8/11/2010

Aceleran proceso de juicio político para exonerar a Ulises Ruiz

Ayuno de profesora para exigir justicia por asesinato de su esposo

Por Nadia Altamirano Díaz, corresponsal

Oaxaca, Oax, 10 ago 10(CIMAC).- La profesora Florina Jiménez Lucas exigió al gobernador Ulises Ruiz que se reconozca aquí el asesinato de su esposo, José Jiménez Colmenares, como una víctima de las 26 personas muertas durante el conflicto político del 2006 en la entidad, de acuerdo con cifras de organizaciones no gubernamentales.

Hoy, al cumplirse cuatro años del asesinato de Jiménez Colmenares, la mentora, integrante de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE), llevó a cabo un ayuno a un costado de la catedral oaxaqueña, para manifestarse en contra de la complicidad y “entendimiento” entre las procuradurías generales de la República (PGR) y de Justicia del Estado (PGJE) para “atenuar y garantizar la impunidad de los francotiradores de la Dirección de Seguridad Pública de Oaxaca.

Instalada en una carpa con un pequeño altar y la foto de su esposo, la maestra recibió la solidaridad del dirigente de la Sección 22 del SNTE, el diputado local electo Flavio Sosa; Juan Manuel Martínez quien fue encarcelado más de un año al ser acusado del asesinato del camarógrafo Brad Will y Emeterio Merino, quien enfrenta secuelas físicas luego de una golpiza que recibió el 16 de julio del 2007 por elementos policíacos.

El esposo de la profesora Florina fue asesinado de nueve impactos de bala por presuntos policías estatales cuando ambos participaban en una marcha de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Por los hechos de violencia en 2006, el Gobierno Federal reconoce 18 víctimas y el gobierno local, sólo ocho.

La muerte de Jiménez Colmenares fue interpretada como una venganza del gobernador Ulises Ruiz, ya que el 2 de julio del 2006, cuando ambos coincidieron en la misma casilla, tuvo el atrevimiento de gritarle “ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó”, refirió la maestra.

“A los pocos días, mi esposo fue asesinado por 9 impactos de bala”. No fueron tiros al azar fueron precisos para matar directamente a “alguien durante la marcha”, dijo con impotencia, la mujer que se convirtió en la jefa de una familia de tres hijos, que sigue luchando para encontrar justicia.

Denunció que las investigaciones no han avanzado “ni de manera política ni de manera judicial” y el juicio político en contra de Ulises Ruiz, iniciado el 28 de julio pasado en el Congreso del Estado, sólo busca exonerarlo de lo ocurrido durante el 2006.

Jesús Alfredo López García, abogado de la profesora Florina, dijo que lo más probable es que la actual Legislatura Local absuelva o declare inocente al gobernador Ulises Ruiz para que la próxima Legislatura, que no tendrá la mayoría priísta, no pueda volver a juzgarlo.

El juicio inició cuando el diputado local del Partido Nueva alianza, Cristóbal Carmona Morales, presentó la solicitud y utilizó como fundamento único la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en base a la facultad de investigación que ejercitó en el 2008 y el 2009, que determinó condenar a Ulises Ruiz por responsabilidad lisa y llana en actos de omisión de violaciones graves a garantías individuales durante el 2006, explicó el abogado.

El viernes pasado la Comisión Instructora, tanto del denunciante como del denunciado, presentó la solicitud para desistirse del periodo del desahogo de pruebas, “lo que quiere decir que nadie más podrá presentar mayores pruebas y acordaron que el único documento que servirá para sustentar este juicio será el resolutivo de la SCJN”, abundó.

Eso permitirá que el juicio que debería resolverse en un mes se finiquite hasta en ocho días “si discrecionalmente la Comisión Instructora, por votos mayoritarios de tres a dos, acorta los lapsos del procedimiento”.

Sobre el expediente de Jiménez Colmenares, el también presidente del Protectorado Mexicano para los Derechos Humanos explicó que se encuentra “muy mal, extraviado, obstruido y detenido”.

No existe, dijo, “ningún tipo de voluntad de ningún nivel del gobierno del Estado”. “Las indagatorias y las diligencias se encuentran muy demoradas y debieron practicarse en su momento oportuno, antes de que mucha evidencia fuera desmejorada, extraviada o destruida, pero nosotros entendemos que es una instrucción del gobernador porque a él le resulta una responsabilidad evidente y clara en todos estos hechos”, concluyó.

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