Luego de dos años de ríspidas negociaciones, hoy se espera que se apruebe el Sistema Nacional Anticorrupción. La propuesta pretende imponer candados y castigos más severos a los funcionarios deshonestos
"Y si alguna diputada o diputado, por razones inconfesables, tiene que votar en contra del Sistema Nacional Anticorrupción, que lo haga de cara a la nación. Que aparezca su nombre en el tablero y que se haga cargo del sentido de su voto"
Ricardo Anaya, Coordinador del PAN
Tras
varios meses de negociaciones, en los que el PRI se resistió a llevar a
cabo una reforma integral para combatir la corrupción, este jueves
llegará al pleno de San Lázaro la creación de un Sistema Nacional
Anticorrupción que incluye desde acciones preventivas hasta castigo a
los culpables de actos deshonestos.
La discusión final del tema se desarrolla en un momento en que varios escándalos de corrupción han estallado en el país.
Desde el presidente del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc
Gutiérrez, quien presuntamente contrataba mujeres para tener una red de
prostitución al interior de ese instituto político; hasta la casa que
Grupo Higa vendió a Angélica Rivera, la esposa del presidente Enrique
Peña Nieto, o la de otra vivienda otorgada a Luis Videgaray, secretario
de Hacienda.
También en el PAN han sonado los tambores.
Algunos de sus diputados y líderes locales se han visto involucrados
en el presunto cobro de “moches” o diezmos a cambio de la asignación
para realizar obras en municipios.
Y al PRD ni se diga. La desaparición de los 43 estudiantes
normalistas de Ayotzinapa, hecho en el que estuvieron involucradas las
autoridades municipales, cimbró desde la base al partido del sol azteca.
En un caso más reciente, las autoridades federales desenmascararon
una red de corrupción y tráfico de influencias en la que familiares del
exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, desviaron millones de pesos
del erario para favorecer sus finanzas personales.
Con ese escenario de fondo, los priistas se vieron obligados a ceder en algunos puntos que les parecían intransitables.
Su oposición a la aprobación de una reforma tan importante para el
país, los dejaría mal parados no solo en México, sino ante el mundo.
Los panistas tomaron el tema como bandera y no se movieron un ápice en sus exigencias.
Ni siquiera cuando en el Senado se orquestó una revisión para los
contratos del gobierno del expresidente Felipe Calderón con la empresa
Tradeco -lo que los panistas consideraron un golpeteo político-.
Fuentes del Legislativo aseguraron que con esa maniobra se buscaba
frenar la intención del PAN por hacer avanzar el Sistema
Anticorrupción, hecho que no sucedió.
Una reforma sin dedicatoria
Después de la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales de
la Cámara de Diputados para debatir, y en su caso avalar el dictamen
que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, los legisladores de
oposición pidieron que no se tome como pretexto la teoría federalista
para permitir a gobernadores y alcaldes hacer un mal uso de los
recursos públicos.
Fernando Zárate, diputado por el PRD, reprobó que se quiera utilizar
como argumento al federalismo para evitar una clara rendición de
cuentas.
“El argumento federalista no tiene que ver con la soberanía de los
estados de que pueden hacer lo que les dé la gana. El argumento
federalista tiene que ver con la unión de los estados para complementar
y alcanzar fines superiores en este país, y eso tiene que ver con los
intereses nacionales de erradicar la corrupción”, apuntó Zárate.
Otro perredista, Fernando Belaunzarán, aseguró que la reforma
anticorrupción no lleva dedicatoria para ningún gobernante en turno,
porque se trata de una reforma de Estado, por lo que pidió a los
priistas no utilizar recursos para evitar que se castiguen actos de
corrupción.
“El federalismo no es licencia para robar. El federalismo es, sí que
se tomen las decisiones en los estados con su soberanía, pero los
recursos públicos deben ser transparentes y debe haber rendición de
cuentas”, indicó Belaunzarán.
El dictamen de creación del Sistema Nacional Anticorrupción fue
aprobado por 24 votos a favor, una abstención y un voto en contra.
El voto en contra fue de Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador de
la bancada de Movimiento Ciudadano, quien sostuvo que el Sistema no
atacará la raíz de la corrupción en el país.
“Me parece que no ataca al cáncer de la corrupción en el país, al
centro de la corrupción en el país, que es la Presidencia de la
República. Una reforma anticorrupción que no pase por atender los
graves conflictos de interés, el contratismo, los negocios
presidenciales, pues es una reforma que no va al fondo”, acusó Mejía.
La creación del Sistema Nacional Anticorrupción será votado este
jueves en el pleno de la Cámara de Diputados, ya que las bancadas
acordaron dispensar todos los trámites para que mañana mismo sea
sometida a votación.
Organizaciones civiles como México Unido contra la Delincuencia,
México Evalúa y otras, enviaron una propuesta de modificación al
dictamen aprobado, misma que será discutida en el pleno, en la sesión
de este jueves.
No hay reforma perfecta’
Durante la discusión y aprobación en la Comisión de Puntos
Constitucionales del dictamen que crea el Sistema Nacional
Anticorrupción, Héctor Gutiérrez de la Garza, vicecoordinador de la
bancada del PRI, afirmó que no hay reforma perfecta y que “es obvio”
que la aprobación de un instrumento de esta naturaleza prenda algunas
alertas.
“No hay norma perfecta; no hay reforma perfecta. El que busca una
reforma perfecta es, o que piensa y razona con una candidez exquisita,
o con una perversidad muy alta y lo que busca es que no haya reforma.
“Es obvio que la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción
genera inquietudes en todos los órdenes de Gobierno y en todos los
poderes, incluido el Poder Legislativo”, afirmó Gutiérrez de la Garza.
El PRI se opuso durante varias semanas a la aprobación de la reforma
anticorrupción por temas como la ratificación del secretario de la
Función Pública (SFP) por el Senado o la revisión que podría hacer la
Auditoría Superior de la Federación a los recursos que ejercen los
estados y municipios provenientes de las participaciones federales.
A ese respecto, Gutiérrez de la Garza expresó que su bancada
desconoce si la ratificación del titular de la SFP ayudaría a darle más
fortaleza y dijo que es posible que con la intervención de la ASF en
los gobiernos locales se vaya contra el espíritu federalista de México.
“Probablemente vayamos en contra de las teorías del federalismo y
las teorías fiscales cuando se faculta al auditor superior de la
Federación a poder entrar y auditar las participaciones federales, cuya
naturaleza es el de un ingreso propio de estados y municipios. Pero la
terca realidad nos lleva a estas definiciones”, sentenció Gutiérrez.
El legislador apuntó el hallazgo de la ASF de un vacío en la
rendición de cuentas de 60 mil millones de pesos de participaciones
federales en estados y municipios que detalló en el informe de la
Cuenta Pública del 2013, dado a conocer hace apenas unos días.
El PRI tuvo que ceder
El combate a la corrupción fue uno de los temas que el presidente
Enrique Peña Nieto prometió impulsar desde que era candidato del PRI a
la presidencia.
Durante su campaña, se comprometió a crear la Comisión Nacional
Anticorrupción, que debía ser un organismo autónomo con facultades para
prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción cometidos por
servidores públicos y particulares.
La iniciativa, que la bancada del PRI presentó a nombre del
presidente electo, pasó los filtros del Senado pero quedó estacionada
en las comisiones de la Cámara de Diputados, donde durmió el sueño de
los justos.
Fue en noviembre del 2014, cuando el panista Ricardo Anaya lideraba
la Cámara, que Acción Nacional presentó su iniciativa para la creación
del Sistema Nacional Anticorrupción.
Dicho Sistema contenía una serie de cambios constitucionales para
crear un Consejo Nacional para la Ética Pública, así como un Comité de
Participación Ciudadana.
Se propuso también fortalecer a la Secretaría de la Función Pública
(SFP) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como
retirar la facultad de sanción a las contralorías locales y otorgárselo
a tribunales especializados.
La iniciativa fue remitida a comisiones y ahí comenzó su camino en el que encontraría oposición del PRI.
Las diferencias principales estribaban en que el PRI quería que el
Ejecutivo tuviera un mayor control sobre el combate a la corrupción.
La oposición, sin embargo, consideraba un error que servidores
públicos de alto nivel, quienes también podrían ser sujetos a
investigación, dirigieran la política anticorrupción.
Así, el PRI planteaba la integración de un Sistema Nacional de
Integridad Pública que aglomeraría todos los esfuerzos en contra de la
corrupción.
Dentro de dicho Sistema se planteó la creación de un Consejo
Nacional que estaría integrado por representantes de todos los poderes
y la sociedad civil.
Dicha propuesta planteaba que el Consejo Nacional fuera dirigido por
el presidente de la República y en él participaran gobernadores y otros
servidores públicos de primer nivel.
Esto despertó la oposición absoluta del PAN, partido que rechazó el intento, que consideró una simulación.
“México tocó fondo en materia de corrupción y, por lo tanto, lo que
nosotros estamos exigiendo es la dictaminación inmediata del Sistema
Nacional Anticorrupción y la votación en el Pleno.
“Y si alguna diputada o diputado, por razones inconfesables, tiene
que votar en contra del Sistema Nacional Anticorrupción, que lo haga de
cara a la nación. Que aparezca su nombre en el tablero y que se haga
cargo del sentido de su voto”, retó Anaya hace menos de un mes.
El PRI se oponía también a que el secretario de la Función Pública fuera ratificado por el Senado.
También, a dar más facultades a la Auditoría Superior de la
Federación para que vigilara el uso de las participaciones federales
que antes estaban consideradas como recursos locales.
Lo que el PRI quería
> Que el Ejecutivo tuviera un mayor control sobre el combate a la corrupción.
> Que el secretario de la Función Pública no fuera ratificado por el Senado.
> Que la Auditoría Superior de la Federación no tuviera más facultades para vigilar el uso de las participaciones federales.
Más control
> Los bienes que sean adquiridos por medio de actos de corrupción, podrán ser confiscados por la autoridad.
> El castigo a la corrupción se aplicará no solo a servidores
públicos o autoridades, sino a particulares que fomenten o inciten a
cometer actos de este tipo.
> Se instituirá un Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
> La ASF podrá realizar auditorías en tiempo real.
> Será obligación de los servidores públicos presentar su declaración patrimonial y de intereses.
> Los servidores públicos acusados de delitos de corrupción o de
“faltas administrativas graves” podrán ser sancionados aun cuando hayan
terminado su encargo.
Nuevos castigos a los corruptos
El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que será votado hoy en el
pleno de la Cámara de Diputados, tendrá innovaciones en el castigo de
los actos de corrupción.
Se buscará, por ejemplo, que proceda la extinción de dominio en los casos de enriquecimiento ilícito y de corrupción.
Con ello, los bienes que sean adquiridos por medio de estos actos, podrán ser confiscados por la autoridad.
Se pretende que el castigo a la corrupción se aplique no solo a
servidores públicos o autoridades, sino a particulares que fomenten o
inciten a cometer actos de este tipo.
Se instituirá un Tribunal Federal de Justicia Administrativa que
será el encargado de dictar las sanciones a las que se hagan acreedores
quienes cometan actos de corrupción, sean servidores públicos o
particulares.
La ASF podrá realizar auditorías en tiempo real sobre los gastos u
obras que decidan, desde el proceso de contratación hasta la
finalización de la obra.
Podrá vigilar también el ejercicio de recursos públicos de estados y
municipios provenientes de las participaciones federales, así como de
deuda pública.
Será obligación de los servidores públicos presentar su declaración
patrimonial y de intereses, ante las autoridades competentes.
Se modificará la vigencia de la prescripción de delitos de
corrupción o de “faltas administrativas graves” y pasará de tres a
siete años, por lo que los servidores podrán ser sancionados aun cuando
hayan terminado su encargo.
Una vez que sea aprobada por la Cámara de Diputados, la reforma en
materia anticorrupción será enviada al Senado y de ahí a los congresos
locales para que sea discutida y aprobada.
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