Los diputados aprobaron la reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, que incluye propuestas hechas por organizaciones de la sociedad civil que acompañaron todo el proceso legislativo.
Los diputados aprobaron este jueves 26 de febrero la reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, que incluye propuestas hechas por organizaciones de la sociedad civil que acompañaron todo el proceso legislativo.
Desde hace dos años, la Red por la Rendición de Cuentas, México
Evalúa y Fundar, cabildearon con legisladores para establecer un sistema capaz de conseguir una verdadera rendición de cuentas en la administración pública.
La reforma fortalece a la Auditoría Superior de la Federación
al otorgarle atribuciones de investigación “en tiempo real” y con la
creación de un Tribunal de Justicia Administrativa se podría, por fin,
castigar a los corruptos.
En la sesión de este jueves, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma con 331 votos en favor, 61 en contra y una abstención,
por lo que será enviada para su análisis y aprobación al Senado.
Después deberá ser aprobada en los congresos locales y luego promulgada
por el Ejecutivo para entrar en vigor.
La aprobación de la reforma es un triunfo de la sociedad civil
que propuso y acompañó el proceso legislativo durante meses, asegura
Marco Fernández, investigador de México Evalúa y profesor investigador
del Tec de Monterrey.
“Cada vez hay una sociedad más informada,
técnicamente más capaz, con valentía de llamar a cuentas a los
servidores públicos. De tener diálogos de adultos informados, sin
descalificaciones ideológica sino con argumentos técnicos”, dice.
Muchos de los puntos en la reforma “recogen el esfuerzo de la sociedad civil” y aún sabiendo que hay mucho por hacer, lo aprobado es un “avance sustantivo”, afirma Fernández.
En diciembre de 2013, cuando se anunció un acuerdo en el Senado para
dictaminar la iniciativa para crear una Comisión Anticorrupción, las organizaciones civiles se acercaron al proceso e hicieron notar las deficiencias de esa propuesta. Aún así, los senadores votaron a favor y enviaron el documento a la Cámara de Diputados.
En la Cámara baja, los expertos nuevamente hicieron ver que “se necesitaba un sistema porque un solo órgano del Estado no iba a poder combatir la corrupción. Faltaba un andamiaje jurídico que permitiera una coordinación eficaz”, comenta Fernández.
En 2014, los legisladores, con excepción de los priístas,
organizaron una serie de foros para atender la opinión de los expertos.
El Partido Acción Nacional recogió las propuestas y presentó una
iniciativa.
Justo en ese momento, se dio a conocer la noticia sobre la llamada “Casa Blanca”, propiedad de la primera dama, Angélica Rivera, financiada por los dueños de Grupo Higa, quienes se habían beneficiado de contratos de obras públicas.
Esto se trataba de un conflicto de interés por parte del Ejecutivo,
según denunciaba la oposición y organizaciones sociales. Poco después,
el presidente Enrique Peña Nieto presentó el decálogo para enfrentar la
crisis de inseguridad, donde garantizó su respaldo al Sistema Nacional
Anticorrupción y a la Ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional en
materia de Transparencia.
Sin embargo, en diciembre de 2014, “el PRI, PVEM y Panal circularon un predictamen light”
en el cual desaparecía la propuesta de fortalecer a la Auditoría
Superior y eliminaban otros puntos, situación que fue denunciada
públicamente por las organizaciones sociales, comenta el investigador
de México Evalúa.
Con estos señalamientos, el consejero jurídico del presidente,
Humberto Castillejos, y legisladores nuevamente cabildearon con las
sociedad civil y la negociación siguió su curso al interior de las
bancadas partidistas.
La resistencia por algunos puntos se mantuvo hasta esta semana,
cuando el PRI, en voz del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza,
insistía en que los priístas no cederían a la exigencia de que el titular de la Secretaría de la Función Pública fuese ratificado por el Senado y que la Auditoría Superior de la Federación atrajera la fiscalización de estados y municipios.
Finalmente el martes 24 de febrero, las tres principales fuerzas
políticas en el Congreso (PRI, PAN y PRD) anunciaron un acuerdo que
incluía estos dos puntos en los que el PRI había cedido. Un día
después, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen y
este jueves fue votado en la sesión de pleno.
En la discusión, uno de los puntos controversiales fue dejar
fuera la reforma al artículo 108 Constitucional, en el que se establece
que el Presidente sólo podrá ser juzgado por traición a la patria, pero no por “conflicto de interés” como había propuesto el PRD en un inicio.
Esto es lo que aprobaron los diputados:
. El titular de la Secretaría de la Función Pública será propuesto por el Ejecutivo y ratificado por el Senado.
. Se otorga a la Auditoría Superior de la Federación la facultad de
atracción para que pueda investigar las finanzas estatales y
municipales.
. Se aumenta a siete años la prescripción de actos y omisiones de responsabilidad administrativa que fuesen graves.
. Se crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que tendrá
facultad de sancionar tanto a particulares como a servidores públicos
que incurran en faltas administrativas graves.
. Particulares vinculados con actos de corrupción serán sujetos de
sanciones como inhabilitación para participar en adquisiciones,
disolución o intervención de la empresa, y la obligación de reparar los
daños al erario.
. Procederá la extinción de dominio en los casos de enriquecimiento ilícito.
. La Cámara de Diputados designará a los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos.
. Se elimina el principio de anualidad y posterioridad para que la
auditoría pueda llevar a cabo revisiones en tiempo real, así como de
ejercicios anteriores. Se le otorga facultad para fiscalizar a los
órganos autónomos.
. La Auditoría Superior podrá fiscalizar recursos federales en fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados.
. Se obliga a los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial y de intereses a las autoridades competentes.
Aunque se propuso aprobar un artículo transitorio en el que se
exigiera al Congreso legislar lo más pronto posible las leyes
secundarias que normarían a la reforma constitucional, se rechazó.
Incluso, el presidente de la mesa directiva del Senado, Miguel Barbosa,
declaró este jueves que esta minuta será votada en la Cámara Alta hasta
abril, lo que fue criticado durante la sesión en la Cámara de
Diputados.
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