Patricia Elena Aceves Pastrana*
Los recortes anunciados
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al presupuesto
de 2017 han ocasionado la protesta de miembros de las comunidades
educativa y científica, ante la merma que sufrirán sus recursos. El
análisis de los datos proporcionados por la SHCP, aunado al de
presupuestos pasados, muestra que no existe justificación para estos
recortes.
Durante la gestión de Enrique Peña Nieto, la SHCP ha estimado, muy
por debajo, los ingresos que captará la Federación y que presenta
anualmente ante el Congreso de la Unión. En otras palabras, los recursos
de los que dispone el gobierno han sido sistemáticamente mayores a los
que registra en el proyecto de ley de ingresos, especialmente los
provenientes de la recaudación tributaria. De acuerdo con los informes
proporcionados por la SHCP, en 2014 este excedente de ingresos fue de
182 mil 334 millones de pesos, en 2015 alcanzó 258 mil 735 millones y
para 2016, esta dependencia estima que será de 527 mil 164 millones de
pesos.
Es importante resaltar que el destino de estos miles de millones de
pesos, en cada ejercicio anual, no se conoce en detalle, por ser
recursos adicionales a los presupuestados. Es decir, queda a discreción
del Ejecutivo decidir su utilización. Si este excedente multimillonario
se administrase con responsabilidad se evitarían los recortes y el
aumento de la deuda, que en estas circunstancias resultan a todas luces
incomprensibles. Pero no es así; estos millones se derrochan y todavía
se gasta más, hasta provocar un déficit en las finanzas públicas.
Al respecto, conviene añadir que el presupuesto de la SEP también ha
venido presentando incrementos de recursos no presupuestados. En 2015, e l
aumento fue de 18 mil 262 millones de pesos, al pasar de un presupuesto
asignado de 290 mil 132 millones de pesos a uno ejercido de 308 mil 394
millones. No obstante lo anterior, en ese mismo año, el gobierno hizo
recortes a programas de este sector. Tal es el caso del Programa
Nacional de Becas, cuyo presupuesto asignado fue de 13 mil 699 millones
de pesos y sufrió una reducción de 3 mil 200 millones de pesos,
afectando con ello a cientos de miles de estudiantes que no tuvieron
acceso a una beca.
Lo contrario sucedió con el Programa Apoyos a Centros y
Organizaciones de Educación, que de un presupuesto asignado de mil 78
millones de pesos en 2015, ejerció al final del año 25 mil 627 millones
de pesos, lo cu al representa un incremento de más de 2 mil por ciento.
No está de más agregar que en 2014 el presupuesto de este mismo programa
pasó de mil 957 millones asignados, a 30 mil 943 millones de pesos
ejercidos. En 2016, esta tendencia a la alza parece persistir, pues el
presupuesto asignado de 961 millones ya ha sido sobrepasado, en el
primer semestre, al haberse ejercido 4 mil 841 millones de pesos.
¿A qué centros educativos han beneficiado estos recursos?
¿Quiénes son los privilegiados que los obtienen? Para estas preguntas,
ni los diputados y menos aún los ciudadanos, tenemos respuesta.
Para 2017, el Proyecto de Presupuesto de Egresos muestra un recorte
en el ramo de Educación Pública de 31 mil 600 millones de pesos, al
reducirse de 297 mil 300 millones asignados en 2016 a 265 mil 700
millones de pesos para el año próximo. Esto representa un decremento de
10.62 por ciento.
En el caso de Conacyt, para 2017, hay una reducción de 8 mil 200
millones de pesos, equivalente a 30 por ciento del presupuesto asignado
para 2016, que fue de 35 mil 100 millones de pesos. Si como ya dijimos,
la SHCP está estimando para el cierre de 2016, un excedente en los
ingresos de 527 mil 164 millones de pesos, cabe preguntar ¿por qué, en
este año, se ha castigado a la SEP y al Conacyt con dos recortes
presupuestales? ¿Por qué Hacienda ha decidido castigar nuevamente en
2017 y, ahora de manera más severa, a las áreas estratégicas de
educación, ciencia, tecnología e innovación? ¿Por qué pretende
asfixiarlas?
Es realmente lamentable que la Academia de Ciencias, el Conacyt, el
Foro Consultivo, las universidades y los científicos más renombrados
tengan que regatear los recursos que les son necesarios para realizar
sus actividades, ante unas autoridades incompetentes para conducir al
país e insensibles a los sectores prioritarios para el desarrollo
nacional.
Hasta ahora, el Ejecutivo y sus secretarios no han justificado por
qué eligieron recortar a educación, ciencia y tecnología, ni tampoco el
por qué de las cuantiosas asignaciones adicionales a ciertos programas
no prioritarios de la SEP.
Ante la difícil situación que enfrenta el país, basta ya de engaños,
opacidad y discrecionalidad en el manejo de los asuntos presupuestales
por parte de las autoridades responsables.
*Diputada federal
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