Autor:
Zósimo Camacho @zosimo_contra
El despliegue militar en marcha es el más grande en la historia
del país. Para el nuevo gobierno es absolutamente necesario. Y no sólo
para el nuevo gobierno: para toda la oligarquía y la llamada “clase
política” de todos los colores del espectro electoral. La nueva Fuerza
Armada fue instaurada con la “histórica” aprobación unánime de todas las
bancadas representadas en el Poder Legislativo federal. Las
legislaturas de los 32 estados de la República dieron también su aval de
inmediato, con lo que el presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, decretó la creación de la Guardia Nacional el pasado 26
de marzo.
Este jueves, de nueva cuenta, de manera unánime, los legisladores
federales (senadores y diputados) concluyeron la aprobaron de las leyes
reglamentarias de la misma Guardia Nacional. Es decir, “hay consenso”
entre quienes gobiernan y disputan el poder acerca de desplegar por todo
el territorio nacional a los efectivos militares. Y hay consenso entre
los poderes fácticos: las cámaras empresariales, los consorcios
mediáticos, los grupos financieros y, entre otros, la jerarquía
eclesiástica celebraron la instauración de la nueva Fuerza y desearon
que, por el bien de la nación, tenga éxito en el combate al crimen y en
la instauración de la paz.
Como hemos dicho en este espacio, la confrontación real del gobierno
de López Obrador no es con sus adversarios panistas, priístas,
perredistas, empresarios, financieros o ministros, magistrados y jueces
del Poder Judicial. Existe, pero en lo fundamental sabrán llegar a
acuerdos, como el del despliegue militar en toda la República.
Es de reconocerse que el combate a la corrupción no es menor:
generará importantes fricciones entre algunos grupos que habían abusado
hasta la obscenidad de los recursos públicos. Sólo un ejemplo: como lo
reveló Contralínea en la columna Oficio de Papel,
Televisa recibió el sexenio pasado más de 9 mil millones de pesos
oficialmente por publicidad gubernamental. A ello hay que sumar lo que
recibió por otros “servicios” brindados al gobierno de Enrique Peña
Nieto y, el colmo, la devolución millonaria –documentada por Reforma–
de impuestos a la propia empresa y a otras de su mismo grupo, como la
televisión satelital Sky y el club de futbol profesional Águilas del
América.
Sí es importante el combate a la corrupción pero por sí solo no
cambiará la relación entre explotadores y explotados. La estructura
generadora de desigualdad económica social quedará intacta.
La creación de la Guardia Nacional implicó intervenir 12 artículos de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho sea de
paso, esta legislación promueve que se armen las personas bajo el
argumento de preservar su seguridad. El Artículo 10 de la Carta Magna
mexicana dice ahora: “Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos
tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y
legítima defensa […]”.
En la Constitución y en las leyes reglamentarias se insiste en que el
nuevo cuerpo es de carácter policial y civil. Pero en los artículos
transitorios queda establecido que estas tropas provendrán
principalmente de la Policía Militar y de la Policía Naval. En menor
medida, de lo que queda de la Policía Federal. Es decir, ayer eran
militares y hoy, adscritos a la Guardia Nacional, son civiles. Como si
un cambio de uniforme bastara para transformar a un militar en un
policía. Además, el quinto transitorio autoriza al presidente de la
República para disponer del Ejército Mexicano, la Armada de México y la
Fuerza Aérea Mexicana para realizar tareas de seguridad pública.
Estamos hablando de un despliegue que ha iniciado con 50 mil
efectivos y que llegará a 110 mil. Y, como ha insistido Alfonso Durazo
Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en este
despliegue, los elementos no regresarán a sus batallones después de
realizar operativos. Se quedarán ahí, en las plazas, “recuperando” el
territorio nacional.
El comandante de la Guardia es el general de brigada Luis Rodríguez
Bucio, con credenciales de experto en inteligencia y combate al
narcotráfico. El estado mayor de la nueva Fuerza se completa con un
representante del Ejército (el general de brigada Xicoténcatl de
Azolohua Núñez Márquez), uno de la Armada (el contralmirante de
infantería de marina, Gabriel García Chávez) y una de la Policía Federal
(la comisaria general Patricia Rosalinda Trujillo Mariel).
El reportero José Réyez reveló en Contralínea el despliegue
que la Guardia Nacional alcanzará en 3 años a través de 266
coordinaciones en que la nueva Fuerza dividió al país. De ellas, 216
estarán a cargo de militares de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) y 34 de la Secretaría de Marina (Semar). Y apenas 16, de la
Policía Federal.
Entre las 266 coordinaciones donde se asentará la Guardia Nacional se
contempla a las comunidades de los municipios autónomos zapatistas.
Esta nueva Fuerza, por lo menos en el mapa, plantea instaurarse en el
corazón del movimiento zapatista y el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional.
Incluso, de la información puede desprenderse qué coordinaciones de
la Guardia serán y quiénes estarán a cargo. Se trata de la “entidad
Chiapas 1” con cuatro coodinaciones regionales. Los cuarteles estarán en
San Cristóbal de las Casas, donde el “enlace militar” es el coronel de
infantería Vicente Dimayuga Canales; Comitán de Domínguez, con el
coronel de caballería Carlos Alberto Rojas Martínez; Huehuetán, con el
general de brigada Jaime Contreras Chávez, y las Margaritas, a cargo del
coronel de infantería Arturo Carrizales Huerta.
La “entidad Chiapas 2” también contará con cuatro coordinaciones
cuyos “enlaces militares” son el coronel de infantería Avigail Vargas
Tirado, el teniente coronel de infantería Edilberto Jasso Godoy, el
coronel de infantería Rodolfo Díaz Navarro y el coronel de Artillería
Isaac Guzmán Rojas. Los cuarteles estarán en Ocosingo, Palenque,
Pichucalco y Bochil, repectivamente.
El cerco militar sobre los zapatistas se estrechará.
También se creó la “entidad Chiapas 3” en el Sur del estado donde no hay comunidades autónomas zapatistas.
La región de influencia zapatista tendrá más cuarteles que otras
regiones con altos índices de violencia, a pesar de que en el propio
documento se establece que los índices delictivos en los territorios
autónomos son de los más bajos del país.
López Obrador ha insisitido en que, como gobernante, no es de
izquierda ni de derecha, sino “liberal”. Su lucha es contra los
“conservadores”, como aquella del siglo XIX, cuando las dos grandes
facciones se disputaban el territorio. Al triunfo de los liberales se
instauró un gobierno fuerte que “recuperó” para el Estado liberal todas
las regiones.
Probablemente, en la visión de López Obrador se deben “recuperar”
todos los territorios. Y no sólo los que están en manos de la
delincuencia, sino aquellos con comunidades antistémicas, ajenas a lo
que consideran el Estado burgués mexicano. Al parecer, la guerra en
Chiapas no está cancelada.
Zósimo Camacho
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