Tratantes en el Senado

 Lydia Cacho

En una muy apasionada discusión desatada a partir de mi columna de el lunes pasado en EL UNIVERSAL (sobre las reformas que se están haciendo a la Ley de trata de personas), han salido diversas voces descalificando mi crítica hacia las modificaciones propuestas. Estas críticas aseguran que “no estoy bien informada” o que seguro estoy “influenciada por la perversidad de alguna activista de ultraderecha” (refiriéndose a Rosi Orozco). Nada más equivocado.

Para escribir mi columna estudié las propuestas de las senadoras, leí tres tablas comparativas de análisis de expertas y expertos en jurisprudencia y Derechos Humanos, discutí con especialistas en delincuencia organizada de la ONU, y claro, seguí mis investigaciones sobre funcionarios públicos y empresarios implicados en la existencia de redes de trata para fines sexuales. Eso no significa que yo tenga la razón, significa que mi opinión es informada y que seguirá evolucionando a partir de las nuevas discusiones; que se enriquecerá gracias al debate.

Aclaré en la radio, y reitero que nunca he pensado que las senadoras de la comisión especial sean tratantes. Nada de eso. Lo que sostengo, como hice con nombres y apellidos en mis libros Los demonios del edén, Memorias de una infamia y Esclavas del poder, es la existencia de hombres de poder que protegen las redes de trata desde la política, la Segob, la SCJN y juzgados locales en diversos estados. Las senadoras y las activistas no pueden ser tan ingenuas para creer que sólo ellas están opinando y operando en el Senado, el largo brazo de la delincuencia organizada y la narcopolítica está presente y busca, a toda costa, deshilvanar los esfuerzos que persigan los delitos relacionados con la trata y el crimen organizado (particularmente en la industria del sexo comercial).

Dicho lo anterior, insisto: la Ley contra la Trata de Personas, en cuya discusión para la redacción original participé con especialistas hace casi dos años, es perfectible. Tiene defectos y debilidades que en su momento, gracias a la asesoría de expertas en jurisprudencia, pudimos señalar sin que nos hicieran mucho caso. Algunos de los cambios que las senadoras proponen a esta ley son acertados y fundamentales; sin embargo coincido con Ceidas en sus observaciones respecto al debilitamiento de la ley y los vacíos que la nueva propuesta genera. Es un peligro decir que se pasará la atención y protección a víctimas de trata a la Ley general de víctimas; mostrada como si fuera una panacea, pero que ni siquiera está reglamentada y cuyo debate crítico llegará en 2014, cuando el gobierno de Peña Nieto argumente que la ley quebraría al Estado en lo que a la reparación del daño se refiere, y ya dirán que en muchos ámbitos es inaplicable. (Estoy hablando de lo que se cocina desde ahora).

La construcción de leyes es un proceso vivo que debe darse con toda transparencia. Los debates son a veces álgidos (mejor a que pasen sin ser esclarecidos) y lo cierto es que cuando hablamos de construir una ley efectiva contra la trata nos referimos no sólo a una ley penal, sino a una ley general que pueda remitirse a otras leyes sin perder su especificidad y su capacidad de vincular delitos para fortalecer y transparentar al sistema penal, en particular con asuntos de delincuencia organizada. Necesitamos ingeniería legislativa postmoderna. Quien se pierda en discusiones nimias no será capaz de ver el mapa completo. Debemos discutir las leyes sobre trata de personas desde una perspectiva de tendencias criminales macroglobales. La ingenuidad no tiene cabida en abatir un crimen que esclaviza personas y enriquece a grandes grupos que viven al amparo de la corrupción institucionalizada, fomentando la cultura de esclavitud como salida económica.

Una víctima de trata le cuesta al tratante promedio 23 mil pesos y quien la explota ganará 351 mil anuales. En Asia Pacífico el 14% del PIB depende del turismo sexual, en México y el Caribe nos aproximamos a esa cifra a pasos agigantados. Apenas hace trece años se aprobó el Protocolo de la ONU para prevenir suprimir y castigar la trata de personas (Palermo). Y tenemos evidencia de que los cárteles de los Zetas, La Familia, El Golfo, Milenio, Tijuana y Los caballeros templarios están directamente vinculados en la compra-venta de mujeres y niñas para el mercado de la trata sexual (y de hombres para la trata laboral de la industria de narcóticos). Conocemos las ganancias que obtiene el Estado con permisos a prostíbulos que ocultan trata, así como la creciente industria de la pornografía adolescente e infantil. En ese contexto estamos debatiendo, no en el de filias y fobias personales.

@lydiacachosi

Periodista