La Jornada
Editorial
Este domingo 2 de junio, 13
millones 573 mil 897 ciudadanos están convocados a las urnas para elegir
a quienes ocuparán 148 cargos: están en disputa las gubernaturas de
Puebla y Baja California; todas las alcaldías en esta segunda entidad,
Aguascalientes y Durango, así como cinco elecciones municipales
extraordinarias en Puebla, y los congresos locales de Quintana Roo y
Tamaulipas.
Se trata de los primeros comicios celebrados en el presente sexenio,
con un gobierno federal que tiene entre sus propuestas centrales la
democratización efectiva de la vida nacional y la erradicación
definitiva del sinfín de prácticas fraudulentas que en los hechos han
minado e incluso anulado la soberanía popular consagrada en la
Constitución. Dichas prácticas han llevado al país a crisis como las
vividas tras los fraudes en las elecciones presidenciales de 1988 y 2006
y la masiva compra de votos en las de 2012, y no estuvieron ausentes en
los comicios de julio de 2018, cuando el cúmulo de irregularidades en
Puebla detonó un desgastante conflicto poselectoral.
En este combate a las distintas modalidades de distorsión de la
voluntad ciudadana se han dado pasos importantes, como la tipificación
de las modalidades de fraude electoral como delito grave, merecedores de
ser perseguidos de oficio y de recibir prisión preventiva. Sin embargo,
resulta inocultable la persistencia de aparatos, poderes fácticos y
organismos largamente acostumbrados a medrar con las prácticas
antidemocráticas, los cuales no han desaparecido y constituyen lastres
para la consolidación de una sociedad democrática.
Por lo dicho, resulta crucial que en los próximos días todos los
participantes –partidos, candidatos, autoridades de todos los niveles de
gobierno, medios de comunicación, ciudadanos y organismos electorales–
se ciñan estrictamente a la ley, a fin de que el lunes 3 el país pueda
amanecer sin conflictos poselectorales, sin denuncias cruzadas, con un
reconocimiento cabal de los triunfos ajenos y sin reivindicación de
victorias propias no fundamentadas en el sufragio. De ser así, este
domingo podrá marcar un hito en la construcción de la normalidad
democrática que tanto urge al país y que constituye uno de los mayores
anhelos ciudadanos.
Trump y sus agresiones comerciales
El presidente estadunidense, Donald Trump, anunció por su
medio de comunicación habitual –Twitter– que a partir de junio su
gobierno impondrá un arancel de 5 por ciento a todas las importaciones
procedentes de México “hasta que los inmigrantes ilegales que
pasan por México a nuestro país PAREN” (sic), y amenazó con incrementar
gradualmente ese impuesto en tanto no se resuelva el flujo migratorio.
En una rápida réplica, el subsecretario para América del Norte de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade Kuri, señaló que esa
amenaza es
desastrosaen el marco del proceso de ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), advirtió que nuestro país responderá de manera
enérgicay propuso el inicio de un contacto directo entre ambas partes a fin de evitar malos entendidos y no entorpecer el comercio bilateral.
El amago de Trump no sólo constituye una grosera presión injerencista
para tratar de imponer a México una política migratoria conveniente a
los intereses propagandísticos y electoreros de la Casa Blanca, sino que
resulta, además, un chantaje disparatado que podría obligar a nuestro
país a participar en una confrontación comercial que resulta a todas
luces indeseable y peligrosa para ambas economías: si bien el vecino del
norte es el principal mercado de las exportaciones nacionales (307 mil
millones de dólares), y que la inusitada venganza arancelaria sería
sumamente negativa para la industria mexicana, ello es cierto también a
la inversa: Estados Unidos envía anualmente a México productos por un
total de 181 mil millones de dólares, por lo que la adopción de una
medida recíproca a la que esgrime Trump dañaría considerablemente
diversos sectores productivos estadunidenses.
La circunstancia demanda a las autoridades de nuestro país un
cuidadoso equilibrio entre la prudencia y la firmeza para hacer
prevalecer la sensatez en el diálogo bilateral. Cabe esperar, asimismo,
que los sectores empresariales y políticos de la superpotencia logren
desactivar la prepotencia sulfúrica del magnate republicano y que lo
persuadan de mantener en pistas separadas los asuntos de la migración y
el comercio.
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