Hambre y modelo político-económico

Editorial La Jornada

Ayer, al poner en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre, el presidente Enrique Peña Nieto colocó ese problema entre las prioridades del debate nacional y del gobierno. Negó que el programa inaugurado sea asistencialista y lo describió como una estrategia integral de inclusión y bienestar social, un cambio estructural en materia de combate a la pobreza. Por añadidura, el titular del Ejecutivo federal hizo ver que hasta ahora, cuando existen en el país de millones de personas en situación de carencia alimentaria, el Estado ha sido incapaz de garantizar el derecho a la alimentación, consagrado en el artículo cuarto de la Carta Magna.

Ante los propósitos delineados por la administración peñista es oportuno formular algunas consideraciones sobre los fenómenos sin duda exasperantes de la pobreza extrema y de la carencia alimentaria en el México contemporáneo.
Ha de señalarse, por principio de cuentas, que la generación de pobreza extrema y la ubicación de una parte de la población en situación de carencia alimentaria no sólo se explica por rezagos ancestrales ni por indolencia, ineficacia, insensibilidad y torpeza de las administraciones anteriores, sino, antes que todos esos factores, por la persistencia de un modelo político-económico que ha venido concentrando la riqueza nacional en unas cuantas manos y ha mantenido o multiplicado el número de pobres.
El hambre y las privaciones de amplios núcleos de población no deben verse, pues, como asuntos aislados; son la otra cara de la moneda del proceso de formación de emporios financieros, comerciales e industriales al amparo de las estrategias económicas en vigor desde hace cinco lustros: privatización de las empresas públicas, concesión de los servicios a cargo del Estado, socialización de las deudas privadas, contención salarial, ofensiva antisindical, desregulación de las relaciones laborales y de las normas comerciales, apertura incondicional y dogmática de los mercados –de los alimentarios, sobre todo– a los productores extranjeros, desmantelamiento de instituciones y mecanismos de bienestar social y de redistribución de la riqueza, aplicado todo ello en medio de una gran corrupción.

Si bien es cierto que las consecuencias sociales del modelo neoliberal se han traducido en un estrechamiento de los márgenes de gobernabilidad y en un auge sin precedente de la delincuencia organizada, las cúpulas del régimen político, ya fueran priístas o panistas, han cifrado su perpetuación en el poder en la existencia de grandes sectores marginados, pauperizados y hambrientos, los cuales han sido, para colmo, degradados a la condición de ejércitos electorales de reserva. Esa táctica de utilización de la pobreza con fines electorales fue aplicada durante el sexenio salinista mediante el programa Solidaridad, que consistía en repartir, lista nominal en mano, dádivas en las regiones más afectadas por la pobreza, a fin de asegurar sufragios masivos en favor del partido en el poder. La práctica se ha mantenido básicamente intacta desde entonces; fue adoptada por los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, y el Revolucionario Institucional recurrió a ella en forma masiva y notoria durante el proceso electoral del año pasado.
En suma, el hambre de millones de mexicanos ha sido un gran negocio para unos cuantos y ha sido utilizada por un sector de la clase política para perpetuarse en el poder y mantener, a lo largo de un cuarto de siglo, el mismo modelo económico y político.
Para erradicar el hambre o cuando menos reducirla en forma significativa no basta, en consecuencia, con formular programas gubernamentales. Se requiere de un viraje en la doctrina económica oficial, a fin de anteponer las necesidades sociales mayoritarias a los intereses de los poderes fácticos empresariales y de una verdadera voluntad política para abstenerse de la utilización electorera de los más desfavorecidos, así como aceptar que se ponga en juego, en las urnas, la permanencia o el fin del modelo neoliberal, el cual sigue orientando las políticas económicas oficiales.

Limosnas neoliberales

John M. Ackerman

El nuevo espectáculo mediático de la Cruzada Nacional contra el Hambre no resolverá absolutamente nada si no viene acompañado de un abandono del neoliberalismo excluyente que ha caracterizado la política económica desde hace tres décadas. El hambre y la pobreza extrema no se acabarán con más limosnas o mejor coordinación entre los programas sociales existentes. En lugar de profundizar las políticas paternalistas y clientelares del pasado, hay que iniciar un radical cambio de modelo.

La principal característica del neoliberalismo imperante no es su compromiso con los principios de mercado, sino su obsesión con mantener el control sobre la riqueza en pocos manos. Lo que hemos vivido desde 1982 no ha sido la fallida aplicación de una errada teoría económica, sino la exitosa imposición de una estrategia política de expropiación de la riqueza de la nación en favor de unos cuantos. Libros de Irma Eréndira Sandoval (http://ow.ly/gYcQY) y Dag MacLeod (http://ow.ly/gYcTW), entre otros, han documentado este proceso con gran rigor para el caso mexicano. Un reciente texto de George Monbiot (http://ow.ly/gYaYH) aclara que lo que ha pasado en México no es la excepción, sino la regla a escala internacional.

Como resultado de la aplicación de la estrategia neoliberal, México hoy es uno de los países más desiguales del mundo. Su coeficiente Gini, que mide la desigualdad de ingresos en el país, se encuentra en 0.51, uno de los más altos del mundo. Zimbabue, Venezuela, República Dominicana, China y Ecuador, entre muchos otros países, son más equitativos y justos que México.

El escenario es aún más grave cuanto se mide la desigualdad en términos de riqueza acumulada, en lugar de solamente los ingresos anuales. El abuso tanto del secreto fiscal como de la evasión de impuestos lamentablemente no nos permite tener datos confiables. Los mexicanos ni siquiera sabemos a cuánto ascienden las vastas fortunas de nuestro presidente, su familia y su gabinete, mucho menos las de los empresarios más poderosos.

Sin embargo, un cable diplomático de Wikileaks (divulgado por La Jornada y disponible aquí:
http://ow.ly/gYacs) reveló que, de acuerdo con la embajada estadunidense, la riqueza de los 10 mexicanos más ricos sumaría por lo menos 10 por ciento del PIB del país. Carlos Slim, Alberto Bailleres, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Jerónimo Arango, Isaac Saba, Roberto Hernández, Emilio Azcárraga, Alfredo Harp Helú y Lorenzo Zambrano han sido los grandes ganadores del negocio del neoliberalismo.

El otro lado de la moneda es la vasta impunidad con que cuentan las principales empresas trasnacionales. La negativa de los gobiernos de Barack Obama, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de proceder penalmente contra los funcionarios de HSBC por su complicidad en masivas operaciones de lavado de dinero en México es solamente el ejemplo más reciente. La impunidad de los altos directivos de Wal-Mart, a raíz de su involucramiento en el soborno a funcionarios mexicanos para conseguir permisos de construcción, constituye otro importante botón de muestra. Una vez más se percibe el éxito de la estrategia neoliberal para consolidar un modelo de desarrollo basado en el poder omnímodo de unos cuantos.

El primer paso para combatir al neoliberalismo entonces tendría que ser atacarlo en su corazón y emprender una fuerte redistribución de la riqueza. Habría que considerar, por ejemplo, la imposición de un nuevo gravamen sobre la riqueza o el patrimonio de las familias más adineradas del país. Este tipo de impuestos van más allá del ISR, que solamente cobra un porcentaje de las ganancias, o el IVA, que se aplica sobre el valor agregado, para cobrar un porcentaje sobre todos los activos en posesión de una persona física. Ya existen impuestos similares en Francia y en España, países con mucha menor desigualdad que el nuestro. No existe razón alguna para no considerar su implementación también en México.

Un impuesto sobre la riqueza sería mucho más justo que un aumento al IVA, ya que el IVA lo pagamos todos, mientras el nuevo impuesto solamente lo pagarían los más privilegiados. También generaría enormes cantidades de nuevos ingresos para el Estado que posteriormente podrían ser utilizados para fomentar la inversión y el empleo. La consecuente redistribución de recursos también generaría la demanda e inversión económicas nacionales necesarias para detonar una nueva etapa de desarrollo.

Los pobres no necesitan más dádivas, sino más poder, riqueza y empleo para poder participar activamente en la vida económica y política del país. La verdadera cruzada debería ser en favor de la justicia social, no por la consolidación de los mismos paliativos clientelares de siempre. Ha llegado la hora de que los más ricos regresen un poco de todo lo que han robado del pueblo durante la larga noche neoliberal.
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Twitter: @JohnMAckerman