Salvador García Soto
Con la reciente elección del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia y la inminente designación de un nuevo ministro en el Senado —que todo apunta será el recomendado del presidente Peña Nieto, el embajador y ex procurador con nula experiencia judicial, Eduardo Medina Mora— muchos otros temas siguen pendientes en el Poder Judicial federal que, aún con su papel vital, particularmente ahora en la defensa de los derechos humanos, se sigue conduciendo con opacidad y discrecionalidad frente a los ciudadanos.
Uno de esos grandes temas, rehuido por varios presidentes de la Corte, y un reto mayor para el actual titular del Poder Judicial, Luis María Aguilar, es el nepotismo rampante que prevalece en este poder llamado irónicamente “Poder Judicial familiar” por académicos y especialistas, debido a la contratación simulada de hijos, esposas y familiares de jueces y magistrados en los juzgados, tribunales y hasta en la propia Suprema Corte.
Ejemplos sobran y han sido documentados a lo largo y ancho del país. El investigador Carlos Hugo Tondopó Hernández, en el estudio de 2010 para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, titulado La Familia del Poder Judicial de la Federación, documenta una práctica de “nepotismo cruzado”, consistente en que un juez, magistrado o ministro, recomienda la contratación de sus hijos, amigos, cónyuges y familiares en distinto grado a otros jueces, magistrados o ministros para ocupar plazas en juzgados y tribunales distintos a donde ellos laboran.
La práctica, que ha sido reconocida y sancionada por el Consejo de la Judicatura en la investigación administrativa 17/2008 por casos de nepotismo en juzgados de Mérida, Yucatán, viola no sólo los más elementales derechos humanos de igualdad y acceso al trabajo, dice el investigador, también violenta la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su artículo 105 establece criterios estrictos para la carrera judicial, el Código de Ética del Poder Judicial y varios acuerdos del Consejo de la Judicatura que establecen que los funcionarios contratados deben cumplir un perfil de “independencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo y excelencia”, que no siempre reúnen los familiares de jueces, magistrados y ministros.
Un botón de muestra reciente de estas prácticas es el que denuncian trabajadores del Tercer Tribunal Colegiado Décimo Octavo de Circuito con sede en Cuernavaca, Morelos. La magistrada Ana Luisa Mendoza, presidenta del tribunal, recientemente adscrita a ese órgano, es acusada por sus subordinados de “acoso, presiones y horarios de trabajo indebidos” con el fin de hacerlos renunciar para colocar en posiciones de secretarios, oficiales y actuarios a amigos y familiares suyos y de otros jueces. La magistrada Mendoza tiene a su hijo, Luis Galán, trabajando en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito Administrativo del DF, bajo las órdenes del juez Ricardo Gallardo Vara, quien a su vez fue su subalterno en su cargo anterior.
Los trabajadores denuncian que la magistrada les entregó la circular 1/2015 en la que les pide presentarse fuera de los horarios establecidos y en fin de semana. “Yo no pido renuncias, a mí me las entregan cuando se cansan”, fue lo primero que dijo la magistrada a sus subordinados al llegar al cargo. Ana Luisa Mendoza fue mucho tiempo protegida del ex ministro David Genaro Góngora Pimentel, quien la hizo juez de Distrito en Tlaxcala, y posteriormente juez segunda de Distrito Administrativa en el DF, donde para honrar su relación de compadrazgo con el ministro Góngora y con su pareja la ex magistrada Rosalba Becerrril, le dio trabajo a una sobrina de ésta en el juzgado.
Pero no es el único caso. El periodista Jesús Aranda, en un reportaje publicado en julio pasado, señala varios casos de “rampante nepotismo” en el Poder Judicial. Desde el ministro en retiro Sergio Aguirre Anguiano, quien ubicó a su sobrino, José Antonio Aguirre Camargo, como titular de la administración regional de la Judicatura Federal en Jalisco; o el magistrado Miguel Lobato, titular del Tercer Tribunal Colegiado de Trabajo en Guadalajara, quien colocó a su hijo, Edgar Lobato, en el juzgado Primero de Distrito Administrativo, además de su hija y su nuera, hasta el magistrado Jorge Benítez, titular del Quinto Tribunal Colegiado Unitario de Circutio, que tiene laborando ahí a tres de sus hermanos, uno de ellos Héctor Benítez, además de su sobrino Marco Trujillo Benítez, entre muchos otros casos de nepotismo documentados por el periodista.
Así que el Poder Judicial no sólo ve llegar cada vez a más “recomendados políticos” del Ejecutivo, que carecen de carrera o experiencia judicial, sino que entre ellos mismos, jueces, magistrados y ministros siguen manejándose como un “poder familiar”, que ayuda mucho a sus familias, pero en nada beneficia a los ciudadanos cuyos derechos humanos y de justicia deben proteger.
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