Esther Pineda
Según el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las
Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, publicado en el año
2014 por la Organización de Naciones Unidas (ONU), el femicidio se
entiende como la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya
sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en
cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de
cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus
agentes, por acción u omisión; violencia resultante de la posición de
subordinación, marginalidad y riesgo en el cual se encuentran las
mujeres en la sociedad.
Es decir, el femicidio es la forma extrema de violencia contra la mujer,
la cual se caracteriza y diferencia del homicidio por sus motivaciones
sexistas y misóginas, así como, por su comisión en el contexto de
desigualdades por razones de género y relaciones de poder, dominación y
dependencia.
En América Latina este tipo de crímenes alcanzan altos índices de
ocurrencia, se manifiestan de forma sistemática, repetida y, se
caracterizan por su particular crueldad y sexualización. Así lo ponen en
evidencia las estadísticas oficiales de 16 países de la región,
específicamente Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, en los cuales entre los
años 2005 a 2018 se contabilizan un total de 13847 femicidios.
Estas cifras pueden ser más elevadas debido a que la mayoría de los países comenzaron a registrar estos delitos a partir del año 2014,
muchos de ellos invisibilizan las motivaciones sexistas y misóginas de
estos crímenes (siendo procesados como homicidios comunes), en algunos
países no se contabilizan de forma regular, confiable y transparente
estos delitos; o simplemente no se publican las cifras para evitar los
señalamiento por su inoperancia ante la grave situación.
las estadísticas oficiales de 16 países de la región contabilizan, entre los años 2005 a 2018, un total de 13.847 femicidios.
Respecto a las características de estos crímenes, si bien cualquier
edad es una condición de riesgo, incluso para las niñas y las adultas
mayores, la comisión de este tipo de delitos es predominante en las
mujeres en edad reproductiva. La mayoría de los agresores son hombres
con los que la víctima tuvo algún tipo de relación sexo-afectiva (pareja
o ex pareja), los crímenes por lo general son cometidos en la vivienda
que la víctima compartía con su agresor o donde ella residía; y algunas
de ellas ya había denunciado a su victimario, sin embargo, no fueron
protegidas por el Estado.
En los femicidios la violencia excesiva suele ser la norma, para
perpetrarlos no hay un arma o modalidad predominante, los agresores
hacen uso de armas de fuego, armas blancas, asfixia, estrangulamiento,
golpes, pero también recurren al fuego u otros medios de combustión.
Aunado a ello, las mujeres también son victimizadas en el contexto de la
violencia sexual y las redes de trata, específicamente durante las
fases de secuestro, traslado y explotación.
muchos de ellos invisibilizan las
motivaciones sexistas y misóginas de estos crímenes (siendo procesados
como homicidios comunes),
Las cifras también muestran que el femicidio aumenta significativamente cada año en la mayoría de los países,
entre los cuales México ocupa el primer lugar en esta carrera de la
muerte, seguido por Guatemala, El Salvador, Argentina y Perú. No
obstante, pese a los altos índices de ocurrencia de estos delitos y las
demandas de movimientos feministas, investigadoras, activistas,
familiares y personas cercanas a las víctimas, esta problemática ha sido
continuamente invisibilizada y desatendida.
Ante esta situación predomina la inoperancia de los Estados latinoamericanos, no existen políticas públicas de prevención,
los gobiernos se han conformado con la aprobación de penas
ejemplificadoras en la normativa jurídica (las cuales en pocos casos son
aplicadas porque predomina la impunidad); y la situación de
desprotección de las mujeres se profundiza cuando los crímenes contra
ellas cometidos son justificados y naturalizados por la población en
general, los medios de comunicación y por el sistema penal.
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