Oficio de Papel Columna semanal del periodista Miguel Badillo

* Repsol, 30 años de endeudamiento
* Calderón y su firma en la petrolera
* Omisión en la rendición de cuentas

Fue Felipe Calderón, como secretario de Energía, quien en 2003 autorizó movimientos financieros para que Petróleos Mexicanos, a través de PMI, profundizara su participación en la española Repsol.Los reportajes publicados en Contralínea por la reportera Nancy Flores, a partir de solicitudes de información ante el IFAI, dan cuenta de cómo el entonces responsable de la política energética del país avaló la creación de RepCon Lux, empresa involucrada en operaciones financieras de Pemex por más de mil 300 millones de dólares en el paraíso fiscal de Luxemburgo.

Durante su breve paso por la Secretaría de Energía –2 de septiembre de 2003 a 31 de mayo de 2004–, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa también autorizó operaciones financieras y movimientos de capital de Pemex en los paraísos fiscales de Bermudas y Suiza.

Las transacciones, que hasta 2004 involucraron recursos por más de mil 300 millones de dólares, están relacionadas con las empresas RepCon Lux y Kot Insurance Company. La primera, constituida por la paraestatal en sociedad con TMF Corporate Services, de nacionalidad luxemburguesa; la segunda, ciento por ciento propiedad de Pemex.

RepCon Lux y Kot Insurance formaron parte del esquema estructurado en el extranjero por la empresa petrolera del Estado mexicano, principalmente en paraísos fiscales (Contralínea, 105 y 113). Se trata de más de 20 empresas que, según la Auditoría Superior de la Federación, órgano fiscalizador del Congreso, se manejan al margen de la legislación.

Es precisamente a través de Repcon Lux, que Pemex mantuvo una sociedad con TMF, a través de la cual se han capitalizado las acciones que posee de la trasnacional Repsol. Esta información consta en las actas de creación de dicho vehículo, constituido en el paraíso fiscal de Luxemburgo y en los contratos de deuda amparados con las acciones de Repsol, según el IFAI.

Como presidente del Consejo de Administración de la paraestatal, Felipe Calderón convino tres operaciones relacionadas con ese esquema empresarial, según consta en actas de sesiones ordinarias y extraordinarias: la monetización del valor de las acciones de Repsol que posee Pemex, el cambio de domicilio y aumento de capital social de Kot Insurance y la autorización de la garantía específica a favor de esta última.

De acuerdo con las actas, las transacciones también fueron avaladas por el exdirector general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía y exsecretario particular del presidente de México, José César Nava Vázquez. Sin embargo, hasta octubre de 2008, en solicitudes presentadas a la Unidad de Enlace de Pemex con fundamente en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la paraestatal negaba categóricamente que se mantuviera alguna relación de negocios o alianza entre Pemex y TMF Corporate Services.

Sin embargo, las primeras indagaciones del IFAI permitieron conocer que RepCon Lux es sólo uno de los tantos vehículos financieros utilizados por Pemex para sus operaciones internacionales. Las otras entidades ubicadas por el IFAI son Pemex Project Funding Master Trust; el Fideicomiso Irrevocable de Administración F/163 y Pemex Finance Ltd.

Fue antes, en 2006, en el documento Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006, que también se dio a conocer que en diciembre de 2003 Pemex decidió contratar un swap de activos sobre 58,679,799 acciones de la empresa española Repsol YPF, S.A., por medio de RepCon Lux, S.A.

Dicha empresa emitió en enero de 2004 un bono por 1,373,738.0 miles de dólares, equivalentes a 15,474,884.0 miles de pesos, a una tasa del 4.5 por ciento anual, garantizado por Pemex, con vencimiento en enero de 2011, el cual es intercambiable por las acciones de Repsol YPF, S.A., o su equivalente en efectivo. Fue en este punto en donde se consolidó la mayor participación de Pemex en Repsol que hoy tiene tan inquietos a los españoles.

Sin embargo, en el comunicado que Repsol envío a la Comisión del Mercado de Valores de España a nombre de Pemex, se informa que esta paraestatal mexicana tiene presencia ininterrumpida desde 1979, cuando fue invitado a invertir en Petróleos del Norte (Petronor), hoy filial de Repsol, del que se convirtió en su primer accionista con una participación de 34.28 por ciento.

Después, asegura Pemex, que fue en 1990 cuando acordó el canje de su participación en Petronor por acciones de Repsol, de cuyo grupo es socio fundador, cuando se convirtió en su segundo mayor accionistas. Así, enfatiza que desde hace 30 años ha tenido presencia en los consejos de administración de dichas sociedades y ha actuado ininterrumpidamente como un socio leal y comprometido con su desarrollo. Por ello, el aumento de inversión realizada en Repsol y el pacto parasocial para mantenerla como una compañía de bandera español son expresión de dicho compromiso.

Para lograr esta participación en Repsol, al margen de las leyes mexicanas que vigilan las inversiones y la renta petrolera de la paraestatal, en donde la inversión privada está prohibida, Pemex y la Secretaría de Energía idearon una compleja administración. Así, los accionistas de RepCon Lux son Stichting Polyphe, una fundación creada bajo las leyes de Holanda y TMF Corportate Services, S.A. (“TCS”), firma constituida bajo las leyes del Ducado de Luxemburgo. El vínculo accionario entre RepCon y Pemex consiste en que la paraestatal realizó un acuerdo con Stichting Polyphe y TCS, a través del cual le fue garantizado el derecho de comprarles a ambas firmas una de las varias acciones que poseen de RepCon.

Ambas cantidades dan un total de 58,679,799 acciones, cuyo precio de compra se pactó en 23.4107 dólares por cada una, precio mayor al existente en el mercado de valores al momento en que se llevó a cabo el acuerdo.

A cambio de esta transferencia, RepCon le pagaría a Pemex todas sus acciones de Repsol, con el producto neto obtenido de la emisión de un bono convertible en 58,679,799 acciones de la compañía Repsol, es decir, con el producto neto de los 58,679,799 bonos convertibles en acciones de Repsol.

La emisión del bono convertible le permitió a Pemex obtener financiamiento bajo condiciones de libre mercado, a cambio de otorgarles a los tenedores de los bonos (a los inversionistas) la posibilidad de convertir sus bonos en acciones de la compañía petrolera Repsol YPF, S.A.

Una vez más, sin embargo, la única información disponible sobre este acuerdo – dice el IFAI – es la contenida en “Circular” para los inversionistas del mercado de valores, por medio de la cual se ofrecieron estos bonos a los mercados de valores internacionales. Pemex omitió informar sobre la operación.

RepCon –Pemex y sus socios– se comprometió a retener el exceso (las ganancias) de los dividendos recibidos por las acciones de Repsol durante cada año fiscal y a acumularlos hasta que se llevara a cabo el intercambio de los bonos. En 2008, ya en el gobierno de Felipe Calderón, se disolvió Repcon y de ello dio cuenta la paraestatal en un escueto comunicado.

Antes, en 1994, Petróleos Mexicanos llevó a cabo operaciones de swaps de activos con BNP Paribas y ABN Amro por 40,107,485 acciones, que representaban el 89.1 por ciento de un total de 44,999,999 acciones que formaban parte de los activos de Pemex, así como de las compañías subsidiarias PMI Holdings B.V. y Pemex Internacional España, S.A., emitidas por la empresa Repsol YPF, S.A. con el fin de obtener recursos para el desarrollo de sus programas de operación, y quedaron 4,892,514 acciones en el portafolios de inversiones de Pemex.

Dicho esquema financiero le permitió a Pemex continuar ejerciendo los derechos corporativos y económicos en la empresa Repsol YPF, S.A., lo que a su juicio le representaba un beneficio estratégico, ya que es uno de sus clientes principales en Europa, así como la posibilidad de readquirir ese paquete de acciones mediante el pago correspondiente.

El 12 de julio de 1999, el Grupo Pemex (Pemex, PMI Holdings B.V. y Pemex Internacional España, S.A.) incrementó su posición accionaria de 4,892,514 a 18,572,314 acciones de Repsol YPF, S.A., debido a que esta empresa aumentó su capital al emitir más acciones, de las cuales Pemex compró 13,679,800 en 279,100.0 miles de dólares.

Con esta nueva adquisición Pemex se convirtió en propietario del 4.94 por ciento del capital social de Repsol YPF, S.A. En diciembre de 2003, Pemex decidió contratar un nuevo swap de activos, consistente en intercambiar un bono de 1,373,738.0 miles de dólares por 58,679,799 acciones de Repsol YPF, S.A. (18,572,314 acciones que poseía y 40,107,485 acciones que obtendría con el finiquito de los swaps de activos contratados en 1994), cuyo precio se pactó a 23.4107 dólares; esta operación se llevó a cabo por medio de la empresa RepCon Lux.

Pemex, concluye el IFAI, históricamente ha monetizado sus acciones de Repsol a través de distintos instrumentos financieros a lo largo del tiempo. Sin embargo, cabe destacar que sean cuales fueren las estrategias financieras seguidas por la paraestatal, “la constante en estas operaciones es que Pemex ha mantenido los derechos corporativos y patrimoniales que otorgan las acciones pero también las pérdidas.

Fue también entre 2003 y 2004 cuando se registraron pérdidas en la operación de las acciones de Repsol, de lo cual se da cuenta en el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2006.

Finalmente, en 2011 Pemex volvió a utilizar su esquema de triangulación de recursos públicos a sus empresas “privadas”, radicadas en paraísos fiscales para la adquisición del 5 por ciento de acciones de Repsol YPF, a través de su filial holandesa PMI Holdings.

Este complicado método de administración garantizará que esa compañía “privada” y PMI Holdings Petróleos España, también de carácter “privado”, se queden con las utilidades, mientras que Pemex asumirá las pérdidas, revela un acuerdo del Consejo de Administración aprobado por Juan José Suárez Coppel, director de la paraestatal petrolera. El dinero público implicado sólo en esa operación supera los 26 mil millones de pesos.

Pemex ha apostado otra vez a la inversión triangulada del dinero público. Así, en nombre y con recursos de la paraestatal, PMI Holdings tiene la nueva participación accionaria del 5 por ciento de la española Repsol YPF (que implica unos 21 mil 760 millones de pesos) y PMI Holdings Petróleos España, el 4.9 por ciento histórico (por 4 mil 291 millones 404 mil pesos).

Al intermediar la compra de acciones de Repsol YPF, Pemex no estaría obligado a rendir cuentas ni a transparentar su multimillonario negocio: los tratos que se operan a través de sus 25 compañías no son auditables. Ello, por su carácter de privadas y porque están sujetas a leyes extranjeras. No obstante, tanto la paraestatal como el exsecretario de Energía han defendido la supuesta legalidad de la compra de acciones. La operación para aumentar la participación de Pemex en la petrolera española Repsol fue transparente y auditable, aseguró a la prensa el ahora secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, el pasado 9 de septiembre.

Pero la opacidad de esta operación no se limita a la ausencia total de información y consulta al Consejo de Administración; tampoco, al manejo de los recursos públicos directamente implicados en las transacciones comerciales y en las futuras utilidades. También alcanza las pérdidas que se registren más adelante.

El mensaje del gobierno federal panista, encabezado por Felipe Calderón, parece decirl que es hora de que nos acostumbremos a que Pemex se maneja como una empresa privada y su beneficio no es para los mexicanos. Sin tiempos distintos, llenos de corrupción y abuso de poder.

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Oficio de Papel Columna semanal del periodista Miguel Badillo

* Panistas y priistas beneficiados con casinos
* Las omisiones de Gobernación y de la PGR
* Casinos, vías libres para el lavado de dinero

Nunca antes como en los gobiernos panistas floreció la industria de juegos y sorteos, legales e ilegales. El Congreso de la Unión, el gobierno federal y el sector turístico, legisladores, funcionarios y empresarios analizaron durante muchos años las repercusiones de permitir esta actividad, y en gobiernos del PRI siempre concluyeron que esta actividad estaba ligada al crimen organizado, al tráfico de drogas, la prostitución y al lavado de dinero sucio.Sobre esto último se discutió su gran vulnerabilidad ante la participación del blanqueo de capitales, como la forma de financiamiento de todo tipo de crímenes. Se pidió que los centros de apuestas y sorteos se instalaran lejos de centros de trabajo; se advirtió sobre el riesgo de generar problemas sociales y sicológicos como la ludopatía y de otros problemas como prostitución, trafico de mujeres y consumo de estupefacientes.

En fin, sobre los juegos y sorteos, sobre la operación de casinos, se revisaron una y otra vez las amenazas relacionadas con la operación de una actividad económica que en otros países, incluido Estados Unidos, genera miles de millones de dólares en inversiones y utilidades, además de generar empleos lícitos e ilícitos bien remunerados, que ayudan a la economía mexicana.

Fue así, con argumentos a favor y en contra, cómo en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se autorizaron y promovieron los “casinos” en México, sin importar que esta actividad está concentrada mundialmente en los casinos de Las Vegas y Mónaco, mientras que en México prácticamente no ha sido un negocio lícito redituable, pero para el crimen organizado ha sido una máscara que le permite lavar millones de dólares, ante la anuencia del gobierno del PAN. Por qué creerle entonces a Felipe Calderón de su “buena” intención de combatir al crimen organizado si promueve los casinos. Una prueba más de su falacia.

En realidad, se trata de centros de juegos y apuestas en donde el 90 por ciento de las actividades de entretenimiento se realizan a través de máquinas tragamonedas, en donde el gasto promedio de los visitantes a estos establecimientos es de 600 dólares, según la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos (APJSAC).

El problema ha sido, sin embargo, que el otorgamiento de permisos se convirtió en moneda de cambio y pago de favores políticos. De esto sabe muchos el precandidato presidencial panista Santiago Creel Miranda, quien como titular de Gobernación en el sexenio foxista otorgó el mayor nñumero de permisos de casas de apuestas.

Algo parecido a muchos contratos que se otorgan en Pemex a contratistas improvisados. Al final, estas historias se convierten en fracasos y problemas para los contribuyentes. En la Secretaría de Gobernación se otorgan los permisos, se recuerdan las obligaciones de la contraprestación (que genera impuestos por más de 400 millones de dólares) y, al final, se aplican las sanciones o revocaciones correspondientes.

El problema es que el proceso puede viciarse de origen y en muchos casos someterse a prácticas de corrupción. Después, en los tribunales se logran amparos en contra de las decisiones del Poder Ejecutivo y se refuerza, en muchas ocasiones, la corrupción que permite la operación de establecimientos que incumplen las disposiciones de la Secretaría de Gobernación. Los jueces no podían quedar fuera tan rentable negocio de corrupción.

Además de estos problemas de origen, los casinos en México también han registrado la metástasis en su operación generada por el crimen organizado, la presencia del dinero sucio y sobre todo la descomposición social. La APJSA advirtió desde el año pasado, en el marco del análisis legislativo para aprobar la Iniciativa de Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, que los casinos “ilegales” eran altamente vulnerables a todos los males que se les atribuía antes de autorizar su operación. Pero yo diría que no sólo los ilegales, también los legales.

La APJSA que representa intereses como los de la española Codere, CIE (Administradora Mexicana de Hipódromo), Televisa, Caliente de la familia Hank con más de ocho empresas permisionarias, entre otros como Promociones e Inversiones de Guerrero, dijo en voz alta que la industria del juego enfrentaba problemas derivados de la ilegalidad y de la informalidad. Denunció, de esta forma, el crecimiento del juego ilegal. Hay indicios, dijo, de la participación de recursos de procedencia ilícita en las salas de juego ilegal, que operan fundamentalmente en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, en donde operaba el Casino Royale, cuyo permiso se otorgó a Ramón Aguirre Velázquez, aquel viejo político priista que llegó a ocupar la regencia del gobierno capitalino y de quien se cuentan negras historias.

El año pasado, en la Procuraduría General de la República, empresarios de este sector a través de la APJSAC interpusieron al menos 30 denuncias contra los establecimientos ilegales que había identificado. Sin embargo, aunque la PGR ha logrado clausurar algunos de estos casinos, se confirmaba que en pocos días volvían a operar sin mayor trámite, ante la pasividad de la Segob, aseguraron representantes de dicha asociación. Ese círculo vicioso orilló a la APJSAC a presentar nuevas denuncias ante la Secretaría de la Función Pública contra los funcionarios que no estaban actuando diligentemente para frenar este problema.

Políticos y casinos

En la revista Contralínea, Zósimo Camacho escribió cómo panistas y priístas han sido los beneficiarios de la operación de negocios como Casino Royale, donde murieron más de 52 personas luego de que el inmueble fuera atacado e incendiado por un comando armado el pasado 25 de agosto. El centro de apuestas –que operaba en la ciudad de Monterrey sin los permisos del municipio, pero con la “autorización” de un juez del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo – era administrado por Cymsa Corporation y Atracciones y Emociones Vallarta, SA de CV.

Aunque Cymsa es la inversionista, las “concesiones” son de Atracciones y Emociones Vallarta, las cuales datan de 1992. Hasta la llegada del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República, la empresa era la que contaba con más autorizaciones (14) por parte de la Secretaría de Gobernación, sólo detrás del Grupo Caliente, de Jorge Hank Rhon.

Vicente Fox, en la Presidencia, y Santiago Creel, en la Secretaría de Gobernación, entregaron cientos de nuevos permisos en 2005 a debutantes inversionistas del ramo, entre los que se encuentra Televisa. Atracciones y Emociones Vallarta era propiedad de Ramón Aguirre Velázquez, quien fuera regente del Departamento del Distrito Federal de 1982 a 1988. Las concesiones para operar casas de apuestas fueron consideradas “premio de consolación”, luego de la primera “concertacesión” entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en 1991: el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari habría negociado con Diego Fernández de Cevallos el reconocimiento del triunfo de Carlos Medina Plascencia en las elecciones estatales de Guanajuato y la derrota del propio Aguirre Velázquez. A cambio, el exregente de la ciudad de México se convirtió en próspero empresario del juego.

Ya en manos de Rodrigo Aguirre Vizzuet, hijo de Ramón Aguirre Velázquez, Atracciones y Emociones Vallarta se asoció con la familia Madero. Se trata de primos del exalcalde panista de Monterrey Adalberto Madero Quiroga. Según declaraciones de Aguirre Vizzuet al diario El Norte, la familia Madero terminó por quedarse con la administración y mayoría de acciones de Atracciones y Emociones Vallarta.

Además de las familias Madero y Aguirre Velázquez, las dinastías Hank, Riva Palacio y Guardia, así como el Corporativo CIE, son las beneficiarias de las concesiones para centros de apuestas y sorteos desde la época del priísmo. Los panistas no sólo han renovado sus permisos, sino que han entregado cientos de nuevas autorizaciones y con su doble moral promueven las apuestas y sorteos.

Vía libre para el lavado

En las salas de juegos y apuestas el movimiento de efectivo y la operación está muy alejado del escenario que predomina en el sector bancario. En la sala de juego, por ejemplo, no puede conocerse al cliente, porque en muchos casos sus visitas son esporádicas, mientras que en los bancos se persigue a trabajadores por ahorrar ahí sus ingresos.

Los empresarios de esta industria argumentan que un interrogatorio directo pondría en peligro la relación “a nadie le preguntan de donde ha sacado el dinero para pagar una cena”, dicen. Esta situación provocaría mayor migración a las salas ilegales y se agudizarían el ingreso de dinero sucio a esos centros de apuestas.

Aceptan, como si fuera una concesión, validar la información que les proporciona el cliente, pero reconocen que tienen muy pocas herramientas para conocerlo. Para ellos el lavado de dinero que se puede realizar en este negocio sólo podría presentarse si el dueño de la empresa está relacionando con actividades ilícitas.

La conclusión evidente es que resultaría muy caro para la sala, si ésta tiene que pagar el impuesto correspondiente, usar la actividad para lavar. Con esta afirmación, las empresas establecidas parecen lanzar una acusación directa sobre los establecimientos que en las zonas fronterizas están surgiendo como hongos. La alerta, sin embargo, debe encenderse en todas las áreas.

Aseguran que usar casinos legales como mecanismo de lavado es escaso y que hacerlo a través de terminales de juego, lo es aún más. El propio GAFI, a través del Grupo Pacífico, emitió un informe de tipología en el que sólo pueden encontrarse dos ejemplos relacionados con máquinas de azar: uno conllevaba la modificación y alteración del software de la máquina para otorgar premios de forma controlada. Esto se evita, dicen los empresarios de este sector, “certificando” los equipos.

En México el 90 por ciento de la actividad en las salas de juego se realiza en las terminales de juego. Un estudio conducido por el Grupo de Acción Pacifico en colaboración con GAFI demostró la total ausencia de casos relacionados directamente con máquinas de azar. Sin embargo, los expertos en este sector advierten la importancia de revisar y adecuar los “sujetos obligados” en materia de juegos y sorteos para incluir como sujetos obligados las múltiples casas de juego sin permiso de Gobernación que operan a través de “amparos”.

También se debe excluir múltiples tipos de juegos y sorteos distintos a las casas de juego que son de bajo nivel de riesgo, tales como: rifas y loterías organizadas por instituciones de asistencia privada y educativa, sorteos promocionales realizados por distintas empresas o concursos y sorteos realizados por radio y televisión u otros medios masivos de comunicación.
En el caso de juegos y sorteos operados por Lotería Nacional, Pronósticos para la Asistencia Pública, Multijuegos, Sorteo Tec y otros similares, únicamente deberían de quedar obligados a reportar los ganadores de premios mayores. En todos los demás casos el enfoque debería ser el recomendado por GAFI desde el año 2007, basado en riesgo, y no en reglas.

Puntos suspensivos…¿Estará al tanto Andrés Manuel López Obrador que funcionarios en delegaciones como Azcapotzalco están solicitando en su nombre “apoyos económicos” para la contienda presidencial del próximo año? Personajes como Plácido Humberto Morales Trujillo, director de Gobierno en esa demarcación política, así como Jorge Eduardo Trejo Herrera, del área de Manifestaciones y Licencias de Construcción, se han hecho presentes ante empresas que necesitan la autorización de la delegación para realizar obras relacionadas con servicios públicos. Ellos aseguran que el dinero que se les ha solicitado, como una especie de “donativo”, sería utilizado para financiar la campaña de Andrés Manuel López Obrador.
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Fraude en el Sistema Nacional de Investigadores

Miguel Badillo *

Por acuerdo presidencial, en 1984 fue constituido el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) como un propósito gubernamental para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnológico en México. Hasta ahora, suman unos 7 mil investigadores en todo el país que integran esa honrosa lista que les permite gozar, además del prestigio, de otro privilegio como recibir un ingreso económico mensual en tres niveles distintos por ser miembros del Sistema: 4 mil pesos nivel uno, 7 mil pesos nivel dos y 10 mil pesos nivel tres.

Con el objetivo de ingresar a esa exclusiva lista, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) indaga si algunos investigadores han falseado sus títulos y otros documentos para recibir cada mes ese beneficio económico sin merecerlo, por lo que se verifica que cada uno de los integrantes del SNI tenga los méritos suficientes para cobrar un salario mensual que proviene del dinero público.

Sólo podrán participar en los concursos de selección convocados por el SNI, aquellos investigadores y tecnólogos que realizan habitual y sistemáticamente actividades de investigación científica o tecnológica y puedan comprobarlo. El Conacyt les exige que tengan un contrato o un convenio institucional vigente para prestar sus servicios de investigación por lo menos 20 horas a la semana, en alguna dependencia, entidad o institución de educación superior o centro de investigación de los sectores público, privado o social de México, en donde tengan por objeto el desarrollo de actividades de investigación científica o tecnológica.

En el caso de las instituciones o centros de los sectores privado y social, éstos deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas (Reniecyt) y deberán tener registrado y vigente un convenio de colaboración con el SNI, o realizar actividades de investigación científica o tecnológica, de tiempo completo, en el extranjero, en dependencias, entidades, instituciones de educación superior o centros de investigación de los sectores público, privado o social y ser mexicano.

En medio de esas exigencias curriculares, académicas y laborales, una destacada doctora que se desempeñaba hasta hace unas semanas como profesora de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana (Uia), ha sido suspendida del Sistema Nacional de Investigadores y es investigada por presentar un supuesto título falso que la avala como doctora en Derecho por una universidad estadunidense que, según el Conacyt, niega que sea auténtico.

Además de encontrarla responsable de falsificar documentos para obtener beneficios económicos gubernamentales, podría ser acusada penalmente, pues al recibir ingresos públicos mediante engaños estaría en la hipótesis de cometer fraude, entre otros delitos.

Mientras eso ocurre en las indagatorias, la primera reacción de la Universidad Iberoamericana fue tratar de alejarse del escándalo que esto significa para esa prestigiada institución académica y decidió revocarle el contrato de profesora de tiempo completo, por lo que hace varias semanas tuvo que dejar su empleo que desde hace siete años ejercía como maestra de diversas asignaturas en la carrera de derecho de esta universidad.

El director del Departamento de Derecho de la Uia, el doctor Víctor Manuel Rojas, dice desconocer los motivos de la renuncia de la profesora cesada e investigada: “yo no veo eso de las renuncias, de eso se encargan las áreas administrativas de la Universidad”; sin embargo, aceptó que aunque sabe que renunció, puede tratarse de un despido simulado de renuncia “para guardar las formas” universitarias.

Para la Universidad Iberoamericana, asegura el funcionario universitario, no hay afectación alguna porque una de sus profesoras esté involucrada en un caso de falsificación de documentos de titulación, pero reconoció que en esa universidad hay un área responsable de investigar que los profesores tengan los méritos y créditos suficientes para impartir clases y, de hecho, “se investigan los títulos que presentan los profesores cuando ingresan”, aunque en este caso pudo haber fallado.

El Conacyt reporta que el SNI tiene por objeto promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, y la innovación que se produce en el país. El Sistema contribuye a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel, como un elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar social, por eso es importante que se investigue que todos aquellos que reciben el honor de formar parte del SNI cuenten con los méritos suficientes y, sobre todo, que los títulos que los avalan sean auténticos.

En su página de Internet, el Consejo explica que el Sistema Nacional de Investigadores, a través de sus miembros, es una agrupación en la que están representadas todas las disciplinas científicas que se practican en el país y cubre a una gran mayoría de las instituciones de educación superior e institutos y centros de investigación que operan en México. En este sentido coadyuva a que la actividad científica se desarrolle de la mejor manera posible a lo largo del territorio y a que se instalen grupos de investigación de alto nivel académico en todas las entidades federativas.

Para realizar su labor, el SNI establece criterios confiables y válidos para evaluar las actividades de investigación que llevan a cabo académicos y tecnólogos, por ello es importante la revisión permanente de que todos aquellos investigadores que formen parte de dicho Sistema estén avalados por escuelas de prestigio y con documentos que prueben sus créditos y méritos.

Tales criterios se expresan en un reglamento jurídico en donde se define su organización y funcionamiento, las condiciones de elegibilidad, los lineamientos que se siguen para nombrar a las comisiones dictaminadoras y la forma en cómo llevan a cabo sus tareas. Por último, incluye los beneficios que se adquieren con la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores y los períodos de duración de los nombramientos.

*Periodista

[TEXTO PARA TWITTER: Investigadora de la Ibero, inscrita en el Sistema Nacional de Investigadores, con título falso]

Fuente: Contralínea 242 / 17 de julio de 2011