6/20/2020

Inexistente información sobre situación de mujeres en pandemia, alertan OSC

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Ciudad de México. Durante la pandemia de COVID- 19 las instituciones públicas no han generado ni difundido información sobre contagios y fallecimientos de mujeres en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo: aquellas que están privadas de la libertad, migrantes, que pertenecen a la comunidad LGBTI, indígenas, que viven con discapacidad, de la tercera edad, que se encuentran en asilos o que son parte del personal de salud.  
Así lo dijeron representantes de organizaciones civiles defensoras de los derechos de las mujeres, durante el foro virtual “Garantía de derecho de acceso a la información en materia de género y su trascendencia en tiempos del COVID-19”, que organizó el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), este martes 16 de junio.  
Las y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y especialistas en transparencia coincidieron en que el acceso a la información pública es un derecho fundamental para que las mujeres puedan tomar decisiones informadas en aspectos como su salud, educación, justicia y trabajo y para diseñar políticas públicas para esta población.
Sin embargo, explicaron que durante la emergencia sanitaria ha sido un reto garantizar información oportuna, clara y veraz sobre la situación de las mujeres en el campo, hogar, cárceles, centros de trabajo y en todos los espacios; y, además, mencionaron que aún falta que ellas puedan acceder a datos sobre cómo ejercer sus Derechos Humanos. 
Al respecto, la coordinadora del Programa  de Rendición de Cuentas de Fundar, Justine Dupuy, expuso que es necesario que las instituciones sigan trabajando para generar información sobre la realidad de las mujeres, ya que agencias de Naciones Unidas señalan que durante las pandemias empeoran las desigualdades. 
En este contexto, mencionó Dupuy, es aún más importante producir información confiable, para que problemáticas como la violencia de género y la vulnerabilidad de las mujeres no sean realidad que se puede negar. 
La analista agregó que de acuerdo con un informe sobre acceso a la información en tiempos de pandemia, organizaciones expertas en transparencia encontraron que 33 por ciento de 15 países estudiados de la región, no cuentan con información estadística sobre violencia de género en esta contingencia. 
En los países donde se encontró información, explicó, se pudo saber que durante la contingencia la violencia se incrementó en 80 por ciento; mientras que en algunos otros los datos no fueron consistentes ni actualizados para tener conclusiones consistentes ni oportunas sobre la situación de las mujeres. 
No obstante, dijo, hay una necesidad e interés cada vez más mayos por saber qué sucede con las mujeres. Por ejemplo,  Justine Dupuy mencionó que Fundar encontró que de 2011 a 2018 creció el número de  solicitudes de información sobre Violencia de género en la Plataforma Nacional de Transparencia, por ello llamó a que el INAI fomente la transparencia proactiva de las instituciones públicas. 
A su vez, la maestra en Derecho y especialista en transparencia y combate a la corrupción, Tania de la Paz Pérez Farca, dijo que el derecho a la información tiene un sesgo de género, por esa razón consideró que a nivel nacional se necesita generar información con perspectiva de género y fomentar que las instituciones encargadas de dar seguimiento a derechos de las mujeres, tengan esos datos. 
La especialista dijo que se debe ver a las mujeres como actoras que tienen derecho a exigir a los entes públicos que entreguen la información que les solicitan y las instituciones deben comprender las necesidades de las solicitantes para no invisibilizarlas. Además, aseguró que la información ayuda a que ellas tomen decisiones efectivas e informadas en diferentes aspectos  de su vida. 
Por su parte, Ia coordinadora del área de Políticas Públicas de la organización Equis, Justicia para las Mujeres, Isabel Erreguerena, explicó que es fundamental que todo funcionario público ofrezca información verificable y que todas las instancias, por ejemplo, los órganos judiciales, sean transparentes pero además que entreguen información con un lenguaje claro y accesible para que las mujeres sepan a dónde acudir cuando necesitan un servicio. 
Erreguerena dijo además que preocupa que durante esta pandemia no se esté generando información sobre poblaciones en condiciones de vulnerabilidad como las mujeres privadas de la libertad, mujeres migrantes, personas con discapacidad o que se encuentran en centros psiquiátricos, en particular si se trata de grupos que están a cargo del Estado y que viven en espacios hacinados. 
La investigadora dijo que al no tener información sobre estas poblaciones, se les invisibiliza, no se crean políticas públicas para protegerlas y se hace entender que son personas que al Estado no le importan, por ello señaló que para mirarlas es necesario generar datos sobre su situación. 
La coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Coahuila, Leonor Gómez Barreiro, agregó que las periodistas han jugado un papel importante en la garantía del derecho a la información porque son quienes han llevado a la agenda pública muchas problemáticas que viven las mujeres. 
Las periodistas, sin embargo, se topan con que la información no está estandarizada, desagrada por variables como sexo, edad o nivel socioeconómico y con que los servidores públicos no tienen perspectiva de género y pueden negar información porque no la consideran de interés público o porque creen que pone en riesgo la seguridad nacional, algo que ha sucedido al solicitar información sobre feminicidio. 
Las y los expertos señalaron que durante esta contingencia se han obtenido datos por medio de encuestas o monitoreos de la sociedad civil, pero advirtieron que aún hay instituciones que no hacen pública la información que generan o reciben sobre lo que sucede con las mujeres y las víctimas de violencia, por ello llamaron al INAI a establecer estándares mínimos de transparencia.

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