Javier Duarte y su responsabilidad por las desapariciones forzadas en Veracruz

Rafael de la Garza Talavera

Rebelión

En medio de la simulación del gobierno federal en el juicio contra Javier Duarte, acusándolo de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, resulta muy positivo que diversas organizaciones (Colectivo Solecito de Veracruz y Colectivo por la Paz-Xalapa) estén realizando gestiones para demandarlo, junto con Arturo Bermúdez Zurita y Amadeo Flores Espinosa, ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Dada la calculada parsimonia de las autoridades judiciales en el caso, la intervención de tribunales internacionales tal vez sea la única manera de que se haga justicia.

La farsa justiciera encabezada por la PGR en contra del ex-gobernador veracruzano no deja lugar a dudas de que el verdadero objetivo tiene que ver con la coyuntura electoral del 2018. Si durante su gobierno Javier Duarte fue muy útil para desviar recursos para las campañas del PRI, sobre todo la presidencial de 2012, hoy no lo sería menos pues todo parece indicar que el gobierno federal administra el juicio para que sea utilizado el próximo año, en plena campaña electoral, mostrando su falsa vocación justiciera y de paso utilizando la locuacidad del acusado para atacar a la oposición encabezada por MORENA.

No se puede negar que el saqueo orquestado por el gobierno duartista causó daños financieros que afectarán la vida de millones de veracruzanos por décadas pero no es menos cierto que la estrategia de terror en contra de la población, organizada por su sicario institucional, Arturo Bermúdez Zurita, tuvo como principal objetivo mantener el saqueo sin enfrentar movilizaciones de la ciudadanía, horrorizada por la ola de secuestros, asesinatos dolosos pero sobre todo por la indiferencia negociada con la delincuencia organizada por parte de las autoridades estatales y nacionales.

Es evidente que el gobierno federal ignorará los delitos de lesa humanidad puesto que en caso contrario, al investigar dichos delitos estaría echándose la soga al cuello y de paso involucrando a las fuerzas armadas y a todo el sistema de seguridad pública sin olvidar a presidentes municipales, diputados y senadores así como a los partidos políticos, especialistas en el lavado de dinero entre otras linduras. La indiferencia fue y es de todo el sistema político en su conjunto, que a pesar de las numerosos evidencias al respecto, prefirió mirara hacia otro lado Los delitos de lesa humanidad se acreditan no sólo por la intervención directa de las autoridades sino también por omisión, aquiescencia, consentimiento y la negativa a reconocer los hechos e investigar, ocultando información o incluso amenazando a los familiares de las víctimas para inhibir sus denuncias.

Según cifras de la actual Fiscalía General del Estado, dos mil cuatrocientas personas desaparecieron entre 2010 y 2016 pero, a pesar de reconocerlo, el gobierno de Miguel Ángel Yunes no ha movido un dedo para, por ejemplo, proceder a la identificación de los cuerpos encontrados en Colinas de Santa Fe -gracias a la presión de familiares organizados para encontrar a las víctimas- con el argumento de la falta de recursos y la indiferencia del gobierno federal para proporcionarlos. Las consecuencias favorecen el mantenimiento de un sistema político basado en la impunidad, en abierta alianza con los cárteles del narcotráfico y con la bota militar como fiel de la balanza.

Lo anterior se confirma cuando en los debates entre candidatos y partidos políticos en tiempos electorales brillan por su ausencia las propuestas para detener las desapariciones forzadas en nuestro país. El discurso político partidista insiste en que la corrupción es el verdadero problema, que el desvío de recursos públicos o el robo simple y llano por parte de las autoridades es el cáncer que hay que atacar. Pero dicho discurso oculta el hecho de que la corrupción y su concomitante impunidad son el petate del muerto para evitar que la guerra contra la población, organizada desde el estado, sea puesta en la mira. Se están utilizando inmensas cantidades de dinero público para echar a medio andar el Sistema Nacional Anticorrupción pero, al mismo tiempo, se hacen a un lado las necesidades básicas para atender el problema de la desaparición forzada con el argumento tan trillado de la falta de recursos.

En 2014, en este medio, escribimos: “... la indiferencia calculada de las autoridades estatales frente a la escalada de violencia en Veracruz representa sin duda un elemento central para comprenderla. Enfrascadas en un mundo construido para alimentar su soberbia, no se dan cuenta de que controlar los medios de comunicación locales no es suficiente para ocultar la realidad y promover las inversiones. Y más aún: ésa realidad que pretenden ignorar o suavizar las alcanzará tarde o temprano. Los delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentran la desaparición forzada, no prescriben. En la medida en que éstos aumenten, la indignación de la ciudadanía crecerá y eventualmente demandará justicia de manera organizada. Tal vez entonces toda esa soberbia y cinismo de la que hacen gala las autoridades hoy desaparezca tras las rejas.”

Ese momento ha llegado y la ciudadanía indignada y organizada ha empezado la construcción de mecanismos tendientes al reconocimiento y atención del problema. La eventual denuncia ante la Corte Penal Internacional por parte de los grupos de familiares de las víctimas representa un paso muy importante para combatir la sistemática violación de los derechos humanos. Alimentada por la existencia de un sistema político inhumano y criminal que genera no a un estado fallido, como lo plantean las buenas conciencias, sino a un estado caracterizado por su alianza abierta con el narcotráfico para que su dominio prevalezca, para que no falle en su misión de mantener el estatus quo favorable a los dueños del dinero. Por eso sonríe Javier Duarte, porque sabe que cuenta con la protección velada de los poderosos, porque hizo lo que le pidieron. Sin embargo, el tiempo está en su contra y tarde o temprano su cinismo y el de sus compinches quedará enterrado bajo el peso de la justicia.

Blog del autor: https://lavoznet.blogspot.mx/2017/07/javier-duarte-y-su-responsabilidad-por.html

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La modernización del TLCAN y la guerra civil en México

Rafael de la Garza Talavera

Rebelión

De cara a la urgente modernización de la dependencia económica mexicana para con la economía estadounidense -toda vez que las posibilidades del triunfo de MORENA en el 2018 van viento en popa gracias a sus alianzas con sectores de la oligarquía descontentos con el gobierno de Peña- la discusión no radica en las eventuales ventajas o desventajas económicas para los habitantes de México sino en las posibilidades de que la militarización y la consecuente guerra civil que vivimos se profundice.

Tres factores incidirían en agudización de la crisis humanitaria: el aumento de la pobreza y la desigualdad como consecuencia de un crecimiento de la depredación de los recursos naturales y el consecuente desplazamiento de la población asentada en los territorios en disputa; el incremento de la intervención militar del Pentágono para mantener, principalmente, las inversiones extranjeras protegidas de la insurgencia popular; y claro, el fortalecimiento del narcoestado para mantener el modelo político cuya principal misión en mantener el status quo a como de lugar.

No se mencionarán aquí las incontables cifras que demuestran que el éxito del TLCAN ha sido sólo para las grandes transnacionales y sus testaferros mexicanos. Baste decir que en los últimos 23 años la economía mexicana, de acuerdo con el informe del Centro para la investigación Política y Económica (CEPR, en inglés) ha crecido a un ritmo menor que el resto de los países latinoamericanos. En el informe, titulado “Did NAFTA help México?” el CEPR afirma que México se encuentra en el lugar 15 de 20 países latinoamericanos en el crecimiento del PIB per cápita, entre 1994 y 2016, lo que ilustra en números el desastre en el nivel de vida de millones de mexicanos, provocado en gran parte por el TLCAN. La tasa de pobreza es de 55.1%, mas alta que en 1994, por lo que mas de 20 millones de mexicanos se ha desplazado por debajo de la línea de pobreza en ese periodo. El impacto se ha concentrado sobre todo en la población rural: entre 1991 y 2007 casi cinco millones de personas fueron desalojadas de sus tierras, lo que sin duda esta relacionado con el crecimento de residentes mexicanos en los EE.UU.: de 4.5 millones en 1990 a 12.6 millones en 2009.

El empobrecimento generalizado de la población en las últimas dos décadas ha ido acompañado de una mayor intervención militar de los EE.UU. en México, utilizando el argumento del crecimiento del narcotráfico pero que en realidad apunta a contener la insurgencia popular detonada por el deterioro de sus condiciones de vida y coordinar el bloqueo de la migración proveniente de Centroamérica y el Caribe. El pasado 15 y 16 de junio se celebró en Miami la Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica convocada nada menos que por la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación del gobierno mexicano y el Departamento de Estado y la Secretaría de Seguridad Interna del gobierno de estadounidense. Un par de meses antes, en abril, “… el jefe del Estado Mayor de la Defensa de Guatemala, Juan Manuel Pérez, anunció acuerdos entre los representantes de los países de la región y los Comandos Norte y Sur de los Estados Unidos de realizar patrullajes aéreos, terrestres y de reconocimiento en la frontera con México, intercambiar información e inteligencia, y “estandarizar protocolos y procedimientos para realizar operaciones de intervención con el apoyo de tecnología e inteligencia del Comando Sur”. (https://desinformemonos.org/mexico-anfitrion-armar-plan-pentagono-migrantes-centroamericanos) La participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cámara de Comercio para organizar un día antes, el 14 de junio, una reunión con la participación de los sectores públicos y privados no deja lugar a dudas de lo que se pretende: asegurar la seguridad y el rendimiento de las inversiones, conteniendo la migración en la región gracias ala intervención militar dirigida desde el Pentágono con la colaboración subordinada del gobierno mexicano. Todo con la finalidad de complacer a Trump y, en el colmo de la simulación, lograr mejores condiciones para la modernización del TLCAN, como si la sumisión del gabinete de Peña fuera la garantía para evitar la catástrofe humanitaria en marcha.

Para el mantenimiento de la seguridad interna de México y sobre todo, del estatus quo político y económico, el mantenimiento del narcoestado como dinámica estatal es pieza clave en la modernización del TLCAN en particular y de la estrategia política estadounidense en general. La militarización de los puertos mexicanos, el mando único y la militarización de las labores de seguridad pública a lo largo y ancho del país representan sin lugar a dudas el factor clave para comprender el crecimiento de la violencia y la inseguridad. Coordinada a partir del Plan Mérida, la militarización alimentada con un creciente gasto militar no sólo servirá a los intereses de la industria de armamento yanqui sino que además debilitará cada vez más el de por si magro gasto social. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI en inglés) el gasto miliar mexicano se disparó en un 184% entre 2012 y 2016. Y si bien es cierto, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE) el gobierno de México invirtió entre 0.5% y 0.6% de su PIB -lo que lo coloca en el lugar 31 a nivel mundial-la compra de equipos de transporte como helicópteros, vehículos utilitarios Humvee y blindados de combate apunta a fortalecer labores de contrainsurgencia. El triángulo formado por las fuerzas armadas, el gobierno federal y los cárteles del narcotráfico se verá fortalecido por una mayor disposición de armamento que, apoyado con labores de inteligencia dirigida a espiar a la oposición (el caso Pegasus lo ha confirmado) alimentan la tendencia al mantenimiento de un modelo estatal que, más que atacar a los cárteles se apoya en ellos con la mediación de las fuerzas armadas y el Pentágono para mantener vigente el modelo económico y el grupo político que garantice el alineamiento de México con la estrategia geopolítica de los EE. UU.

Por todo lo anterior, la modernización del TLCAN estará guiada por la necesidad de armonizarlo tanto con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) como con el Plan Mérida. No responderá evidentemente a proteger los intereses económicos que favorezcan el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos sino a garantizar su sometimiento a los intereses geopolíticos de los EE. UU. El costo humanitario será entonces un daño colateral que no se detendrá sino que incrementará y seguirá siendo administrado con la bota militar nacional y extranjera.

Blog del autor: https://lavoznet.blogspot.mx/2017/07/la-modernizacion-del-tlcan-y-la-guerra.html

La decadencia de la diplomacia mexicana

De Cuba a Venezuela

Rafael de la Garza Talavera

Rebelión

Hace ya más de medio siglo, en el balneario uruguayo de Punta del Este, se celebró la Octava Reunión de Consulta de la Organización de Estado Americanos (OEA). Su objetivo no era otro que expulsar a Cuba de la organización, poco después de que Fidel Castro había declarado al marxismo-leninismo como la ideología de la revolución cubana. A pesar de las abstenciones de Chile y Ecuador y los votos en contra de México, Brasil y Cuba, los designios del imperio se consumaron.

La oposición, encabezada por la delegación mexicana, intentó salvar las formas señalando que para expulsar a un miembro la OEA era necesario modificar la Carta de la propia organización, pero sobra decir que dicho argumento no prosperó. La Guerra Fría estaba en su apogeo y el desafío lanzado por la revolución cubana era simplemente intolerable para los EE. UU. Y si bien México adoptó una posición ambigua -enarbolando la tesis de la incompatibilidad del marxismo–leninismo con los principios de la OEA, buscando que fuera la delegación cubana la que se separara para evitar la expulsión- al final fue el único país del continente que mantuvo relaciones diplomáticas con la isla.

Las presiones contra semejante actitud no vinieron solo desde Washington sino también desde el interior; tanto los grandes empresarios como la jerarquía católica presionaron al gobierno de López Mateos para alinearse a la política imperial aduciendo el principio de la propiedad privada, amenazada por la postura de Castro. Las relaciones entre banqueros, industriales y comerciantes con el presidente no eran buenas y las presiones fueron públicas, sobre todo porque poca antes de la reunión en Punta del Este, López Mateos había declarado a su gobierno como “de extrema izquierda dentro de la Constitución”. Si a esto agregamos los conflictos suscitados por la publicación de los libros de texto gratuitos para la educación básica y la debilidad de la economía mexicana por el crecimiento mínimo (1% del PIB) y la baja inversión extranjera, la postura de la delegación mexicana se sostuvo gracias a su tradición diplomática.

En estos días, en medio de las maniobras de la OEA para expulsar a Venezuela casi con los mismos argumentos que se utilizaron con Cuba en enero de 1962, no se puede dejar de comparar el enorme deterioro de la autonomía relativa de la diplomacia mexicana. Si en Punta del Este la delegación mexicana encabezaba la postura contraria a la de los EE.UU. hoy simplemente se ha incorporado con evidente protagonismo para cumplir sin ambages con los intereses yanquis. La Guerra Fría ha terminado y sin embargo la OEA sigue cumpliendo fielmente con los objetivos para la que fue diseñada: servir de punta de lanza para mantener el dominio imperial, sometiendo a los países de la región a sus designios.

Las agresiones verbales y la persecución y estigmatización de los migrantes mexicanos gracias al neofascismo encabezado por Trump facilitarían mucho más que en 1962 una postura más autónoma del gobierno mexicano frente al caso de Venezuela, que incluso le darían a Peña la posibilidad de mejorar su pésima imagen. Empero, los hechos confirman lo contrario, dejando muy claro que los tiempos han cambiado. Un gobierno postrado y sin apoyo popular prefiere jugar a la segura, a pesar de los golpes que ha tenido que aguantar, y sumarse al embate de la OEA contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

El martes pasado, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución en donde expresa “su profunda preocupación por la grave alteración inconstitucional del orden democrático” pasando por alto las gravísimas alteraciones al orden constitucional en Argentina -con el macrismo en el poder- o al de México, con la militarización sistemática iniciada desde el gobierno de Felipe Calderón. La condena también pasa por alto el hecho incontestable que ha sido precisamente la oposición a la revolución bolivariana la que -ahora desde el Congreso pero desde hace años con conspiraciones y acoso mediático nacional e internacional- una y otra vez ha demostrado su desprecio por el cacareado orden constitucional. En el colmo de la simulación, la lista de los 17 países que suscribieron la declaración no ha sido revelada, pero el camino a la suspensión de Venezuela como integrante de la OEA está abierto y parece que sólo es cuestión de tiempo. La frase histórica de Juárez, que es también la de todos los países periféricos para oponerse al neocolonialismo, ha perdido así toda su vigencia en México y no queda más que admitir que de la tradición diplomática construida a lo largo de casi dos siglos no queda nada. Desde el infame “comes y te vas” hasta la sumisión humillante de Peña a las bravatas de Trump, la carga simbólica de la postura diplomática mexicana es historia. ¿A cambio de qué?

Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.mx/2017/04/de-cuba-venezuela-la-decadencia-de-la.html

El gobierno de Peña, ni quiere ni puede confrontar a Trump

La incapacidad de un régimen caduco para simular la defensa de la Nación

Rafael de la Garza Talavera

Rebelión

Cuando el ejército mexicano al mando del general Pedro María Anaya -integrado en buena parte por ciudadanos- se rindió en la batalla de Churubusco el 20 de agosto de 1847, el general Twiggs le preguntó a Anaya por las armas y municiones de su ejército, a lo que el general mexicano respondió: “Si hubiera parque no estarían ustedes aquí.” Y pudo haber agregado, sin faltar a la verdad, que si las oligarquías mexicanas hubieran tenido una identidad nacional definida y actuado de manera organizada en aras del interés común, el ejército yanqui no hubiera logrado doblegar a México. Este hecho histórico parece hoy reeditarse con la llegada de Trump a la Casa Blanca, sólo que en lugar de ser una tragedia hoy no queda duda -gracias al afán integracionista inaugurado en 1994- de que es una farsa.

Las acciones del gobierno de Peña para simular la defensa de los intereses nacionales no pueden ocultar el hecho de que los dueños del dinero en México y su empleado estrella, el presidente de la república, no tienen parque para responderle a la amenaza naranja; peor aún, aunque lo tuvieran, seguirían insistiendo en las bondades de ser una colonia yanqui. A diferencia de la invasión militar en el siglo XIX, hoy el proyecto es profundizar su dominio al sur del Río Bravo utilizando todo lo que tengan a la mano para que México cumpla con las expectativas impuestas por los cambios en la dinámica geopolítica de su nuevo gobierno.

Más allá de la voluntad que pueda tener el gobierno de Peña para responder a la caballería de Trump-eta, lo que salta a la vista es que no tiene de donde echar mano para hacer más convincente su aparente defensa de la dignidad nacional. Ni puede contar con su partido político, movilizar a la población, pues ha abjurado en repetidas ocasiones de su filón nacionalista, ni cuenta tampoco con una equipo de diplomáticos a la altura de la circunstancias. Pero además, los intereses creados alrededor de la integración económica iniciada en los años ochenta tampoco favorecen la posibilidad de presentar un frente político unido y eficaz para salvarle la cara a Peña y su grupo.

El presidencialismo mexicano tuvo siempre, en los buenos tiempos del régimen, al partido como caja de resonancia de sus deseos y aspiraciones. El partido del estado desde su fundación, cuando el general Cárdenas lo integró con los sectores, funcionó siempre a favor del presidencialismo y fue sin duda su principal apoyo político. Diseñado para movilizar a la población de acuerdo a los intereses de los poderosos, el otrora partidazo fue muy efectivo para contener los conflictos internos y en menor medida los externos. En nuestros días, lo que queda del partido del estado no es suficiente para lograr sacar a la calle a la ciudadanía por lo que Peña tuvo que acudir a sus aliados como la señora Wallace y otros por estilo para intentar movilizar a la población a su favor. El fracaso fue evidente pues ni Trump se dio por aludido y la debilidad de Peña quedó aún más expuesta de lo que ya estaba. Las consecuencias del abandono del nacionalismo como piedra angular de la ideología del PRI están a la vista -sobre todo desde aquel intento por modernizarlo llevado a cabo por Salinas y solidaridad envenenada. El PRI ya no entusiasma ni siquiera a sus militantes distinguidos, quienes están constantemente considerando la posibilidad de cambiar de camiseta, aunque sea para mantener su ‘proyecto político’.

Por otro lado, la tradición diplomática que distinguió al régimen y le dio prestigio alrededor del mundo no es hoy más que una caricatura. Desde aquél infame “comes y te vas” sugerido por el apologista de la integración, Jorge G. Castañeda, al exgerente de la Coca-Cola, la diplomacia mexicana se ha convertido en una filial de las corporaciones internacionales y la política exterior yanqui. El secretario de Relaciones Exteriores en funciones, Luis Videgaray, está en el puesto (después de reconocer públicamente que no sabe nada sobre diplomacia) por su relación con el yerno de Trump y no como consecuencia de su larga carrera como miembro del servicio exterior mexicano, que fue por muchos años requisito indispensable para presidir la cancillería mexicana. Preside así la diplomacia mexicana un oportunista, un experto en negocios fraudulentos para enriquecer a unos cuantos, que demuestra la vocación diplomática de un gobierno que apuesta más a las relaciones personales que a la negociación diplomática abierta y de cara a la nación para simular que defiende los intereses nacionales cuando en realidad lo que importa es la defensa de los intereses de unos cuantos.

Por último, los dueños del dinero en México están empecinados en mantener su calidad de socios menores con la economía yanqui y las corporaciones internacionales. Y este hecho no sorprende ya que históricamente la burguesía mexicana ha sido parasitaria, aceptando su condición subordinada y conformándose como las hienas con la carroña, desde el siglo XIX pero sobre todo después de la segunda guerra mundial. No se puede negar que los sectores menos favorecidos por el TLCAN apoyan la idea de diversificar la balanza comercial mexicana, pero los grandes importadores y exportadores así como los que ahora empiezan a incursionar en el mercado petrolero no quieren ni saber de semejante posibilidad. Por el contrario, están en la mejor disposición de renegociar el TLCAN para mantener sus expectativas y sus ganancias, aunque ello signifique mayor pobreza y desigualdad en el país. Encabezados por personajes cínicos como Carlos Slim -quien se da el lujo de señalar las fallas de la política económica a pesar de ser uno de sus principales beneficiados- y por el sector bancario que se encuentra prácticamente en su totalidad en manos extranjeras. No serán ellos los que salgan a defender la nación o hagan fuerte a un régimen decadente, a pesar de las enormes ganancias que obtienen. El dinero y sus dueños no tienen patria, y menos si pertenecen a los países periféricos.

Para colmo, la otra institución que fue baluarte del nacionalismo mexicano, las fuerzas armadas, no parecen tener una idea clara de cómo enfrentar la coyuntura. Más ocupados en seguir acumulando poder político con leyes a modo para cubrir sus excesos y en recibir cada vez más presupuesto para seguir comprando armas al Tío Sam, resulta difícil esperar una posición acorde con su tradición. Después de todo, los militares mexicanos son -a diferencia de otros países latinoamericanos- herederos de un ejército popular y revolucionario. Rebasados por las exigencias del gobierno prianista y del Pentágono para cumplir con labores policiacas no se ve cómo podrían apoyar la simulación del gobierno peñista para salvar lo poco que le queda.

Así las cosas, los llamados a la unidad nacional emitidos desde Los Pinos son como los chillidos del puerco ante los oídos del carnicero. Y al igual que en los años de la invasión yanqui la oligarquía velará por sus intereses aun a costa de la supervivencia del país y tendrá que ser el pueblo mexicano el que lo defienda con dignidad y amor a la nación; y del que deberá surgir la chispa que haga explotar un régimen caduco y hacer realidad un mundo donde quepan muchos mundos. 

Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.mx/2017/02/la-incapacidad-de-un-regimen-caduco.html

Del neoliberalismo al neocolonialismo reciclado en México

¡Pégame pero no me dejes!

Rafael de la Garza Talavera

Rebelión

Frente a la ofensiva del recién llegado a la Casa Blanca (la de allá no la de aquí) las reacciones del gobernantes y sus amos van desde la histeria hasta el masoquismo. Renuentes a perder sus privilegios los poderosos en México no están dispuestos ni por un segundo a considerar un golpe de timón para responder a las intenciones neocolonialistas de la amenaza naranja. Por el contrario, están dispuestos a sacrificar lo que queda del país para que las cosas sigan como están, profundizando la dependencia económica, política y cultural concomitante con el recrudecimiento de la pobreza y la marginación para millones de mexicanos. 

En el ya lejano año de 1938, cuando Lázaro Cárdenas ordenó la nacionalización del petróleo, se abrió un ciclo histórico que con la reciente reforma energética ha llegado a su fin. Iniciado el desmantelamiento del estado de bienestar a principios de la década de los ochenta,y reforzado con la firma del TLCAN, el país se encuentra hoy en el inicio de un nuevo ciclo en el que la profundización de la globalización neoliberal ha colocado al país en una dinámica neocolonial en pleno siglo XXI.

La llegada de los tecnócratas al poder significó el inicio de un proyecto económico que prefiguró claramente la debacle que hoy nos envuelve y condiciona. Lo que en aquellos años despertó la esperanza de buena parte de la población -a pesar de los múltiples indicios que vaticinaban- fue en realidad el arranque de un ciclo histórico que no sólo desmanteló al estado posrevolucionario sino desgarró a la sociedad en su conjunto para convertir a la nación en rehén de las grandes transnacionales.

El aumento del precio de la gasolina no es más que la consecuencia directa del proyecto neoliberal impulsado por Salinas y la oligarquía mexicana. Y si bien muchos no alcanzaron a imaginar hasta donde llegaría el proceso hoy resulta imposible de ignorar. La ofensiva en contra de Pemex, iniciada con la venta de la petroquímica, ha llegado a su culminación y las consecuencias están a la vista de todos. Y sin embargo el paraíso prometido está hoy más lejos que nunca y aunque para muchos resulta exagerado aceptar la idea de que hemos vuelto a los tiempos de la dictadura porfirista y el neocolonialismo del siglo XIX, es innegable el estado de postración y sumisión en el que se encuentra la economía mexicana.

El neoliberalismo como receta económica impulsó la venta de las empresas estatales, la flotación permanente del peso y la apertura indiscriminada de las fronteras al comercio internacional. Pero además consolidó al modelo maquilador, basado en el brutal descenso de los salarios reales, nulos controles ambientales y estímulos fiscales muchas veces concedidos en medio de un sistemático tráfico de influencias, lo que debilitó sistemáticamente la planta productiva del país, tanto en el incipiente sector industrial como sobre todo en el agropecuario. Y el milagro nunca llegó.

A lo largo de los últimos treinta años, el fortalecimiento de la receta neoliberal fue abriendo nuevas heridas que han llevado a políticos y empresarios a considerar que no hay otra alternativa que mantener a cualquier costo el modelo económico. Llama la atención como frente a las amenazas de Trump, la inmensa mayoría de los privilegiados del régimen se muestran aterrorizados no sólo por las consecuencias que tendría el regreso de millones de migrantes al país sino sobre todo por la posibilidad de que el TLCAN desaparezca. De hecho, están en la mejor disposición de que se mantenga, aun si eso significa n mayor sometimiento económico. Para nadie es un secreto que el infame tratado fue y es sustancialmente funcional para la economía estadounidense pero no tanto para la mexicana. El aumento consistente del desempleo, la disminución de cerca del 70% del valor de los salarios reales, la crisis ambiental y humana y sobre todo el fortalecimiento del crimen organizado son, junto con las terribles consecuencias en la salud de millones por el incremento en el consumo de comida chatarra, las consecuencias reales del TLCAN. El sobado argumento de que la balanza comercial es favorable para la economía mexicana y que es resultado directo del TLCAN paso por alto el hecho de que lo que se exporta principalmente por la maquila de productos de las transnacionales. Es el caso, por ejemplo, de la joya de la corona, la industria automotriz, que exporta miles y miles de autos ensamblados en México… pero con refacciones importadas.

La quimera que Trump le ha vendido a sus votantes -en el sentido de que los empleos de dichas industrias volverán a los EE. UU.- sería un duro golpe para la economía mexicana pero también lo sería para las ganancias y el futuro de la industria automotriz yanqui que sólo ha podido seguir compitiendo gracias a los bajos salarios pagados a los trabajadores mexicanos. No por ello la economía yanqui dejará de utilizar la mano de obra mexicana pero ahora endurecerá las condiciones renegociando el TLCAN, con la complacencia de Peña y su grupo.

Por lo anterior es posible sugerir que la profundización de la dependencia de México y la visible cooperación del gobierno federal para hacerlo posible cierra el ciclo histórico neoliberal para abrir la puerta a un neocolonialismo que, al igual que el del siglo XIX no echará mano de la ocupación militar sino acelerará la dependencia poniendo de rodillas a la mayoría de la población -depredando sus recursos naturales y empobreciéndolos más de lo que ya están- con la entusiasta cooperación sumisa de gobernantes y empresarios. Estos últimos simplemente no conciben la posibilidad de configurar un país ajeno a la dinámica neocolonial, a pesar de las posibilidades que ofrece un mundo multipolar, sino todo lo contrario. Así lo sugieren intelectuales del régimen como Jorge Castañeda, quien se pregunta en un reciente artículo “¿Cómo deberíamos responder los mexicanos a la inminente toma de posesión de Donald Trump? No existe opción seria de diversificación: ni hoy ni desde el Porfiriato (…) y desde entonces —ya 120 años— eso no ha cambiado y no va a cambiar, debido a la inercia geográfica y cultural. La respuesta es más integración, no menos.” Semejante reconocimiento de la necesidad histórica del neocolonialismo en México podría ser traducida en clave masoquista como: ¡Pégame pero no me dejes¡

Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.mx/2017/01/pegame-pero-no-me-dejes-del.html

La militarización se legaliza en México.

Publicado por Rafael de la Garza Talavera 

Aprovechando la atención prestada al triunfo de Trump en las pasadas elecciones en EE. UU. los dueños del gobierno federal han decidido dar un paso más en la profundización del modelo militarista impuesto desde el Pentágono. La ley de uso legítimo de la fuerza que PRI y PAN pretenden aprobar, con el visto bueno de las fuerzas armadas legalizará los delitos de lesa humanidad, particularmente el de desaparición forzada, así como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Y por si fuera poco le dará a los militares el privilegio discrecional de espiar, perseguir y detener a quien, según su apreciación y la del secretario de gobernación, ponga en peligro la paz pública ya sea por vender drogas o por disentir de las políticas de estado.

Para Edgar Cortéz, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la ley representaría la cesión definitiva de las labores de seguridad por parte de los civiles en favor de los militares, es decir, “la militarización permanente de la seguridad y de la vida del país” (http://www.jornada.unam.mx/2016/11/23/politica/004n1pol) Y es que si hasta ahora -y por ya más de dos décadas- los militares han intervenido cada vez más en labores de seguridad a pesar de la inexistencia de un marco legal que lo avale, con la aprobación de la ley en cuestión la militarización del país sería un hecho consumado y muy difícil de revertir en el futuro.

Incluso para el abogado César Gutiérrez Priego, quien ha demandado la aprobación de leyes para dar certeza jurídica a las labores de las fuerzas armadas en la seguridad pública, la ley de uso legítimo de la fuerza representa un enorme peligro para la vida pública del país “... porque dotaría de un poder omnipotente a los militares para investigar delitos de cualquier tipo e incluso actuar contra opositores al gobierno” (http://www.jornada.unam.mx/2016/11/23/politica/003n1pol) He aquí el sentido profundo de la militarización, la cual no se define exclusivamente por su intervención en actividades relacionadas con la seguridad sino en la política interna, convirtiéndolo en el brazo represor del poder político en turno para controlar, reprimir y aterrorizar a una población cada vez más participativa y crítica del estado mexicano y sus instituciones.

Es cierto que las fuerzas armadas en México han intervenido sistemáticamente en la represión de la oposición política; baste recordar su participación en el brutal asesinato de Rubén Jaramillo y su familia o la matanza de Tlatelolco, o recientemente en la matanza de Acteal o la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa. Sólo que ahora contarán con impunidad legal y no sólo con la connivencia y protección del estamento político y empresarial. Las consecuencias a largo plazo son imprevisibles pero en el corto resulta evidente que la supuesta transición democrática será enterrada de facto (aunque en ello hayan intervenido con gran éxito los propios partidos políticos) y la criminalización de los movimientos antisistémicos se incrementará. Pero sobre todo, la soberbia y el desprecio habitual de los militares para con el mundo civil se fortalecerá pues ahora contarán con el apoyo de la ley para cometer toda clase de atropellos y gozar de impunidad legal.

De este modo, el ciclo de las reformas estructurales iniciada en lo años ochenta estará completo pues para mantenerlas a mediano plazo y garantizar su eficacia es necesario contar con un brazo armado que las sostenga (y no me refiero a paramilitares o cárteles del narco) En los próximos años las consecuencias económicas en la mayoría de la población se profundizarán y la protesta social crecerá, aun mas de lo que ha crecido en los últimos veinte años. Y si resulta evidente que los cambios institucionales que dieron lugar a la aparición de INEs, comisiones de derechos humanos e institutos de transparencia no han podido administrar el descontento, la intervención de la fuerza bruta, pero ahora legitimada, resulta el mantra salvador para el mantenimiento del despojo y el terror consustanciales al modelo económico.

Es bastante revelador el sentido profundo de la eventual ley, pues además de no dejar claramente definidos los límites de su intervención llega incluso a mencionar que en el curso de una investigación podrán obtener información por cualquier medio. En este sentido, cuesta trabajo no pensar en el uso de la tortura y otros mecanismos para lograr resultados, sobre todo teniendo el pretexto de salvar a la república y la paz social. Pero es aun más revelador el entusiasmo manifestado por los partidos políticos, entre los que destaca el presidente de la mesa directiva de la Cámara, el panista Javier Bolaños, quien hizo un llamado para aprobar con urgencia la ley en un periodo extraordinario del congreso. 

Por su parte Renato Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, se mostró convencido de la necesidad de proporcionar un marco legal para la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad. Pero además no deja lugar a dudas de que serán éstas las encargadas de labores policiales cuando declara que ello “No implica la desaparición de las policías municipales, sino la reorientación en sus funciones de proximidad que les otorga el artículo 115 de la Constitución, esto es, su vinculación con jueces cívicos, faltas administrativas, infracciones y lo que da sentido al municipio, plazas, jardines, mercados y alumbrado” (http://www.jornada.unam.mx/2016/11/23/politica/004n2pol) En los hechos los policías dejarían -aunque en realidad ya lo hicieron desde el calderonato- de cumplir con sus obligaciones constitucionales para convertirse en cobradores de multas, con el argumento de que no son confiables debido a sus bajos salarios, cuando está demostrado que los militares, aunque están bien pagados, no poseen la formación necesaria para tratar con la población civil. 

Así las cosas, la guerra civil de baja intensidad que vive el país se intensificará para darle oxígeno a un modelo económico predador e inhumano que, a pesar o precisamente por ello, enfrentará el creciente descontento popular con o sin los militares en las calles.

Cambios y continuidades en las elecciones de EE. UU. en clave mexicana

Rafael de la Garza Talavera

La digna voz

A lo largo de los últimos meses, las campañas electorales en los Estados Unidos han confirmado algunas continuidades pero también han mostrado novedades en medio de una crisis estructural que configura el contexto político. Las primeras van desde la permanencia del bipartidismo hasta el aumento en el gasto para financiar la campaña más cara de la historia; mientras que las segundas están marcadas por el asalto de la periferia de los partidos para competir en las primarias con discursos endurecidos y radicales, que expresan la crispación y polarización que se vive en la sociedad. Desde México, las campañas han mostrado las limitaciones de los actores políticos a la hora de analizar las consecuencias de la lucha electoral estadounidense, generando incluso reacciones nacionalistas exacerbadas por las declaraciones discriminatorias y racistas de Donald Trump. En realidad, gane quien gane la elección, se mantendrá el papel subordinado de México hacia los intereses yanquis y la ‘enchilada completa’ seguirá siendo una promesa incumplida.

El sistema de partidos tradicional, a pesar que fue sometido a presiones para su transformación al final sólo fue testigo de una reñida competencia en el bando demócrata, la cual evidenció el debilitamiento de las corrientes internas tradicionales -producto del desfase entre la paulatina derechización del centrismo tradicional y la crisis estructural que ha evaporado el sueño americano. Fue así como Bernie Sanders logró condensar con un discurso asistencialista el enorme descontento provocado por la administración de las consecuencias del crack de 2008 y que tan bien personifica Hillary Clinton. Este hecho parece inclinar la balanza a favor de una transformación interna del partido demócrata mas que a su desaparición. Por su parte, en el partido republicano parece ganar fuerza el radicalismo nacionalista, con fuerte carga racista y antiinmigrante, prefigurada por el Tea Party, los Minuteman pero que Trump logró popularizar, sobre todo al sur del Rio Bravo. Su discurso políticamente incorrecto -expresando lo que muchos piensan pero nadie dice- le proporcionó mucha atención de los medios de comunicación. La construcción de un muro fue la joya, explotando una idea cara tanto para demócratas como republicanos, y a la que sólo le agrega la ocurrencia de que serían los mexicanos los que pagarían su costo. Si bien el triunfo en la primarias de Trump generó preocupación, sobre todo por la supuesta imprevisibilidad del magnate, entre las corrientes republicanas tradicionales no se percibe la fractura republicana.

El rampante aumento del gasto en las campañas presidenciales es otra tendencia que confirma la continuidad de su control por parte de los dueños del dinero en los Estados Unidos. Este hecho no deja lugar a dudas de que el proceso electoral es una puja por parte de los intereses corporativos para colocar a su representante en la Casa Blanca. Aunado a lo anterior está el fraude sistemático realizado vía voto de muertos y otros mecanismos que harían palidecer a cualquier mapache ilustre en México. Y por que no decirlo, la enorme manipulación informativa ejercida por los grandes medios de comunicación que esta vez demostraron que apoyan sin miramientos a la candidata de la continuidad. La relación entre el aumento del costo de las elecciones y la intensificación de la intervención mediática a favor de algunos de los candidatos podría explicar en buena parte la causa de campañas multimillonarias. Por lo tanto, el poder del dinero resulta una vez mas la clave para explicar victorias y derrotas electorales. Todo lo demás pasa a un segundo término, confirmado el marcado carácter oligárquico en la democracia yanqui… como sucede en todas las democracias del mundo.

Desde México, las elecciones en el vecino del norte generaron posturas encontradas: por un lado las que siguen con especial interés pues consideran que su resultado tendrá consecuencias importantes en la política y la economía nacional; por el otro los que, dada la mínima diferencia en las plataformas electorales de los republicanos y los demócratas, se muestran bastante escépticos de cambios en la relación entre los países. Las propuestas antiinmigrantes de Trump provocaron fuertes reacciones en México e incluso algunas figuras públicas se pronunciaron de manera entusiasta por Hilaria para detener la supuesta amenaza del candidato anaranjado. Dichas reacciones parecen olvidar el hecho de que en la política mexicana sobran los que actúan bajo los postulados de Trump; el racismo y el machismo son moneda corriente en los pasillos de San Lázaro, en Los Pinos y un largo etcétera. Pero además, los que apoyan a Hilaria olvidan que fue ella la supervisó el proyecto energético que sirvió de base para la reforma energética en México; la que a pesar de discurso conciliador en materia de migración apoya el modelo económico que produce la migración de millones de mexicanos sin empleo o medios de subsistencia; la que a través de la Fundación Clinton recibe dinero de Arabia Saudita para cabildear a favor de la venta de armas a los saudís quienes, a su vez, financian a los grupos fundamentalistas en Siria e Irán. Se puede entender que los seguidores de Margarita Zavala se entusiasmen por el eventual triunfo de Hilaria; en su delirio creen que eso puede fortalecer la posibilidades de la esposa de Calderón.

Sin embargo, desde México no parece haber señales claras de que Trump represente una amenaza los intereses de las mayorías del país, aunque tal vez si para el sector exportador. Mas aún, ya se ha dicho que con argumentos sólidos que la verdadera amenaza la representa la candidata demócrata, ya que ella es la representante de la continuidad en la política internacional de los Estados Unidos, tanto en su belicismo como por su insistencia el sometimiento de Latinoamérica y el mundo a la pax americana. Esto significa para la región mas golpes blandos y a través de tratados de libre comercio, control económico y profundización del extractivismo depredador. Como se ve, para México la continuidad se extenderá, gane quien gane, en un espectáculo electoral que hoy termina.

Fuente: http://lavoznet.blogspot.mx/2016/11/cambios-y-continuidades-en-las.html

El EZLN, la izquierda partidista y el estado mexicano

Rafael de la Garza Talavera

Rebelión

La polémica desatada por el anuncio del EZLN y el CNI en el sentido de que están considerando la posibilidad de lanzar una candidata indígena a la presidencia en las elecciones federales del 2018 parece nutrirse de la larga historia de desencuentros entre las dos grandes corrientes de la izquierda mexicana: los reformistas y los movimentistas. En realidad descansa en un contexto en el que izquierda y derecha han perdido sentido desde la perspectiva del cambio social, donde la lucha electoral se encuentra en su nivel más bajo de popularidad desde el triunfo de la revolución mexicana y la dinámica geopolítica heredada por el fin de la segunda guerra mundial no opera más.

Desde la caída del Muro de Berlín, la descomposición de la dinámica política surgida al calor de la revolución francesa es el pan de cada día y sus síntomas se muestran con más fuerza. A contrapelo, las instituciones liberales parecen seguir como si nada, sostenidas por la conveniente certeza de que la crisis es de carácter coyuntural y no estructural, de que el problema es sólo cuestión de ajustes y reformas. Ya en su momento, un crítico certero de dicha actitud anunció el fin de la era de los partidos políticos, como ejes centrales de la participación política, para dar paso a las de los movimientos antisistémicos. De acuerdo con Immnuel Wallesrtein, los estados liberales –que se apoyan en la democracia procedimental- “… pueden escoger entre ayudar a la gente común a vivir mejor y ayudar a los estratos superiores a prosperar aún más. Pero eso es todo lo que los estados pueden hacer… Si queremos afectar de forma significativa la enorme transición del sistema mundial que estamos viviendo… el estado no es un vehículo principal de acción. En realidad, más bien es uno de los principales obstáculos.” (1)

En este sentido, la insistencia de luchar por la conducción del estado a través de las elecciones, si bien no puede ser descartada como táctica política a corto plazo, no ofrece una salida real a la presente coyuntura. Es cierto que las elecciones pueden abrir paso a un gobierno más proclive a mejorar la distribución del ingreso pero al final la misión el estado liberal permanece y solo es cuestión de tiempo para que los gobiernos populares sean sustituidos por los derechistas. Baste observar el caso de Argentina o de Brasil, con todas las singularidades de ambos casos. Si las elecciones mantienen la presencia de gobiernos populares de manera reiterada, el sistema político posee las piezas necesarias para revertir semejante tendencia y realizar cambios, ya sea por medio de golpes de estado de viejo cuño o los llamados golpes blandos que cuentan hoy con amplia aceptación entre los dueños del dinero.

Aceptar lo anterior desde el interior de los partidos políticos implicaría comprender “… que las estructuras estatales han llegado a ser (¿han sido siempre?) un obstáculo importante para la transformación del sistema mundial, incluso cuando (o quizá especialmente cuando) fueron controlados por fuerzas reformistas, es lo que está detrás del vuelco general en contra del estado en el tercer mundo…”(2) Dicho de otro modo, aceptar que la tierra prometida de los liberales es una ilusión que sólo serviría para que lo esencial permanezca –a pesar de las buenas intenciones de leyes, reformas y lo que se acumule- necesariamente implicaría modificar radicalmente la estrategia política de los que viven del gatopardismo progresista o conservador, de la ilusión liberal. 

La probable candidatura del EZLN-CNI para el 2018 ha vuelto a poner en el escenario mexicano el abierto conflicto entre los que no comprenden o no quieren comprender lo arriba expuesto y los que han venido construyendo nuevas opciones a partir del reconocimiento del fin de la decadencia del estado liberal. Y esto no necesariamente coincide con los planos izquierda y derecha sino con la búsqueda de otros horizontes para la construcción de un mundo nuevo. Mucho menos con el estás conmigo o estás contra mí, argumento muy utilizado por los promotores de la unidad de la izquierda bajo el liderazgo de AMLO. Este argumento responde básicamente a la estrategia frentista, que resulta más útil al sistema que a las aspiraciones de un cambio real. El triunfo de la izquierda partidista sólo le daría un poco de oxígeno a un sistema caduco pero la marginación, la discriminación y el racismo seguirían gozando de buena salud, no se diga la acumulación de capital, las guerras ‘justas’ y los premios Nobel a generales, asesinos y genocidas.

La candidatura de una mujer indígena y las reacciones del ‘establishment’ electoral mexicano no sorprenden a nadie, mucho menos las burlas y sarcasmos de corte racista. ¿De dónde proviene el combustible para descalificar o incluso considerar una traición o parte de un complot maquinado por los dueños del dinero en México? Del miedo, del temor de que una candidatura indígena autónoma exponga una vez más las limitaciones, la patología de un régimen que apenas puede mantenerse en pie. Porque los contrastes rayarían en lo grotesco: saco Armani contra huipil; millones de pesos (sucios y no tanto) contra ¿miles?; palabras vanas, promesas falsas contra principios claros y llamados a la acción autónoma; entrevistas pagadas en todos los medios de comunicación y una avalancha de espots contra encuentros cara a cara para escuchar, para dialogar. Pero sobre todo porque haría visible, una vez más, que nuestro país es enormemente desigual, que las elecciones son un circo y que el poder del dinero es el que las decide. Porque en las elecciones de 2018 no será el voto a favor de la candidata indígena lo que decidirá la suerte de AMLO sino su capacidad para diluir su imagen pública a contentillo de los que deciden las elecciones. Hay que admitir que el propio AMLO es consciente de lo anterior al grado de que ha dado pasos en ésa dirección al conceder la amnistía anticipada a Peña y sus amigos, al abrir la puerta de MORENA a priistas ‘buenos’ y demás fauna del sistema político. Y claro de cuidarse de mirar abajo y a la izquierda para promover sus demandas, apoyando públicamente el laboratorio zapatista en Chiapas, visitándolo para entablar un diálogo, criticando las limitaciones de los partidos centralizados a partir de un liderazgo carismático.

Aceptando sin conceder que la llegada de AMLO a Los Pinos modifique la agenda gubernamental lo suficiente para aminorar momentáneamente la debacle del estado mexicano no por ello se puede pensar que el cambio será real. Lula da Silva puede ser un buen ejemplo de las limitaciones a las que se enfrenta un gobierno de izquierda partidista, de sus posibilidades y de sus consecuencias. En todo caso, la propuesta del EZLN y del CNI debe ser respetada e incluso bienvenida no sólo por su contenido simbólico sino por su vocación autónoma y por donde se vea, su legitimidad y legalidad. Su potencial estratégico está relacionado con la posibilidad de que la ‘comprensión’ de los límites del sistema actual se amplíe a la mayor parte de la población excluida para acabar con el ilusionismo liberal. Y esa no es una tarea menor, es de hecho una de las tareas estratégicas que el movimiento zapatista se ha planteado casi desde su nacimiento. Gracias a ella ha despertado simpatías alrededor del mundo y le ha dado vida a la posibilidad de imaginar un mundo donde quepan muchos mundos.

Notas

1) Wallerstein, I. Después del liberalismo. México, S. XXI, 2005. p. 7

2) Ibídem.

Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.mx/2016/10/el-ezln-la-izquierda-partidista-y-el.html

Transiciones virtuales, continuidades reales

El neoliberalismo en Veracruz

Rafael de la Garza Talavera

Rebelión

La próxima salida del PRI del gobierno del estado ha generado un optimismo rayano en la ilusión barata, al grado de que se habla ya de la transición a la democracia en Veracruz, de la desaparición como por arte de magia de vicios, tendencias e inercias añejas. En realidad estamos frente a la reedición de un gobierno que en los años noventa impuso el neoliberalismo y el Tratado de Libre Comercio, a sangre y fuego, en Veracruz.

Pero antes veamos cuales son los componentes básicos de una transición a la democracia, de acuerdo con Silvia Gómez Tagle, quien en 1998 publicó un texto titulado: Los signos de la transición en México. En él la profesora de El Colegio de México definió cuatro niveles de análisis: los partidos y el sistema de partidos; las reglas del juego político electoral; la cultura política de los ciudadanos; y la alternancia en el poder. Analizar las condiciones de dichos niveles servirá para medir lo que algunos llaman ahora ‘calidad de la democracia’ o para efectos de este artículo, si estamos en medio de una transición o de la continuidad del régimen autoritario que, vestido con la seda de la democracia, sigue siendo excluyente y proclive al fascismo.

En primer lugar nadie puede negar que existen partidos políticos y que el sistema de partidos tradicional, o sea, el de partido hegemónico (Sartori dixit) ha sido desplazado no cómo el propio politólogo italiano sugirió, por la aparición de un sistema de partidos pluralista, sino por el de partido dominante. En efecto, el PRI ha dejado de ser hegemónico -aunque de manera dispareja en los estados del país- pero de eso a que sea una fuerza política más hay muchos trecho. En realidad, el PRI ha seguido controlando al Congreso de la Unión pero sobre todo ha seguido vigente el modelo económico que instituyó de la mano de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, en las postrimerías del siglo XX. Esto sin mencionar el estilo priísta de gobierno, que ha permeado a todos los demás partidos al grado de que cambian los colores pero los gobiernos siguen haciendo lo mismo: saquear al erario e imponer el neoliberalismo al costo que sea. O peor, los cuadros del PRI han invadido a los demás partidos con militantes molestos por no haber logrado sus objetivos dentro del partidazo o simplemente por diferencias de forma que no de fondo. El caso paradigmático lo representa AMLO, quien encabeza para muchos la oposición ‘real’ pero que bebe de las aguas del pantano priísta. Basta ver el poder de su dedo para colocar candidatos a diestra y siniestra para comprobarlo, su reciente amnistía a Peña Nieto y sus amigos, o su desprecio por la defensa de la diversidad cultural y sexual.

En Veracruz, el poder del PRI sigue vigente (aunque bastante golpeado) no sólo porque el modelo económico permanece, porque las formas demagógicas son el pan de cada día o, en el colmo, porque el que encabeza la alternancia fue miembro destacado del PRI, habla como si fuera priísta, piensa como priísta y …. Sigue y seguirá presente porque ni el PAN y mucho menos su rémora, el PRD, cuentan con los cuadros suficientes y necesarios para cubrir al menos los puestos directivos de la administración estatal, ya no se diga los puestos medios. De las candidaturas mejor ni hablar; el próximo año se verá como echan mano de priístas reciclados para competir en las elecciones municipales.

Como consecuencia de lo anterior, el segundo nivel de análisis, las reglas del juego electoral, han mantenido su finalidad original: que el régimen se mantenga y de preferencia con el PRI en el gobierno. Es tal el deterioro del subsistema electoral -gracias a que son los propios partidos los que diseñan y aprueban las reformas electorales- que el otrora prestigiado IFE, hoy INE, ya no resulta confiable para nadie, ni para los votantes ni para los propios partidos; del OPLE veracruzano mejor ni hablar. Las chicanadas, simulaciones y sistemática violación de la normatividad electoral -ésta última especialidad del PVEM pero utilizada sin rubor por todos los partidos -demuestran que las reglas del juego electoral son una farsa que oculta la reconfiguración de la vieja tradición mapacheril, ahora complementada con la oportuna participación del narcotráfico que, al mismo tiempo que ‘apoya’ con dinero las campañas de su preferencia, amenaza e incluso desaparece a candidatos no confiables o de plano amenaza y acosa a los votantes.

Así las cosas, las reglas del juego electoral y los organismos ‘autónomos´ que están para hacerlas valer son extremadamente débiles para darle confiabilidad a los procesos electorales. Son letra muerta o, en el mejor de los casos, armas para validar el fraude del partido ganador, el cual a pesar de rebasar topes de campaña, adelantarse a los tiempos oficiales, utilizar recursos públicos -materiales y humanos- comprar voto a destajo y un largo etcétera festeja su triunfo equiparándolo con el triunfo de la democracia y la voluntad popular.

El tercer nivel de análisis, la cultura política de los ciudadanos, apunta a analizar su nivel de participación, de información y de crítica. Aquí las cosas no están mejor pues a pesar de la aparición de órganos autónomos diseñados para proteger las libertades y derechos de los ciudadanos frente al poder en las últimas tres décadas es innegable la paulatina pérdida de derechos expresada sobre todo en desapariciones forzadas, asesinatos, encarcelamientos y amenazas que desde hace ya más de una década son parte de la cotidianidad de los veracruzanos. La militarización del país, iniciada con el gobierno de Felipe Calderón, fue recibida y emulada desde el gobierno de Fidel Herrera para profundizarse con Javier Duarte. Diseñada para contener el descontento social producto del fortalecimiento del neoliberalismo pero con el argumento público de combatir el narcotráfico y la inseguridad creciente, la militarización ha provocado una involución en términos de promover la participación ciudadana en los asuntos públicos. El sometimiento a chuecas o derechas de los medios de comunicación en el estado no abona para contar con una ciudadanía informada y crítica; muchos menos el récord que ostenta el estado en asesinatos contra periodistas.

Por otro lado, la cultura política de los gobernantes ha sufrido también un importante retroceso. El ‘ni los veo ni los oigo’ es hoy por hoy el mantra para los políticos, con el agravante de que ahora han incorporado a su léxico todo lo relacionado con el discurso sobre derechos humanos, la igualdad de género, el combate a la pobreza, la consulta ciudadana. Pero en los hechos, los políticos se han aliado con las causas más retrógradas como la derecha confesional, tirando por la borda los tímidos avances logrados en las últimas décadas gracias precisamente a la participación de la sociedad organizada. Nunca como en nuestros días se ha instalado un discurso progresista en el contexto de la peor tragedia humanitaria que ha vivido el país y el estado. Como lo señalé en otro lugar, el voto de castigo no construye nada, es sólo consecuencia de la venganza que una vez lograda nos deja en el mismo lugar en el que estábamos… o peor.

La alternancia aparece así como un nivel de análisis que describe mejor que los anteriores, la continuidad del régimen. La imposición del neoliberalismo en Veracruz fue iniciada a principios de los años noventa con la llegada de Patricio Chirinos al gobierno del estado y se continuó en los gobiernos de Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera y Javier Duarte. Lo interesante de todo esto es que durante el gobierno de Chirinos –gracias a su obsesión por ser el sucesor de Salinas- el que llevó las riendas del ejecutivo estatal fue, ni más ni menos, el candidato de la alternancia un cuarto de siglo despúes: Miguel Ángel Yunes. Así que de alternancia nada, más allá de los colores. La alternancia y la supuesta transición que festejan personajes como Francisco Monfort no es en realidad más que la continuación de un modelo económico y político basado en la exclusión, la marginación y la violencia institucionalizada. Pero además, apoyado en la desmemoria y el cinismo. ¿Cómo negarlo si el verdugo de los cuadros del PRD en los noventa es hoy precisamente el candidato que ganó la elección apoyado por lo que quedó de ésa izquierda electoral? Es cierto que el apoyo electoral de PRD para que ganara Yunes fue mínimo pero en mi opinión estratégico para contener a MORENA, al grado de que un cuadro perredista de siempre, Uriel Flores, se frota las manos esperando su recompensa por los votos sumados al PAN, gracias a su ‘prestigio’.

Más allá de que este breve análisis pueda ser calificado de pesimista, sobre todo por los que se incorporarán al presupuesto público a partir de diciembre, lo que es innegable es que el modelo económico, o sea, el neoliberalismo en Veracruz iniciará una nueva etapa -una vez consumadas las reformas estructurales de segunda generación- que estará caracterizada por la desaparición de PEMEX y la llegada de Exxon, Chevron y demás; la intensificación de los proyectos hidroeléctricos y el fracking para explotar el gas; la precarización laboral con la quiebra del IPE y la reforma educativa; el despojo sistemático de propiedad pública, el deterioro ambiental y la pérdida de derechos políticos y civiles en favor de las causas más reaccionarias. Y por si fuera poco, encima de todo ello, la militarización creciente para asegurar que el modelo neoliberal siga vivito y coleando en Veracruz y en México. Así las cosas ¿cuál transición? ¿Cuál alternancias? Es evidente que será la continuidad la que domine los próximos años y no me refiero sólo a los dos que vienen.

Gómez Tagle, Silvia. "Los signos de la transición en México", en El debate nacional. Escenarios de la democratización. México, Diana, 1998. pp. 145-165.

Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.mx/2016/08/el-neoliberalismo-en-veracruz.html

El voto de castigo y las pesadillas de la alternancia

Rafael de la Garza Talavera

Rebelión

Al igual que en el 2012, cuando el dinosaurio regresó a Los Pinos, en el Veracruz del 2016 nadie salió a festejar el triunfo de la 'oposición'. Los rostros no denotaban alegría sino preocupación o de plano franco temor ante el 'triunfo' del impresentable Miguel Yunes. Nada de concentraciones en la plaza Lerdo o carnavales improvisados en el malecón porteño celebrando la derrota del odiado gobernador, que no del régimen, pues éste último sigue en pie tan campante. Como en el dominó, el PRI pasa pero domina.

Nadie se pregunta cual fue la razón del triunfo panista pues se supone que está claro: el hartazgo de los veracruzanos a los sistemáticos agravios del gobernador. Pero entonces ¿por qué nadie festeja? ¿Será acaso porque no fue un triunfo sino una sonada derrota de la sociedad veracruzana? Y es que, si bien la venganza se consumó con el voto de castigo, el que ganó es por mucho el peor de todos. Peor incluso que el sujeto objeto de la venganza pues Javier Duarte es, al lado de Yunes el malo, un simple aficionado, un aprendiz de dictador fuera de contexto que intentó emular hasta en el gesto a Francisco Franco con trágicas consecuencias; y no me refiero a derrota política sino a las desapariciones y asesinatos que caracterizaron su gestión y quedarán como su legado en la historia de Veracruz y de México.

La lección es dura pero indispensable. Un votante como el veracruzano, que sólo hasta hoy se atrevió a votar en contra del PRI, aprenderá a partir del 5 de junio que el voto de castigo es bueno para destruir pero no para construir, para cobrar afrentas pero no para generar una nueva coyuntura favorable para salir del agujero en el que está. La desesperación y la venganza no son los mejores consejeros a la hora de votar pues la satisfacción obtenida es flor de un día. Y acto seguido volverá la angustia y el miedo a sentar sus reales, a recordarnos que cambiar el mundo no es tarea de un día, de un acto, de un voto. Pero eso se aprende en la práctica y no en la escuela o en las discusiones en el café.

El voto de castigo así como la alternancia no garantizan nada, ni siquiera la satisfacción de la misión cumplida. Es por eso que nadie esta saltando de gusto por la salida del PRI o por su regreso, según sea el cristal con que se mire la cuestión. De repente el peso de la realidad, aligerado brevemente por la comisión de la venganza, regresa para aplastarnos y, lamentablemente, hacernos creer que no es posible cambiar. Y es aquí donde aparecen las pesadillas de la alternancia resultan evidentes: el cambio de siglas en el gobierno solo servirá para que nada cambie, para que todo siga igual... o peor.

Las pesadillas servirán al poder pues no sólo mantendrán el clima de terror en el imaginario colectivo sino además se fortalecerá la idea de que no hay nada que hacer para cambiar el mundo en el que vivimos. Y conste que no se trata de repetir la idea de que las elecciones no sirven para nada pues baste recordar los triunfos electorales de Hugo Chávez o Evo Morales los cuales, y a pesar de sus limitaciones, han logrado interiorizar en la mente de los que votaron por ellos la idea de que el cambio es posible y que la resignación y la pasividad solo le sirve a los poderosos.

El caso oaxaqueño podría ponerse como ejemplo de las pesadillas de la alternancia y los límites del voto de castigo. El triunfo de Gabino Cué hace ya casi seis años generó optimismo entre buena parte de la población pero el engaño duró poco. La traición a los votantes que le dieron la victoria -sobre todo gracias a la intensa actividad de la comuna de Oaxaca encabezada por la APPO- no se hizo esperar, la grado de que el regreso del dinosaurio es hoy una realidad aunque algunos con razón señalan que el dinosaurio nunca se fue, sólo cambió de color, como los camaleones. Sin duda que el regreso de los Murat merece un análisis aparte pero a primera vista todo parece indicar que las peores pesadillas de la alternancia se hicieron realidad... seis años después.

Así las cosas, si bien el voto de castigo representa las aspiraciones legítimas de los votantes no sirve mucho para construir nuevos caminos, sobre todo si no genera organización y autonomía de la población para mejorar sus condiciones de vida. Y la alternancia parece servir mas para ocultar que el régimen sigue vigente que para modificar las correlaciones de fuerza entre el capital y el trabajo. Sin embargo, de las derrotas se aprende muchas veces mas que de las victorias. Y esta derrota de las aspiraciones de la mayoría de la población -porque el triunfo del PAN en Veracruz no puede ser visto de otra manera- servirá para que la gente comprenda que el dinosaurio no es invencible pero también para saber que las elecciones son sólo un componente más de la participación política que por si sólo difícilmente puede cambiar la realidad. Hay que agregarle la lucha en el resto del espectro político y social, en el día a día, en la escuela, el trabajo, el hogar. Es duro comprenderlo pero a veces ganando se pierde y sobre todo: a veces perdiendo se gana.

Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.mx/2016/06/el-voto-de-castigo-y-las-pesadillas-de.html