De cara a la urgente
modernización de la dependencia económica mexicana para con la economía
estadounidense -toda vez que las posibilidades del triunfo de MORENA en
el 2018 van viento en popa gracias a sus alianzas con sectores de la
oligarquía descontentos con el gobierno de Peña- la discusión no radica
en las eventuales ventajas o desventajas económicas para los habitantes
de México sino en las posibilidades de que la militarización y la
consecuente guerra civil que vivimos se profundice.
Tres factores
incidirían en agudización de la crisis humanitaria: el aumento de la
pobreza y la desigualdad como consecuencia de un crecimiento de la
depredación de los recursos naturales y el consecuente desplazamiento de
la población asentada en los territorios en disputa; el incremento de
la intervención militar del Pentágono para mantener, principalmente, las
inversiones extranjeras protegidas de la insurgencia popular; y claro,
el fortalecimiento del narcoestado para mantener el modelo político cuya
principal misión en mantener el status quo a como de lugar.
No
se mencionarán aquí las incontables cifras que demuestran que el éxito
del TLCAN ha sido sólo para las grandes transnacionales y sus
testaferros mexicanos. Baste decir que en los últimos 23 años la
economía mexicana, de acuerdo con el informe del Centro para la
investigación Política y Económica (CEPR, en inglés) ha crecido a un
ritmo menor que el resto de los países latinoamericanos. En el informe,
titulado “Did NAFTA help México?” el CEPR afirma que México se
encuentra en el lugar 15 de 20 países latinoamericanos en el crecimiento
del PIB per cápita, entre 1994 y 2016, lo que ilustra en números el
desastre en el nivel de vida de millones de mexicanos, provocado en gran
parte por el TLCAN. La tasa de pobreza es de 55.1%, mas alta que en
1994, por lo que mas de 20 millones de mexicanos se ha desplazado por
debajo de la línea de pobreza en ese periodo. El impacto se ha
concentrado sobre todo en la población rural: entre 1991 y 2007 casi
cinco millones de personas fueron desalojadas de sus tierras, lo que sin
duda esta relacionado con el crecimento de residentes mexicanos en los
EE.UU.: de 4.5 millones en 1990 a 12.6 millones en 2009.
El
empobrecimento generalizado de la población en las últimas dos décadas
ha ido acompañado de una mayor intervención militar de los EE.UU. en
México, utilizando el argumento del crecimiento del narcotráfico pero
que en realidad apunta a contener la insurgencia popular detonada por el
deterioro de sus condiciones de vida y coordinar el bloqueo de la
migración proveniente de Centroamérica y el Caribe. El pasado 15 y 16 de
junio se celebró en Miami la Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad
en Centroamérica convocada nada menos que por la Secretaría de
Relaciones Exteriores y de Gobernación del gobierno mexicano y el
Departamento de Estado y la Secretaría de Seguridad Interna del gobierno
de estadounidense. Un par de meses antes, en abril, “… el jefe del
Estado Mayor de la Defensa de Guatemala, Juan Manuel Pérez, anunció
acuerdos entre los representantes de los países de la región y los
Comandos Norte y Sur de los Estados Unidos de realizar patrullajes
aéreos, terrestres y de reconocimiento en la frontera con México,
intercambiar información e inteligencia, y “estandarizar protocolos y
procedimientos para realizar operaciones de intervención con el apoyo de
tecnología e inteligencia del Comando Sur”. (https://desinformemonos.org/
Para el mantenimiento de la seguridad interna de
México y sobre todo, del estatus quo político y económico, el
mantenimiento del narcoestado como dinámica estatal es pieza clave en la
modernización del TLCAN en particular y de la estrategia política
estadounidense en general. La militarización de los puertos mexicanos,
el mando único y la militarización de las labores de seguridad pública a
lo largo y ancho del país representan sin lugar a dudas el factor clave
para comprender el crecimiento de la violencia y la inseguridad.
Coordinada a partir del Plan Mérida, la militarización alimentada con un
creciente gasto militar no sólo servirá a los intereses de la industria
de armamento yanqui sino que además debilitará cada vez más el de por
si magro gasto social. Según el Instituto Internacional de Estudios para
la Paz de Estocolmo (SIPRI en inglés) el gasto miliar mexicano se disparó
en un 184% entre 2012 y 2016. Y si bien es cierto, de acuerdo con
cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE) el
gobierno de México invirtió entre 0.5% y 0.6% de su PIB -lo que lo
coloca en el lugar 31 a nivel mundial-la compra de equipos de transporte
como helicópteros, vehículos utilitarios Humvee y blindados de combate
apunta a fortalecer labores de contrainsurgencia. El triángulo formado
por las fuerzas armadas, el gobierno federal y los cárteles del
narcotráfico se verá fortalecido por una mayor disposición de armamento
que, apoyado con labores de inteligencia dirigida a espiar a la
oposición (el caso Pegasus lo ha confirmado) alimentan la tendencia al
mantenimiento de un modelo estatal que, más que atacar a los cárteles se
apoya en ellos con la mediación de las fuerzas armadas y el Pentágono
para mantener vigente el modelo económico y el grupo político que
garantice el alineamiento de México con la estrategia geopolítica de los
EE. UU.
Por todo lo anterior, la modernización del TLCAN estará
guiada por la necesidad de armonizarlo tanto con la Alianza para la
Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) como con el Plan
Mérida. No responderá evidentemente a proteger los intereses económicos
que favorezcan el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría
de los mexicanos sino a garantizar su sometimiento a los intereses
geopolíticos de los EE. UU. El costo humanitario será entonces un daño
colateral que no se detendrá sino que incrementará y seguirá siendo
administrado con la bota militar nacional y extranjera.
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