7/20/2010

De derechos humanos, estado fallido

Gustavo de la Rosa

Estalla Ciudad Juárez

Mi juventud la pasé en ese crucero que hacen las calles Bolivia y 16 de Septiembre, en Ciudad Juárez. Vivíamos en el 223 de Bolivia, en un edificio de negocios, y 23 metros adelante, así de cerca, estábamos de la esquina en la que explotó un coche-bomba el pasado día 15 de julio.

Ese crucero era nuestro patrimonio; por allí pasaba todo el mundo. La mitad a pie, la otra mitad presumía su automóvil. Era un verdadero gozo sentarnos en la tarde-noche de verano a disfrutar de los encuentros convenientemente fortuitos o las citas concertadas.

Los juarenses de entonces inventamos un verbo para designar esa forma de socializar: "sixtinear", es decir, pasear por la calle sixteen, “dieciséis" en inglés. Equivalía al paseo dominical por la Alameda en el DF, pero con más categoría, pues los autos se lucían a vuelta de rueda... Y nosotros, los del vecindario, éramos los dueños de la esquina. En verdad era nuestro patrimonio.

No hay juarense que no conozca ese crucero. Casi sabemos de memoria, pulgada a pulgada, hasta dónde llegan las calles de Guatemala y 5 de Mayo. Por eso, el pasado 15 explotó algo más que un carro-bomba. Para muchos de nosotros, tal vez explotaron nuestras últimas esperanzas.
Si ya volaron la 16 entre Bolivia y Guatemala, pueden volar todo, y no hay quien los pare.

Si hicieron explotar nuestra esquina, donde nadie se podía estacionar más de dos minutos porque cambiaba el semáforo, y nadie se dio cuenta o nadie dijo nada, quiere decir que en esta ciudad no hay un solo lugar seguro.

¿Qué hacer?, ¿cómo terminar con "esto", antes de que "esto" termine con nosotros?

De verdad que el Presidente y los gobernadores (el actual y el electo) deben tomar las decisiones correctas. Este es un país vertical y sólo desde arriba se pueden tomar las acciones que salven a esta ciudad. Me consta que hay por lo menos 3 mil 500 homicidios que no se investigan porque son producto del crimen organizado y la única autoridad técnica, jurídica y políticamente competente es la Subprocuraduría Especializada para Combatir la Delincuencia Organizada, y ésta sólo tiene dos detectives en Ciudad Juárez.

Fue precisamente por la debilidad en los procesos de investigación y en procuración de justicia que campean por acá que el pasado mes de febrero el Ejército no pudo mantener preso a Jesús Armando Acosta Guerrero, alias El 35, ligado al grupo criminal de La Línea, cuya posterior recaptura propició el atentado con bomba de la semana pasada.

Los sistemas penales de los estados no soportan adversarios de ese tamaño, así que podrán detenerlos una y otra vez y saldrán libres.

Eso ha sucedido durante los últimos dos años y medio, y seguirá sucediendo, mientras las autoridades no se decidan a enfrentar el problema en su debida dimensión y con las herramientas adecuadas. Y si no se puede por allí, pues intentar otra salida de búsqueda de la paz como bien superior.

Pero algo hay que hacer y pronto, porque ¡ya volaron el entrañable crucero de Bolivia y la 16 de Septiembre!

Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua

Crimen desorganizado

Marco Rascón

Algo lógico no cuadra en la guerra presidencial contra el crimen organizado: el comportamiento del enemigo destruyéndose (a menos que estén inspirados en la izquierda) ¿Cuál es entonces el papel del Ejército Mexicano? ¿La disputa por acabarlos a todos? ¿Apaciguarlos? ¿Disputarles el negocio? ¿Se pretende ser, juez o parte en la guerra?

Es justificable que Felipe Calderón prefiera la guerra a la negociación con la delincuencia; se entiende, pero… ¿los narcos han demandado diálogo o pacto? Hasta ahora, que se sepa, el crimen organizado no ha expresado objetivos más allá de los declarados por el Mayo Zambada a Julio Scherer, o lo que dicen las narcomantas: no dicen nada y tampoco hay interlocutores, salvo el mítico Chapo Guzmán, que no dice nada. Hoy resulta que los narcos son homófobos y hacen limpieza de homosexuales (la del sábado en Torreón) y drogadictos en rehabilitación. ¿Cómo se verían, desde una perspectiva de exterminio paramilitar, estas masacres? Tal parece que no hay una guerra, sino muchas.

Dejemos los comparativos con guerras actuales, donde la guerra interna en México supera con mucho a otras. En los años 70, la Operación Cóndor en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay dejó un saldo de 50 mil muertos y su objetivo era el liquidar y el exterminio. Estamos a la mitad.

En esta guerra sexenal, el crimen organizado no parece tener nada heroico, pues se construyó desde la descomposición de las mismas policías y por tanto, ya venía organizado de origen; sirvió para dar perspectiva mayor a miles de delincuentes y pequeñas bandas y surgió hace 15 años a causa del cambio de comportamiento de los compradores del norte, quienes decidieron que México no debería ser sólo un país de paso, sino también consumidor y empezaron a pagar con droga el aseguramiento de los cargamentos que iban haciendo pequeños mercados. Así nació el narcomenudeo y de ser exportadores medieros, ahora importan.

Si a eso unimos la crisis en el campo mexicano, la migración y la falta de oportunidades para los que se quedaron, el nuevo mercado fue la solución para miles de pueblos y ciudades, en lo que se podría caracterizar como la crisis de nuestras provincias. Miles en todo el país, fueron reclutados y el fenómeno generó no sólo negocio, sino también cultura y competencia.

Conflictos entre narcos siempre hubo, pero siempre predominó el negocio a la violencia. El norte próspero, deslindándose del sur, no se dio cuenta de la trampa en la que estaba. El crecimiento masivo de la descomposición, generó al régimen un problema de seguridad nacional y la alternancia aflojó más los viejos controles corrompidos de la seguridad interna. Para 2006, el balance era claro: habían perdido control de gran parte del territorio. Felipe Calderón decide meter al Ejército contra el narcotráfico, pues eso fue promesa de todos los candidatos en 2006 y era uno de los pocos consensos políticos.

En esto es donde se genera la duda: ¿no fue una decisión de Estado liquidar, matar, a 50 mil delincuentes, aunque eso fuera una estrategia ilegal, basada en la guerra sucia y conceptos como la Operación Cóndor? ¿Qué se hará con el paramilitarismo que está surgiendo? ¿Será una herencia para el próximo sexenio?

Si el Ejército combate a todos los fuera de la ley y si de los 25 mil muertos 95 por ciento es entre ellos mismos ¿por qué no han pactado o llegado a treguas, cuando tienen un enemigo común, que es el gobierno mexicano y un objetivo central, que es él negocio? Urge la lógica.

Desde opiniones poco ingenuas, se dice que nos estamos pareciendo a Colombia, cuando ya los rebasamos y en aquel país, se cuidan de mexicanizarse. El terror en Morelia aquel 15 de septiembre y la bomba de Ciudad Juárez van teniendo orígenes siniestros en la idea de generar el terror y la justificación a ver decenas de ajusticiados diariamente. El estado de derecho no existe, ni para hacer autopsias de cadáveres, menos para investigar o encarcelar, cuando las prisiones están rebasadas y se liquida a drogadictos en centros de rehabilitación, surge la noción de la fosa común y el exterminio. Hoy los alemanes que fueron parte del nazismo, dicen que nunca vieron nada y, por tanto, no existió.

Una derrota gubernamental es el hecho de que la población no apoya al Ejército Mexicano. La sociedad ve con igual desconfianza a tirios y troyanos y así se lo cobraron los niños scouts a Margarita Zavala con su porra norteña de ¡Tírense al suelo!, pues los daños colaterales no sólo son los baleados ocasionales por las refriegas, sino la inexplicable matanza de un enemigo ambicioso y que se autoliquida para que nos tranquilicemos.

Liquidar es una vieja tentación fascista. Lo cruento del enfrentamiento sólo da lugar a la versión oficial. Es probable que el Presidente haya enloquecido y no estemos ante una guerra, sino un exterminio de delincuentes, con lo cual se nos ofrece la seguridad del futuro, a cambio de entregar el estado de derecho.

Por lo pronto, lo que nos queda de duda es que el crimen no está organizado.

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La policía comunitaria coloca a la consulta los puntos sobre las íes

Magdalena Gómez

Casi se olvida el enorme vacío de justiciabilidad del derecho indígena, casi se olvida la sociedad de que dentro de los graves déficit en nuestro país está el del incumplimiento generalizado de los derechos de los pueblos. Casi se olvidan de los pueblos mismos. Sin embargo, ahí están, en la resistencia, que parece un signo destino y desde ella se reciben sus señales, igual de Chihuahua, que de Chiapas, Oaxaca y, en el caso que comentaremos, Guerrero.

La policía comunitaria es emblemática en más de un sentido y en días recientes lo ha sido porque ha denunciado lo que yo llamaría la feria del foro, de la que tanto gustan legisladores y autoridades de todo nivel. En efecto, han dado cuenta de que el Congreso del estado, la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) delegación Guerrero están impulsando una serie de reformas legislativas en materia de derechos y cultura indígenas. Y denuncian sin más que “en ese marco, han realizado foros en algunas ciudades del estado –Chilpancingo y Tlapa– a los que se les ha dado el carácter de consultivos, mismos que han contado con un número reducido de asistentes y que no se apegan al procedimiento de consulta asentado en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

Expertos como lo son en las artes de la organización, la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias se reunió el pasado 12 de julio en el municipio de San Luis Acatlán con los coordinadores regionales de autoridades comunitarias, el presidente municipal, tres diputados locales, uno de ellos de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local, así como comisarios y delegados. La primera y muy importante puntualización fue que esa reunión era foro informativo, no de consulta, pues ésta es más compleja. De ello dan muestra los acuerdos que tomaron enfatizando que el proceso de consulta parte de la información, pero ésta por sí sola no es suficiente pues, como bien señalaron, se trata de un proceso que arribe a la construcción de acuerdos. De manera indirecta anotaron el tema de la representatividad al señalar que tratarían de ampliar la consulta a otras regiones. Por supuesto que debe hacerse y ello es responsabilidad del Estado, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT y a la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

A escala federal hoy día existen cuatro proyectos de ley sobre consulta a pueblos indígenas; dos provienen de la Cámara de Senadores, uno de ellos con dictamen y remitido formalmente a la Cámara de Diputados, y dos de la Cámara de Diputados. Todos son inconsultos por más foros informativos que aleguen haber celebrado y lamentablemente es muy fácil concluir que ninguno supera la visión de foro de opinión o trámite y mecanismo administrativo. Con una tendencia implícita al enfoque de recabar y sistematizar opiniones más que al de construir acuerdos . De su lectura encontramos que marcan el acento en el procedimiento de foros regionales abiertos, algunos incluyen asambleas comunitarias, encuestas y entrevistas, creación de organismos técnicos para procesarla o de instancias de coordinación bicamaral o en la propia CDI. Llama la atención que en dos de ellos se excluye de la consulta el tema del presupuesto de egresos en materia indígena y en uno también lo hace respecto del nombramiento de mandos medios y superiores en los organismos dedicados a las políticas en el ámbito indígena. Por lo demás, se consolida la práctica parlamentaria de presentar iniciativas y, lejos de abrir un proceso de discusión y en su caso modificación, se presentan otras, todas quedan abiertas.

Uno de los saldos negativos de la crisis generada con la contrarreforma de 2001 fue la generación de un distanciamiento no sólo con los tres poderes de la unión, sino con los espacios internacionales. Sin embargo, hay signos de que se regresará a estos últimos. Por ejemplo, el comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas recomendó este año revisar el texto del polémico artículo segundo constitucional.

Y en el caso de la hidroeléctrica La Parota, el relator especial para pueblos indígenas destacó en 2008 que, para justificar el desalojo, el Estado tiene la obligación de realizar una auténtica consulta a las comunidades afectadas, recomendando en su informe de ese año la suspensión del mismo (A/HRC/9/9/Add.1., 15 agosto 2008).

Al margen del resultado que el proceso específico en Guerrero tenga, es significativo que la policía comunitaria coloque la mirada en la correcta interpretación del derecho a la consulta previa, libre e informada, calificativos que no están de adorno, sino que deben aplicarse con buena fe y en un marco de construcción de acuerdos.

Nuevamente los pueblos desnudan la miope y muy trivial visión del neoindigenismo que padecemos, ése cuyo eje es la antiautonomía.

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