Julio Hernández López: Astillero
La administración felipista ha comenzado a repartir responsabilidades por la catástrofe en curso. Un funcionario de la secretaría de Hacienda ha reprochado a estados y municipios no haber sabido administrar la abundancia de recursos de años pasados y el propio Calderón ha hecho saber, desde Brasilia, que él no puede solito con la crisis y que son necesarios el diálogo político y la colaboración de los legisladores. De hecho, no hay que esperar a que el sedicente gobierno federal se decida a culpar directamente a los ciudadanos de a pie por el desfonde nacional, pues ya lo planea hacer mediante nuevas formas de recaudación fiscal, de endeudamiento público y de reducción de programas, obras y servicios.
La presunta bandera blanca, en busca de paz y ayuda, es absolutamente falsa, en cuanto pretende socializar un proceso de descomposición que de manera aplicada impulsaron muy en privado los miembros de la banda que asaltó el poder mediante fraude electoral en 2006. Felipe no puede hoy con el gobierno como antes no pudo con los comicios: su incapacidad política, dramáticamente manifiesta en poco más de dos años y medio de ejercicio formal, es una prueba concreta de las limitaciones que, sin embargo, fueron mediática, cibernética y manualmente infladas para aparentar un triunfo que con algo más de un supuesto medio punto de diferencia fue asumido por los titiriteros empresariales y el equipito de gobierno como una victoria verdadera, rotunda, aplastante y suficiente como para pretender la aniquilación de un segmento social activo, crítico y memorioso, que incluso en términos de los adulterados resultados oficiales significaría virtualmente la mitad de las voluntades cívicas actuantes en las urnas (por cierto, durante larguísimo tiempo los jilgueros oficialistas, sobre todo los electrónicos, se la pasaron lamentando el supuesto despilfarro impresionante de capital político que López Obrador habría cometido en tan poco tiempo, pero hoy callan ante la espeluznante caída electoral de F.C. desde las alturas presupuestales).
Calderón llegó al poder de manera ilegítima y se rodeó de un mediocre y pésimo equipo de gobierno (el contralor interno de esta columna pregunta al tecleador si no exageró tamaños al decir que el tal equipo fue mediocre), excluyendo a quienes no formaran parte de una intimidad de club y repartiendo entre los favoritos la riqueza nacional como botín de guerra (Juan Camilo Mouriño fue el ejemplo extremo de esa voracidad consentida, como ahora un abogado de causas de elite maneja la política desde Bucareli. Esas prácticas bucaneras se repiten casi en la totalidad de las secretarías y direcciones).
Desprovisto de poder fáctico real, perseguido por su pecado original que es la ilegitimidad electoral, carente de oficio y equipo políticos, peleado hasta con los de su misma casa ideológica (ayer, un pitazo llevó a soldados en Ciudad Juárez a allanar el domicilio de Manuel Espino), entrampado en la guerra contra el narcotráfico desde siempre sabidamente perdida y antes fanfarrón ante la crisis económica mundial que hoy nos tiene a la cola en la lista de recuperación, el licenciado Felipe ofrece diálogo.
Bien por el súbitamente compartido Felipe, mas un diálogo serio y productivo debería considerar, entre otras cosas, compromisos para cobrar impuestos en términos justos a los grandes empresarios (hayan firmado o no, ayer, acuerdos para garantizar libertades de expresión, como si ese ámbito requiriera de tales tutelajes antitéticos, como si no fueran esos monopolios una fuente de desigualdad social y de su consecuente manipulación mediática); para revisar rubros de saqueo nacional como han sido los programas de rescate a bancos y a constructores de carreteras; para implantar una austeridad verdadera en la administración pública (reducir plantillas, sueldos y privilegios, comenzando por la casa del horror político, Los Vinos, donde los gastos se disparan mientras el pueblo se hunde); para ofrecer cuentas claras a la nación respecto a ingresos petroleros durante el foxismo y parte del calderonismo; para mostrar congruencia en el hablar de Calderón, que días atrás denunció el enriquecimiento de políticos a partir del erario (allí están los ejemplos Fox, Bribiesca, Mouriño y sucesores y Gordillo, para empezar, o algunos de sus acompañantes a Sudamérica, como el Niño Verde, Kawahgi y Cesarín Nava Pemex).
Una remodelación auténtica de este país que va en caída libre debe tomar en cuenta la urgencia de restablecer la viabilidad electoral y la verdadera capacidad de competencia política, limpiando la podredumbre de ife, tribunal electoral federal y fiscalía para delitos electorales, de tal manera que haya una garantía institucional de que los próximos comicios serán equitativos y justos, es decir, con resultados respetados y asumidos por los participantes. Las enmiendas electorales deberían devolver la posibilidad de crear nuevos partidos antes de 2012 (candado especialmente diseñado contra AMLO) y permitir candidaturas ciudadanas, a más de cerrar el paso a la pretensión del duopolio televisivo de anular en los hechos las reformas pasadas que les quitaron el negocio económico y de manipulación de la contratación de propaganda partidista en sus canales. Fundamental sería cancelar el clima de linchamiento contra la parte de la sociedad que no está con el calderonismo y, en especial, contra el movimiento de resistencia civil pacífica y su dirigente. Sólo con pluralidad en los medios y con garantía de acceso para las corrientes importantes del país se podría restaurar un clima de diálogo real y reconstrucción nacional. Lo demás parecen ser simples palabras al aire o ganas de repartir culpas ante el gran fracaso felipesco en lo administrativo, político y moral. Y, ante la posibilidad de que en la delegación Miguel Hidalgo le digan a Demetrio ¡Sorry!, ¡Hasta mañana, en esta columna que escucha a Medina Mora jurar que la violencia pública está mejor que quince años atrás!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Hace 30 años unos pescadores vieron una mancha de aceite en el mar que baña la costa de Campeche. Su hallazgo conduciría a descubrir el campo petrolero Cantarell, en su momento quizá el más rico del mundo. El año 2004 su rendimiento llegó a su máximo: 2 millones de barriles al día, pero ha venido decreciendo y quizá a fines de sexenio apenas producirá 300 o 400 mil barriles. Su declive afecta severamente a la producción total de Pemex. El 20 de septiembre de 2003 apareció en esta sección el siguiente comentario:
Cuando el destino nos alcance
En Pemex están trabajando a marchas forzadas. El mes pasado la producción alcanzó la cifra récord de 3 millones 430 mil barriles al día, como promedio. El precio de exportación se sostuvo muy alto, $24.84 dólares el barril. Aunque es un río de dólares el que está entrando al país, el foxismo insiste en subir los impuestos. Las reservas mexicanas de petróleo, según investigaciones de la British Petroleum de Londres, se agotarán a fines del sexenio. Una pregunta: ¿qué sucederá después de eso? El precio de la mezcla mexicana se dispararía a más de 100 dólares el barril. Varias veces volví sobre el tema, no sólo en este espacio, también en el que tengo en el programa De Una a Tres, con Jacobo. Hoy en día la producción total –Cantarell incluido– ha caído a 2.6 millones de barriles, es decir, casi un millón menos de su nivel máximo. Nuestro país ha salido del cuadro de los diez mayores productores del mundo. (Ver cuadro con cifras de 2004.) Nadie atendió, por cierto, la proyección de British Petroleum. Entonces no me expliqué la razón, ahora lo comprendo todo.
Lo supieron
Así pues, el foxismo supo a tiempo que la producción se estaba desplomando, sin embargo, no tomó las precauciones que otros países siguieron: 1) fortalecer la reserva petrolera, 2) impulsar la exploración en busca de nuevos recursos y 3) construir refinerías; con los dólares que ingresaban pudieron desarrollar diez nuevas plantas. Se hubiera evitado la catástrofe que hoy estamos viviendo. Optaron por el saqueo, el petróleo se acababa y lo mejor para sus intereses era levantar lo último. Ahora lo comprendo todo.
Buscando salidas
La cuestión es que el futuro nos alcanzó, el hoy se ve negro, y lo que sigue, con menos petróleo, todavía más. Se escuchan voces de distintos timbres proponiendo salidas, tanto en lo económico como en lo político, lo social y ahora también en el incontrolado problema de la inseguridad. Una de ellas es la del ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente. Recientemente hizo una exposición en la Universidad de Alcalá de Henares, España. Tomo un fragmento que me parece relevante:
¿Hay soluciones? Por supuesto que sí. No son unívocas ni sencillas, ni pueden derivarse de recetas ramplonas, consejos moralistas, coléricas denuncias o golpes de pecho de santurrones. Lo fundamental es concluir la transición: la reforma del Estado. Habrá que meditar con cuidado si la organización del gobierno en México necesita o no moverse hacia un esquema semiparlamentario; si deben seguir o no los diputados plurinominales; si puede haber relección de diputados, y si los miembros del gabinete presidencial deben ser sancionados por el Congreso, por mencionar algunos de los aspectos que precisará dicha reforma.
Si necesitas dólares…
Grupo Invex dice que podríamos ver al tipo de cambio mantenerse entre los $12.80 y los $13 pesos a lo largo de este mes y el próximo cuando menos. Sin embargo, eventualmente habrá un periodo de decepción.
Cuando el destino nos alcance
En Pemex están trabajando a marchas forzadas. El mes pasado la producción alcanzó la cifra récord de 3 millones 430 mil barriles al día, como promedio. El precio de exportación se sostuvo muy alto, $24.84 dólares el barril. Aunque es un río de dólares el que está entrando al país, el foxismo insiste en subir los impuestos. Las reservas mexicanas de petróleo, según investigaciones de la British Petroleum de Londres, se agotarán a fines del sexenio. Una pregunta: ¿qué sucederá después de eso? El precio de la mezcla mexicana se dispararía a más de 100 dólares el barril. Varias veces volví sobre el tema, no sólo en este espacio, también en el que tengo en el programa De Una a Tres, con Jacobo. Hoy en día la producción total –Cantarell incluido– ha caído a 2.6 millones de barriles, es decir, casi un millón menos de su nivel máximo. Nuestro país ha salido del cuadro de los diez mayores productores del mundo. (Ver cuadro con cifras de 2004.) Nadie atendió, por cierto, la proyección de British Petroleum. Entonces no me expliqué la razón, ahora lo comprendo todo.
Lo supieron
Así pues, el foxismo supo a tiempo que la producción se estaba desplomando, sin embargo, no tomó las precauciones que otros países siguieron: 1) fortalecer la reserva petrolera, 2) impulsar la exploración en busca de nuevos recursos y 3) construir refinerías; con los dólares que ingresaban pudieron desarrollar diez nuevas plantas. Se hubiera evitado la catástrofe que hoy estamos viviendo. Optaron por el saqueo, el petróleo se acababa y lo mejor para sus intereses era levantar lo último. Ahora lo comprendo todo.
Buscando salidas
La cuestión es que el futuro nos alcanzó, el hoy se ve negro, y lo que sigue, con menos petróleo, todavía más. Se escuchan voces de distintos timbres proponiendo salidas, tanto en lo económico como en lo político, lo social y ahora también en el incontrolado problema de la inseguridad. Una de ellas es la del ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente. Recientemente hizo una exposición en la Universidad de Alcalá de Henares, España. Tomo un fragmento que me parece relevante:
¿Hay soluciones? Por supuesto que sí. No son unívocas ni sencillas, ni pueden derivarse de recetas ramplonas, consejos moralistas, coléricas denuncias o golpes de pecho de santurrones. Lo fundamental es concluir la transición: la reforma del Estado. Habrá que meditar con cuidado si la organización del gobierno en México necesita o no moverse hacia un esquema semiparlamentario; si deben seguir o no los diputados plurinominales; si puede haber relección de diputados, y si los miembros del gabinete presidencial deben ser sancionados por el Congreso, por mencionar algunos de los aspectos que precisará dicha reforma.
Si necesitas dólares…
Grupo Invex dice que podríamos ver al tipo de cambio mantenerse entre los $12.80 y los $13 pesos a lo largo de este mes y el próximo cuando menos. Sin embargo, eventualmente habrá un periodo de decepción.
Carlos Fernández-Vega: México SA
Resulta que el blindaje económico y financiero presumido por el gobierno calderonista fue de menor espesor que los chalecos utilizados por los policías de la esquina, de tal suerte que como parte de su estrategia económica para 2010 propone mayor endeudamiento, el cual, en buena medida, se destinaría al pago de deuda para hacer frente, dice, al “shock de las finanzas públicas”.
El gobierno federal endeudado y en pos de mayor débito para pagar la deuda no parece ser el mejor remedio para la crisis ni para superar el referido shock, pero lo peor del caso es que tal propuesta parece orillar a los mandatarios de las distintas entidades de la República a proceder en igual sentido –la inercia es la madre de todos los vicios–, esto es, a incrementar el de por sí abultado débito de estados y municipios, el cual reporta, al cierre del primer trimestre de este agitadísimo 2009, un saldo cercano a 207 mil millones de pesos, monto 29 por ciento superior con respecto al registrado al cierre de 2006. Y si la revisión se amplía al periodo 1993-2009 (primer trimestre), entonces el aumento es cercano a mil 200 por ciento, lo que de ninguna manera corresponde con la realidad económica de las estados y municipios. ¿Dónde se fue la deuda? ¿A qué se destinó?
En sí, que estados y municipios se endeuden no es una decisión equivocada, siempre y cuando el dinero obtenido se canalice a fines productivos, a generar mayores excedentes, mayor riqueza, mayor empleo, que permitan no sólo dar puntual servicio a la deuda, sino incrementar los haberes en las entidades. Sin embargo, si se compara el crecimiento de dicho débito con los resultados económicos reportados en la mayoría de las entidades de la República, el destino de tales empréstitos parece que no fue el señalado.
De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Hacienda, con cifras a marzo pasado se observan casos verdaderamente preocupantes entre 2006 y marzo de 2009, como el registrado por el gobierno de Chiapas, con un incremento en el débito cercano a 700 por ciento (de 881.7 a 7 mil 21.5 millones de pesos). No menos contundente fue el avance reportado por el gobierno de Coahuila en igual lapso (más de 400 por ciento, de 420 millones a 2 mil 167 millones) o el de Aguascalientes (150 por ciento, de 958.4 millones a 2 mil 360.5 millones de pesos).
No son los únicos, desde luego, especialmente cuando se documenta que cuatro entidades concentran más de 50 por ciento del débito total de estados y municipios: Distrito Federal, estado de México, Nuevo León y Jalisco, con 45 mil 380.5, 33 mil 136, 18 mil y 12 mil 586 millones de pesos, respectivamente, para sumar poco más de 109 mil millones. Aun así, siendo las entidades con mayor peso en el producto interno bruto del país, se dan casos distintos: de 2006 a marzo de 2009, el débito del Distrito Federal reporta un aumento de 2.93 por ciento; el del estado de México, de 3.6; el de Nuevo León, de 7.78, y el de Jalisco, de 42.5 por ciento (tal vez por olas de generosas limosnas que con recursos públicos un día sí, y el otro también, canaliza el góber piadoso a la Iglesia católica de aquella entidad).
Michoacán no canta mal los corridos, y en el periodo de referencia su deuda se incrementó 140 por ciento, mientras la correspondiente a Nayarit lo hizo en 237 por ciento. El gobierno de Oaxaca multiplicó por tres el saldo de su débito, hasta llevarlo a 4 mil 521 millones de pesos al cierre de marzo pasado, mientras el góber precioso de Puebla lo duplicó, para cerrar el tercer mes de 2009 en casi 6 mil 400 millones. Otro góber que de milagro no fue corrido por los habitantes de su entidad, pero que está a punto de irse, Eduardo Bours, tuvo a bien aumentar la deuda de los sonorenses en 82 por ciento y elevarla a 11 mil 348 millones de pesos. El de Tabasco tampoco lo hizo mal: a los habitantes de ese estado del sur de la República les incrementó en 220 por ciento el débito, mientras el de Veracruz lo hizo en casi 70 por ciento.
Felizmente, los gobernadores tarde que temprano se retiran y dejan el hueso (en ocasiones para agarrarse de otro mayor), pero el débito se queda y quienes lo pagan son los habitantes de uno u otro estado. Lo mismo sucede con la deuda federal: les guste o no, a los seis años deben hacer maletas (o huelgas de hambre, según sea el caso) y desde su privacidad gozar de la enorme popularidad que construyeron a lo largo de su sexenio, pero son los habitantes de esta heroica nación los que pagan los dineros, y lo hacen sin recibir los supuestos beneficios que acarrearía el endeudamiento, masivo en algunos casos, prometidos por sus gobernantes.
A la Federación se le desplomó el ingreso; las arcas nacionales reportan hoyos por aquí, por allá y acullá; no hay con qué pagar ni con qué salpicar a las haciendas estatales y municipales, las mismas que dependen de forma creciente de ese tipo de recursos, que suelen destinar a tapar los agujeros de la deuda local. Si la Federación carece de recursos y, por ende, también los estados y municipios, con qué pagarán sus voluminosas cuan respectivas deudas. La propuesta calderonista es que se haga por medio de mayor endeudamiento, mismo que tarde que temprano reportará angustias para su pago, de tal suerte que se endeudarán más para lo mismo, en lugar de enfocar baterías y dinero en sacar al país del hoyo económico y para que la maquinaria –si bien no la mejor, la única– comience a generar riqueza.
Todo lo anterior se veía venir desde muchos meses atrás, pero en lugar de tomar las medidas conducentes, de atacar el problema de raíz, el gobierno federal y su coro de gobernadores estatales nos presumían, un día sí y el otro también, que las finanzas públicas estaban blindadas, que la crisis era externa y que aquí nos hacía los mandados. Dice el secretario de Hacienda que el futuro nos alcanzó; en realidad, el pasado nos apercolló y no nos suelta; llevamos 30 años amarraditos a él y el país no ha hecho otra cosa que dar vueltas a la no- ria. Ojalá hubiera sido el futuro.
Las rebanadas del pastel
No hace mucho sonaban los bombos y platillos, porque el saneamiento de las aduanas del país permitirá un sostenido avance, con procesos más nítidos y registros más transparentes. Pues bien, el domingo se hizo el corte de caja: “todos los agentes de Inspección Fiscal y Aduanera y de Operación Aduanera de las 49 garitas en el país fueron cesados por la Dirección General de Aduanas, en un operativo que contó con la participación del Ejército Mexicano. Antes de ser dados de baja, los inspectores fueron desarmados por los militares y fichados”. Bienvenido el pasado, con disfraz de futuro.
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
Economía: oportunidad de viraje
El titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, lanzó ayer desde Brasil –donde realizó una visita de Estado– un llamado al diálogo a los dirigentes de los partidos políticos del país, a efecto de que podamos encontrar las mejores opciones para superar la brecha fiscal ocasionada por la actual crisis económica mundial. El político michoacano reconoció que el gobierno federal no puede por sí solo tomar las medidas necesarias para hacer frente a la presente coyuntura, por lo que instó a los partidos a establecer esquemas de colaboración y de construcción de acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo.
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El Correo Ilustrado
Exigen esclarecer ataque a académicos
Las y los firmantes queremos sumarnos a la consternación, preocupación y profunda indignación que se vive en la comunidad universitaria por el asesinato de Salvador Rodríguez y las graves heridas ocasionadas a Carlos Bustamante durante un violento robo ocurrido el pasado 12 de agosto. Exigimos a las autoridades competentes justicia, condición necesaria para hacer frente a la violencia y abonar en el urgente restablecimiento de la seguridad que los habitantes de la ciudad y del país reclamamos.
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Indignación, desesperación, de-sesperanza deben invadir a amplios sectores de la sociedad mexicana frente al desenlace legal, probablemente provisional, de la matanza de Acteal. ¿No es éste un Estado fallido? ¿Quién pone la cota con la que comienza a fallar el Estado a tales niveles que pueda llamársele así?
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No se puede entender la estructura del sistema político mexicano si no se explica el papel, composición y relación de los tres poderes formales que integran el Estado. Hemos entrado a una nueva etapa que va del presidencialismo a la partidocracia, el régimen de los virreyes regionales y el nuevo estilo de gobernar con la mano invisible del PRI desde el Poder Legislativo.
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No es una visión maniquea y simplista. La masacre de Acteal es lo que es: un crimen de Estado perpetrado por el gobierno de Ernesto Zedillo. La liberación de 20 de los paramilitares responsables de la matanza por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que no se les siguió un debido proceso, no tapa este hecho. La razón jurídica no puede ocultar la verdad histórica.
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La Suprema Corte de Justicia continúa en su labor de proteger al poder antes que a la ciudadanía y a los pueblos de este país. En su jurisprudencia política más reciente podemos anotar la declaración de improcedencia, en 2002, de las controversias constitucionales contra la reforma indígena de 2001, cuando pesó más el cabildeo del Congreso de la Unión que la presencia de autoridades indígenas. Seis años después, el 29 de septiembre de 2008, la Corte decidió que el Poder Judicial puede revisar el procedimiento de reformas a la Constitución sin entrar en su contenido. Éste era el enfoque de las controversias indígenas improcedentes. ¿Cuál es la diferencia?
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El 22 de diciembre de 1997 el zedillato perpetró en Acteal, Chiapas, un crimen de Estado. En una región rigurosamente asfixiada por el Ejército y por las corporaciones policiales estatales y federales, un grupo paramilitar –que no habría podido mover un dedo ni avanzar un metro por los caminos estrechamente vigilados sin el consentimiento y el apoyo de los altos mandos civiles y castrenses– asesinó a 45 integrantes de la organización civil Las Abejas, que no comulgaba con los zapatistas pero tampoco con la estrategia contrainsurgente que se abatía, por órdenes y designio de Los Pinos, sobre las poblaciones indígenas de Los Altos.
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No sólo ocurre con los migrantes, que son vejados o expulsados de los países en los que buscan trabajo y mejores condiciones de vida. No es necesario ir al extranjero para ser objeto de discriminación. Basta con ser mexicanos y jóvenes para experimentar la humillante sensación de ser ajenos, de no tener cabida en ninguna parte, de carecer de mañana, de ser excluidos.
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Supe del fallecimiento de la gemela de Ana María, a raíz de la visita hecha a uno de los artistas que ellas promovieron, entre los nacidos hará aproximadamente unos 50 años. Me refiero a Miguel Ángel Alamilla, a cuyo taller asistí para conocer la pintura de gran formato que está realizando.
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Alberto Aziz Nassif
¿De cuál país habla Calderón?
Cuando las palabras pierden su sentido, entonces se puede decir cualquier cosa y parece que no pasa nada. Así sucedió con algunas de las respuestas del presidente Felipe Calderón en la reciente Cumbre de Guadalajara. Afirmó que: en su gobierno no se violan los derechos humanos, “y quienes señalen lo contrario, están obligados a probar un caso, un solo caso en que no haya actuado la autoridad, en que se hayan violado los derechos humanos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias legales: sean policías, sean soldados o cualquier otra autoridad” ¿De cuál país habla Calderón? Quizá ni los gobiernos de los países que puntean en el índice de desarrollo humano pueden ser tan contundentes como en nuestro país.
Los casos de violación de derechos abundan y están documentados. Se han denunciado casos de tortura, abusos y hasta asesinatos por parte de las fuerzas del orden. ¿De cuál país habla Calderón? El mismo día de las afirmaciones temerarias la organización Human Rights Watch (HRW) indicó que: “El reclamo del Presidente se contradice con la evidencia disponible”, y puso sobre la mesa no uno, sino dos casos, el primero de mayo de 2007 y el segundo de agosto del mismo año, ambos fueron en Michoacán y se trata, según HRW, de operativos antidrogas en donde participaron militares que fueron acusados de tortura y no han sido castigados (El Universal, 11/VIII/2009). ¿A quién le estaría hablando Calderón en esa memorable rueda de prensa, en donde tenía a un costado al presidente Obama y al otro, al primer ministro Harper? Tal vez se trata de afirmaciones para el consumo externo, la prensa extranjera y sus colegas de Estados Unidos y Canadá. Porque aquí en México tenemos meses y semanas metidos en los laberintos de la impartición de justicia. Casos van y casos vienen y la conclusión es la misma: la impartición de justicia en México está plagada de malas prácticas.
La revisión del caso Acteal, que acaba de hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejó una estela de críticas por la forma en la que se integran los expedientes, se fabrican pruebas y delitos, lo cual impide que realmente en México se haga justicia. Después de casi 12 años de la matanza de Acteal se ordenó la liberación de 20 personas que estaban en prisión y, supuestamente, no deberían haber estado. Se podrá alegar en descargo que Acteal fue un caso de otro gobierno, incluso de signo político distinto al actual. Pero las cosas no han cambiado con el PAN. Hay casos que sí tocan al partido gobernante, como sucedió con Atenco, en donde la investigación que hizo la Corte sobre las violaciones a los derechos humanos sólo llegó a los niveles más bajos de responsabilidad en la cadena de mando, y ni por error a los mandos medios o superiores.
En este sexenio con la “guerra” en contra del narco se ha abierto un proceso de múltiples violaciones a los derechos humanos. Hace unas semanas HRW publicó un informe al que llamó “Impunidad Uniformada” en donde hizo una revisión de 17 casos de violaciones a los derechos humanos. En ese trabajo la organización presentó varios delitos “cometidos por militares contra más de 70 víctimas, incluidos varios casos de 2007 y 2008. Ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, por la comisión de violaciones de derechos humanos. El único caso que concluyó con la condena de cuatro soldados fue investigado y juzgado por autoridades civiles. Evidentemente, algo está fallando en la forma en que México trata las denuncias de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares”. Una de las recomendaciones que hace esta organización es la modificación del fuero militar, para que cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos de militares en contra de población civil, los casos puedan ser juzgados por tribunales civiles y no militares. Esta posibilidad acaba de ser rechazada hace unos días en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una apretada votación de 6 contra 5 votos. El caso fue el de una mujer, Reynalda Morales, quién buscaba que el supuesto asesinato de su esposo, a manos de militares en la comunidad de Santiago de Caballeros, Sinaloa, en marzo pasado, no fuera juzgado por un tribunal militar, sino civil. La mayoría de los 6 ministros que desechó el caso de amparo argumentó que las víctimas y ofendidos por militares no se pueden amparar para impedir un proceso en un tribunal militar (El Universal, 11/VIII/2009). Se perdió una oportunidad que pudo representar un avance para la impartición de justicia en el país.
Aquí solo hicimos referencia a los casos que ha investigado y probado la organización HRW. Sin duda, este debate por la impartición de justicia y el respeto a los derechos humanos será todavía muy largo en México. Por lo pronto, preocupa que el titular del poder ejecutivo pueda afirmar tesis que fácilmente se puede comprobar su falsedad. Preocupa porque compromete su credibilidad y debilita la confianza que se le puede tener cuando hable de otros problemas graves, que hoy por hoy abundan en esta mala racha que recorre el país. ¿De cuál país habla Calderón?
Investigador del CIESAS
Los casos de violación de derechos abundan y están documentados. Se han denunciado casos de tortura, abusos y hasta asesinatos por parte de las fuerzas del orden. ¿De cuál país habla Calderón? El mismo día de las afirmaciones temerarias la organización Human Rights Watch (HRW) indicó que: “El reclamo del Presidente se contradice con la evidencia disponible”, y puso sobre la mesa no uno, sino dos casos, el primero de mayo de 2007 y el segundo de agosto del mismo año, ambos fueron en Michoacán y se trata, según HRW, de operativos antidrogas en donde participaron militares que fueron acusados de tortura y no han sido castigados (El Universal, 11/VIII/2009). ¿A quién le estaría hablando Calderón en esa memorable rueda de prensa, en donde tenía a un costado al presidente Obama y al otro, al primer ministro Harper? Tal vez se trata de afirmaciones para el consumo externo, la prensa extranjera y sus colegas de Estados Unidos y Canadá. Porque aquí en México tenemos meses y semanas metidos en los laberintos de la impartición de justicia. Casos van y casos vienen y la conclusión es la misma: la impartición de justicia en México está plagada de malas prácticas.
La revisión del caso Acteal, que acaba de hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejó una estela de críticas por la forma en la que se integran los expedientes, se fabrican pruebas y delitos, lo cual impide que realmente en México se haga justicia. Después de casi 12 años de la matanza de Acteal se ordenó la liberación de 20 personas que estaban en prisión y, supuestamente, no deberían haber estado. Se podrá alegar en descargo que Acteal fue un caso de otro gobierno, incluso de signo político distinto al actual. Pero las cosas no han cambiado con el PAN. Hay casos que sí tocan al partido gobernante, como sucedió con Atenco, en donde la investigación que hizo la Corte sobre las violaciones a los derechos humanos sólo llegó a los niveles más bajos de responsabilidad en la cadena de mando, y ni por error a los mandos medios o superiores.
En este sexenio con la “guerra” en contra del narco se ha abierto un proceso de múltiples violaciones a los derechos humanos. Hace unas semanas HRW publicó un informe al que llamó “Impunidad Uniformada” en donde hizo una revisión de 17 casos de violaciones a los derechos humanos. En ese trabajo la organización presentó varios delitos “cometidos por militares contra más de 70 víctimas, incluidos varios casos de 2007 y 2008. Ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, por la comisión de violaciones de derechos humanos. El único caso que concluyó con la condena de cuatro soldados fue investigado y juzgado por autoridades civiles. Evidentemente, algo está fallando en la forma en que México trata las denuncias de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares”. Una de las recomendaciones que hace esta organización es la modificación del fuero militar, para que cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos de militares en contra de población civil, los casos puedan ser juzgados por tribunales civiles y no militares. Esta posibilidad acaba de ser rechazada hace unos días en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una apretada votación de 6 contra 5 votos. El caso fue el de una mujer, Reynalda Morales, quién buscaba que el supuesto asesinato de su esposo, a manos de militares en la comunidad de Santiago de Caballeros, Sinaloa, en marzo pasado, no fuera juzgado por un tribunal militar, sino civil. La mayoría de los 6 ministros que desechó el caso de amparo argumentó que las víctimas y ofendidos por militares no se pueden amparar para impedir un proceso en un tribunal militar (El Universal, 11/VIII/2009). Se perdió una oportunidad que pudo representar un avance para la impartición de justicia en el país.
Aquí solo hicimos referencia a los casos que ha investigado y probado la organización HRW. Sin duda, este debate por la impartición de justicia y el respeto a los derechos humanos será todavía muy largo en México. Por lo pronto, preocupa que el titular del poder ejecutivo pueda afirmar tesis que fácilmente se puede comprobar su falsedad. Preocupa porque compromete su credibilidad y debilita la confianza que se le puede tener cuando hable de otros problemas graves, que hoy por hoy abundan en esta mala racha que recorre el país. ¿De cuál país habla Calderón?
Investigador del CIESAS
Enrique del Val Blanco
Generación “ni-ni”
En España han denominado generación “ni-ni” a la actual de jóvenes que —por las condiciones económicas y sociales del país— ni estudian ni trabajan.
En México también podríamos hablar de una generación con varios “ni”, pues, a diferencia de España, algunos de nuestros jóvenes ni trabajan ni estudian ni, además, tienen seguro de desempleo ni seguridad social ni, por supuesto, ahorro y, lo más grave, tampoco esperanza de un futuro mejor. Estamos hablando de 38 millones de personas.
Hace varios años que los diferentes gobiernos abandonaron el hacer políticas para los jóvenes, sobre todo garantizarles un futuro mejor de lo que fue para la generación anterior. Uno de los más graves problemas de nuestro país es el desperdicio que se está haciendo del llamado “bono demográfico”, que en muchos países ha contribuido a la estabilidad social y política, pues hay más fuerza de trabajo juvenil que permite a quienes se jubilarán o ya lo están tener garantizadas sus pensiones.
Llevamos años sin generar los suficientes empleos para los jóvenes que los reclaman. Las cifras más conservadoras hablan de la necesidad de crear un millón de empleos al año, pero los resultados han sido pavorosos no sólo en la actual crisis, sino desde tiempo atrás. Ni los gobiernos ni la iniciativa privada han sido capaces de absorber esta cantidad de mexicanos y darles estabilidad económica.
La tasa de desempleo sobrepasa 6% entre los jóvenes de 15 a 24 años y, según los datos del último censo de población, casi 17% de ellos no percibía remuneración alguna, 21% recibía un salario mínimo y 72% hasta tres salarios mínimos, apenas por encima de la clasificación de pobres. Además, 70% de los que trabajan no está amparado por un contrato laboral y cerca de 20% no tiene acceso a los servicios de salud.
Si a estos datos de la juventud en materia de empleo les agregamos la imposibilidad de miles de ellos de acceder a la educación media superior y superior, tenemos el cuadro completo de uno de los mayores problemas que enfrenta hoy nuestro país.
Por ejemplo, en materia de cobertura educativa a nivel superior los objetivos de este gobierno avergüenzan si se comparan con otros países ya no de la OCDE, sino de América Latina.
Hace mucho se eliminó aquí el contrato de aprendizaje que existe en infinidad de países; se eliminó por el abuso del sector privado, ya que para éste era un gran negocio pero denigrante para los jóvenes. El actual gobierno lanzó con grandes fanfarrias el programa “Primer Empleo” pero, por lo visto, se ha convertido en un sonoro fracaso y ya nadie habla de él. Es decir, para los jóvenes que desean trabajar la respuesta es nula.
Se debe atender la gravedad de la situación juvenil; si no, tendremos más y más de ellos migrando a Estados Unidos o, lo que es peor, en actividades ilícitas, pues de algo han de vivir. Si este gobierno no se sale del modelo y en él los jóvenes no cuentan, pues que se amuelen. Pero en el mediano plazo el que se va a amolar más de lo que está será el país, por culpa de unos insensibles a la realidad.
Analista político y economista
En México también podríamos hablar de una generación con varios “ni”, pues, a diferencia de España, algunos de nuestros jóvenes ni trabajan ni estudian ni, además, tienen seguro de desempleo ni seguridad social ni, por supuesto, ahorro y, lo más grave, tampoco esperanza de un futuro mejor. Estamos hablando de 38 millones de personas.
Hace varios años que los diferentes gobiernos abandonaron el hacer políticas para los jóvenes, sobre todo garantizarles un futuro mejor de lo que fue para la generación anterior. Uno de los más graves problemas de nuestro país es el desperdicio que se está haciendo del llamado “bono demográfico”, que en muchos países ha contribuido a la estabilidad social y política, pues hay más fuerza de trabajo juvenil que permite a quienes se jubilarán o ya lo están tener garantizadas sus pensiones.
Llevamos años sin generar los suficientes empleos para los jóvenes que los reclaman. Las cifras más conservadoras hablan de la necesidad de crear un millón de empleos al año, pero los resultados han sido pavorosos no sólo en la actual crisis, sino desde tiempo atrás. Ni los gobiernos ni la iniciativa privada han sido capaces de absorber esta cantidad de mexicanos y darles estabilidad económica.
La tasa de desempleo sobrepasa 6% entre los jóvenes de 15 a 24 años y, según los datos del último censo de población, casi 17% de ellos no percibía remuneración alguna, 21% recibía un salario mínimo y 72% hasta tres salarios mínimos, apenas por encima de la clasificación de pobres. Además, 70% de los que trabajan no está amparado por un contrato laboral y cerca de 20% no tiene acceso a los servicios de salud.
Si a estos datos de la juventud en materia de empleo les agregamos la imposibilidad de miles de ellos de acceder a la educación media superior y superior, tenemos el cuadro completo de uno de los mayores problemas que enfrenta hoy nuestro país.
Por ejemplo, en materia de cobertura educativa a nivel superior los objetivos de este gobierno avergüenzan si se comparan con otros países ya no de la OCDE, sino de América Latina.
Hace mucho se eliminó aquí el contrato de aprendizaje que existe en infinidad de países; se eliminó por el abuso del sector privado, ya que para éste era un gran negocio pero denigrante para los jóvenes. El actual gobierno lanzó con grandes fanfarrias el programa “Primer Empleo” pero, por lo visto, se ha convertido en un sonoro fracaso y ya nadie habla de él. Es decir, para los jóvenes que desean trabajar la respuesta es nula.
Se debe atender la gravedad de la situación juvenil; si no, tendremos más y más de ellos migrando a Estados Unidos o, lo que es peor, en actividades ilícitas, pues de algo han de vivir. Si este gobierno no se sale del modelo y en él los jóvenes no cuentan, pues que se amuelen. Pero en el mediano plazo el que se va a amolar más de lo que está será el país, por culpa de unos insensibles a la realidad.
Analista político y economista
Ricardo Rocha
Detrás de la Noticia
Acteal: herida abierta
Al oprobio vergonzante de la matanza más horrenda de que se tenga memoria se añade hoy la infamia. Porque el fallo de la Corte manda tres mensajes perversos: que los hechos no fueron tan graves, que no hay culpables y que el caso está cerrado.
Absolutamente falso e inaceptable. Primero porque la masacre no es un hecho aislado. Para entonces el gobierno de Zedillo ya había roto con Salinas y cambiado la estrategia de diálogo con el zapatismo por una de desgaste y confrontación entre comunidades zapatistas y oficialistas. Con la complicidad del gobierno estatal inventó y provocó enfrentamientos por agua, por tierras o por sacos de granos. A la vez que auspició, formó y entrenó a grupos paramilitares como Máscara Roja y Chinchulines. Durante meses, desde el alzamiento en enero de 1994, documenté con voces e imágenes muchos de estos crímenes de a uno, tres o cinco emboscados aquí y allá en numerosos viajes a Chiapas. Así que lo de Acteal no fue de un día para otro. Tampoco es cierto que de pronto unos se volvieron locos para masacrar a los de enfrente.
Lo que el gobierno zedillista andaba buscando era el momento oportuno para darles un escarmiento a todas aquellas comunidades de base zapatista y aun a las que sin serlo se declaraban insumisas. Era el caso de Las Abejas en Acteal, municipio de Chenalhó, a los que empezaron a perseguir y a amedentrar a punta de pistola. Así los desplazaron de sus comunidades. Así los encontré entre la niebla, la lluvia y el lodo el 7 de diciembre de 1997. Y así los mostré en la televisión con sus recién nacidos en brazos y temblando de frío en una escena que, Carlos Fuentes dijo, era sólo comparable con aquellos judíos de Auschwitz que esperaban entrar a la cámara de gases: “¡Nos quieren matar… los prillistas echan bala y nos quieren matar!”, me dijeron. Y lo hicieron 15 días después, el 22 de diciembre.
Por supuesto que hay culpables. De los 52 cuyo caso llevó el CIDE a la Corte hay por lo menos dos confesos. Pero la pregunta sin respuesta es por qué si había errores jurídicos en su aprehensión y encarcelamiento sólo en seis casos y no en todos se repuso el procedimiento. Desconcierta y ofende que los ministros digan que “tuvimos que dejarlos en libertad por esas fallas procesales y que no nos toca determinar si son o no culpables”. Entonces para qué están. Por qué a ninguno de ellos se le ocurrió ordenar una nueva investigación para hacer justicia de una vez por todas y señalar no sólo a los autores materiales, sino a los intelectuales.
Sobre los culpables de Acteal y lo que yo viví la entrega del próximo jueves.
Al oprobio vergonzante de la matanza más horrenda de que se tenga memoria se añade hoy la infamia. Porque el fallo de la Corte manda tres mensajes perversos: que los hechos no fueron tan graves, que no hay culpables y que el caso está cerrado.
Absolutamente falso e inaceptable. Primero porque la masacre no es un hecho aislado. Para entonces el gobierno de Zedillo ya había roto con Salinas y cambiado la estrategia de diálogo con el zapatismo por una de desgaste y confrontación entre comunidades zapatistas y oficialistas. Con la complicidad del gobierno estatal inventó y provocó enfrentamientos por agua, por tierras o por sacos de granos. A la vez que auspició, formó y entrenó a grupos paramilitares como Máscara Roja y Chinchulines. Durante meses, desde el alzamiento en enero de 1994, documenté con voces e imágenes muchos de estos crímenes de a uno, tres o cinco emboscados aquí y allá en numerosos viajes a Chiapas. Así que lo de Acteal no fue de un día para otro. Tampoco es cierto que de pronto unos se volvieron locos para masacrar a los de enfrente.
Lo que el gobierno zedillista andaba buscando era el momento oportuno para darles un escarmiento a todas aquellas comunidades de base zapatista y aun a las que sin serlo se declaraban insumisas. Era el caso de Las Abejas en Acteal, municipio de Chenalhó, a los que empezaron a perseguir y a amedentrar a punta de pistola. Así los desplazaron de sus comunidades. Así los encontré entre la niebla, la lluvia y el lodo el 7 de diciembre de 1997. Y así los mostré en la televisión con sus recién nacidos en brazos y temblando de frío en una escena que, Carlos Fuentes dijo, era sólo comparable con aquellos judíos de Auschwitz que esperaban entrar a la cámara de gases: “¡Nos quieren matar… los prillistas echan bala y nos quieren matar!”, me dijeron. Y lo hicieron 15 días después, el 22 de diciembre.
Por supuesto que hay culpables. De los 52 cuyo caso llevó el CIDE a la Corte hay por lo menos dos confesos. Pero la pregunta sin respuesta es por qué si había errores jurídicos en su aprehensión y encarcelamiento sólo en seis casos y no en todos se repuso el procedimiento. Desconcierta y ofende que los ministros digan que “tuvimos que dejarlos en libertad por esas fallas procesales y que no nos toca determinar si son o no culpables”. Entonces para qué están. Por qué a ninguno de ellos se le ocurrió ordenar una nueva investigación para hacer justicia de una vez por todas y señalar no sólo a los autores materiales, sino a los intelectuales.
Sobre los culpables de Acteal y lo que yo viví la entrega del próximo jueves.
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