coordinación de Comunicación Social de ese órgano legislativo. Y vaya que no es menor: a) Se ha eliminado la compra externa de monitoreos de medios porque esa coordinación tiene su propia área de monitoreo que no era aprovechada; b) en la elaboración de los diseños y contenidos de los spots para los tiempos oficiales, por el precio de uno en la legislatura pasada, ahora se pagan 15 al aprovechar la infraestructura de la propia coordinación; c) Se ha reducido el número de ejemplares comprados de periódicos impresos en más de 6 millones de pesos en el presupuesto anual de esa área; d) Una reforma que ha generado un precedente histórico es la dignificación de los ingresos de los trabajadores con menores percepciones, quienes pasaron de recibir 6 mil pesos netos mensuales a ganar 15 mil pesos al mes; casi el 200% de aumento con las economías realizadas al cerrar el pozo sin fondo de la corrupción. Se trata de un asunto de la mayor importancia. Muchos piensan por desconocimiento que la ley de remuneraciones busca acotar los sueldos más altos y dejar igual a los más desprotegidos y el propósito es totalmente distinto: se busca reducir las asimetrías subiendo los sueldos más bajos y reduciendo los más altos como se hace en esa área de Comunicación Social, por poner un ejemplo; d) Se ha eliminado hasta ahora la firma de convenios de publicidad y se reactivarán, en su caso, bajo la nueva política pública en esa materia que está por ser concluida.

El cambio, empero, tiene costos altos por las resistencias de quienes habían hecho de la corrupción un modelo de vida profesional. La coordinadora de Comunicación Social, Roselli Reyes Cuevas (quien no es pariente de Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial, por cierto), ha sufrido en carne propia las consecuencias de alejarse de la inercia facilista y adoptar, en cambio, criterios de eficacia y de racionalidad del gasto público. En efecto, la eliminación de los “apoyos” a periodistas sin ningún sustento normativo y las reformas iniciadas, generaron, de entrada, que dos medios se le fueran a la yugular a Roselli al ser acusada de ganar más que el presidente de la República. Para ello se hizo una solicitud de información en 2019 de los ingresos brutos de la titular de la coordinación en 2018 y se comparó con el sueldo neto del presidente López Obrador, lastimando, por un lado, el derecho a saber y, por otro, afectando el patrimonio moral de Roselli. Y no se trató de un “error”, porque ante el ejercicio del derecho de réplica con documentos oficiales en la mano los medios fueron renuentes a modificar lo difundido, aunque finalmente lo publicaron en el lugar más escondido, dejando sin sustancia la naturaleza del derecho de réplica que es un derecho de toda persona previsto en el artículo 6 constitucional.

Cuando una servidora pública honesta y comprometida como Roselli se atreve a predicar y practicar el cambio democrático, además de cuidar los recursos del pueblo, es un deber cívico alzar la voz para reconocer y acompañar críticamente esas nuevas prácticas que mucho bien le hacen al país y que honran a quien las pone en acción. Los medios deberían ser agentes del cambio, no de la reproducción de las pautas conductuales del gatopardismo, de que todo cambie para que siga exactamente igual. Hay que recordar que el primer deber ético de un medio de comunicación es asegurar su sobrevivencia financiera, que de ninguna forma es una obligación del Estado ni en México ni en ningún lugar del mundo. Todo indica que la Cámara de Diputados no será más rehén de los medios, aunque haya que pagar momentáneamente el precio de esa transición, que no debe tener caminos de regreso.

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Grandes expectativas para los medios públicos

                                                                                 

Cartón de Rocha

Por Ernesto Villanueva (Proceso).- En la agenda de esta semana el anuncio de los nuevos titulares de los medios públicos (o en vías de serlo porque jurídicamente sólo hay uno: Notimex, que tiene su propia Ley Orgánica) trajo simpatías y algunas antipatías.

Primero. Los medios públicos no son (o no deberían ser) medios del gobierno en el sentido de que por el mismo sendero transiten intereses y contenidos. Este tipo de medios tienen como propósitos, de manera enunciativa, lo siguiente: a) generar conciencia crítica y alfabetización mediática; b) ofrecer contenidos de calidad; c) abrevar de los estándares éticos internacionales, y d) generar audiencias, para lo cual deben hacer de lo importante algo interesante para la audiencia. Fidela Navarro y yo hemos escrito un par de libros al respecto que podrían ser revisados, criticados y comparados.  

Segundo. En el panorama mexicano, Radio Educación es el ejemplo clásico de un medio que legalmente es del gobierno pero que en la práctica se ha transformado y funciona como público. Antonio Tenorio hizo una gran labor de conciliación como director y logró cumplir con un sueño dorado de la estación: tener nuevas señales en FM tanto en la Ciudad de México como en algunos puntos importantes del país. Llega como relevo Gabriel Sosa Plata, quien conoce lo que significa un medio público y tiene independencia de criterio, además de capacidad de gestión para dirimir conflictos. Hubiera sido difícil encontrar alguien que llenara el espacio del talentoso Tenorio como se logra hacerlo con Sosa Plata.

Tercero. El Instituto Mexicano de la Radio ha sido el vocero del gobierno en turno dejando un mini espacio, la radio ciudadana, para cubrir las apariencias. Y esto fue particularmente cierto en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que rescató a un personaje del retiro mental pero presto a seguir a pie juntillas las órdenes de gobierno. Ahí el arribo de Aleida Callejas hace una gran diferencia, del cielo a la tierra. Aleida viene de un trabajo en favor de la democratización de los medios, de que amplíen sus espacios y los pongan efectivamente al servicio del interés público. Por ello queremos pensar que se avecina una reactivación de las emisoras del IMER en el sentido correcto.

Cuarto. Notimex, la agencia de noticias del Estado Mexicano, ha dado pasos notables en estos años: por ejemplo, lograron atenuarse los conflictos recurrentes entre el sindicato y la dirección general porque, por primera vez, esa empresa comenzó a generar ingresos propios por los servicios que ofrece. Ese fue el aporte de Alejandro Ramos al frente de una agencia que anteriormente solía recurrir a recursos extraordinarios para salir adelante. De Sanjuana Martínez, la nueva directora –que sin mayor problema será confirmada por el Senado de la República– se espera un saneamiento en Notimex, donde están atrincherados peñanietistas en algunos cargos directivos. 

Quinto. El Sistema Público de Radiodifusión no acabó de posicionarse ni de identificarse y, por consiguiente, no ha podido saberse qué es y con qué se come desde la perspectiva de la audiencia. Todo indica que Jenaro Villamil, quien dejó su labor reporteril en Proceso, especializada en medios, aportará su talento, visión y conocimiento para que esa institución ofrezca resultados, además de que, desde luego, explique y justifique su cometido de cara a la audiencia.

Sexto. El Canal 11, el de mayor difusión de los medios públicos, ha atravesado por varios problemas, empezando porque no observa la normativa en materia de seguridad social para sus trabajadores; tampoco hay dentro de la emisora un servicio básico de carrera, y menos criterios racionales y transparentes de cómo se articula su carta programática. Paradójicamente, esa liberalidad le ha permitido producir series y programas de buena factura. Ahora el maestro José Antonio Álvarez Lima tiene frente a sí el gran reto de cumplir y hacer cumplir las leyes en ese canal y, al mismo tiempo, dar resultados. En esa tarea clave el talento de Leticia Salas será de ayuda central para hacer de la televisora el medio público que hasta ahora no ha sido.

Séptimo. El Canal 22 ha sufrido varios embates; entre éstos el relacionado con la gestión de Raúl Cremoux, quien fue obligado a renunciar a su cargo de director después de varias semanas de un intenso movimiento de los periodistas de esa estación, quienes denunciaron la existencia de reiteradas conductas autoritarias, servilismo político a favor del PRI e incapacidad declarada de Cremoux. A partir de ese hecho el 22 quedó a la deriva. Con el nombramiento de Armando Casas, quien trae varios méritos bajo el brazo, podría preverse un ambiente de certidumbre en el canal, al que le urge remontar los años perdidos y restañar heridas luego de haber lastimado a su valioso equipo de periodistas, productores y trabajadores.

Octavo. Sobre la Dirección General de Televisión Educativa se ha cernido siempre la suspicacia de ser, más que un medio, un aparente proveedor de recursos al gobierno para los más distintos propósitos. La nueva titular, Lidia Camacho, ha tenido la habilidad de trabajar con distintos gobiernos, siempre manteniendo su independencia y profesionalismo, además del reconocimiento del gremio, lo que no es una tarea nada sencilla. Tengo la convicción de que Lidia hará lo que deba hacer para que la televisión educativa ajuste sus funciones al estricto cumplimiento de la ley como punto de partida para imprimirle un ajuste sustantivo a ese desperdiciado canal de televisión. 

Noveno. Los nombramientos citados combinan a periodistas críticos y reconocidos profesionales como Álvarez Lima y Armando Casas. Esta coyuntura representa la posibilidad de ejercer un cambio inmediato con respecto al pasado cercano, en el que se tenía idea de lo que realmente eran los medios públicos. Ciertamente, muchos de los nombramientos se realizaban por compromisos políticos, más que por perfiles, como ahora ha empezado a hacerse.

Décimo. Soy un firme creyente de que los medios públicos deben generar sinergias entre ellos y las audiencias para complementar y enriquecer sus contenidos. En algunos casos las pugnas del pasado exhibieron la preeminencia de intereses personales y políticos, y hoy no se desea que esa situación prevalezca. De ahí los perfiles del nuevo equipo que, con respeto a sus particularidades, puede dar vida a un sistema de medios públicos bajo un eje común: el servicio del interés público.  

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Este análisis se publicó el 27 de enero de 2019 en la edición 2204 de la revista Proceso.

Olga Sánchez Cordero, en defensa de los suyos

                                                                                 

La senadora Olga Sánchez Cordero. Foto: Octavio Gómez

Por Ernesto Villanueva  (apro).- La senadora y virtual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se despide del Senado con una iniciativa de reforma constitucional para adicionar la fracción XXIX-Bis al artículo 73 a efecto de otorgarle atribuciones para ayudar (así como lo quería hacer con los medios públicos concentrándolos en la Segob y que, por lo absurdo de la medida, nadie de los liderazgos de Morena salió en su defensa) a “fortalecer las facultades de las legislaturas locales en materia notarial” a través de “unificar los procedimientos y métodos a nivel nacional”.

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de Real Academia “unificar” eso significa:

“Hacer de muchas cosas una o un todo, uniéndolas, mezclándolas o reduciéndolas a una misma especie”. Es una contradicción elemental. No es posible fortalecer las facultades de las legislaturas capturándolas, convirtiéndolas en rehenes de la federación. Es una aberración jurídica y un atentado a la lógica.

Lo peor es cuando la senadora que presenta la iniciativa de referencia viene de la función notarial como negocio familiar creando un conflicto de interés, lo que limita los alcances de sus propuestas en razón y medida de sus intereses económicos familiares.  Véase por qué.

Primero. La inclusión de una normativa federal que “unifique” el acceso y la función notarial pueden ser interpretadas con toda razón como una injerencia federal del gobierno electo en las soberanías locales en momentos en los que la gente no sabe que, en realidad, se trata de una ocurrencia de la senadora a título personal con el apoyo de ella y su alma.

Justo lo contrario del mensaje que debe posicionar para evitar dar elementos a los detractores del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Era necesario? Por supuesto que no, qué necesidad de abrir un frente más a los que ya tiene y todavía no ocupa posición alguna.

Segundo. La iniciativa de Sánchez Cordero se queda en cuestiones cosméticas, formalistas, pero no retoma las importantes experiencias en el sistema latino notarial vistas a la luz del interés de la inmensa mayoría de la población.

El tema más importante: los costos. México tiene los precios más altos tanto en aranceles- que son simple referencia mínima- como en los costos reales al usuario. En el país la escritura de compraventa de una vivienda tiene un costo de entre 7 y 8% de su valor comercial o fiscal y en unos casos llegan hasta el 9%.

Un ejemplo clásico de los costos más altos en América Latina es Colombia, pero mucho más bajos que en México. En efecto, el precio de la escritura de una vivienda incluyendo todos los impuestos y registros públicos además de los gastos notariales (0.54%, sí oyó bien 0.54% del costo de la vivienda) alcanza el 3.21%; es decir menos de la mitad que en México. El sueldo mínimo colombiano es de 273 dólares americanos contra el mexicano (UMA) de 125 dólares.

El gasto notarial lo pagan por mitades el comprador y el vendedor. Y cuando la vivienda es por hipoteca el precio es 30% menor al arancel ordinario.

Aquí se puede ver la enorme diferencia de los costos del notariado mexicano en diversos trámites en relación al colombiano

Tercero.  Otro elemento importante es el acceso a la función notarial, desde los mínimos requisitos en el sistema anglosajón hasta la satisfacción de un conjunto de requisitos que cualquier abogado en el sistema latino puede, sin mayores complicaciones, reunir y presentar su solicitud, la cual es revisada y si está completa se le otorga la patente.

En Costa Rica, el acceso al notariado elimina de tajo la corrupción mexicana, conforme lo disponen los artículos correspondientes de la Ley de Notariado de ese país:

“Artículo 4- El que quisiere obtener el título para ejercer el notariado lo solicitará a, la Facultad de Derecho. La petición se presentará por escrito, en papel sellado de cincuenta céntimos, con indicación del nombre, apellidos, generales y número de la cédula de identidad del solicitante e irá acompañada del título de abogado, del recibo de la Tesorería de la Universidad que demuestre el pago de los derechos que causa la expedición del título, del documento que acredite que es mayor de edad y de la constancia o constancias que prueben que el solicitante ha practicado con algún notario por lo menos durante dos años consecutivos.

“Artículo 5- Si la solicitud estuviera en forma, la Facultad de Derecho comisionará a su Decano para que reciba declaración a tres testigos honorables que él mismo designe, sobre la conducta del peticionario. Recibida la información, la Facultad resolverá si concede o no el título de notario.

“Artículo 6- Si la resolución fuere favorable, el Decano pasará el expediente al Consejo -Universitario para que éste extienda el título al ponente y le reciba el juramento constitucional.

“Artículo 7- El diploma de notario se extenderá en papel sellado de cinco colones, irá firmado por el Rector y el Secretario de la Universidad, y le será entregado al interesado.”

Como se puede ver, una forma de acceso exactamente distinta a la que sugiere Sánchez Cordero para seguir medrando de los más necesitados. En México, como es sabido, son trampolines para hacerse ricos con patentes vitalicias.

Cuarto. ¿No cree usted que sería un gran aporte retomar las mejores experiencias comparadas y reducir al menos el 60% del costo de los servicios notariales? ¿No hubiera sido un aporte de la señora Sánchez Cordero para reducir las grandes asimetrías entre los que todo tiene y los carecen de todo?

¿No cree que si hubiera una mínima voluntad democrática de la señora Sánchez Cordero habría pensado primero en las personas de a pie que en el mantenimiento de la vida de lujo del gremio del que proviene y defiende con toda convicción para preservar privilegios en los ingresos notariales que no se compadecen en Iberoamérica?

¿No cree que la cuarta transformación debe analizar esta inequitativa situación, pero teniendo en cuenta el interés público?

Como diría Martín Luis Guzmán: nadie va contra su propio interés. Y la señora Sánchez Cordero no será la excepción. El bienestar del pueblo es inversamente proporcional al entendimiento de la vida y necesidades de las personas de a pie del sistema cognitivo de la señora.

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ernestovillanueva@hushmail.com

Peña Nieto no tiene remedio

                                                                                 

El primero de una serie de espots de Peña Nieto. Foto: Tomada de video

Por Ernesto Villanueva (Proceso).- El martes 21 Enrique Peña Nieto fue entrevistado en Televisa, donde hizo gala de su estulticia y sus limitaciones cognitivas. Sus declaraciones lo pintan de cuerpo entero:

Primera. Reconoce que el tema de la Casa Blanca desgastó su gobierno y la figura presidencial. Y marcó su sexenio, agrego yo. Exhibió también su ignorancia de los aspectos básicos de la ley que, se supone, debería conocer. No hubo conflicto de interés; fue un problema de comunicación, dijo. Es costumbre de los políticos de baja estofa creer o hacer creer que la información mediatizada explica toda decisión ajena a derecho. No es un problema legal, afirman; es una falla para saber comunicar mejor. ¿Hubo o no conflicto de interés? Por supuesto que sí. La Casa Blanca era propiedad de los proveedores favorecidos por el gobierno del Estado de México cuando Peña Nieto lo gobernó; eso sin adentrarnos en el asunto del tren cuya licitación fue cancelada por “razones presupuestales” cuando él era ya presidente de la ­República. Habría que recordarle a la sociedad que el conflicto de interés tiene lugar cuando un servidor público pueda (ojo: pueda, no necesariamente que obtenga provecho alguno) beneficiarse él mismo o a terceros mediante un desempeño de la función pública parcial. El conflicto de interés es una conducta que actualiza una de las muchas hipótesis en las que se incurre en corrupción. Existen tres tipos de conducta que merecen la misma sanción o reacción jurídica: a) el conflicto de interés real, que consiste en que el servidor público obtenga una ventaja para sí o un tercero mediante la actuación parcial –y por ello fuera de la ley– en el desempeño de su función pública; b) el conflicto de interés aparente, en el cual no se ­materializa ningún beneficio para el servidor público o para un tercero pero en la opinión pública y el sentido común se percibe que podría materializarse mediante una conducta que puede devenir parcial del servidor público aunque nunca se concrete y c) el conflicto de interés potencial, el cual reside en que el funcionario puede, más tarde o más temprano, recibir una ganancia para él o para terceros mediante el ­desempeño de sus atribuciones de manera que probablemente se vuelva parcial. El artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades ­Administrativas de los Servidores Públicos vigente en 2014 establecía en el inciso XI que el servidor público debía “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte” (las cursivas son mías).  

Segunda. EPN incurrió en conflicto de interés real. Eso está clarísimo al haber otorgado o permitido que se les otorgaran contratos públicos a los proveedores dueños de la Casa Blanca cuando él era gobernador del Estado de México y haber llegado a un arreglo legal para la adquisición del polémico inmueble. De nueva cuenta, el conflicto de interés aparece en el momento en que EPN designa a su vigilante: Virgilio Andrade. Éste conocía de antemano la misión que le habían asignado y la llevó a cabo despojándose con ello del prestigio que había ganado anteriormente; lo echó por la borda ante las necesidades del “equipo” político al que pertenece y que ahora se encuentra agazapado.

Tercera. EPN dijo que se arrepiente de que su esposa apareciera en televisión para explicar cómo se hizo de esa propiedad porque, agregó, “no es funcionaria pública”. ¿Es o se hace? El artículo 1 de la Convención Interamericana contra la Corrupción –que forma parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los términos del artículo 1 párrafo segundo y 133 constitucionales– define “función pública” como “toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”. ¿Angélica Rivera no desempeñaba una actividad honoraria como presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF? ¿No es eso una función pública no remunerada? 

Cuarta. En el último tramo de su gobierno EPN confiesa que la Casa Blanca no era una inversión de su esposa con la “liquidación” que le otorgó Televisa, lo que nadie, especialmente en el medio artístico, creyó. Esa mentira atroz y una pésima actuación le han costado, y mucho, a Angélica Rivera, quien si no podía ser una dama sí podía ser cauta y limitar la frivolidad que implican sus limitaciones educativas, éticas y cognitivas. Con Denisse Maerker, EPN dio un giro de 180 grados a la verdad oficial sobre la Casa Blanca: resulta que ya no fue un propósito personal de su esposa con cargo a su fortuna personal, sino una inversión de ambos, EPN y Angélica, lo que nunca constó en el larguísimo expediente de la “auditoría” (por llamarla de algún modo) que dirigió Andrade.

Quinta. Lo cierto es que, como el propio EPN reconoce, la Casa Blanca marcó un parteaguas en su gobierno. Antes las cosas funcionaban más o menos bien, tanto que logró el apoyo pluripartidista al ahora defenestrado Pacto por México. Después de la Casa Blanca todo empezó a salir mal para el gobierno de EPN en los más distintos frentes y culminó con la peor calificación personal de un ­presidente mexicano y el más bajo porcentaje histórico de votación en la elección pasada para su partido, el PRI. Me dicen que a partir de ­diciembre Peña Nieto partirá a Londres, donde tendrá su nuevo domicilio después de haber hecho el peor gobierno del que se tenga memoria.  

@evillanuevamx

ernestovillanueva@hushmail.com

“Al diablo con sus instituciones”

El mundo al revés por Ernesto Villanueva

Foto: Misael Valtierra/ Cuartoscuro

Por @evillanuevamx

Andrés Manuel López Obrador ha sido criticado por sus detractores por su lapidaria frase: “Al diablo con sus instituciones” emitida en el 2006. Se trató de lo que se denomina un acto fallido; es decir, de una expresión que no pasó por el matiz de la razón para modular qué decir y cómo decirlo. Se trató, pues, de una frase animada por la convicción del nuevamente candidato presidencial. Y la verdad tiene toda la razón. El diseño institucional en México está hecho para garantizar las asimetrías económicas, sociales y culturales. Peor aún su confección ha hecho de la corrupción una política pública en su modalidad, por ejemplo, de conflicto de interés. Si se quiere realmente hacer un cambio debe avanzarse en dos rutas de manera paralela, la primera en una reingeniería constitucional que modifique las pautas del ejercicio del poder y la segunda en una reforma fáctica del comportamiento de los servidores públicos mediante los instrumentos más eficaces del desarrollo tecnológico.

De manera enunciativa deben modificarse la Constitución y las leyes, de modo tal que:

Primero. Se garantice una efectiva división de poderes y se acote a su mínima expresión la figura de los organismos públicos autónomos que han sido una pretendida forma remedial que no ha arrojado mayores cambios al país, salvo los altísimos ingresos que se destinan a esas instituciones que bien podrían destinarse a rubros sociales que se han dejado fuera de la atención pública por las propias necesidades de reproducción del poder que se mantienen intactas hasta la fecha.

Segundo. Se optimice la educación pública internalizando elementos básicos de conciencia crítica y no sólo adiestramiento formal, se fortalezca sustancialmente a las instituciones de salud para los más amplios sectores de la población y, por el contrario, se eliminen privilegios como los que gozan los expresidentes de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en activo y en retiro, los titulares de los organismos públicos autónomos, los directivos de las instituciones financieras y bancarias del Estado que se reflejan no sólo en sueldos por arriba en promedio a la media de los países de Europa occidental donde, sobra decir, el costo de la vida es inmensamente mayor que en México. También en seguros de gastos médicos mayores con cargo al pueblo, viáticos excesivos conforme a los estándares internacionales, tan sólo por mencionar algunos ejemplos. ¿Alguien recuerda, por ejemplo, a Alonso Lujambio y su tratamiento médico con cargo al erario en el mejor hospital de Estados Unidos sin renunciar a su cargo de secretario de Educación Pública?

Tercero. Se transforme la relación entre el Estado y los empresarios en materia de adquisiciones. Se ha vendido como “práctica democrática” las “licitaciones públicas” que en los hechos es una versión un poco más compleja que las asignaciones directas. La mayor parte de la sociedad ignora que las famosas licitaciones son retratos hablados hechos en contubernio entre la autoridad y muchos empresarios que venden servicios a las instituciones públicas con sobreprecios que van a los bolsillos de algunos en perjuicio del interés público. Por lo anterior se debe crear una figura legal diferente que incentive la competencia y los mejores precios con calidad.

Cuarto. El Estado debe asumir su rol con la legitimidad de la que hoy carece y eliminar las agrupaciones de “la sociedad civil” como figuras de “acompañamiento” en una suerte de vertiente “legitimadora” que en la práctica busca privatizar la toma de decisiones que le corresponde a las instituciones públicas, con el conflicto de interés y la puesta en práctica de filias y fobias que ello significa. Bienvenidas las organizaciones de la sociedad civil pero con los mismos derechos y obligaciones que cualquier persona con ciudadanía mexicana. En los últimos años algunas de esas organizaciones actúan como “aval” de decisiones de los titulares del poder público ante la erosión de credibilidad y, por ende, legitimidad de ellos que- se supone- deberían ser garantes del interés comunitario, pero son exactamente al contrario.

Quinto. La “honestidad” debe transformarse en mecanismos verificables a la luz de las mejores prácticas internacionales adoptando para ello las herramientas de acceso y permanencia en los puestos públicos no sólo por criterios de idoneidad curricular, sino mediante la aprobación de exámenes toxicológicos y de control de confianza retomando, como ejemplo, los que realiza la DEA americana a sus agentes y directivos o las principales empresas trasnacionales preocupadas y ocupadas en ganar lo más posible con los mejores perfiles. Paradójicamente en México el dinero público se entiende como tierra de nadie razón por la cual cualquiera puede acceder a los cargos sin mayores requisitos que buenas relaciones reproduciendo con ello la corrupción y la impunidad tan nuestra. En la medida en que el dinero público se perciba como el dinero que la comunidad debe ejercer un escrupuloso escrutinio las cosas empezarán a cambiar.

Sexto. Ojalá y sea cierto el “pacto” entre Andrés Manuel López Obrador y el presidente Enrique Peña Nieto traducido en cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley que hasta ahora ha sido violentada un día y otra también por el actual gobierno cuya corrupción e impunidad es la más alta del México contemporáneo. Si es el caso, por vez primera la expresión popular en las urnas y la definición de quién gana la elección podrían transitar por el mismo sendero.

ernestovillanueva@hushmail.com

El tuit de @RicardoAlemanMx

El mundo al revés por Ernesto Villanueva

mayo 8, 2018 8:32 am

Por @evillanuevamx

No me gusta el periodismo que hace @RicardoAlemanMx. Por eso no lo leo ni sigo sus opiniones, salvo ahora que uno de sus tuits ha trascendido el mundo virtual y ha tenido (está teniendo) efectos en el mundo real o percibido como tal.

Como es sabido, Alemán publicó un tuit desafortunado, ajeno, por supuesto, a la ética periodística porque permitió que pudiera ser interpretado como probable llamado a la comisión de un delito, el de privar- de acuerdo a esta lectura- de la vida al candidato de MORENA a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador.

La condición humana está impregnada de un conjunto de emociones positivas y negativas. Las negativas tienden a ganar la partida. Recuérdese la sentencia de Cornelio Tácito (que cita Nicolás Maquiavelo en su clásico “Discursos sobre la primera década de Tito Livio”) “Mayor es la inclinación a castigar la ofensa que a premiar el beneficio, porque el agradecimiento pesa y la venganza satisface”.

En estos excepcionales casos por lo menos en México el primer sentimiento que tiene una persona que no concuerda con los juicios de Alemán, y más aún cuando ha sido objeto de las fobias del periodista impugnado, como ha sido mi caso y el de muchos otros, es sumarse de manera activa o pasiva a fuente ovejuna y sentir ese interno “gozo” del sufrimiento ajeno, de la venganza puesta en forma por la fortuna.

No creo, empero, que si se intenta hacer periodismo de distinto tipo se deje que la razón se convierta en rehén de la emoción o sentimiento. Al contrario, a mayor conocimiento debe haber mayor responsabilidad. Ahí estriba la diferencia de qué decir y cómo hacerlo. Veamos.

Primero. @RicardoAlemanMx abrió una rendija a diversas interpretaciones con su tuit. Gran parte de la comunidad de Twitter lo interpretó como si se tratase de un llamado puntual, directo y sin lugar a la menor duda a que se cometiera el delito de homicidio en perjuicio de AMLO. Un análisis- superficial porque no requiere más- arroja que esa conducta reprobable no es, sin embargo, constitutiva del tipo penal del llamado o apología del delito habida cuenta que la materia penal es de estricto derecho; es decir, el margen de interpretación es muy reducido por su propia naturaleza punitiva.

A mayor abundamiento, el artículo 14 constitucional, párrafo tercero- uno de los pilares del principio de seguridad jurídica- dispone que: “En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”. (Cursivas mías).

En el mismo sentido, el único criterio jurisprudencial del Poder Judicial de la Federación señala: “la provocación a cometer un delito debe ser directa y expresa, y solo puede ser dolosa, o sea, con la voluntad y conciencia del agente de provocar la ejecución de un cierto y determinado delito”. (http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/195/195257.pdf)

Es claro y notorio que esos dos elementos del tipo penal: a) directa y expresa y b) dolosa no concurren en el tuit motivo de la polémica.

Segundo. Si los primeros dos elementos que mencioné no actualizan el tipo penal citado, menos todavía es posible probar el hilo conductor según el cual el famoso tuit es reflejo de una orden de un servidor público del repudiado gobierno de @epn para provocar el supuesto delito. Queda, por supuesto, como conjetura o mera opinión, pero no satisface de ningún modo los requisitos que requiere el sistema legal para que el ministerio público active una averiguación previa por la falta de los elementos mínimos.

Hasta ahora los actores sociales que han expresado ese nexo causal no han aportado no solo prueba alguna, sino ni siquiera el menor indicio que sustenten sus dichos más allá de un juicio de valor.

Tercero. Que un ciudadano haya presentado una denuncia de hechos en la Procuraduría General de la República no prejuzga que se haya cometido delito alguno. Todo mundo tiene el derecho de presentar las denuncias de hecho que quiera. Otra cosa es que esas denuncias prosperen jurídicamente.

Estoy plenamente convencido de que el tuit de Alemán no genera un caso y que esa denuncia, que puede tener muchas motivaciones algunas de ellas compartibles desde la perspectiva deontológica y/o sociológica, adolece de los méritos que el derecho reclama. El sentido común debe prevalecer en esta polémica y ubicar el tuit en su justa dimensión. En nada se abona al ejercicio de un periodismo anclado en los mínimos valores éticos cuando se quiere convertir a Alemán en un mártir de la censura y el autoritarismo por más cuestionables que sean sus expresiones.

ernestovillanueva@hushmail.com

Debate de espejismos

Palacio de Minería previo al debate presidencial. 

Foto: Twitter @marianabenitezt

     Por Ernesto Villanueva (Proceso).- En una sociedad democrática el debate electoral es un espacio donde los candidatos exponen y defienden sus ideas y propuestas, en tanto que los electores pueden compararlas y analizarlas para estar en condiciones de ejercer un voto informado.

Lo anterior, es importante precisarlo, sólo sucede en el terreno de la utopía y en las democracias consolidadas. México, como es sabido, no es una democracia; es, en cambio, una apariencia de estado de derecho, un lugar donde las asimetrías económicas y sociales son alentadas por su diseño institucional, una nación cuyos habitantes tienen gran capacidad de resiliencia (es decir, de recuperarse rápidamente de sus padecimientos o trastornos con secuelas mínimas), un país donde la movilización social es inversamente proporcional a su potencial de expresión verbal.

En ese contexto, a cualquier persona con sentido común (que es, se dice, el menos común de los sentidos) sorprende que nadie actúe sobre las condiciones objetivables que tienen atrapado al país, sino que se simule que se “vive” una democracia. 

Ahora toca el turno a los debates, donde no hay ganadores ni perdedores. Además del papel que juegan las filias y fobias de medios y analistas, va a ganar quien de antemano quiere que gane el probable votante. Es lo que se denomina sesgo confirmatorio, el cual parte de que las personas van a oír con mayor interés aquellas informaciones que sean más compatibles con sus valores y juicios predeterminados. El INE hace como que hace y se abstrae de la realidad para ubicarse en un mundo paralelo, al que lo acompañan los políticos, los analistas y los medios de comunicación para articular esa realidad virtual de espejos donde la apariencia tiene el rol estelar.

Incluso en ese mundo paralelo, el INE se vio obligado a “pedir” algo a Netflix, empresa que otorga servicios de series y películas a un pequeñísimo sector de la población por ser de paga y con una audiencia mucho menor que las cadenas de televisión abierta: que cambiara el horario de una serie para que México de pie, expectante, esté con la mirada y la atención puestas en lo que tengan que decir los candidatos en los debates. 

¿Somos o nos hacemos? ¿Alguien cree en verdad que el órgano electoral de Finlandia o Dinamarca le pediría a una empresa de video por internet que cambie sus horarios? ¿No se supondría que si en México se vive en democracia, Netflix, por iniciativa propia, habría cambiado su horario de estreno de una serie porque el debate lo dejaría sin público, en virtud de la gran cultura cívica de los mexicanos que están al pendiente de lo que podría ser su destino colectivo e individual los próximos seis años, al menos?

Esos mundos coexisten en un mismo lugar y momento. El de la realidad indica que las elecciones las decidirán los muy desacreditados magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación designados por el propio régimen y cuyas resoluciones son irrevocables, como se corroboró con el insólito caso del señor Bronco, y el año pasado con los resultados en el Estado de México.

El voto es un ingrediente necesario en los resultados, pero, por desgracia, no define por sí sólo quién gana a final de cuentas. Y por si alguien tuviera duda, las Fuerzas Armadas son “institucionales”; en otras palabras, están al servicio del statu quo formalmente “legal”, pero con grandes problemas de legitimidad. 

Por supuesto, siempre será mejor para el régimen que la distancia entre el mundo real y el mundo alterno sea lo menos alejada posible. Ahí se inscribe, por ejemplo, el despliegue informativo de El Universal que “revela” que Andrés Manuel viajaba ¡en una avioneta!; manejo informativo hecho como si se tratara del resultado de una aguda investigación periodística que destapara un caso de corrupción; burda estrategia cuyo efecto bumerang contra el régimen seguramente agradece el propio López Obrador. 

El gran problema de los medios es que no pueden convencer a la gente de que vive bien, pues ahí están los múltiples datos y estadísticas anunciadas por el gobierno de Peña Nieto (paradójicamente con los recursos de los mexicanos) para ser desinformados, ni de que vivir mejor es un proyecto de largo plazo.

Si, en cambio, los medios quisieran convencernos a los mexicanos de que en Burundi los pigmeos tienen una fuerte presencia social, tal vez eso sería una tarea más fácil por lo lejano de aquella realidad y la poca información que existe aquí sobre esa empobrecida nación africana. 

Como si se tratara de un conjuro, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que cuenta con el voto de las Fuerzas Armadas. No lo dudo. Es muy probable que en las casillas cercanas a las zonas y regiones militares y navales los sufragios lo beneficien. Pero de ahí a que ello implique algo más, hay mucho trecho. Dudo, y mucho, que los militares se conviertan en un garante de la defensa del voto popular. 

Lo peor de todo es que muy probablemente un previsible fraude electoral no encienda demasiado los ánimos de los mexicanos y, por ello, no pueda gestarse una verdadera movilización social. Por algo México aparece en el número 24 de los países más felices del mundo de un universo de 156 en el más reciente reporte mundial de la ONU dado a conocer en días pasados (https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2018/WHR_web.pdf). 

Hay numerosos elementos de juicio para considerar que la resignación, la esperanza y la obligada catarsis declarativa de los mexicanos podrían ganar la partida al final en este proceso por lo que hace a las elecciones presidenciales. En los ámbitos estatales y municipales, así como en los legislativos federal y locales, los umbrales de tolerancia del régimen al disenso tendrán sitio para amortiguar el impacto mediático de los resultados en la definición presidencial.

@evillanuevamx

ernestovillanueva@hushmail.com

El PRI-gobierno afina sus trampas

    Por Ernesto Villanueva 

 

El candidato priista José Antonio Meade y el presidente Enrique Peña. Foto: Germán Canseco

Para mi amigo Gerardo Cajiga, con mi solidaridad de siempre.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Estoy convencido de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) va a obtener el sufragio de gran parte (probablemente la mayoría) de los electores. En un sistema medianamente democrático lo anterior permitiría augurar que tiene amplias probabilidades de ser el próximo presidente de la República. Hay, empero, diversas pruebas que deberá sortear quien quiera vencer a José Antonio Meade y al PRI.

Veamos.

Primero. Es necesario recordar –por si alguien lo olvidara– que en México no hay estado de derecho; hay, sin embargo, algunas islas en donde la ley no es una referencia en un mar de corrupción e impunidad. En las elecciones del Estado de México el régimen demostró que si no gana, arrebata. El dilema no es menor: la cárcel o la fuga o mantener el statu quo. De esta suerte, el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN), además del poder, no tiene nada que perder: no hay honor que cuidar, tampoco imagen que haya que guardar ni simulación que haya que observar, aun si ello resulta costoso para el objetivo final, el de preservar el poder a costa de todo lo que pueda hacer, legal o no, apelando a una eventual legitimidad por resultados que a una legitimidad de origen.

Segundo. En este momento el gobierno, con todo desparpajo, utiliza a la Procuraduría General de la República como instrumento de persecución política contra los adversarios del statu quo (hoy Anaya, ¿mañana AMLO?) –panorama en el cual lo menos importante es que se sujete a la Constitución y a las leyes– y usará todo lo que esté a su alcance para preservar el establishment. El escenario pareciera complicado para que el PRI-gobierno pudiera preservar el poder presidencial. Si se parte de que la impunidad es el sello de la casa presidencial y el gobierno de EPN no conoce la expresión ética pública, el régimen puede mantener la Presidencia al margen y en contra de los votantes.

Tercero. Si la campaña gubernamental contra Ricardo Anaya tiene éxito –de hecho ya lo está teniendo–, los gobernadores panistas con interés en mantener para los suyos el poder en un estado de la República van a negociar con el régimen (algunos lo están haciendo ya), de suerte que ganen la gubernatura en sus estados y le generen votos a la candidatura presidencial del PRI-gobierno. En política –y más en la política mexicana– no hay compromiso que se mantenga más allá de lo que es conveniente para alguna de las partes del acuerdo; en este caso, los gobernadores que tienen algo o alguien que perder a nivel local si en la opinión pública cae la candidatura de Anaya.

Cuarto. Se buscará resolver la elección de Estado –que lo será sin duda alguna– bajo la fórmula de la simulación, como primer escenario: la compra de representantes de casilla, el robo de urnas y el trabajo obsequioso del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ni el Frente ni Morena tienen los recursos públicos del gobierno, que no conoce más límite que su imaginación, porque los mecanismos de control no funcionan y los contrapesos no ocupan el lugar que deberían en una mínima democracia, pues no hay valor alguno al cual apelar o cuestionar.

Quinto. Estados Unidos –que tradicionalmente ha generado un marcaje personal al funcionamiento de las instituciones en México, de suerte que se garantice la gobernabilidad– hoy libra batallas internas de pronóstico reservado. A ese país le importa poco que haya democracia en México y mucho que haya gobernabilidad. Y ésta la puede asegurar –en el peor sentido de la expresión– el PRI-gobierno. Tiene bajo su control al Ejército, la Marina, el Estado Mayor Presidencial, la Policía Federal y la Policía Federal Ministerial. En el escenario B, donde se cuestione con pruebas en la mano el eventual fraude en las elecciones, veo poco menos que imposible que se fracture la unidad de las Fuerzas Armadas y policiales para presionar a EPN a que se ajuste al mandato de la Constitución y las leyes. Al contrario, en su mal entendida percepción de “institucionalidad”, mantendrán su espíritu de cuerpo a las órdenes del presidente.

Sexto. Si en virtud de las presiones sociales y de las pruebas fehacientes de todo tipo de irregularidades el próximo 1 de julio el PRI-gobierno es informado por el Cisen y las áreas de inteligencia del Estado Mayor Presidencial y la Marina que existen consejeros o magistrados electorales animados a olvidar cómo y por quiénes llegaron a sus cargos, puede tomar la decisión de brindar “custodia” a los seres queridos de consejeros y magistrados para que no se equivoquen en sus resoluciones. Por supuesto que es inconstitucional e ilegal esta medida, pero sería muy difícil que consejeros y magistrados puedan hacer algo, menos todavía si para ello el PRI-gobierno aprovecha a las fuerzas del crimen organizado, con las que tiene un fluido contacto, para que se encargue de esa tarea, con la gravedad que implica no ajustarse al guión oficial. Los consejeros y magistrados no son héroes ni por asomo, de modo que necesitarán muy poca presión para hacer la parte que les corresponde en esta puesta en escena.

Séptimo. Morena y el Frente confían –o dicen confiar– en el pueblo como instrumento de blindaje del voto. Pero esto es, en la realidad, sólo una expectativa de comportamiento, sin que haya elementos de convicción de que la gente tiene internalizada una cultura democrática. En lo absoluto. Sí saldrán a votar, sí irán a manifestaciones en días inhábiles, pero se advierte poco menos que imposible que dejen sus trabajos para una movilización de largo aliento. Serán las redes sociales espacios de desahogo y catarsis, pero eso no moverá un dedo el ánimo antidemocrático del PRI-gobierno. Es como si a un escorpión se le pidiera que no pique a alguien: no puede dejar de hacerlo, pues eso se halla enraizado en su naturaleza. El mexicano promedio no es el ucraniano que narra el documental Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom (Invierno de fuego: la lucha de Ucrania por la libertad), sino el que describe Octavio Paz en Las máscaras, un texto que forma parte del clásico Laberinto de la soledad. De ahí mi pregunta, de nuevo: ¿qué va a hacer Morena para vencer los obstáculos citados con lo que tienen y con lo que están dispuestos a hacer quienes están en el poder?

@evillanuevamx

ernestovillanueva@hushmail.com

Este análisis se publicó el 11 de marzo de 2018 en la edición 2158 de la revista Proceso.

Consideraciones sobre el fiscal general

Castillejos entre los ministros Pérez Dayan y Gutiérrez Ortíz. 

Foto: Miguel Dimayuga

Por Ernesto Villanueva

El proceso de designación del titular de la Fiscalía General de la República, hacia donde transitará la actual PGR, ha generado un amplio debate. Y no es para menos.

El fiscal no sólo debe ser sino parecer independiente, lo que no se lograría con el “pase automático” del actual procurador, Raúl Cervantes, por su afinidad partidista. Esto en sí mismo sería un caso de conflicto de interés, una de las formas en que se expresa la corrupción.

Por esa razón y por la exigencia de un número creciente de personas y organizaciones, a sus promotores se les ha encarecido el costo para que Cervantes sea ungido fiscal general. Pero el tema no se agota con que el extitular jurídico del PRI no llegue a ese puesto. Hay dos problemas, al menos, que deben ser zanjados.

Es probable que Raúl Cervantes sea sustituido por otro personaje que tiene los mismos impedimentos, el señor Humberto Castillejos, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, ahora dedicado a la actividad privada. Esta diferencia de personas deja el problema intacto, porque tanto Cervantes como Castillejos no sólo son presuntamente familiares, sino tienen una clara afinidad partidista y, en el caso del segundo, incluso una cercanía especial con el presidente Enrique Peña Nieto.

Lo que se debe hacer, en consecuencia, es designar a alguien que reúna no sólo los requisitos legales, sino las exigencias mínimas de ética pública para que la Fiscalía sea en realidad una verdadera instancia de procuración de justicia. Conviene recordar que México es el único país donde el Ministerio Público Federal está adscrito a la Administración Pública Federal en un diseño institucional disfuncional al ser juez y parte. La autonomía de las fiscalías generales o sus equivalentes en América Latina es disposición constitucional desde hace más de 10 años. México es el cabús del desarrollo democrático en este rubro, como en otros más.

Es plausible que haya organizaciones sociales y gremiales que busquen incidir para que el Senado cumpla con sus atribuciones constitucionales, a la luz de las mejores prácticas internacionales. Pero de ahí a que esas organizaciones, todas ellas muy respetables, se quieran convertir en comité de “acompañamiento”, de “selección” o de “veto” de quienes sean candidatos o candidatas a titulares de la Fiscalía General de la República hay un gran trecho. Estas organizaciones de entrada no representan, en modo alguno a la sociedad civil, se representan únicamente a sí mismas. Es imposible que puedan acreditar un mandato de la sociedad simple y sencillamente porque no existe.

Bienvenidas las propuestas, la retroalimentación, para que los senadores hagan mejor su trabajo. Pero resultaría inaudito que se quiera sustituir de facto al Senado de la República. Bien o mal, los senadores tienen en su haber una representación ciudadana y están ahí porque, se supone, llevan con ellos un número de votos que, como es lógico, no los tienen esas organizaciones que, dicho sea de paso, detentan el monopolio, en los hechos, en estos casos.

Tanto es grave que el Senado no ejerza con pulcritud sus atribuciones en este y otros temas, como que un  grupo de personas suplan al Estado bajo el argumento de que el Senado debe ser “ayudado” y la mejor “ayuda” es que ellos “acompañen”, designen y generen un consejo “ciudadano” para que el fiscal general cumpla sus atribuciones. Una idea en ese sentido se generó hace algunos años, cuando hubo quienes proponían que los juzgados de distrito y los tribunales de apelación contaran con un consejo “ciudadano”. Sobra decir que en las mejores experiencias democráticas no existen ese tipo de consejos. Sólo falta que bajo el pretexto de la debilidad de las instituciones, un grupo de activistas profesionales y empresarios decidan a quién ponen para procurar justicia donde se pasaría del control del gobierno al control de una pequeña parte de la iniciativa privada, dejando vacío el sentido de Estado y su diseño institucional que, sin duda, requiere muchas reformas, pero en el marco del diseño previsto por la Constitución para crear normas jurídicas.

@evillanuevamx

ernestovillanueva@hushmail.com

Razón y derecho en el caso Kate del Castillo

La actriz Kate del Castillo. Foto: Nick Ut / AP

Por Ernesto Villanueva

He seguido de cerca en estas páginas, y en otros espacios, el caso de la actriz Kate del Castillo desde que inició por el desaseo jurídico en el que nació imbricado el asunto.

Es de conocimiento público el linchamiento mediático por el que el gobierno mexicano actuó contra Kate por su entrevista con Joaquín Guzmán Loera. Su equipo jurídico con buen tino ha debido utilizar las herramientas disponibles del sistema jurídico mexicano para hacer frente a un caso atípico, que se aleja de los litigios habituales, donde hay un respeto razonable, en mayor o menor medida, al principio de seguridad. No fue así en este caso.

Por las razones anteriores me han entrevistado diversos medios extranjeros para explicar por qué Kate llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Me parece oportuno por esa confusión aclarar el panorama legal. Veamos.

Primero. Kate no ha sido procesada ni menos sentenciada de delito alguno. Ni en México ni en Estados Unidos. Al contrario, la Procuraduría General de la República (PGR) no pudo construir un caso y un juez federal ordenó que cerrara la averiguación previa y que, si iniciara otra, se lo hiciera de su conocimiento. De esta suerte, Kate legalmente no tiene cuenta pendiente alguna en este terreno.

Segundo. La decisión del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, al resolver el amparo en revisión 345/2016, sostuvo –como parte de la resolución donde revoca el amparo que había otorgado un juez de distrito para que no se filtraran sus datos personales de la averiguación previa de la PGR– que:

"Partiendo de que la quejosa tiene ese carácter, conforme a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe soportar un mayor nivel de injerencia en su vida privada y en su honor, a diferencia de las personas privadas o simples particulares, al existir un interés legítimo de la sociedad de recibir información sobre ella y, por ende, de los medios de comunicación social, de difundirla, en aras del libre debate público".

Esta resolución es correcta si se hubiera tratado de datos que informara un periodista, jamás en relación con una autoridad. La PGR debe hacer únicamente aquello que la ley le ordena y, es obvio, que es inconstitucional la filtración de elementos de una averiguación previa que, por ley, deben ser secretos.

Tercero. La petición de Kate ante la CIDH tiene como propósito restablecer los criterios de protección de derechos humanos de la propia Comisión, de interpretación jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y de los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos que le han sido violados en México (el derecho a presunción de inocencia, el derecho al honor, el derecho a la vida privada y el principio de seguridad jurídica).

Y lo hace ante la CIDH porque ya agotó las vías judiciales en México para que cese esa campaña mediática de desprestigio del gobierno mexicano que la resolución del Tribunal Colegiado ha avalado en contra de jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la propia CoIDH, y por supuesto de la Comisión Interamericana.

Cuarto. La petición que hizo Kate ante la CIDH es la puerta de entrada establecida en el sistema interamericano de protección de derechos humanos en casos como el de ella, donde este organismo autónomo de la OEA, que tiene como misión vigilar el respeto de los derechos humanos del sistema, analice si la petición de Kate es admisible porque concurren los elementos de violación de derechos humanos aducidos por la actriz y su equipo jurídico (que considero que es obvio y notorio) y, si así lo decide, puede ordenar medidas cautelares al gobierno mexicano y requerirle que ajuste su actuación al mandato de los tratados y convenciones internacionales que México ha firmado y ratificado en materia de derechos humanos.

Quinto. Si el gobierno mexicano, en el supuesto de que la CIDH se haya pronunciado a favor de la petición de Kate, se negara, la Comisión puede optar entre publicar su recomendación razonada y/o llevar el caso ante la CoIDH.

En el sistema interamericano la persona agraviada, la víctima, no puede acudir directamente ante la Corte Interamericana, pues únicamente puede hacerlo a través de la CIDH. Esta etapa suele ser larga o no dependiendo de las consideraciones de la Comisión y de la voluntad en este caso del gobierno mexicano.

No se ve fácil que, aunque Kate tiene de su lado la razón y el derecho, la Comisión emita una resolución durante el tiempo que le queda al gobierno de Enrique Peña Nieto, quien ha demostrado una inquina contra la actriz sin guardar las mínimas formas previstas en la ley. Esta decisión, empero, de acudir ante la CIDH me parece una atendible sugerencia del equipo jurídico de Kate que actuó en consecuencia.

Comentarios: @evillanuevamx y ernestovillanueva@hushmail.com