Vergüenza

León Bendesky

Carlo Ginzburg, reconocido historiador italiano fallecido recientemente, publicó en la revista New Left Review de enero-febrero de 2020 un ensayo titulado “El vínculo de la vergüenza”. El argumento comienza de manera directa: “Hace mucho tiempo me di cuenta de repente de que el país al que se pertenece no es, como dice la retórica habitual, al que se ama, sino del que uno se avergüenza. La vergüenza puede ser un vínculo más fuerte que el amor”.

Este desplazamiento que hace Ginzburg de la perspectiva sobre la relación de la gente, de los ciudadanos, con su país es, ciertamente, un cambio de eje, un giro motivo de reflexión. Constituye una situación que forma parte de la cultura y de la vida cotidiana de una determinada sociedad. Incide en el comportamiento individual de sus miembros; adquiere distintas modalidades, mismas que se exacerban en determinados periodos.

La carga de la vergüenza no es siempre la misma, dice Ginzburg, varía grandemente entre los países. Funciona como un vínculo. La vergüenza no se escoge, invade a los individuos de modo repentino. Es una pasión y no una virtud; un impulso o sentimiento y no un hábito que se va desarrollando. Ginzburg vincula la vergüenza con la concepción de Aristóteles, quien no la consideraba una opción moral, sino una fuerza que se impone sobre la mente.

Tiene que ver, desde cierta perspectiva, con los sentimientos de inquietud que provocan las acciones del gobierno y de otras fuentes de poder o de influencia, sean legales o delincuenciales. Un sentimiento que apunta a la relación que se establece con el país y con la colectividad. Las cuestiones que provocan vergüenza en una sociedad son muchas y variadas, de distintas dimensiones y consecuencias. La historia está llena de ellas, desde los primeros registros que existen. El catálogo de las vergüenzas es muy extenso variado.

La vergüenza es un vínculo que no equivale a una traición, cuestión ésta que debe enfatizarse y defenderse, aunque caracterizarla así suela ser una reacción en contra de ella, pues es la manera intuitiva para caracterizarla.

Ginzburg traza un planteamiento sobre vínculo que se deriva de la vergüenza. Lo aborda desde la perspectiva de los griegos, en cuyas obras se advierte una cultura de la culpa que parte de una cultura previa de la vergüenza. Se refiere a la antigua noción griega del Aidos, entendida como la personificación de la vergüenza, del pudor y, así, considerada como fuerza moral que ordenaba el comportamiento social, evitando el exceso y la arrogancia. Cita una dura expresión contenida en la Ilíada que dice: “Avergonzaos mutuamente en el feroz conflicto. De los hombres que tienen vergüenza, son más los que se salvan que los muertos”. La cuestión aparece en otros ámbitos. Se encuentra, por ejemplo, en la caracterización de la cultura japonesa, en la que el individuo enfrenta una sanción externa desde la comunidad a la que pertenece, lo que desemboca en la vergüenza y sus consecuencias.

Hay una relación, recogida por Ginzburg en su texto con referencia al filósofo Bernard Williams, la que se establece entre vergüenza ( Aidos) y némesis como una forma de justicia retributiva, un modo de venganza justa frente a quienes quebrantan el orden moral, muestran un poder desmedido, o bien, una fortuna enorme sin humildad. Según Williams, de ambas expresiones se desprende una posición frente a las circunstancias que definen los hechos; cuestión que se advierte de modo más diáfano en periodos de alta tensión social, de violencia exacerbada e inseguridad pública y privada.

En la parte final del ensayo, Ginzburg hace una especie de recapitulación a partir de lo que define como una experiencia común. “El país al que se pertenece es el país del que uno se avergüenza”. Entonces surge la pregunta: si la vergüenza implica cercanía, ¿cuáles son los límites posibles de una comunidad basada en la vergüenza?

Recurre, en el texto que nos ocupa, a la experiencia extrema vivida por Primo Levi, quien consideró en su libro La tregua, que: “Las víctimas y los libertadores del campo de Auschwitz (en donde estuvo internado) estaban avergonzados y se sentían culpables de no haber podido evitar la injusticia; los perpetradores y sus cómplices no se avergonzaban”. La vergüenza es, así, igualmente un sentimiento de culpa. ¿Cuántas formas de vergüenza colectiva se han acumulado tan sólo en los últimos 100 años? ¿Y cuántos son los que no se avergüenzan?

Revuelo en la inteligencia artificial

León Bendesky

El jefe de la poderosa empresa tecnológica Palantir, Alex Karp, ha provocado el revuelo ante modelo de negocios de los grandes jugadores de la industria de la inteligencia artificial (IA); una pugna que tiene mucho de por medio.

En una reciente intervención en un noticiario de televisión, y de una manera que se ha descrito como atropellada, literalmente declaró: “Todas y cada una de las empresas están furiosas con los modelos de negocios de la IA”. Se refería a que las empresas que usan la tecnología pagan un sobreprecio a empresas como OpenAI y Anthropics. El punto es que, así, no se genera un valor real de negocio y, además, se arriesga la propiedad de los datos y de los procesos de trabajo.

Esto tiene que ver con el método de tokens mediante los que se fijan los precios por el uso de los modelos de IA. Los tokens son unidades fundamentales de datos procesados para comprender y generar el contenido que requiere el usuario.

El asunto se describe de la siguiente manera: “Los modelos no leen palabras completas u oraciones, sino que descomponen el lenguaje humano en fragmentos pequeños, como son palabras parciales o completas, así como la puntuación”. Los tokens, determinados en idioma inglés, equivalen en general a cuatro caracteres. Este método se vincula con el precio que se cobra por el uso y en donde se distingue a los tokens de salida, que son más caros que los de entrada.

El argumento de Karp, que ha generado la controversia por la forma y el contenido de sus declaraciones, es que los tokens que definen el modelo de negocios, están diseñados para transferir tanto la propiedad intelectual de las empresas usuarias, como el valor que representan para proveedores de los modelos y para los usuarios y se expresa en los altos costos que pagan en relación con los ingresos que se obtienen.

Si OpenAI y Anthropics realmente incidieran de modo positivo en la productividad de sus usuarios, no venderían el acceso que llega a contarse hasta por millones de tokens. El señalamiento de Karp es que, realmente, el modo de fijar precios mediante tales unidades representa la confesión de que sus productos no generan un valor confiable por el precio al que se vende. Lo que hacen, pues, es cobrar por el cómputo de las consultas. Lo que dice es que el modelo vigente por consumo de tokens alienta un uso creciente, sin generar un valor proporcional de negocio. Esto redunda en que los usuarios busquen tener una infraestructura propia de cómputo, de datos y modelos de IA, sin la dependencia de proveedores externos. Esto mueve el debate en torno a la IA al campo de la organización industrial y la gestión de los negocios. Tal es la fricción que ha provocado Karp.

Esto conduce al asunto clave del control, la denominada soberanía de la IA; lo que se vincula con la discusión en curso acerca de la necesidad de regulación de la industria, tema que tiene una relevancia creciente. Las empresas, dice Karp, deben tener control sobre sus datos y los medios de computación, lo que lleva a que puedan adaptar sus modelos y prevenir que la propiedad de la información se capte o replique fuera de la empresa.

La cuestión va mucho más allá cuando se lleva al campo de la seguridad nacional y la defensa, entorno en el que Palantir tiene una actividad cada vez mayor y muy relevante con distintos gobiernos.

Así lo ha planteado Karp explícitamente en el libro publicado el año pasado La república tecnológica. Se trata de una crítica que apunta a dónde debe ir la IA y qué tanto debe alinearse con el poder del Estado; cómo debe atender, además de a los consumidores, a las acciones bélicas y las amenazas geopolíticas existentes.

Esta dimensión indica que los desarrollos tecnológicos y las disputas internas en ese sector se extienden y tienden, así, a entrar en el terreno de lo que se ha llamado la “sociedad de la vigilancia”; o de manera más radical, lo que se ha considerado “tecnofascismo”.

Los conflictos entre la élite de la tecnología o lo que se conoce de modo coloquial como los tech bros (hermanos tecnológicos); término que alude al conjunto de los hombres muy ricos, de comportamiento extravagante y polémico del entorno de la industria de la tecnología digital, son explícitos.

La cuestión abarca al carácter de su comportamiento y su extendida influencia, que tiende a acrecentarse al ritmo presuroso del desarrollo de la industria.

Una exhibición de los intereses en conflicto entre las empresas es el caso de la ríspida pugna de Musk con Altman en torno a OpenIA, del conflicto de Amodei con el gobierno de Estados Unidos; de Thiel y sus abiertas y polémicas posturas ultralibertarias ydel mismo Karp, cada vez más extrovertido.

Hay fracturas y rivalidades por el dominio de la estructura corporativa de la IA. Todos estos personajes tienen una clara conciencia de su influencia social y política y de su enorme poder económico. Y lo ejercen.

Economía y guerra

León Bendesky

Las tensiones económicas a escala mundial se han intensificado en los recientes 15 meses. El comercio global ha estado marcado por las distorsiones en las corrientes del intercambio, asociadas con la imposición de tarifas, la aplicación de subsidios y por más medidas regulatorias. Esto ha propiciado mayor incertidumbre en la actividad productiva y en los mercados financieros. Las cadenas productivas se han fragmentado y los costos han ido en aumento. Esta tendencia se ha agravado recientemente con la guerra en Irán y el efecto que ha tenido en el alza del precio el petróleo y, con ello, en el resto del sector de la energía.

El entorno económico es más inestable y las predicciones acerca del crecimiento económico se han ajustado a la baja, mientras las relativas a la inflación van al alza, que es una combinación siempre problemática. El registro de la inflación en Estados Unidos de marzo pasado creció hasta 3.3 por ciento, el nivel más alto en dos años (por encima del 2.4 por ciento registrado en febrero). La inflación es uno de los indicadores más sensibles en la configuración de las condiciones actuales y era previsible su alza (de la misma manera en que ha ocurrido en México, donde el registro del INPC llegó en marzo a un nivel anualizado de 4.59 por ciento; por encima del objetivo de 3 por ciento y de las bandas de fluctuación de entre 2 y 4 por ciento). Esto repercutirá en las tasas de interés de referencia que fija la Reserva Federal, que podría volver a subirlas (lo que ejercerá, en consecuencia, una presión sobre la tasa que establece el Banco de México, sobre todo luego de haberla reducido de modo inesperado en la más reciente reunión de la Junta de Gobierno).

La discusión que está abierta se enmarca en la magnitud del impacto adverso que las condiciones actuales, en medio de una guerra, pueden provocar. En el entorno de las consecuencias de índole general, aparecen condiciones particulares como son las repercusiones del creciente nivel de los precios de los productos energéticos –en especial del gas natural y su relación con los productos basados en el nitrógeno– y el impacto adverso que eso tiene sobre la cotización de los fertilizantes y, por extensión, en el precio de los alimentos. Aunada está la presión sobre el costo de los transportes, un factor adicional deincidencia en el alza del índice de los precios.

En términos más generales, se observa que la capacidad de la economía estadunidense –para crecer sobre la base de una mayor productividad y el dinamismo de las corrientes de inversión, como ocurre de modo sobresaliente en el sector de la inteligencia artificial–, está expuesta a las condiciones provocadas por la guerra. El Departamento de Comercio redujo a la mitad la estimación de crecimiento del último trimestre de 2025 de 1.4 a 0.7 por ciento.

Hoy, las empresas y las familias resienten las consecuencias de la guerra, tanto en el ya señalado caso del costo dela energía como en el alza del costo del crédito. La secuencia del proceso de inestabilidad económica que está en curso puede describirse en distintas etapas: primero, el alto precio de los productos energéticos, asunto que se ha ido complicando en el escenario de guerra contra Irán. Segundo, el impacto alcista sobre la cobertura de las necesidades básicas. Tercero, los obstáculos de la oferta de bienes derivada de la fragilidad de la estructura de las corrientes del comercio, misma que puede volverse más compleja.

La guerra impone un alto costo económico y la tendencia es ahora hacia un mayor gasto en defensa. Para muchos países la presión fiscal está creciendo y con ello el entorno de vulnerabilidad tanto para costear el conflicto y, en término más generales, para establecer condiciones suficientes de cara a una eventual recuperación del nivel de la actividad económica.

La guerra de Irán empezó el pasado 28 de febrero y su duración se ha extendido más allá de la estimación original y en condiciones militares y políticas no previstas originalmente. Hoy, en medio de una tregua tambaleante pactada entre las partes, no se vislumbra una conclusión y menos aún la forma que ésta podría tener. Esto replantea las condiciones de incertidumbre y la matriz de los riesgos que se enfrentan. Cualquier escenario económico que se presente y las decisiones políticas que adopten los gobiernos están enmarcadas en la dinámica de la guerra.

Como ha apuntado el conocido experto financiero Mohamed El-Erian, lo que ahora se aprecia como un choque económico de graves consecuencias negativas, podría pasar de ser una disrupción temporal a una fase de daño estructural de largo plazo.

El factor China

León Bendesky

Se recoge en un reciente artículo del diario Financial Times una precisa reflexión de Andrew Grove, destacado personaje de la industria tecnológica. Uno de los fundadores de la compañía Intel, que dispuso en 1971 del primer microprocesador, componente clave del desarrollo de las computadoras. Intel, a la que Grove dirigió a finales de la década de 1980, controlaba 85 por ciento del mercado mundial de chips en 1997.

Grove sostenía que el gobierno tiene una función primordial en el desarrollo de una sólida infraestructura nacional, apoyando la investigación básica como medio para mantener una pujante base manufacturera.

Esto incita a la discusión sobre la disputa económica que hoy se centra en un cambio radical en las pautas del comercio mundial, con la imposición de medidas proteccionistas, y las consecuencias que de ahí se derivan.

Requiere poner en perspectiva la estrategia de China y de otros países del sudeste asiático para impulsar, según decía Grove, el eje del crecimiento económico, compuesto por tres elementos principales: el control del abastecimiento de materias primas, el dominio de la producción de componentes y del empaquetado.

Esta línea del desenvolvimiento industrial se ha complementado, de modo relevante, a fuerza de crear una significativa estructura de ingenieros y científicos y generar una amplia variedad de productos. Las cadenas de producción, base del desarrollo industrial en la economía mundial, están soportadas de manera relevante por la base productiva de China. Ahí se han desarrollado empresas representativas como Huawei, BYD y Xiaomi, una firma de productos electrónicos creada apenas hace 15 años. Las cifras de la producción son notables, por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, ya que en 1987 se producían en China 450 mil autos y en 2024 la cifra alcanzó 31 millones de unidades.

Brad de Long, historiador económico de la Universidad de California en Berkeley, recoge una consideración que apunta a que desde el año 2000 el principal motor del crecimiento global ha sido la rápida industrialización de China, a la que se considera la más estupenda modernización de la historia, movilizando a cientos de millones de campesinos de las áreas rurales a las ciudades. Este proceso, a su vez, propulsó las exportaciones de países productores de recursos como Brasil y Rusia y otros que venden petróleo, metales y demás recursos a aquella fábrica del mundo. Pero señala que la expansión de ese país tiene límites que se expresan ya en una menor tasa de crecimiento del producto, a lo que se suma una condición de alto endeudamiento. Una cuestión a considerar es si China es el último país en seguir el camino probado de la industrialización, es decir, trasladando campesinos a las fábricas e importando tecnología para las manufacturas, a lo que se añade una cuestión singular: Ningún país ha alcanzado altos niveles de ingreso moviendo en masa a la población hacia el sector de los servicios.

El conflicto planteado por la política proteccionista actual no puede subestimar la condición y el poder de China. Un artículo de la revista Foreign Affairs, publicado hace unos días, apunta que China es el único país en un siglo cuyo producto ha superado el nivel de 70 por ciento del de Estados Unidos. Además de que en ciertas cuestiones lo ha aventajado, como ocurre con la capacidad manufacturera, la tecnología con que domina la producción de vehículos eléctricos y la de reactores nucleares de cuarta generación, y produce anualmente más patentes y citas en revistas científicas.

En materia militar, China cuenta con la marina más grande y una capacidad de construcción de navíos muy superior a las de otros países; tiene un gran acervo de misiles y otras tecnologías; se considera que ha conseguido una muy rápida modernización militar. Se destaca que China está rezagada en campos como la biotecnología y la aviación, en las que Estados Unidos tiene más fortalezas. Pero en China se producen casi la mitad de los productos químicos del mundo, se construyen la mitad de los barcos, más de dos terceras partes de los vehículos eléctricos, más de tres cuartas partes de las baterías eléctricas y 90 por ciento de los paneles solares. Ahí se obtiene una gran parte de las tierras raras y se instala la mitad de los robots industriales en el mundo. Se ha señalado el hecho de que la última potencia mundial que dominó tan plenamente la producción mundial fue Estados Unidos entre 1870 y la década de 1940.

Estos son algunos de los linderos que definen y caracterizan la pugna que, entre otros factores, habrá de delimitar una nueva configuración del orden mundial, una vez que el que existía está hoy en un abierto proceso de transformación.

En este entorno es evidente que no se puede subestimar el factor China, pero tampoco puede desestimarse el poderío de Estados Unidos.

N. B . La noticia fue escueta, pero resonó el pasado 16 de abril. Nuo Capital, sociedad luxemburguesa dirigida por el magnate chino Stephen Cheng, ha cerrado el acuerdo de compra para la adquisición del 78.567 por ciento de las acciones de Bialetti.

El encono

León Bendesky

Cuántos adjetivos se han vertido en torno a las marchas ciudadanas del pasado domingo 13 de noviembre en varias partes del país. Han sido de toda clase y múltiples tonos. Adjetivos de rechazo, riña, descalificación de una y otra de las partes, sean los marchistas y quienes los apoyaron, o el gobierno y sus voceros. Esto indica el estado en el que se halla esta sociedad, en medio de una pugna constante y creciente crispación a medida que se va agotando el sexenio, lo que ocurre con rapidez. Si en el escenario que se prefigura para este último tramo persiste y se agranda el encono, sólo cabe esperar una confrontación cada vez mayor y, cada vez más improductiva.

Los adjetivos y las descalificaciones se llevaron a extremos a todas luces innecesarios por el sólo hecho de faltar a la verdad. Ese es el caso al suponer y afirmar que todos esos miles de ciudadanos que marcharon en todos esos lugares responden, de modo obligado, a los intereses de tales o cuales personas que convocaron o de ciertos individuos claramente identificables que asistieron a las marchas.

Lo mismo ocurre en relación con el número de los participantes. Por supuesto que en la CDMX no fueron entre 10 y 12 mil personas como afirmó el señor Batres, encargado por la ausencia de la jefa de Gobierno. Y entretanto, la ciudad podría estar en condición de riesgo electoral para Morena. No fueron varios miles de ciudadanos como se dijo con manifiesta imprecisión. Tampoco, las 60 mil personas a las que aludió el Presidente, quien desestimó la marcha como un “ striptease político conservador”. En todo caso, en estas lides no sólo se desnudan de un solo lado. Y la descalificación persistente de los otros; una pauta central del actual modo de hacer política, tiene una utilidad escasa y con rendimientos decrecientes.

El diagnóstico de la sociedad que hace el presidente López Obrador es correcto y debería ser compartido por todos. Se trata en esencia de la desigualdad y la necesidad de reducirla. Hacer política es, claro está, el trabajo de los políticos, consta en la hoja de descripción de sus puestos y cobran por hacerlo. Otros también hacen política: empresarios, líderes sociales, trabajadores, profesionistas, estudiantes y demás. Los intereses y las necesidades son distintas. Se vale, por supuesto. Pero en el caso de quienes están en el gobierno: el federal, estatal o municipal se requiere de modo muy claro administrar las cosas públicas, hacerlo con probidad, probada capacidad, eficacia, sin improvisación y rindiendo cuentas. Esto no ha sido generalmente el caso. Los recursos involucrados en la gestión del gobierno provienen de una u otra forma de los ciudadanos. Los impuestos no son contribuciones. Ese es el carácter del contrato que de manera implícita se firma en cada elección. Todo esto afecta a las condiciones presentes y futuras del país. De ese tamaño son las cosas.

Hoy en México hay una concentración excesiva en la política, como rasgo primario del quehacer del gobierno. Esta politización le ha sido rentable. Pero esto no se corresponde necesariamente con la efectividad de la gestión de los recursos, la utilidad de los proyectos emprendidos y la necesidad de sentar las bases para un real mejoramiento social, el incremento de la productividad y un bienestar general más equitativo y, también, duradero. Este asunto profundiza aún más las diferencias que se van acumulando y que acaban por salirse de cauce como ha ocurrido con la propuesta del gobierno de reforma del INE.

Un gobierno que se presenta como puro y omnímodo y una parte relevante de la sociedad a la que se señala y desdeña por método es una fórmula crecientemente controvertida. Los puntos de confluencia se van desdibujando, con los riesgos que eso entraña.

Un aspecto muy elocuente y difícil de comprender es el rechazo presidencial de lo que llama aspiracionismo. Los seres humanos tienen aspiraciones, esa es parte de su naturaleza. Se aspira a ser mejor, a vivir mejor. Se aspira a conocer y comprender. Se aspira a crear y a ser útil. Se aspira a ser libre. Así es como se renuncia al conformismo. Si eso, el conformismo es, en cambio, lo que se pretende conseguir como modo de ejercer un gobierno, todo este proyecto político será fallido y contraproducente. Las remesas, por ejemplo, que proveen de abundantes divisas y contribuyen a la tan mentada estabilidad del peso, las envían mexicanos cuyas aspiraciones de vivir mejor no pudieron realizar en su país. No puede proponerse un callejón sin salida para los deseos de superación de la gente. Las alternativas tienden a salirse del marco de las leyes. El proceso efectivo de innovación social y de las instituciones, no se ha conseguido.

Qué mensaje se manda desde un proyecto político que sí defiende de manera insistente sus propias aspiraciones de transformación, expresamente planteadas y repetidas por el Presidente, privando a la población de la posibilidad de aspirar a mejorar, desear y superarse. Un proyecto político debe ampliar las oportunidades y el crecimiento de los individuos, su educación, bienestar, desarrollo de su potencial y, sí, de su capacidad de consumo. Eso es así, aunque acaben retando al poder establecido. Ese es el motor de una sociedad. Eso no está pasando, como muestran los indicadores sociales, las condiciones laborales o de modo patente la situación precaria del sistema de salud y de educación. Un problema mayúsculo que no ha hecho más que empeorar es el de la inseguridad pública, una fractura social de primera importancia.

Todas las posibilidades de mejoramiento social y económico deben aprovecharse en un proyecto político de envergadura, como pretendió ser en su origen el que rige hoy en el país. Existe una base material imprescindible y un horizonte vital más amplio sobre los que puede edificarse una sociedad más equitativa y ese cimiento no se ha forjado.

Cuentas

León Bendesky

El Paquete Económico 2021 parece mostrar algunos síntomas de pérdida de la memoria reciente. Está confeccionado como si el país siguiera la inercia del modelo económico planteado en 2018 y con el efecto recesivo en 2019. Además, se presenta como si la pandemia del coronavirus no hubiera transformado la situación en esta sociedad. La Secretaría de Hacienda declaró que el Proyecto de Presupuesto tiene la responsabilidad de mantener la estabilidad económica y financiera, sin estar peleado con una vocación social. Este tercer presupuesto mantiene el credo del gobierno y prácticamente con los mismos criterios, con variaciones sobresalientes respecto de las en-tidades responsables de ejecutar el gasto.

Una condición que no puede soslayarse es que la pandemia no cede, se han rebasado las 70 mil muertes, según el registro oficial, reconocidamente subvaluado. La Secretaría de Salud señaló a principios de junio que de registrarse más de 60 mil decesos sería un escenario catastrófico.

La orientación de la política económica no se centra en el crecimiento, en circunstancias de una profunda caída del producto esperada para este año; de una quiebra masiva de negocios y enorme pérdida de empleos y ocupación de la gente; un proceso cuyo impacto negativo, aunque haya repunte cuantitativo, aun está en marcha. El gobierno ha expresado en forma consistente que el crecimiento del producto no es su objetivo principal. Pero es una condición prioritaria que no se pase de medir el PIB como producto interno bruto, a medirlo como pobreza interna bruta.

El planteamiento del paquete está hecho en términos convencionales, pero en un escenario de lo menos convencional, es decir: de una profunda crisis social, económica y de seguridad pública.

Este no es un tiempo de normalidad; conceptos como equilibrio primario en las finanzas públicas, o bien, estabilidad financiera, puedan usarse como de costumbre. Dicen los expertos, en el estilo tan propio, que con un presupuesto tan austero no hay señales para la reactivación económica. Añaden que lo que salva al presupuesto es que se sigue viendo la intención de mantener la disciplina fiscal.

Opinan los expertos con gran convicción que es positivo que en este tercer presupuesto el gobierno se comprometa a mantener los equilibrios fiscales. Pero de inmediato dicen que hay lugar para una política fiscal contracíclica, lo que significa expandir y redirigir el gasto público. Eso sólo puede hacerse con más deuda, subiendo los ingresos públicos y cambiando los criterios del gasto. Este asunto está abierto de par en par en el debate de la política pública. Quiere decir que cualquier noción de equilibrio o estabilidad al final está condicionada. A esto apuntan las calificadoras de la deuda, bancos, fondos de inversión y organismos financieros internacionales. Evalúan la dinámica del producto y el desempeño monetario y fiscal del país. Todos siempre propensos a imponer ajustes para pretender que las cuentas cierren, obvio, a un alto costo y quien se ajusta es siempre la misma gente.

Equilibrio y estabilidad son conceptos políticos y técnicos cuando se discute un presupuesto, en especial en este caso preciso que exige una visión muy distinta de la usual. Esto no es 1995, 2001 o 2009, por si aún quedaba alguna duda. No es “ business as usual” para nadie. Este no es el país de antes en términos políticos y de políticas públicas, se ha dicho. Sin embargo, el rasgo que define el Paquete 2021 expresado oficialmente es que “la crisis económica no permite grandes márgenes de maniobra, pero tenemos la responsabilidad de mantener la estabilidad…”, siempre en el marco de la austeridad. Resuena lo dicho por Ernesto Zedillo ante la crisis de aquel error de diciembre que frente al severo ajuste que se impuso, no había de otra.

Las palabras en la política, como ocurre en el caso del paquete (el Presupuesto y la Ley de Ingresos) deben guardar alguna relación identificable con la realidad.

Eso es lo que se pierde tanto en la manera en que está planteado y lo que se discute de él. Debe haber alguna consideración seria por el principio de contradicción. Cómo hablar de equilibrios fiscales y de estabilidad económica y financiera en un país como éste en el que prevalecen profundos desequilibrios de índole estructural. Esto se agrava, ahora en plena crisis de salud y económica, con más desempleo, pérdida de ingresos, desaparición de negocios, erosión del patrimonio de las familias, desigualdad, extensión de la pobreza, concentración de la riqueza, persistencia del poder monopólico, o bien, la desatención en materia de servicios de salud, la carencia de servicios básicos de la población, el bárbaro atraso de la educación y la investigación científica, el rezago en la transición energética, la concepción misma del horizonte del bienestar general.

Lo dice bien Eduardo Medina en un artículo perspicaz publicado en días recientes con respecto de la política española: Las palabras, las ideas, las concepciones políticas, las acciones tienen que apegarse a un sentido de la realidad y, de preferencia, mantener una relación estrecha con la verdad, de modo tal que la memoria política y la capacidad técnica se ajusten de manera permanente a las condiciones vigentes.

Pacto fáustico

León Bendesky

Por principio, no olvidemos que las estadísticas no necesariamente apuntan a los procesos históricos reales. Esta advertencia tiene un carácter general; la hizo, curiosamente, en otro contexto, Hannah Arendt, al comienzo de su libro sobre El origen del totalitarismo (1951).

Esa observación se aplica claramente en el terreno de los procesos económicos; en ellos, las estadísticas –muchas veces con independencia de su calidad y también de su dudosa interpretación o pertinencia– se toman como evidencia de lo que el interesado quiere poner de relieve a su favor. En particular, esto se aprecia hoy en la avalancha de datos disponibles acerca de los efectos de la crisis económica asociada con la pandemia de Covid-19.

La magnitud de la crisis es enorme. Su curso sigue y aún le falta mucho recorrido. El Inegi provee mediciones acerca del nivel de la actividad económica en general, por sus componentes y distribución regional; del empleo y la ocupación; el comercio exterior y los precios.

La evidencia de la mala situación económica y social está ahí. Los cambios que apuntan apenas un mejoramiento son tímidos, su tendencia se asocia con una apertura de las actividades productivas aún determinada por la pandemia. No dicen nada de mayor significado por ahora.

También exhiben las consecuencias de las decisiones económicas que ha tomado esta administración para confrontar la presión sanitaria y social provocada por el coronavirus. Las decisiones tienen consecuencias, según se definan los objetivos de quienes las idean, adoptan e instrumentan. Es un asunto de visión política, capacidad técnica y efectividad práctica.

Dentro de la danza de los datos debe considerarse el proceso histórico real que ocurre en el país, eso impone eludir el economicismo y también los meros intereses políticos del momento.

Hay antecedentes de insuficiente crecimiento económico en el país durante las últimas tres décadas; hay evidencias de una creciente desigualdad económica; las hay, igualmente, del rezago de la productividad y la penuria fiscal del gobierno. Y, en efecto, la corrupción de cualquier tipo impone un gran peso sobre las condiciones de vida de la gente.

La caída del crecimiento del producto se generó antes de la pandemia y se deriva de decisiones políticas, entre ellas la imposición de una austeridad en demasía. La carga de la crisis asociada con la pandemia no se va a reducir durante mucho tiempo. Su expresión social se agravará en los meses que siguen y las bases para resistir el embate del desempleo, la carencia de ingresos y el deterioro del patrimonio de las familias necesitan de una revisión de cómo orientar el proceso.

Ése es el dilema que enfrenta el gobierno y la condición que redefine necesariamente al Estado. Hay una expresión simple de lo que esto significa, la recuerdo aquí: el gobierno está constituido por personas, es decir, tiene nombres propios: quienes legislan, juzgan y ejecutan en todos los niveles. El Estado no tiene nombres propios, está hecho de otra materia y su estructura podría incluso asimilarse al uso que tiene en la ingeniería. Se puede derivar de ahí lo que significa políticamente cuando se debilitan dichas estructuras, por encima de todo las leyes, consecuentes de preferencia con el bien público y el control del poder de quienes gobiernan.

Debemos al secretario Arturo Herrera, encargado de la hacienda pública, un reconocimiento. Sólo a partir de una admisión franca, en términos profesionales y prácticos, de la magnitud y características de la crisis económica y social que está en curso ( La Jornada, 08/29/20), puede pretenderse encaminar las cosas para sortearla con el menor castigo posible. Esto entraña confrontar el voluntarismo surgido del poder.

Herrera admite que, aunque haya un repunte en 2021, la situación será peor que en 2019, principalmente por la carencia de recursos públicos y el agotamiento de lo que llamó amortiguadores para absorber el impacto de la crisis, como son los distintos fondos de estabilización. Afirmó que México vivirá la crisis más fuerte desde 1932.

Esto, que remite a una discordancia sana en el ámbito de la administración de la economía, ha sido dicho a pocos días de enviar al Congreso la propuesta de Presupuesto para el año entrante.

Todavía espera el secretario que el producto caiga 7.4 por ciento este año, lo que parece optimista y asegura que habrá que adaptarse a una economía sometida aún a la pandemia. Esto tiene, por supuesto, varios giros conceptuales y restricciones funcionales. El problema gemelo de la demanda y oferta en la economía no se superará sin muchas fricciones y costos.

Las declaraciones del secretario Herrera apuntan en una dirección que es difícil compatibilizar con las premisas de la política pública que funda la estrategia del gobierno, constituida básicamente de los programas sociales, proyectos de infraestructura y ventajas del T-MEC. Es difícil que esos tres amortiguadores sean suficientes.

Al final, Herrera parece haber hecho un pacto fáustico en el que su función a cargo de Hacienda, que deja entrever en sus recientes declaraciones, queda comprometida por su aceptación de una visión política que no se corresponde con la dureza de la crisis. Ya no habrá ni colchones ni guardaditos.

Matices

La Jornada: 

León Bendesky

La danza de los números de la pandemia cumple cinco meses. En ese tiempo se ha visto crecer de modo significativo la cifra de víctimas del coronavirus: infectados y fallecidos, y los números no paran de aumentar.

La así llamadanueva normalidades en realidad, para la mayoría de la gente, una nueva forma de necesidad que hay que satisfacer a diario, aun con mayor esfuerzo y penuria que antes. El gambito que está jugando el gobierno tiene aún muchos riesgos.

Ha caído el nivel de la actividad económica de modo abrupto a lo largo de todos los sectores y, con ella, el número de personas con trabajo (ocupadas, según la conveniente nomenclatura de las estadísticas oficiales); se ha contraído en serio el ingreso de las familias, sus ahorros, los fondos para el retiro y su patrimonio. Rehacer las posibilidades, los planes, anhelos y oportunidades en todas esas familias es un asunto de enormes proporciones.

En esta primera mitad de agosto, el sentido de algunos de esos números ha empezado a cambiar. No hay ciencia alguna en eso; es natural que ocurra, pues se asocia con las menores restricciones a las actividades productivas y comerciales. También con mayores riesgos: así es la vida y la responsabilidad política. Habrá que ver cómo se comporta esta incipiente tendencia, sobre todo en relación con el avance de la pandemia. En todo caso, siempre es necesario recordar acerca de las mañas –de todo tipo– que hay en el uso de las estadísticas. Siempre entrañan algún recoveco, en ocasiones de mucha relevancia.

Hoy, no se pueden anticipar conclusiones valederas sobre algún nuevo curso positivo de la economía y, menos aún, acerca de la aminoración del batacazo social que está ocurriendo en el país. El impacto de esta crisis general va para largo, igual que sus repercusiones en los campos de la salud, la economía, la estructura social y las condiciones políticas. Aún falta mucho por ver en materia de deterioro económico y sus consecuencias. También de las que tendrán las decisiones que se toman.

Las premisas del análisis económico; las interpretaciones de las políticas fiscales y monetarias, las prácticas con las que se construyen las previsiones y los modelos de predicción; las visiones desde los sectores privado, público y social, y de los organismos internacionales también, aparecen ya caducas.

El lenguaje mismo que se sigue usando para expresar lo que pasa y hacia dónde se quiere y, aun más, se puede ir, no se han adaptado al sentido y la naturaleza de la crisis global asociada primariamente con la pandemia, pero con enormes derivaciones en todas direcciones. La narrativa es sosa, manierista, plana. Vaya, totalmente predecible y muy cuestionable. O de plano la perplejidad es enorme y habría que admitirlo sin rodeos, o bien todos quieren cubrirse la espalda lo más posible.

Esto sucede de igual manera, sin duda, en el campo político. Me temo que todo esto apunta a provocar severas condiciones de rezago para el país en los años que siguen. Es decir, una mermada capacidad de acomodo interno en materia de producción, generación de riqueza que pueda distribuirse mejor, desarrollo, bienestar, educación, conocimiento, capacidades y equidad. Además, en un entorno internacional en el que somos cada vez menos visibles y, por consecuencia, más dependientes y rezagados con respecto a lo que pasa en esta región tripartita del planeta que se ha restructurado recientemente y llamada North America.

El discurso acerca de lo que pasa tiende, sobre todo en la región predominante del centro del país, a enfocarse en los temas grandes (que no hay que confundir con los grandes temas). El gobierno carece de recursos suficientes para cumplir un papel activo y mejor definido sobre cómo enfrentar la crisis. Me refiero a toda ella, pues hacerlo por partes no sirve. No es sólo una cuestión de los principios que se defienden, sino de cómo cumplirlos en términos prácticos. Ese es el meollo de la política y el núcleo del dilema de este gobierno.

La pobreza está extendiéndose en todas partes; el gasto en consumo se reduce; la inflación aumenta, la fragilidad de los bancos se hará cada vez más ostensible, en la medida en que no se cobren las deudas después de las restructuraciones que se han hecho; la inseguridad pública se agrava. La lista es larga y considerables sus significados.

Rubros enteros de la actividad económica se redefinirán necesariamente y con un alto costo social. Rehabilitar las fuentes de ingresos y las condiciones de vida requerirá imaginación, coherencia, organización, instituciones sólidas, leyes y la mayor credibilidad posible.

En las ciudades y los pueblos de los estados, la situación económica de la gente que vive de sus muy pequeños negocios, talleres, la que se emplea en tiendas, fábricas y trabaja la tierra, es cada vez más precaria. Esa es una parte crucial de la sociedad en este país y no se puede esconder bajo la alfombra de los grandes negocios e intereses. Tampoco de los pleitos políticos en turno.

Las fuentes de ingresos se han mermado de modo muy apreciable; las reservas se agotan y, con ellas, los exiguos patrimonios. Un elocuente indicador microeconómico es la reducción significativa del volumen de lo que se intercambia y también del crédito que se registra en ese sector que agrupa a millones de familias. El conflicto, hoy en México, tiene muchas y distintas dimensiones.

Espejismos

León Bendesky

La pandemia sigue determinando las condiciones sanitarias y económicas. A pesar de que en algunos países se atemperaron los contagios, los rebrotes ocurren, se tensan de nuevo los servicios de salud y se mantiene restringida la apertura de las actividades económicas. No hay, en ese terreno, una recuperación efectiva a la vista.

La pugna entre lo que dicen y hacen los políticos y lo que advierten los expertos médicos y epidemiólogos es muy fuerte. El caso de Estados Unidos es especialmente notorio, vergonzoso.

Aquí, todo se ha concentrado de modo político y no es necesariamente lo más eficaz o prudente. Me parece que ese asunto es relevante y no hace más que agravar la situación. La cifra oficial de muertes por el coronavirus en México ronda 52 mil, pero hay diversos estudios y estimaciones que la sitúan en un orden que puede ser casi tres veces mayor.

Ciertamente, es complicado en todas partes llevar una cuenta precisa de las muertes y de los infectados por el virus: las pruebas son restringidas y muchos mueren sin llegar a los hospitales o sin ser propiamente señalada la causa del fallecimiento. En algunas partes se hacen correcciones a las estrategias, se reacciona con medidas de prevención, algunas tan simples como usar tapabocas. Acá, no.

En materia económica se ha señalado con acierto que la naturaleza de la crisis derivada de la pandemia y que se caracteriza por afectar tanto la demanda como la oferta no admite de políticas fiscales convencionales asociadas con el gasto, sea directo del gobierno o estimulando el privado.

Los recursos públicos que pueden sostener cuando menos un piso de resistencia son los que se asignan directamente a la gente que perdió su fuente de ingresos y a las empresas pequeñas y medianas más vulnerables; muchas de ellas han cerrado ya de modo permanente.

El gobierno sostiene que ha destinado fondos para entregar a la gente y a un conjunto de empresas. No se sabe con claridad quiénes son los beneficiarios, los fondos que se han repartido, la eficacia en su distribución, la suficiencia y el impacto que han generado. Tal como están las cosas, esas medidas habrán de mantenerse pues, aunque se abrieron en parte y a tropezones las actividades productivas, las necesidades no se satisfacen y eso no se conseguirá por mucho tiempo más.

Cuando el nivel del gasto cae de manera significativa, sea por la pérdida de ingresos de las familias o bien por la austeridad del gobierno público (en términos de la cantidad gastada y, también, de su asignación, su eficiencia e impacto en el mercado), existe un efecto multiplicador que afecta adversamente el gasto total, reduce los ingresos y provoca nuevos recortes del gasto.

Y eso sólo atañe al lado de la demanda. En las condiciones actuales la oferta también se paraliza: los hoteles y restaurantes ahí están, las fábricas y talleres también, cerrados o bien operando sólo en parte. La construcción se repone de a poco y habrá que ver cómo será la demanda.

El producto se desplomará este año, el empleo y el ingreso también. Aun así, la inflación crece, 3.62 por ciento anualizada (de julio 2019 a julio 2020), así que cada 100 pesos nos cuestan 3.62 medidos en una menor capacidad de compra. La política monetaria mantiene altas las tasas de interés de referencia (entre 4.53 y 5.17 por ciento), y eso mientras que en Estados Unidos las tasas están próximas a cero (0.1) y en otros países son negativas (hay que pagar para tener el dinero en el banco).

De una u otra forma, las condiciones económicas están definidas hoy y tendrán un impacto decisivo en lo meses siguientes. Así será por el lado fiscal, es decir, cuánto se gasta, en qué, cómo y por cuánto tiempo; o bien desde el lado monetario: la inflación, cuánto crédito hay, cuál es su costo, cómo se asigna, cómo afecta al consumo, el ahorro, las pensiones, las inversiones productivas o de plano si alienta el atesoramiento.

El impacto de la situación económica aún no se expresa de manera completa. Las estadísticas recientes del aumento del empleo expresan el efecto obvio de aminorar el confinamiento. Hay que identificar la cantidad y composición de las cifras. No es lo mismo registrar un repunte que estar sentando las bases para sostener el crecimiento y el bienestar.

Advirtamos aquello que es un espejismo. Hay múltiples capas o estratos que se combinan y compiten para definir una cierta condición económica y social. No debe perderse de vista este aspecto de la complejidad del fenómeno sanitario y económico que está en curso. Tampoco de su expresión política.

El desempleo será un asunto duradero y definitorio, así también el empobrecimiento en distintos grupos sociales. La pérdida de patrimonio será en muchos casos permanente y en otros muy costoso reconstruirlo para las familias.

La política económica y social está atrapada en las condiciones de la pandemia. La gente seguirá enfermando y muriendo. La economía irá en muletas por un buen tiempo. Las fricciones que provoca la gestión de la pandemia no acabarán pronto.

Oro

La Jornada

León Bendesky

El carácter tan particular de lcuando la economía se queda sin consumidores se pone de manifiesto que nada se sostiene sin la gente. La aseveración (de David Trueba, El País, 28/7/20) parece obvia y, sin embargo, enunciarla así de modo directo le confiere una contundencia argumentativa que no debe perderse de vista.

a crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus exhibe que

Ahora, no se trata de una caída del gasto total por las razones usuales asociadas con el comportamiento cíclico de la acumulación del capital; las distorsiones que suelen provocar los déficits públicos; los efectos de la inflación que puede desbocarse, o bien los recurrentes excesos financieros que generan crisis.

Lo que ocurre hoy es el desplome de plano del consumo por efecto del confinamiento para enfrentar la pandemia. ¡No hay quién gaste! Las ventas y la producción en sectores enteros de la economía se han derrumbado de tajo. Eso tuvo que compensarse con gasto público, con recursos asignados directamente a las personas y empresas que perdieron sus fuentes de ingreso.

La pandemia y la gestión de los gobiernos ha provocado que ese gasto, enorme en muchos casos: más de 2 billones ( trillions) de dólares en Estados Unidos hayan sido insuficientes y ahora se debata un nuevo presupuesto de ayudas. Lo mismo ocurre en la Unión Europea.

Por eso hay premura por reabrir la actividad económica y retomar el proceso de ingreso-gasto, pero la cosa no sale bien, pues se provocan rebrotes de contagio y se tiene que dar marcha atrás. Ese dilema está ocurriendo ahora por todas partes, en unas mucho más que en otras, como sucede en México, donde el reconocimiento oficial explícito de la magnitud de la crisis económica está ausente.

Esta situación debería provocar un vuelco en el pensamiento acerca del proceso económico y las políticas públicas, o sea, cómo generar ingresos para la población, ganancias para las empresas, crédito para consumir y producir e impuestos para que recaude el gobierno. El arreglo no se va a dar de modo automático y, de cualquier modo, va a tardar mucho tiempo.

Mientras tanto, la caída del nivel de la actividad económica ha sido brutal en el segundo trimestre del año en todas partes. Muchas actividades económicas cambiarán de modo significativo su estructura y muchos participantes desaparecerán.

Una de las expresiones de la crisis que provoca profundas distorsiones ocurre en las actividades financieras. Desde hace largo tiempo se extiende como reguero una creciente especulación y, a la par, la mayor concentración de la propiedad y la riqueza.

La pandemia refuerza su efecto adverso en el mercado, que se hace cada vez más monopólico y también modifica buena parte de las formas de consumo, de comunicación e interacción social. Esto se advierte, por ejemplo, en el caso de las grandes empresas, en el campo de la tecnología (Amazon, Google, Facebook, Apple) y otras en las que se ha inflado su valor hasta el exceso.

La actividad financiera se distancia de la inversión que crea empleos e ingresos; se aleja de la producción y de la generación de riqueza asociada con mecanismos socialmente eficaces de tipo distributivo.

Los gobiernos en Estados Unidos y Europa están creando dinero a borbotones para incitar la recuperación económica. El precio del crédito es prácticamente cero, cuando no negativo. El dinero no tiene valor ni poder intrínseco, sólo vale lo que representa: capacidad de compra.

Cada dólar, euro o peso mexicano debería apuntar a que sea usado, en algún lado, para producir una unidad de riqueza mediante la producción. El crédito creado por los bancos debería significar que en algún lugar y de alguna manera un dólar, euro o peso mexicano está en proceso de crear producción; para repetir, riqueza.

Pero las finanzas están perdidas en su propio mundo, distanciadas del proceso de generación de riqueza productiva, del proceso que crea recursos que pueden ser distribuidos. En este sentido es una forma de desperdicio social.

La especulación es la reina y cuando ésta misma se convierte en fuente insuficiente de recursos o en un mecanismo con riesgos que se consideran excesivos resurge el atesoramiento. El dinero se puede usar para consumir o ahorrar. El ahorro se entiende como la parte no gastada del ingreso, pero queda disponible para que otros lo gasten o inviertan productivamente.

Cuando el riesgo percibido de las transacciones dinerarias crece en demasía se recurre al atesoramiento, sacarlo del circuito productivo. Una forma primordial es tener oro; una indicación de la esencia atávica del valor del metal y lo primitivo de la esencia humana.

Se admite que puede fluctuar mucho su valor, no es fácil deshacerse de él; preferiblemente debería tenerse de modo físico y no mediante un título que ampare la propiedad y esté guardado en alguna bóveda suiza al cuidado de alguien cuya reputación es finalmente desconocida. Eso está ocurriendo ahora de nuevo con el oro, signo de la desconfianza radical en las condiciones económicas y políticas en el mundo.

Fondo

León Bendesky

“La crisis económica ya tocó fondo”, afirmó el gobierno a principios de junio; lo mismo aseguró otra vez al empezar julio. Mientras tanto, el Inegi, en las condiciones adversas de la pandemia, produce indicadores relevantes que dan cuenta de la severidad inocultable de la crisis en materia económica y social.

Este no debería ser un tema de controversia, sobre todo en una crisis de la magnitud que existe hoy en el país. Habría que plantearlo con sustento en las evidencias y actuar todos en consecuencia.

No se puede apelar a conjuntos distintos de datos para afirmar una cuestión empírica, como la relativa a la crisis de la actividad económica, al modo en que se expresa entre distintos grupos de la sociedad y diversas partes del territorio. La composición de la profunda caída del producto, el empleo y la ocupación marcará la forma, el contenido y el tiempo de una eventual recuperación. Será desigual y larga. Eso es inevitable.

El término fondo tiene 32 distintas acepciones en el Diccionario de la Lengua Española. De ellos, dos son especialmente oportunos en este caso. Uno se refiere a una hondura: la profundidad de una cosa; otra: al caudal o conjunto de bienes que posee una persona o comunidad.

La crisis, en efecto, ha provocado una severa hondura en el producto generado, en empleos, ingresos y patrimonio de las familias. De igual manera, el caudal de los recursos y bienes que poseen familias y comunidad ha resentido una merma enorme.

La capacidad de resiliencia social pasa por una dura prueba. Esto no es un asunto de creencias y exaltaciones sobre las virtudes de la sociedad, que las tiene (también vicios); es, en cambio, una cuestión con un gran componente material. La gente se está empobreciendo y ése es el asunto sobre el que hay que apuntar las baterías.

El hecho de que algunas actividades económicas se hayan reanudado sólo de modo limitado, el hecho de que los trabajos informales, que conforman la parte sustancial de cómo se mantiene la mayoría de la gente, se hayan restaurado a una escala muy inferior y por razones eminentemente de necesidad vital que previene estar confinados, no sostiene la afirmación de que se ha tocado fondo en la crisis.

A esto hay que añadir la evolución de la pandemia, la alta persistencia de los contagios y las muertes y las decisiones de los gobiernos estatales y municipales de cerrar de nuevo la actividad económica. La inmunidad de rebaño, si es lo que está esperando el gobierno, no es solución. Hay que ver lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo con el rebrote de contagios por la prematura apertura de la economía y la politización de un asunto tan trivial como usar cubrebocas.

El secretario Herrera, de Hacienda, dijo hace días que aplicar programas de estímulos a empresas, supongo que incluye también ayudas a desempleados, significaría incurrir en pagos, sólo por intereses, que obligarían al gobierno federal a cancelar los programas sociales prioritarios. Lo que está expresando es que el fisco no tiene fondos suficientes y que repudia toda contratación de deuda en esta emergencia. Fondos sí hay para otros proyectos, y queda así explícita la preferencia política por su destino. Es un gobierno empobrecido en el fondo.

La noción de tocar fondo en materia económica en el marco de esta crisis es extremadamente complicada y sensible. ¿Qué significa tocar fondo si se consideran los negocios pequeños y medianos que ya no existen y que, según el IMSS, son un gran número? Negocios que han mermado el patrimonio de familias o lo han acabado, y con ello su capacidad de reproducción económica.

¿Qué significa tocar fondo para los millones de desempleados y desocupados que deberán conseguir un nuevo trabajo y forma de sustento en condiciones muy duras y que entretanto se están empobreciendo? Y eso, mientras se discuten cuestiones políticas que son ajenas a sus condiciones y necesidades perentorias.

¿Qué significa tocar fondo para los millones de mujeres de este país que son autoempleadas, que tienen negocios frágiles aun cuando las condiciones económicas son más o menos favorables. Negocios que hoy son muy difíciles o de plano imposibles de sostener, con poco o nada para invertir en ellos y muchos que han cerrado ya. De esas ocupaciones precarias se mantenían muchísimas familias.

Tocar fondo no es un concepto mecánico asociado con la ley de la gravedad. Es un fenómeno social grave y delicado que exige una visión muy distinta a la que prevalece hoy en México. Es un asunto que tenderá a quedar desdibujado en los números y en las explicaciones en los que finalmente se quiera y se pueda sostener una versión políticamente útil y conveniente de la pandemia, de la gestión para enfrentarla en términos sanitarios y en cuanto a sus repercusiones económicas y sociales.

En las cuestiones sociales, la narrativa cuenta muchas veces más que la información fidedigna y las evidencias pragmáticas. Esa narrativa ya está en curso e irá mutando, pero el impacto adverso de la crisis económica será muy real, muy desigual y muy duradero.

Trabados

La Jornada

León Bendesky

El dilema de esta economía está planteado hoy entre los efectos combinados de la apertura de las actividades productivas y el avance de la pandemia. Ésta muestra un ritmo acelerado de contagios y muchos más fallecimientos de los que se reconocen oficialmente. No puede obviarse la extensión y un rebrote del proceso infeccioso.

La apertura provocará algún tipo de recuperación en la economía por un efecto derebote. Esto no quiere decir, sin embargo, que se ha tocado fondo en la crisis y, menos aún, que la situación sea duradera.

Con respecto a una recuperación del producto, empleo e ingresos, se debate sobre qué forma tendrá y cómo procederá. Hay quien lo imagina como una V, es decir, se llega al fondo y se recupera rápida y sostenidamente; como una L, donde el bajo nivel de actividad se estanca y se prolonga la recesión; o bien, como una W, con altibajos durante un periodo más bien largo. Hasta aquí con el alfabeto.

El economista jefe del Banco de Inglaterra, Andrew Haldane, presentó hace unos días una posible secuencia de la crisis provocada por la pandemia en Gran Bretaña (https://bit.ly/2Bwxgfh).

Para ello dividió el proceso en cuatro fases. La primera compara el desempeño de la economía en el primer cuatrimestre del año con el último de 2019, lo que arroja una caída del producto del orden de 25 por ciento. Este mismo efecto se observa con distintas magnitudes, todas ellas considerables, a escala global, debido al impacto adverso de la pandemia en la demanda y oferta agregadas, dado el confinamiento de la población. Este rasgo doble y característico distingue este fenómeno de otras crisis.

El mismo comportamiento se registró en México con una muy acentuada caída del producto y el empleo formal y las remuneraciones, además del fuerte incremento de la informalidad, o de plano de la desocupación.

En la segunda fase, en la que se reabre la actividad económica, los indicadores de corto plazo señalarían una recuperación derivada del renovado gasto de consumo que alienta la oferta de bienes y servicios, sumado a que renueva una parte del empleo y el ingreso. El impulso puede ser notorio, ya que, como se apuntó antes, es un rebote de la profunda contracción de la fase uno. Otra cosa es la forma en que se manifiesta entre los sectores productivos y los grupos de la población.

Lo mismo puede presentarse en México a partir de junio, cuando se inició la apertura, y más aún en julio. Pero en este caso habrá que considerar el efecto muy desigual de la crisis en el ingreso, las reservas y el patrimonio de la población. Este asunto se vincula con el tipo de intervención del gobierno para sostener de algún modo la capacidad de resistencia de las empresas y de los trabajadores que fueron desempleados. Las ayudas que se dieron aquí se basaron en otros criterios y en algunos programas la cobertura fue menos a la esperada.

En la tercera fase, la situación de una economía y de una sociedad como la británica podría sostener la recuperación en una capacidad de demanda que estuvo reprimida pero que existe, además de que hubo ayudas para contener el efecto negativo de la crisis. Esto empujaría el gasto de consumo, la producción y el empleo, y luego una nueva ronda de inversión.

En México la contención de la demanda por el confinamiento provocó la desaparición de un gran número de micro, pequeñas y medianas empresas, con un efecto enorme de desempleo y pérdida de ingresos; a esto se añade la muy desigual distribución del ingreso.

El efecto de la crisis es aquí distinto y el patrón de una recuperación ha de serlo igualmente por la naturaleza de la estructura social. En este escenario repercuten las decisiones de la política fiscal, es decir, del uso de los recursos públicos, menguados por la menor recaudación de impuestos y de la política monetaria, anclada a altas tasas de interés para sostener el valor del peso y bajar la presión sobre los precios.

La cuarta fase del planteamiento de Haldane es más incierta por necesidad y se extiende hasta el año entrante. Depende, en buena medida, de la evolución de la pandemia, que está lejos de un control sanitario. Una vuelta al confinamiento, como ya está ocurriendo en varios lugares del mundo, será muy onerosa.

Hay que admitir lo obvio: no se sabe cómo van a pasar las cosas. La adaptación de las políticas públicas a estos escenarios es crucial. El modo en que evoluciona la pandemia y el agravamiento de las condiciones económicas y sociales exige ajustes, flexibilidad y oportunidad. Eso depende de cada gobierno, junto con la forma en que se asimilan las presiones de la población.

Hay una condición esencial para administrar la crisis y, sobre todo, para instrumentar un programa sostenible de recuperación: para elevar el nivel de vida se requiere crear trabajo para la gente, expandir la capacidad productiva y hacer el proceso más eficiente. Una mayor inversión pública y privada es indispensable para el desarrollo (escribí desarrollo, no crecimiento del PIB).

Reparar

La Jornada: 

León Bendesky

Una cuestión ronda por la cabeza de los mexicanos de todas partes del país: cómo detener la creciente violencia y la inseguridad pública. Y, derivada de ella, cómo se rehace, eventualmente, un entramado social que hoy está sumamente desgastado y es fuente de severos conflictos.

Ambas condiciones van de la mano y cualquier intento de reconformar el armazón de esta sociedad, como es el caso de proveer un mayor bienestar general, pasa por ellas.

Es obvio que la realidad –cualquier cosa que eso signifique–, o seamos incluso menos pretenciosos y hablemos mejor de las experiencias de los ciudadanos, son asunto multiforme y complejo. Se estructuran de modos diversos y así se expresan también.

Pero hay un aspecto de esas experiencias que sobresale por su dimensión, su significado y las formas en que se manifiestan y es la violencia. Este fenómeno se ha desatado, cada vez más ostensiblemente y sus distintas expresiones llegan a extremos contundentes en todos los sentidos.

Ambas cuestiones, la violencia extendida y el desgaste social, se han ido conformando a la par desde hace décadas, tienen orígenes diversos y se aprecian en un abundante catálogo de hechos y situaciones.

En ese ya muy largo tiempo el Estado y los distintos gobiernos se han ido replegando y también debilitándose finalmente de modo efectivo y muy riesgoso. Este no es sólo un tema de teoría política de primera importancia, sino un asunto literalmente vital para la población y todo el armazón de la sociedad.

Las reseñas de los hechos están ahí a diario; las imágenes son de terror, admitámoslo sin ambigüedades. Las consideraciones expuestas por los expertos en seguridad se conocen; las teorías de la conspiración pululan y siempre tienen un propósito ulterior para alentar la confusión y sacar tajada. Las interpretaciones avanzan todo tipo de sospechas y rozan a veces en lo fantasioso y, peor aún, en lo irresponsable; el asunto se presta para eso. Mucho queda en secreto por razones distintas.

Los hechos violentos afectan, profundamente por cierto, la existencia de quienes los padecen directamente, al igual que aquellos que los presencian. Los reportajes y las imágenes que hay sobre los hechos de violencia dejan una marca en quienes los ven. No se olvidan, sino que por razones de sanidad mental y, sobre todo, por la brutal impotencia se alojan en alguna parte del inconsciente, ahí donde queda asentado el miedo. Sí, lo racional es tener miedo. Surge el miedo con sólo leer las novelas (¿de ficción?) de Elmer Mendoza o Don Winslow y los demás.

La descomposición social que genera esta violencia y lo que la origina son profundos y se propagan rápidamente, como reguero de pólvora, lo que en este caso es una expresión literal y no figurada.

Si se hiciera una selección y una jerarquización de los innumerables problemas y conflictos que afectan al país habríamos de optar, con sensatez y sentido de urgencia, por anteponer lugar las causas de la violencia, sus formas y repercusiones, y de ahí idear algunos medios efectivos para abatirla y, con ella, la inseguridad rampante. La alternativa es dura siquiera de imaginar.

Este es un asunto vital y constituye hoy un factor determinante de la estructura social y productiva y del entorno político. Lo es, también, como elemento clave para rearmar políticas efectivas que promuevan una mayor cohesión, como sustento firme del bienestar.

Está vinculado con la necesidad de redefinir la configuración política que exige hoy el país, para atender y reforzar a la menguada democracia y establecer un modelo efectivo del orden social basado en instituciones fuertes y confiables y en las leyes.

Me parece que esto último no habría de ser tomado como ingenuidad y no considera ninguna idea de perfección, la que nunca se consigue. Es una necesidad. Involucra, en esencia, a la naturaleza del Estado que se quiere. Este puede ser un asidero admisible y compartible en el marco de la gran diversidad que caracteriza a esta sociedad y las desigualdades que la definen.

Se trata también del efecto que el reordenamiento político basado en la recuperación de la seguridad –no olvidemos que todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal– debe tener en el crecimiento de la producción, del empleo y el ingreso de las familias. Lo es, igualmente, para definir los criterios para la gestión de los recursos naturales o la generación y uso de la energía y establecer, los proyectos que se emprenden. Son los criterios de largo plazo para recomponer de modo sostenible el bienestar en materia de salud y educación. Este es el asunto de índole práctica, la que al final importa a la gente.

Economía de pandemia

León Bendesky

La pandemia provoca un fuerte impacto negativo en la economía que se acumula a diario. Aún no se expresa en toda su magnitud. Los indicadores de la actividad económica, empleo, consumo, ahorro e inversión, así lo muestran. Son imperfectos, en efecto, pero cuando menos permiten hacer una comparación, sobre todo en un lapso corto de tiempo, con efectos grandes y repentinos.

Las cifras prepandemia, que eran, ciertamente, muy apocadas, son ya historia antigua. Estamos en otro lugar y hay que percatarse explícitamente de los hechos y asumir las consecuencias.

Esta sociedad se va a resentir de modo muy significativo. La crisis, eventualmente, va a modificar la composición de la producción y el empleo, reducirá el monto de las remuneraciones de gran parte de la población e incidirá de modo adverso en la distribución del ingreso y la riqueza.

El efecto será decisivo para una parte muy vulnerable de la sociedad, donde las actividades que sustentan la subsistencia de millones de familias son precarias y la capacidad de resistencia exigua. La pobreza va a crecer, pues no hay modelo de repartición selectiva de dinero público que alcance para sostenerlo por mucho tiempo.

La resiliencia de millones de personas va a ser definitoria, y tal cosa no puede dejarse a un ajuste natural que será costosísimo en todos los sentidos. De eso se trata un orden social, la protección, la injerencia del gobierno en una situación de crisis. Todos los ciudadanos cuentan y sus necesidades, obviamente, no son las mismas; tampoco pueden definirse las acciones por una selección a partir de criterios explícitos de exclusión.

En esa situación de precariedad está un segmento muy amplio de personas con actividad empresarial y autoempleadas –el país está lleno de ellas– y subsisten con gran esfuerzo, sin capacidad real de acumular recursos. Ésta no es economía de escritorio, de referencias meramente estadísticas, de criterios predeterminados, de prejuicios, de espejismos; hay que salir a ver y hablar, escuchando a los otros y no pontificando, y así entender.

El conjunto de las empresas de tamaño micro, pequeñas y medianas (mipymes) es la columna vertebral del aparato productivo, de la misma cohesión social que está muy fracturada. Muchas veces es poco visto y usualmente mal valorado, es poco sexi. No es materia de grandes transacciones financieras, la incorporación de tecnología es escasa, no atrae reportajes ni es lugar para fotografiarse. Pero de las mipymes vive la mayoría de la gente. Hay negocios familiares con poco respaldo financiero y viven prácticamente al día.

Según las cifras censales, el número de unidades económicas en el país rebasaba 5 millones; sólo en el sector del comercio superaban 2 millones. Las microempresas son las que tienen hasta 10 trabajadores y generan alrededor de 40 por ciento del empleo, que junto con las pequeñas y medianas crean más de 70 por ciento del total. Dan cuenta de más de la mitad del producto que se genera anualmente. Cuatro quintas partes de todas las empresas son mipymes.

Estos datos se citaban repetidamente en informes del gobierno, declaraciones de organismos empresariales y en la prensa. Más duraba el débil eco de los discursos o el secado de la tinta de las publicaciones, que la atención real que se daba a las mipymes.

El asunto tiene un alto componente declarativo, pero no forma parte sustancial de la política pública en materia de producción, empleo, aumento de la productividad, financiamiento bancario, elevación de los ingresos y recaudación de impuestos. Se pierde de vista el papel central que esto tiene en la capacidad de reproducción social, término añejo que debería reusarse para concebir la complejidad del fenómeno de la sociedad.

La Secretaría de Economía no destaca por la atención efectiva de este enorme segmento de gente que trabaja. En el gobierno de Calderón existió una entidad llamada México Emprende. En 2014, con Peña, desapareció la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y sus cuatro direcciones, y surgió el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), encargado de las pymes. Nada que sobresaliese en toda esa historia. Si se consulta la página de este frustrado organismo, se muestra una leyenda (más bien parece un obituario) que avisa que a partir del 17 de octubre de 2019 desapareció el Inadem y sus funciones se transfirieron a la Unidad de Desarrollo Productivo, no muy visible por cierto. El sector de las mipymes está estancado en una brutal burocracia e ineficacia, y esencialmente desatendido, lo que es un craso error.

En ese sector va a pegar la crisis económica con especial rigor. En este asunto hay que considerar, además y sin falta, la miríada de actividades informales que literalmente cubren todo el territorio del país. Si en materia de empleo formal la sangría está siendo enorme y la desaparición de las empresas que cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social muy grande, la población que se acumulará en la informalidad crecerá rápidamente y sus consecuencias no serán inocuas.

Será políticamente irresponsable no ocuparse a tiempo de esta situación, especialmente porque su efecto adverso en el bienestar de las familias es ineludible. Esta transformación social del país, cuyos efectos no se están paliando de un modo sostenible, será determinante en los años por venir. El costo será muy grande y, por supuesto, no sólo en términos económicos.

La rodilla

León Bendesky

Hay violencia abierta, visible, palpable. Hay violencia que se ejerce de muchas maneras, soterradamente. Las formas y los niveles de violencia conforman todo un inmenso catálogo histórico, social, humano, político. No es lo mismo presenciarla que saber de ella, sea por relatos o imágenes; el grado de impresión que provocan es distinto. No es lo mismo imaginar el objeto de la violencia que verlo. No es igual el resultado que el proceso de cómo se perpetró el acto violento, saber cómo es que eso ocurrió.

No puede haber candidez alguna con respecto a los actos, los dichos, las actitudes violentas. Eso lo sabemos bien en México (desde Tijuana irradiando por todo el mapa) durante mucho tiempo y sin menguar.

El hecho concreto que hoy convoca a la protesta a millares de personas por todas partes, el hecho comprobable, es que la rodilla del oficial de la policía de Minneapolis estaba encima del cuello de George Floyd, que había sido esposado anteriormente y sometido con exceso de fuerza y saña, indefenso. Murió ahí mismo. El hecho es que otros tres oficiales asistieron de algún modo en el asesinato: omisos, diligentes, al parecer convencidos de que eso es lo que debe hacerse a un hombre como Floyd. Esa es hoy la imagen icónica de los excesos de la fuerza policial. La de Floyd es la imagen de un racismo incrustado en el tuétano de esa sociedad. No fue el único hecho ocurrido durante los días recientes que quedó grabado. Son muchos. Así fue el empujón a un hombre durante una protesta reprimida en Búfalo (Nueva York), que provocó la rotura de la cabeza. Es otra pieza maestra de la violencia y la soberbia ejercida oficialmente.

La violencia tiene muchas caras. La que involucra el abuso físico impresiona de manera particular. Son muy diversos sus significados, pero los hechos son contundentes. A menudo como individuos y como sociedad nos acomodamos ante un hecho violento, al igual que a su abundancia, tal vez por la impotencia que provocan. Lejos de acostumbrarnos a ella la asimilamos de alguna manera para poder eludirla. Deja marcas. El acomodo es sólo un remedio incompleto, únicamente escapamos temporalmente, pues sabemos bien que la violencia está ahí con su efecto demoledor que se acumula. El caso del joven asesinado en Guadalajara, tras haber sido detenido por la policía, es uno más de la misma serie de Floyd. En México no somos bisoños en cuanto a violencia se refiere.

En el caso de Estados Unidos se advierte, como no podía ser de otro modo, que la violencia verbal no para en lo que se dice, sino que tiene un impacto concreto en los hechos. El discurso de Trump durante años, desde la campaña a la presidencia, tiene un efecto real de confrontación. Lo ha promovido a sabiendas de lo que ocasiona, que su base de apoyo lo celebra y ese es su objetivo principal.

Un rasgo de ese discurso violento, de los desplantes que lo acompañan y que en estos días de protestas se han multiplicado, es que sus declaraciones no paran, embisten contra todo y todos los que le estorban. No escucha, pues para eso se necesita silencio, elemento del que carece como hombre y político. Lo que hace, la provocación que alienta como método, representa una real crisis del lenguaje, que se diferencia radicalmente de un lenguaje de la crisis que envuelve a su país y al resto del mundo.

El conflicto que ha abierto con las fuerzas armadas apunta al campo constitucional. Al mismo tiempo, se exhibe la naturaleza represiva del poder concentrado en las policías y sus organizaciones, que rebasa a las autoridades electas y que el presidente parece ni siquiera cuestionar. Ley y orden es la respuesta que da, más fuerza de contención ante la gente que protesta en la calle (con los provocadores y oportunistas que siempre los acompañan como un virus social). Y luego la foto fuera de la iglesia episcopal de San Juan; el arrogante lenguaje del poder.

El poder del lenguaje es un elemento clave en el quehacer político y la conformación de una sociedad. Hay un tipo de congruencia entre la forma del lenguaje –qué, cómo y cuándo se dice– y el tipo del cuerpo político que se establece. Desde el lado conservador, Joseph de Maistre plantea explícitamente esa relación ( Las veladas de San Petersburgo, 1821) y Orwell lo hace en sus obras apuntando cómo se descomponen el individuo y la nación en su conjunto cuando se tiñe el lenguaje y se planta como el núcleo de una ideología determinada y del sistema político.

Trump no inventó el racismo y la discriminación. Tampoco a la derecha alternativa que se ha extendido por su país ni la brutal represión policiaca, pero ciertamente nunca las ha confrontado directamente y mucho menos las ha condenado. Las usa en su favor groseramente. Para eso ha contado con el respaldo en bloque y disciplinado del otrora partido de Abraham Lincoln, creado en 1854, opuesto a la extensión de la esclavitud.

Cuántas veces se ha repetido esto en la historia, de uno y otro lado de las concepciones ideológicas y las prácticas políticas. Ningún lenguaje político es inocuo, pero sí los hay de distinta naturaleza. Sobre esto no caben demasiadas ilusiones, sólo un acercamiento pragmático y cauteloso.