Magdalena Gómez
La Jornada
No cabe duda de que
nuestra sociedad tiene diversas expectativas respecto a la idea del
cambio esperado con el nuevo gobierno. Un primer bloque es el de los 30
millones de votos, genéricamente podríamos decir que es progresista en
cierta forma y aun así hay temas básicos que debiendo estar en su agenda
no son reivindicados ni defendidos.
Un parteaguas es justamente la distancia con todo el ámbito de
derechos humanos y más específicamente el de los derechos de los pueblos
indígenas. Que la nación es pluricultural y que los pueblos originarios
provienen de tiempos anteriores a la creación misma del Estado no es
algo que haya permeado al conjunto de la sociedad ni al que integra el
bloque al que arbitrariamente refiero como progresista o al que votó por
un cambio, cualquier cosa que ello les signifique. Está claro que su
voto fue contra los gobiernos anteriores, especialmente el priísmo, pero
también el panismo.
Ciertamente hay problemáticas estructurales que no se pueden
transformar por la voluntad así sea presidencial; sin embargo, hay
algunas que parecieran contar con patente de corso para continuar
repitiéndose ante la resistencia o impotencia de sus víctimas. Me
refiero a la violencia que se incrementa tanto en los ámbitos urbanos
como rurales, especialmente en éstos y que es practicada con total
impunidad, sin que la justicia que el Estado debe garantizar aparezca
por ningún lado.
Sólo en las últimas semanas el Congreso Nacional Indígena (CNI), el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Consejo Indígena
de Gobierno denunciaron “la política de terror que los grupos narcoparamilitares,
con la ayuda descarada de los tres niveles del mal gobierno,
implementan contra los hermanos del Cipog-EZ (Consejo Indígena y Popular
de Guerrero-Emiliano Zapata) y todos los territorios indígenas de
México”. No es esta una afirmación vacía, pues el 23 de mayo, cerca de
Chilapa, Guerrero, fueron privados de la libertad sus compañeros Bartolo
(Bertoldo) Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote, integrantes de la
policía comunitaria en las comunidades nahuas de Tula y Xicotlán, el
primero comandante, promotores del Cipog-EZ y miembros del CNI, quienes
fueron encontrados descuartizados el 24 de mayo.
El Cipog declaró:
Tal parece que los cambios importantes sólo ocurren en las esferas de arriba, abajo nuestras vidas siguen sin importar a los poderosos. En días previos fueron asesinados Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, concejal y delegado del CNI-CIG, al parecer por el Grupo Paz y Justicia, ligado a la banda delincuencial Los Ardillos. Es muy fuerte la caracterización de narcoparamilitares; sin embargo, es una realidad que se vive de forma cotidiana en la región Costa Chica, Costa Montaña, Montaña Alta y Montaña Baja de Guerrero. Y el Estado, incapaz de detener a esas fuerzas. Justamente en Guerrero ha tenido presencia constante de tiempo atrás el Ejército y su actuación ha sido absolutamente ineficaz, por no hablar incluso de situaciones de complicidad. Es un ejemplo de la poca esperanza que despierta la creación de la Guardia Nacional, es más bien un factor de intimidación y de continuidad.
Por otra parte, tenemos el acoso militar en Chiapas, denunciado por
el zapatismo y recientemente por el Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de las Casas, que afirmó: “Las incursiones militares
constituyen actos de intimidación y hostigamiento contra los pueblos
originarios zapatistas en resistencia, significan una agresión a su
derecho a la autonomía y representan un riesgo a la vida, integridad y
seguridad de toda la población, es en la sede de la junta de buen
gobierno Hacia la Esperanza, en el caracol de La Realidad, donde se ha centrado en mayor cifra la militarización”.
El Presidente, en su reciente visita a Chiapas, sólo les mandó
saludos. Ninguna instancia del Estado, da cuenta ni se hace responsable
del acoso y clima de amenaza que viven las comunidades zapatistas. Si
ese es el actuar oficial del Ejército, los paramilitares tienen en los
hechos luz verde para continuar también el hostigamiento. Andrés Manuel
López Obrador repite que no va a reprimir al pueblo.
Sería momento de que se considerara que también por omisión se le
puede reprimir. He mostrado sólo unos ejemplos para retomar la
preocupación sobre la escasa reacción del progresismo en el país para
exigir justicia y transparencia sobre el accionar del Ejército y los narcoparamilitares.
Qué lejos parece el 12 de enero de 1994 donde la ciudadanía salió a
exigir un cese al fuego en Chiapas y a pugnar por la paz, o cuando se
demandó el cese a la persecución contra el zapatismo iniciada el 9 de
febrero de 1995. No son buenos tiempos para los pueblos indígenas, sin
contar con los megaproyectos para profundizar el despojo en nombre del
supuesto progreso. ¿Cuál cambio ?
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