Martha Bárcena Coqui*
En los próximos días, la
Suprema Corte de Estados Unidos escuchará en Washington los argumentos
orales de varios casos sobre el programa de Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
El máximo tribunal decidirá sobre el futuro de miles de jóvenes
migrantes indocumentados, la mayoría mexicanos, que han residido y
contribuido a la prosperidad de este país durante la mayor parte de sus
vidas.
En medio del debate sobre migración, altamente politizado, existen
tres hechos relevantes sobre los beneficiarios de DACA que deberían
considerarse en cualquier decisión que se tome:
1. El primero es que los jóvenes del DACA no suponen una
nueva ola de migración. El programa DACA se creó en 2012 como mecanismo
para proteger a los jóvenes dreamers (personas que fueron traídas a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños) de ser deportados.
En promedio, los beneficiarios DACA llegaron a Estados Unidos a los
siete años y han residido en este país durante 22 años. Desde su
creación, DACA ha transformado profundamente la vida de más de 800 mil
jóvenes indocumentados que se han beneficiado del programa de
innumerables maneras.
Entre los beneficios que DACA brindó a estos jóvenes se encuentran la
posibilidad de obtener permisos para trabajar de manera legal,
licencias de conducir y, antes de la rescisión del programa en 2017, la
oportunidad de realizar viajes con previa autorización. DACA facilitó y
abrió el camino hacia la educación superior, programas de capacitación
laboral y trabajos mejor remunerados.
2. El segundo hecho es que el programa no sólo ha mejorado
la vida de sus beneficiarios, sino que ha generado enormes ganancias
para la sociedad estadunidense en general. DACA brindó a sus favorecidos
la oportunidad de integrarse plenamente en el tejido social de este
país y de contribuir a las comunidades que estos jóvenes consideran como
propias.
Los dreamers participan en el mercado laboral, pagan
impuestos, consumen bienes y servicios y muchos de ellos son docentes,
enfermeras y empresarios. Según el Center for American Progress (CAP),
los beneficiarios DACA pagan 5.7 mil millones de dólares en impuestos
federales y 3.1 mil millones en gravámenes estatales cada año, y 97 por
ciento de ellos están empleados o inscritos en programas de educación
media superior o superior.
3. En tercera instancia, la rescisión del DACA no sólo
tendría impacto devastador para sus jóvenes beneficiarios, sino que
también tendría consecuencias negativas para los ciudadanos
estadunidenses. De acuerdo con el CAP, la eliminación del programa DACA
costaría a la economía estadunidense 60.3 mil millones de dólares
durante la próxima década. Además, aproximadamente 685 mil trabajadores
serían retirados de la economía formal con un costo para los empleadores
de más de 3.4 mil millones.
A escala humana, una decisión negativa sobre el DACA aumentaría la
incertidumbre y la angustia entre los jóvenes y sus padres, muchos de
los cuales son ciudadanos estadunidenses. Aproximadamente 1.5 millones
de personas viven con un beneficiario DACA, incluidos padres, hermanos,
cónyuges e hijos. De rescindirse el DACA, alrededor de 328 mil familias
podrían perder sus medios de subsistencia. Es importante señalar que más
de un cuarto de millón de niños ciudadanos estadunidenses tienen al
menos un padre que es beneficiario DACA. En el peor de los casos, la
finalización del programa podría dar lugar a más casos de separación
familiar, con todas las consecuencias negativas que esto conlleva.
Tomando en cuenta los hechos anteriores, es fácil entender el amplio
apoyo que el programa tiene entre diversos sectores de la sociedad
estadunidense. Muchas terceras partes interesadas en el litigio han
presentado recursos legales amicus curiae (que literalmente se traduce como
amigos de la corte) ante la Suprema Corte en apoyo a DACA.
Entre esos amigos de la corte hay cientos de compañías y asociaciones
comerciales (incluidas firmas como Apple, Verizon, Airbnb, Facebook,
Target, Ikea, Univision, Starbucks, Tesla y Western Union),
instituciones privadas y públicas de educación superior (incluidos
muchos colegios y universidades de prestigio), asociaciones de educación
superior y organizaciones civiles que representan a diversos sectores
de la sociedad (líderes de defensa de la niñez, profesionales médicos,
expertos en derechos civiles, etcétera), entre muchos otros. En cada uno
de los escritos legales, los amici destacan cómo los
beneficiarios DACA han contribuido a la prosperidad de sus comunidades y
han sido claves para el éxito de sus instituciones.
El gobierno mexicano también decidió presentar un recurso amicus curiae
en apoyo al DACA. Si bien México reconoce el derecho soberano de
Estados Unidos a decidir sobre sus políticas públicas, al ser el país de
origen de 80 por ciento de los beneficiarios del programa, tiene
interés legítimo en defender el derecho de sus ciudadanos a un estatus
legal.
La terminación del programa obligaría a cientos de miles de mexicanos
DACA a volver a las sombras y los haría sujetos de mayor
vulnerabilidad. México también tiene el interés de resaltar la
importancia de los jóvenes DACA para nuestras dos naciones, ya que
representan los valores biculturales, bilingües y binacionales que
comparten nuestros países.
Después del 12 de noviembre, la Suprema Corte tendrá que decidir
sobre el destino del programa. El caso DACA debe interpretarse
considerando un entendimiento más amplio de lo que es justo. El destino
del programa y sus beneficiarios –y por tanto de quienes viven, trabajan
y dependen de ellos– debe decidirse sopesando las enormes
contribuciones de los jóvenes beneficiarios DACA a esta gran nación.
Mientras no se encuentre una solución permanente para los dreamers,
DACA es lo más cercano que estos jóvenes tienen para continuar
viviendo, trabajando, contribuyendo y prosperando en un país que han
conocido y honrado desde su corta edad.
* Embajadora de México en Estados Unidos
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