Castillejos entre los ministros Pérez Dayan y Gutiérrez Ortíz.
Foto: Miguel Dimayuga
El proceso de designación del titular de la Fiscalía General de la
República, hacia donde transitará la actual PGR, ha generado un amplio
debate. Y no es para menos.
El fiscal no sólo debe ser sino parecer independiente, lo que no se
lograría con el “pase automático” del actual procurador, Raúl Cervantes,
por su afinidad partidista. Esto en sí mismo sería un caso de conflicto
de interés, una de las formas en que se expresa la corrupción.
Por esa razón y por la exigencia de un número creciente de personas y
organizaciones, a sus promotores se les ha encarecido el costo para que
Cervantes sea ungido fiscal general. Pero el tema no se agota con que
el extitular jurídico del PRI no llegue a ese puesto. Hay dos problemas,
al menos, que deben ser zanjados.
Es probable que Raúl Cervantes sea sustituido por otro personaje que
tiene los mismos impedimentos, el señor Humberto Castillejos,
exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, ahora dedicado a
la actividad privada. Esta diferencia de personas deja el problema
intacto, porque tanto Cervantes como Castillejos no sólo son
presuntamente familiares, sino tienen una clara afinidad partidista y,
en el caso del segundo, incluso una cercanía especial con el presidente
Enrique Peña Nieto.
Lo que se debe hacer, en consecuencia, es designar a alguien que
reúna no sólo los requisitos legales, sino las exigencias mínimas de
ética pública para que la Fiscalía sea en realidad una verdadera
instancia de procuración de justicia. Conviene recordar que México es el
único país donde el Ministerio Público Federal está adscrito a la
Administración Pública Federal en un diseño institucional disfuncional
al ser juez y parte. La autonomía de las fiscalías generales o sus
equivalentes en América Latina es disposición constitucional desde hace
más de 10 años. México es el cabús del desarrollo democrático en este
rubro, como en otros más.
Es plausible que haya organizaciones sociales y gremiales que busquen
incidir para que el Senado cumpla con sus atribuciones
constitucionales, a la luz de las mejores prácticas internacionales.
Pero de ahí a que esas organizaciones, todas ellas muy respetables, se
quieran convertir en comité de “acompañamiento”, de “selección” o de
“veto” de quienes sean candidatos o candidatas a titulares de la
Fiscalía General de la República hay un gran trecho. Estas
organizaciones de entrada no representan, en modo alguno a la sociedad
civil, se representan únicamente a sí mismas. Es imposible que puedan
acreditar un mandato de la sociedad simple y sencillamente porque no
existe.
Bienvenidas las propuestas, la retroalimentación, para que los
senadores hagan mejor su trabajo. Pero resultaría inaudito que se quiera
sustituir de facto al Senado de la República. Bien o mal, los senadores
tienen en su haber una representación ciudadana y están ahí porque, se
supone, llevan con ellos un número de votos que, como es lógico, no los
tienen esas organizaciones que, dicho sea de paso, detentan el
monopolio, en los hechos, en estos casos.
Tanto es grave que el Senado no ejerza con pulcritud sus atribuciones
en este y otros temas, como que un grupo de personas suplan al Estado
bajo el argumento de que el Senado debe ser “ayudado” y la mejor “ayuda”
es que ellos “acompañen”, designen y generen un consejo “ciudadano”
para que el fiscal general cumpla sus atribuciones. Una idea en ese
sentido se generó hace algunos años, cuando hubo quienes proponían que
los juzgados de distrito y los tribunales de apelación contaran con un
consejo “ciudadano”. Sobra decir que en las mejores experiencias
democráticas no existen ese tipo de consejos. Sólo falta que bajo el
pretexto de la debilidad de las instituciones, un grupo de activistas
profesionales y empresarios decidan a quién ponen para procurar justicia
donde se pasaría del control del gobierno al control de una pequeña
parte de la iniciativa privada, dejando vacío el sentido de Estado y su
diseño institucional que, sin duda, requiere muchas reformas, pero en el
marco del diseño previsto por la Constitución para crear normas
jurídicas.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario