Los sistemas de salud pública fueron creados en México a mediados del siglo pasado: el Seguro Social y el Issste para atender a los sectores modernizados de la economía como los trabajadores de los sindicatos de industria, petroleros y ferrocarrileros, burócratas, Ejército y Marina, la Secretaría de Salubridad y Asistencia y el Instituto Nacional de Protección a la Infancia para dar servicios a la población que estaba fuera de las estructuras corporativas.
Así funcionaron las cosas hasta que nuestros gobernantes decidieron entrarle al neoliberalismo, y en razón de sus postulados, abandonaron la asistencia social.
El argumento es que ésta ya no es necesaria porque hay políticas públicas para servir a la población. Eso lo han dicho con todo y que los hospitales y clínicas nunca fueron suficientes para atender a la enorme cantidad de ciudadanos que requieren servicios de salud.
Por eso, iniciado el siglo que corre, se empezó a hablar de cobertura universal y en su discurso inaugural como presidente, Felipe Calderón dijo que esa sería la misión del Seguro Popular. Seis años después hasta aseguró orgulloso que su gobierno había logrado la meta.
Pero eso no fue cierto, porque si bien se crearon nuevos hospitales y se remodelaron otros, fue imposible atender a todos los pacientes que llegaban, ya fuera por falta de equipo, de médicos, de espacios o simple y llanamente porque como ha dicho la estudiosa Asa Cristina Laurell, nuestras instituciones de salud son ineficientes, burocráticas, autoritarias, injustas e inequitativas.
Así que cuando el señor José Sánchez acudió al hospital porque se lastimó la espalda o cuando una señora de Oaxaca acudió a una clínica porque iba a parir y no recibieron atención (y esos son sólo dos de muchos casos), se hizo evidente una vez más la gran distancia que hay entre el discurso y la realidad, entre el país que los gobernantes dicen que tenemos y el realmente existente.
Pues aunque nos han dicho que hay cobertura universal y aunque tenemos una Ley General de Salud que obliga a prestar los servicios a toda la población, los hospitales y clínicas no lo hacen.
Pero, al mejor estilo mexicano, cuando estos dos casos se hicieron públicos, los funcionarios se indignaron y actuaron: despidieron a los directores de los nosocomios, como si ellos fueran responsables de que no haya claridad en estos asuntos.
Y así, una vez más tendieron una cortina de humo en lugar de tomar decisiones de política a seguir: ¿existe o no el acceso universal a la salud? ¿Debe o no recibirse a todo el que llega a solicitar atención? En caso de que se tome la decisión de que sí, entonces se despide a los responsables cuando no lo hacen.
En caso de que se tome la decisión de que no, entonces no son ellos los responsables. Pero cualquier cosa que se decida, debería estar clara para quienes proveen servicios de salud. El tema es, pues, de cultura: cómo lograr que nos dejen de mentir y que lo que dicen los funcionarios que es, verdaderamente sea.
Y sobre todo, cómo lograr que se cumpla lo que se debe cumplir, porque hoy la realidad es que nuestras políticas públicas en materia de salud (y de otros rubros, por ejemplo derechos humanos) no incluyen a todos y millones de ciudadanos pobres no pueden resolver las dramáticas situaciones que cada día viven.
sarasef@prodigy.net.mx
www.sarasefchovich. com
Escritora e investigadora en la UNAM.
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