11/05/2014

Los Abarca... ¿una muestra?


Los Abarca tendrán que declarar todo lo que saben y cómo y por qué. Tendrán que decir quiénes dentro del gobierno municipal, estatal o federal prohijaron que todo esto ocurriera. 



lasillarota.com

Ya están frente al Ministerio Público federal los esposos Abarca: José Luis y María de los Ángeles Pineda. Digamos que detenerlos por las presunciones que se hace de ellos fue una de las grandes promesas del gobierno federal y ahí están. Si. Pero ¿es todo?…

Porque hoy sabemos que ellos son una parte importante para conocer razones y destino de lo que ocurrió el 26 de septiembre en Iguala. Hasta este momento, oficialmente se ha dicho que el ex presidente municipal dio la orden de que detuvieran a los muchachos para contenerlos y evitar que le aguaran la fiesta a su esposa como presidenta del DIF local y posible sucesora en la alcaldía…

Lo que sigue está en el terreno de la investigación y debe esclarecerse porque una cosa es girar instrucciones para que se impida el paso a los jóvenes normalistas y otra es ‘tirar a matar’ e, incluso secuestrar. ¿Quién dio la orden de disparar? ¿Y quién dio la orden de retener a los 43 muchachos todavía desaparecidos? ¿Ellos? Si fueron ellos deberán someterse a lo que dicte la ley. Como cualquiera otro.

...Luego de ocurrida la noche trágica de Iguala, de pronto aparecen muchos diciendo que “todos sabían la clase de persona que eran el señor Abarca y su esposa” y se dice que ‘hacían y deshacían’; ‘que ambos tenían queveres con la delincuencia organizada’ afirman, y que la señora era ‘la mandamás de los maloras regionales’ por su parentesco familiar con personas a quienes se presume trato con criminales... Luego de ahogado el niño…  

Que lo sabían de antemano autoridades federales, estatales y de partido: Nadie hizo nada por evitar que la carrera política de ambos fuera en ascenso. Eso se llama desvergüenza y también complicidad. Como también hay complicidad en una sociedad que tiene este tipo de gobiernos y todo lo ve y todo lo calla en tanto no les afecte de forma directa, aunque sí por el efecto de los ‘daños colaterales’.

Los Abarca tendrán que declarar todo lo que saben y cómo y por qué. Tendrán que decir quiénes dentro del gobierno municipal, estatal o federal prohijaron que todo esto ocurriera; quiénes se beneficiaban y bajo qué mandamiento. Como también el cómo funcionan, se integran y en dónde se mueven los Guerreros Unidos.
Tanto como saben los Abarca, lo saben muchos de quienes se beneficiaron del gobierno municipal de Iguala: Económica o políticamente. Mucho está por saberse todavía, y no sólo por la detención de los Abarca: Se sabrá si en efecto la autoridad federal y el nuevo gobierno estatal están decididos a limpiar a Guerrero de la maldición del crimen organizado y de la corrupción inserta en la administración gubernamental.

Por ejemplo: ¿Cómo es posible que los policías municipales que hicieron el operativo aquella noche del 26 de septiembre habían pasado las pruebas de control de confianza que se supone que se hace a policías en todo el país a raíz de la promulgación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública el 2 de enero de 2009 y que al mismo tiempo se presuma que formaban parte del grupo criminal Guerreros Unidos?

¿No se supone que con estos controles se limpiaría a las corporaciones policiacas de malos elementos, ya aquellos que tengan vínculos con el crimen organizado, o con el narcotráfico o, incluso, por consumo de enervantes? El tema es que día a día se conoce el fracaso de dicho filtro de control no sólo porque lo realizan autoridades locales con el alto riesgo de ‘dejar hacer-dejar pasar’.

Lo mejor será que los exámenes de control de confianza lo realicen unidades autónomas, integradas por profesionales y especialistas en el conocimiento del narcotráfico, toxicidad, enfermedades mentales, de salud general, control económico y control socioeconómico... Y que estas pruebas se realicen sólo para el ingreso a la corporación con seguimientos periódicos muy rigurosos... No cuando ya están contratados y se les tiene que correr.

En fin. Que José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda ya rinden su declaración. Pero los mexicanos queremos saber, también, quién tiene responsabilidad legal por permitir que toda la inmundicia que poco a poco se descubre en las entrañas de lo político y lo administrativo se incorporara hasta ser parte de la subsistencia de funcionarios todo poderosos: No sólo en Guerrero: si en toda la República…

Porque lo de Iguala es una muestra de lo que en muchísimos casos puede estar ocurriendo hoy en todo el país. Y un gobierno que es gobierno tiene la responsabilidad de fortalecer a las instituciones desde su interior y sacudir y tirar a la basura lo que no sirva, a menos que no pueda o no quiera hacerlo.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario