La responsabilidad que tiene la Secretaría de la Función Pública
(SFP) en la estrategia para eliminar la corrupción en el gobierno
federal es muy relevante y, desde Palacio Nacional, el mismo presidente
Andrés Manuel López Obrador ha dicho que es el principal problema a
combatir. En ese sentido hay varios expedientes abiertos en esa
Secretaría encargada de auditar todas las acciones de gobierno, así como
de vigilar el comportamiento y actuar de los servidores públicos, sobre
todo de rangos superiores.
Aunque la orden que ha salido desde la Presidencia de la República es
no mirar al pasado, como una especie de perdón anticipado a todos
aquellos que se sirvieron del presupuesto en gobiernos anteriores, para
centrar su total atención en vigilar que la nueva administración cumpla
con honradez y eficacia sus funciones, la titular de la Función Pública,
Irma Eréndira Sandoval, ha descubierto variaciones importantes en la
evolución patrimonial del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro
García Luna, y del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio
Lozoya Austin.
Anteriormente, explicó una fuente que conoce el tema, no se atendían
las diferencias que había en las declaraciones patrimoniales de los
funcionarios, “todo se dejaba pasar”, principalmente a los integrantes
del primer círculo de poder. “Sólo se revisaban las declaraciones
patrimoniales que ordenaban desde Los Pinos, como una forma de castigo
para quien caía de la gracia presidencial”.
En los casi 6 meses que López Obrador lleva en la Presidencia, son
varios los expedientes abiertos en la SFP, pero lo que llama más la
atención es que se hayan encontrado diferencias sustanciales en la
evolución patrimonial de dos de los exfuncionarios más polémicos de
gobiernos anteriores, y señalados por supuestos actos de corrupción en
las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Por ello tiene razón el presidente de la República en calificar a la
corrupción como el principal problema que aqueja al país, pues una vez
que ésta empiece a disminuir, los otros problemas que también agobian a
México también serán menores, entre ellos la violencia, pobreza extrema,
injusticia y desigualdad.
Así que el papel que juega la SFP en la estrategia gubernamental de
acabar con la corrupción es relevante, porque le toca vigilar el buen
comportamiento de los servidores públicos y el uso eficiente de los
recursos destinados al bienestar social.
Por ahora en el escritorio de Irma Eréndira Sandoval están dos
expedientes, entre algunos otros, que involucran a dos siniestros
exfuncionarios de sexenios anteriores: el de Genaro García Luna, quien
después de desempeñarse en cargos directivos en el Cisen (Centro de
Inteligencia y Seguridad Nacional) y en la PGR (Procuraduría General de
la República), llegó a ocupar la Secretaría de Seguridad Pública en el
gobierno panista de Calderón. El otro es Emilio Lozoya, exdirector
general de Pemex en el gobierno de Enrique Peña y quien enfrenta un
proceso penal por recibir supuestos sobornos de la empresa brasileña
Oderbrecht.
A ambos les han encontrado significativas diferencias de bienes y
dinero en sus declaraciones patrimoniales que presentaron anualmente
cuando fungieron como servidores públicos.
Por ejemplo, en el expediente de García Luna habría diferencias en su
evolución patrimonial que no se explican por un monto de 40 millones de
pesos, aunque para este exfuncionario ya no habrá sanción alguna porque
han transcurrido casi 10 años y cualquier irregularidad que haya
cometido ya prescribió.
Pero no es lo mismos en el caso de Lozoya Austin, quien apenas en el
sexenio pasado estuvo al frente de Pemex y aparte de su proceso penal
todavía le pueden fiscal responsabilidades administrativas y penales por
otros delitos.
Cambios sutiles en el discurso de López Obrador
Han sido tan sutiles algunas correcciones que se han presentado en la
conferencia mañanera del presidente de la República, que pocos lo han
notado. Me refiero a que el mandatario mexicano ha evitado, contra su
propia voluntad, continuar las críticas en contra de medios de
comunicación y columnistas y opinadores de la prensa.
Por ejemplo, ya no menciona de manera directa al diario Reforma,
aunque de ves en cuando se refiere a “ese periódico conservador y de
derecha” que todos ya saben cuál es, en clara alusión a su línea
editorial que, según el presidente, en gobiernos anteriores era muy
complaciente y ahora todo critica.
La razón de ese intento presidencial para evitar hablar de los medios
de comunicación, nos explican personas cercanas a la Presidencia,
obedece a que en una reunión privada que sostuvo López Obrador con el
expresidente español Felipe González y el periodista del diario El País
Juan Luis Cebrián, éstos le aconsejaron dejar de criticar a la prensa y
permitir las máximas libertades que, aún con sus excesos en los medios
de comunicación, son necesarias en cualquier democracia.
Nos dicen que el mandatario mexicano aceptó de buena gana la
recomendación de las dos personalidades españolas que lo visitaron hace
varios días en Palacio Nacional, pero lo que sí le cuesta mucho trabajo
al presidente es dejar de señalar la existencia de periodistas
“chayoteros” que en el pasado recibían canonjías de gobiernos panistas y
priistas, pero que ahora como ya no se les dará “chayo”, se la pasan
criticando todo lo que hace y lo que no hace el mandatario mexicano.
Sin embargo, aunque López Obrador ha dicho que tiene las pruebas de
contratos firmados entre el gobierno federal con periodistas
“chayoteros”, él no dará los nombres de esos columnistas que “ya no
convencen ni a sus hijos” y que recibieron del gobierno contratos
millonarios, porque no quiere ser irrespetuoso ni generar más
linchamiento social, pero que sí entregará la lista y las pruebas de
dichos contratos al Instituto Nacional de Acceso a la Información y que
será responsabilidad de este órgano autónomo si los da a conocer o no.
Por supuesto que esta historia continuará por la sola decisión de los
involucrados.
Puntos suspensivos… Para seguir con temas de la
Función Pública, nos informan que el actual coordinador de asesores de
la secretaria Sandoval, Federico Huchim, podría convertirse en el
próximo titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la SFP, cargo
relevante porque desde esa posición se vigila el buen cumplimiento de
todos los contralores de las entidades públicas del gobierno federal… Y
mientras se ajusta la plantilla laboral en la SFP, por supuesto a la
baja para cumplir con el plan de austeridad y el adelgazamiento del
sector público (lo cual es digno de aplaudirse), ante la disminución del
grupo de vigilancia en esa Secretaría, se reportan pérdidas (robos) de
equipos electrónicos (laptops) en esas oficinas públicas;
además de que se han presentado algunos incidentes laborales (30) y
problemas de salud de trabajadores. El malestar de los funcionarios es
que la ambulancia que se tenía de manera permanente en las instalaciones
de la SFP fue dada de baja junto con el equipo de auxilio médico que la
tripulaba… En medio de esa austeridad en la SFP, algunos empleados
preguntan por qué la secretaria se transporta en una camioneta Suburban
blindada, que por cierto es la misma que ocupó el cuestionado
exsecretario Virgilio Andrade cuando estuvo al frente de esa dependencia
(febrero 2015-julio 2016); también le critican el cuerpo de seguridad
de cinco guaruras (escoltas), aunque esto se explica por la gran inseguridad que va en aumento en la Ciudad de México.
Miguel Badillo
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