Pedro Miguel
La Jornada
Tras dos días de una campaña
de desinformación deliberada que pretendió hacer creer que el ex
gobernador chiapaneco Manuel Velasco iba a suceder al frente de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la
dimitente Josefa González Ortiz Mena, el lunes de esta semana se dio a
conocer el auspicioso nombramiento a ese cargo del activista y académico
ambiental Víctor M. Toledo; ese mismo día el presidente Andrés Manuel
López Obrador se reunió con una representación de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en un encuentro que
tuvo como propósito superar la inconformidad de ese sector de profesores
ante una reforma educativa que, si bien representó un avance
significativo con respecto a la barbaridad operada en el sexenio
anterior, dejó fuera importantes reivindicaciones del magisterio
democrático; la reunión, en la que el tabasqueño ofreció a sus
interlocutores total apertura y concesiones muy significativas en la
elaboración de la ley secundaria, culminó con los delegados de la CNTE,
acompañados del mandatario, coreando las consignas históricas de su
lucha en uno de los patios de Palacio Nacional; si algún valor tienen
los símbolos, éste no pudo pasar inadvertido.
En forma paralela se desarrolló esta serie de eventos: la Secretaría
de la Función Pública inhabilitó por 10 años al ex director de Pemex
Emilio Lozoya Austin al encontrar en su gestión movimientos sospechosos;
la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pidió la
congelación de las cuentas bancarias del ex funcionario y de algunos
familiares cercanos, así como las de Altos Hornos de México (AHMSA); un
día más tarde, la Fiscalía General de la República dio a conocer que
había obtenido órdenes de aprehensión para Lozoya Austin y de algunas
personas de su círculo inmediato y para el dueño de AHMSA, Alonso Ancira
Elizondo, quien fue rápidamente capturado en España y afronta en una
cárcel de ese país un proceso de extradición. Ambos están acusados por
operaciones con recursos de procedencia posiblemente ilícita y otros
actos de corrupción en el caso de la venta de la planta de fertilizantes
Agronitrogenados –que tenía casi 20 años sin funcionar y más de cuya
maquinaria estaba inservible–, que era propiedad de AHMSA y que fue
comprada por Pemex en 2014 a un precio cinco veces por encima de su
valor real.
En principio, esta averiguación es independiente de la trama de
corrupción de la empresa Odebrecht, en la que Lozoya Austin –amigo de
Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso y otros del anterior régimen– ha
sido involucrado por la fiscalía de Brasil. La presidencia peñista lo
protegió con denuedo de cualquier imputación relacionada con ese
escándalo, en el que el ex funcionario habría recibido recursos ilegales
para derivarlos a la campaña presidencial del propio Peña Nieto.
Vistas en conjunto, estas acciones marcan una profundización y una
aceleración en el proceso transformador del actual gobierno, tanto en lo
que representan de acercamiento a los movimientos sociales
(nombramiento de Víctor M. Toledo y reunión conciliadora con los
maestros democráticos) como por lo que parece ser el inicio de un
esclarecimiento a fondo de la corrupción monumental que caracterizó a
los sexenios anteriores. Si a ello se suma la visita a México de
Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional,
su encuentro con López Obrador y sus apreciaciones elogiosas del
desempeño económico de la Cuarta Transformación, resulta claro que las
oposiciones partidistas, empresariales, mediáticas y de grupos de
interés variopintos se encuentran más huérfanas que nunca de argumentos,
iniciativas y contrapropuestas.
Tal vez esa orfandad permita explicar la brusca y perceptible
intensificación de los ataques mediáticos en contra del gobierno. En la
fabricación y difusión de verdades a medias y mentiras a secas
participan febrilmente los columnistas que difundieron el pensamiento
único del neoliberalismo, los académicos que en su momento justificaron
todas las atrocidades del régimen oligárquico –el desmantelamiento de la
propiedad pública operado por Salinas, el
rescate bancariode Zedillo, la falsa y corrupta alternancia de Fox, la violenta guerra de Calderón y las reformas estructurales de Peña–, los funcionarios de organismos desconcentrados y comisiones autónomas y los comentócratas que se quedaron sin financiamiento público bajo la mesa, además de líderes de cúpulas empresariales y los dirigentes de partidos políticos cada vez más reducidos.
Más allá de esa ofensiva desesperada y ultimadamente insustancial,
hay cosas ominosas, como el paquete explosivo enviado a la senadora de
Morena Citlalli Hernández Mora o la amenaza de bomba en el complejo de
Pajaritos. Ojalá que unos y otros hechos no estén vinculados y, si lo
están, ojalá que los orquestadores se serenen y se abstengan, en lo
sucesivo, de patear el tablero de juego, por adversa que les resulte la
partida.
Twitter: @navegaciones
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