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4/06/2025

Fortalecer al campo con sentido de nación

Editorial La Jornada


La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, informaron que este año el gobierno federal invertirá 54 mil millones de pesos para aumentar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria, objetivos que conforman el primer punto del fortalecimiento del Plan México presentado el jueves.

Este esfuerzo se desplegará a través de una multitud de iniciativas como Cosechando Soberanía, Alimentación para el Bienestar, Liconsa, Fertilizantes para el Bienestar, Producción para el Bienestar y Productora de Semillas del Bienestar. La primera canalizará créditos a 300 mil pequeños y medianos productores con una tasa de interés de 9 por ciento (menos de la mitad de lo que suelen cobrar los bancos), y se espera que para 2030 llegue a 750 mil beneficiarios. Los créditos tendrán cobertura en caso de imprevistos climáticos y se otorgarán junto a acompañamiento técnico agrícola, investigación y sanidad animal y vegetal, semilla de alta calidad, así como garantías de acceso a un mercado justo, aspecto imprescindible para paliar la pobreza rural acentuada por los grandes márgenes de ganancia de los intermediarios. Fertilizantes para el Bienestar y Producción para el Bienestar llegarán a alrededor de 2 millones de pequeños productores.

En conjunto, estas instituciones y programas buscan aumentar la producción de maíz blanco, frijol, arroz y leche hasta revertir el estancamiento y los retrocesos padecidos durante el periodo neoliberal. Para el maíz blanco, semilla que constituye la base de la dieta mexicana, el objetivo es alcanzar el cien por ciento de autosuficiencia con un millón 200 mil toneladas, 17 por ciento más de lo que se produce hoy. Debe recordarse que, mediante una reforma constitucional presentada por la mandataria, este grano ya se encuentra protegido del empuje de las trasnacionales que buscan remplazar los maíces nativos con semillas transgénicas cuyo impacto en la salud sigue siendo objeto de controversia.

Lo que es incontrovertible es que el herbicida más empleado en los cultivos transgénicos es un cancerígeno prohibido en muchos países y por el cual su propietaria ha debido pagar miles de millones de dólares en indemnizaciones. Asimismo, está comprobado que el régimen de monocultivo en que se siembran todos los transgénicos por motivos de rentabilidad, aunado a los plaguicidas y herbicidas, es causante de una caída catastrófica en la biodiversidad, al aniquilar a las especies vegetales nativas y a toda la cadena alimentaria dependiente de ellas.

La autosuficiencia y la soberanía alimentaria son metas irrenunciables para garantizar el acceso a los nutrientes como un derecho humano y no como una mercancía dependiente de los vaivenes de los mercados internacionales, que responden únicamente a la búsqueda de ganancias. Asimismo, constituyen pilares de cualquier esfuerzo de combate del cambio climático y de resiliencia ante sus efectos, y cobran una importancia máxima incluso en momentos en que nuestro principal socio comercial, que es también el origen de la mayor parte de nuestras importaciones agrícolas, ha emprendido una guerra arancelaria que aumentará los precios y trastocará las cadenas de suministro.

Por todo lo anterior, es de saludarse el lanzamiento de una nueva serie de medidas de apoyo al campo con énfasis en los productores marginados, y cabe esperar que se implemente con éxito para bien de todos los mexicanos.

7/12/2020

Glifosato y producción de alimentos en México



México no es autónomo en la producción de alimentos que cubran las necesidades alimentarias de su población, se halla entre los 10 países que más importan alimentos en el mundo. Nuestra nación posee una gran diversidad de agrosistemas, y muchos de ellos están sustentados en la interacción continua y profunda de los pueblos originarios y las comunidades rurales con la naturaleza y los territorios. Esto implica la generación, transmisión y recreación de conocimientos tradicionales que prevalecen hasta nuestros días, adaptándose de manera dinámica a cambios económicos, climáticos y de diversidad de los recursos agropecuarios, lo cual permite cubrir sus necesidades alimentarias.
Se ha promovido la producción industrial de alimentos, que emplea productos químicos, como herbicidas, con el argumento de asegurar la producción de manera sostenida e inocua. El glifosato es el ingrediente principal de un tipo de herbicida usado para eliminar una gran variedad de plantas durante el ciclo agrícola que, desde el punto de vista de ganancia económica, compiten con el cultivo de interés. Además, el glifosato se utiliza para causar la muerte del cultivo pocos días antes de la recolección yasí poder cosecharlo todo al mismo tiempo, por lo cual los residuos del herbicida permanecen en el suelo, en los mantos acuíferos y en los alimentos.
Su uso aumentó drásticamente a partir de la aparición de los cultivos genéticamente modificados. Asimismo, se emplea en áreas verdes y espacios recreativos, implicando la exposición a este químico a organismos benéficos (por ejemplo, las abejas). Más de 750 formulaciones herbicidas comerciales están hechas con base en el glifosato. Se ha encontrado este herbicida en los alimentos, aun cuando estos han sido procesados. Además, estudios toxicológicos han mostrado que el glifosato provoca daños a los sistemas renal, hepático y reproductivo, así como daño genético, diferentes tipos de cáncer, malformaciones congénitas, Parkinson, trastornos hormonales que se manifestarán en las generaciones futuras.
El pasado 25 de noviembre la Semarnat prohibió la importación de aproximadamente mil toneladas de glifosato, dicha medida fue emergente. El 25 de junio de este año la misma dependencia anunció el diseño de una hoja de ruta para lograr la prohibición total del glifosato en 2024. Ante esto, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) argumentó que, aunque el glifosato está clasificado por la Organización Mundial de la Salud como probable cancerígeno, no existe evidencia científica que lo demuestre, y que, de prohibirse su uso en la agricultura industrial nacional, ésta caería hasta en 50 por ciento. Debe mencionarse que entre las empresas asociadas al CNA, se encuentran productoras y comercializadoras de herbicidas como el glifosato y de cultivos genéticamente modificados: Monsanto (Bayer Crop Science), Corteva Agriscience, Syngenta, Cargill, BASF. Resulta evidente que las firmas anteponen su modelo de negocio sobre la salud.
En el contexto de crisis sanitaria y económica por la pandemia del Covid-19 ha surgido una gran cantidad de voces que alertan sobre la próxima crisis alimentaria en el mundo. Asimismo, llaman la atención para apuntalar la seguridad alimentaria, particularmente en regiones económicamente vulnerables o de alta densidad de población (recordemos que cerca 80 por ciento de la población mexicana vive en las grandes ciudades). Este mensaje puede traducirse como un llamado urgente a replantear la manera en que se producen los alimentos.
El Estado mexicano se encuentra ante una tarea monumental: debe prohibir la comercialización y el uso de agroquímicos altamente peligrosos y al mismo tiempo impulsar un nuevo modelo de producción y comercialización de alimentos, considerando la diversidad agrícola, socioeconómica y cultural; promover el desarrollo de tecnologías que respondan a las necesidades de los diferentes tipos de productores; establecer subsidios focalizados, generar el acompañamiento técnico y poner las bases de los circuitos de abasto regional.
También debe regularse proactivamente la importación de alimentos para fomentar la producción y mercado nacionales, haciendo respetar los derechos consagrados en el artículo 4 de la Constitución: el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, el dere-cho a la protección de la salud, y el de-recho a un medio ambiente sano. Igualmente, el Estado está obligado a promover, respetar y garantizar los llamados Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales que, en su conjunto, enmarcan las posibilidades de gozar de un nivel de vida digna y desarrollar la capacidad máxima de las personas a partir de la libre determinación, lo que se interpreta como impulsar la autonomía alimentaria de las regiones, y no sofocarlas mediante iniciativas o programas de gobierno implementados desde otra realidad, ajena a la diversidad de la producción de alimentos de México. Al complejo escenario para alcanzar la autonomía y justicia alimentarias en México, se suma la advertencia por parte de la representación comercial del gobierno de Estados Unidos para revertir violaciones comerciales sobre productos de la biotecnología agrícola (cultivos transgénicos), incluido el herbicida glifosato, en el marco del acuerdo de libre comercio T-MEC. Tales controversias implicarían una discusión política entre ambos países, por lo que el gobierno mexicano debe tener argumentos que no estén basados únicamente en el principio de precaución por la peligrosidad confirmada del glifosato.

* Departamento de Producción Agrícola y Animal. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

10/19/2019

Feminismo y agroecología: un vínculo por la soberanía alimentaria


Radios Comunitarias
Furia Feminista - Episodio 04
Furia Feminista. Un programa producido por Radio Mundo Real y MMM-Brasil
Nosotras, las feministas, construimos una mirada distinta hacia el mundo. Ponemos luz sobre el trabajo doméstico y de cuidados, que está invisibilizado, y también sobre el trabajo productivo más precario, hecho por las mujeres y disidencias.
En este nuevo programa de FURIA FEMINISTA vamos traer discusiones sobre la relación del feminismo con la agroecología, los comunes y la soberanía alimentaria. Y testimonios de la Marcha de las Margaritas, la primera Marcha de Mujeres Indígenas en Brasil y las manifestaciones por la Amazonia.
Desde La Vía Campesina-Honduras, Wendy Cruz nos comparte el concepto de soberanía alimentaria creado por este movimiento mundial de campesinas y campesinos, y marca la necesidad de vincularlo a la economía feminista.
«Para nosotras, una mujer que no tiene tierra es una mujer sin derechos» – Wendy Cruz, La Vía Campesina Honduras.
Una forma de producir alimentos saludables de manera soberana es conservando y multiplicando las semillas nativas y criollas, como lo hacen los grupos de productoras agroecológicas en la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay. Silvana Machado, de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, nos cuenta esta experiencia y por qué suele considerarse a las mujeres como «guardianas» de las semillas.
Con la música de Il Diluvi seguimos en marcha, ¡hasta que todas seamos libres!
(CC) 2019 Radio Mundo Real

8/12/2019

Conoraf ofrece colaborar en el programa Sembrando Vida



La Confederación Nacional de Organizaciones Agropecuarias y Forestales de México (Conoraf) expresó su intención de colaborar con el gobierno federal en el programa Sembrando Vida.

Armando Rendón Barreda, quien asumirá hoy la presidencia de la agrupación, expuso que dicho esquema es una buena propuesta, pero advirtió que para que cumpla con sus propósitos, debe reconfigurarse en algunos aspectos.

Está bien el programa, pero antes de sembrar, tendríamos que empezar por realizar un análisis de suelo para saber la vocación de la tierra, saber si en realidad tiene las condiciones para plantar ese árbol o planta. Esto debe hacer-se con ciencia, con conocimiento, con tecnología, y creo que esa parte no se ha cumplido.

Por medio de este programa entre este año y el próximo se prevé sembrar un millón de hectáreas con árboles maderables y frutales producidos en viveros comunitarios, oficiales y militares. De acuerdo con la Secretaría de Bienestar se han sembrado 560 mil hectáreas en estados como Campeche, Chiapas, Durango, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Rendón Barreda sostuvo que en la Universidad Autónoma Chapingo, por ejemplo, existen expertos “capaces y profesionales, para hacer estudios de suelo y que programas como este sean exitosos“.

Comentó que si no se toman todas las previsiones, como las mencionadas, y la obtención de plantas de viveros certificados, sólo lograrán sobrevivir 50 por ciento de los árboles que se planten.

Indicó que si hablamos del sureste, éste es muy diverso. Hay que estudiar la tierra, hacer un análisis de suelo, para saber qué se puede plantar. Hay que hacerlo con ciencia y tecnología. De otra forma, alertó, Sembrando Vida” será un programa estéril”.

Asimismo, alertó sobre las crecientes importaciones y producción de transgénicos, en particular el sureste de México, en donde más del 60 por ciento de la producción es transgénica” y añadió que se debe regresar a la semilla de maíz criolla.

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

7/12/2019

Concentran 4 programas la política agroalimentaria

Se evita la intermediación: AMLO
Se benefició a 84 por ciento del padrón
Descarta el mandatario que haya subejercicio; ya no les llegan recursos a los de arriba

La política agroalimentaria del gobierno federal se concentrará en cuatro programas básicos, anunció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. La meta es no tener muchos programas, sino que tengan el alcance suficiente y se entreguen sin intermediarios, explicó.
Se quitan los estigmas a los apoyos
Este año, la federación puso en marcha el programa Producción para el Bienestar; Precios de Garantía y Canasta Básica; Crédito Ganadero a la Palabra, y el programa de fomento a la productividad pesquera y acuícola, con los que busca destinar recursos para el sector agropecuario y de apoyar principalmente a los pequeños productores y buscar la autosuficiencia alimentaria.
Durante muchos años, dijo el mandatario ayer en su conferencia de prensa, se satanizó y estigmatizó los subsidios y los programas de este tipo, a las que se los que se le calificó de paternalistas y populistas.
Al respecto, señaló: Son sofismas, soflamas, para decirlo coloquialmente, de estos corruptos que no tienen ningún sustento conceptual teórico, engañaron vilmente a muchos, no a todos. Entonces, si apoyar a los pobres, a los jóvenes, a los campesinos, si apoyar a los pescadores es ser populista, que me apunten en la lista. No tengo problema de conciencia por eso.
Tras indicar que en pasadas administraciones se optó como medida comprar productos como maíz, trigo, arroz o leche, señaló que la meta es reducir 80 por ciento las importaciones, aunque de ello dependerá el crecimiento económico del país, reconoció el jefe del Ejecutivo federal. Lo que estamos haciendo este año es sentar las bases, agregó.
Como parte del programa Producción para el Bienestar, Víctor Suárez, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura, dijo que se ofrecen apoyos de mil 600 pesos por hectárea para pequeños productores.
De la meta anual de 8 mil 150 millones de pesos para 1.6 millones de productores, ya fueron beneficiados 84 por ciento del padrón, y se aplicó más de 90 por ciento de recursos en este año, lo que les permitirá incorporarlo en los procesos de siembra, explicó Suárez.
Para el presente año fueron incorporados por primera vez como beneficiarios a quienes se dedican al cultivo de café y caña de azúcar.
En cuanto a los precios de garantía, explicó Ignacio Ovalle, titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) –organismo integrado por Liconsa y Diconsa–, se aplican sólo a los productores de menores ingresos.
Precios de garantía y pagos inmediatos
A los productores de maíz, a quienes los intermediarios les compran la tonelada a 3 mil 500 pesos, Segalmec lo compra a 5 mil 610 pesos, por ejemplo. El frijol lo comprará a 14 mil 500 pesos por tonelada; el trigo, en 5 mil 790; el arroz, en 6 mil 120 pesos y la leche, en 8.20 pesos por litro. En total, prevé comprar a 2 millones de productores agrícolas y pecuarios con pagos inmediatos.
Los apoyos económicos y en especie en los cuatros programas que ya se han ejercido en este año, agregó el presidente López Obrador, demuestran que no hay subejercicio en el presupuesto, pero no está llegando a los de arriba, sino a los productores.

Periódico La Jornada

5/14/2018

El mito de EPN


Ana María Aragonés

Enrique Peña Nieto (EPN) señaló enfáticamente que es un mito y una sinrazón proponer la autosuficiencia alimentaria, pues no hay ningún país en el mundo que sea autosuficiente, que debe aspirarse a garantizar la disponibilidad de alimentos, como sucede en México, que tiene una fuerte producción interna, tanto que exportamos más de lo que importamos. Además, hace una apología del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al señalar que los vínculos comerciales entre los dos países [en referencia a Estados Unidos] son profundos y benefician a productores y consumidores en ambos lados de la frontera.
EPN está equivocado, en primer lugar porque sí hay países autosuficientes, entre ellos Canadá, Argentina y Australia. Por otro lado, afirmar que México es una potencia agroalimentaria y exporta más de lo que importa, implicando con ello que la población dispone libre y ampliamente de los alimentos es más que una trampa discursiva. Lamentablemente, las condiciones del país evidencian un panorama que desmiente esa visión optimista del Ejecutivo, pues en 881 mil hogares hubo un niño que comió sólo una vez al día o dejó de comer todo el día. Asimismo, en 10.75 millones de hogares un niño tuvo dificultades para satisfacer sus necesidades alimentarias, como señala Mario Luis Fuentes.
Lo anterior es muestra de que la desigualdad y las asimetrías económicas y sociales son parte del entorno nacional y haber perdido la autosuficiencia alimentaria en los últimos 30 años (Felipe Torres) agudizó el problema como parte de la aplicación irrestricta del proyecto neoliberal que ha mantenido en la pobreza a más de 50 por ciento de la población. EPN hace generalizaciones inaceptables pues invisibiliza los problemas, desaparece el hambre que padece la población, la insuficiencia de ingresos, así como la anómala distribución alimentaria, todo lo cual es violatorio de los derechos fundamentales, como es el acceso a la alimentación (Amartya Sen).
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri­cul­tura (FAO) acentúa la importancia de que los países alcancen la se­guridad alimentaria, para lo cual requieren producir por lo menos 75 por ciento de los alimentos que consumen, y México sólo produce 55 por ciento. Por tanto, no es ninguna irracionalidad, sino que es la forma de evitar poner en riesgo los alimentos de la población al depender de un país tercero que puede maniobrar por intereses espurios el envío de un producto estratégico. Y menos en la situación actual, en que el presidente del país que nos surte de esos productos es el inestable Donald Trump. La historia ha mostrado cómo la posible manipulación política de los alimentos se convierte en un enorme riesgo. Recuerda Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que la caída del muro de Berlín se debió el embargo de trigo por parte de Estados Unidos.
Hacer afirmaciones como las sostenidas por EPN enmascara uno de los efectos más nocivos de la firma del TLCAN que fue la devastación del campo, cuya consecuencia es el incremento extraordinario de la migración de campesinos que no pudieron enfrentar la apertura indiscriminada y la liberalización comercial en tanto que fueron totalmente desprotegidos por los gobiernos al no darles las mismas condiciones que obtuvieron sus competidores del norte, es decir, subsidios elevados y todo tipo de seguros para su producción. De ahí la gran ironía, Estados Unidos se mantuvo como potencia agroexportadora porque, además de los beneficios otorgados incorporó a los campesinos migrantes mexicanos, que indocumentados y vulnerables favorecieron la competitividad de sus productos debido a los bajos costos laborales que se les fijó.
El gobierno mexicano se equivocó de política pública para el campo, y lo más lamentable es seguir sosteniendo, después de tantos años, que México es una potencia agroalimentaria cuando tiene que importar la parte estratégica de la dieta básica de la población.

3/01/2018

Treinta años de transgénicos en México

Informe del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)
desInformémonos

El pasado 15 de febrero, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) presentó su informe “Informe: Treinta años de transgénicos en México” en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) en la Ciudad de México.
Introducción:
En este documento hemos intentado reunir, por primera vez, los resultados más destacados al hacer el trabajo de indagar cuál ha sido, hasta el momento, el avance de los organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos en México, a través de la localización geográfica de los sitios donde diversas instituciones y empresas han solicitado al gobierno mexicano la liberación de este tipo de cultivos al ambiente, con o sin ninguna medida de control.
El archivo cartográfico que nos ha servido para mostrar esta panorámica de los OGM a nivel nacional, fue construido tomando como base información oficial de prácticamente tres décadas, razón por la cual, nombramos este documento Treinta años de transgénicos en México. Para ello, hemos hecho uso de diversos informes con los ensayos autorizados para la siembra de OGM que, según esos documentos, dieron inicio en nuestro país en el año de 1988. Además, organizamos y procesamos la información contenida en parte de los dictámenes y registros con las solicitudes, que han sido presentadas por las empresas de transgénicos a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), desde el año 2005, hasta agosto de 2017. Finalmente, complementamos la información con la revisión de un conjunto de comunicados, leyes, reglamentos, etc., que aportan al lector algunos aspectos básicos (términos, nombres de instituciones y sus funciones, entre otros) para permitir una mejor interpretación de los datos que aquí presentamos.
Esperamos que el contenido de este nuevo material se convierta en una aportación útil para la discusión del tema, sobre todo, en un contexto donde algunos personajes del gobierno y los representantes de un grupo muy reducido de instituciones y empresas (principalmente extranjeras), pretenden continuar con la imposición de la producción y consumo de transgénicos en nuestro país, aún cuando las comunidades directamente afectadas, grupos de académicos y científicos a nivel nacional e internacional, etc., siguen fundamentando por qué es necesaria e incluso decisiva la oposición a este tipo de proyectos.
Situación general del avance territorial de los cultivos transgénicos en México:
Cuando internacionalmente las empresas e instituciones de transgénicos y sus promotores comenzaron a difundir su conocido discurso sobre los supuestos beneficios en la aplicación de la biotecnología, México fue uno de los primeros países donde dieron inicio las solicitudes para realizar ensayos experimentales con OGM.
En México, la historia de la “liberación” legal de transgénicos al ambiente comenzó cuando en 1988 la empresa Sinalopasta (en aquel entonces propiedad de la estadounidense Campbell’s) solicitó la autorización para la siembra experimental de tomate transgénico, la cual le fue autorizada ese mismo año.
El mapa 1 muestra la ubicación de esa primera solicitud de 1988 y los 356 sitios solicitados para la liberación de transgénicos que le han seguido hasta agosto de 2017. Este mapa une de forma general la ubicación de todos los permisos para el cultivo de transgénicos en el territorio mexicano.
Periodo 1988 al año 2004
 
A principios de los años noventa, la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) fue la responsable de la bioseguridad y se apoyó en un grupo interdisciplinario de científico que constituyeron el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola (CNBA), quienes definieron la política, con base en el “principio precautorio” y el establecimiento de la carga de la prueba a los productores de OGM y se elaboró la NOM 68 FITO (1994), antecedente de la NOM 056 FITO 1995, para el manejo de transgénicos [2].
En 1999 fue creada la CIBIOGEM, integrada por seis secretarías de estado.
En 1993, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) solicitó la primera prueba de campo para maíz transgénico, a la que le siguieron otras del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMYT).
Todos estos ensayos se realizaron en una escala mínima, nunca mayor a una hectárea y tomando medidas estrictas de control. Entre 1996 y 1998, ante el crecimiento de solicitudes de experimentación en campo con maíz transgénico, el CNBA recomendó establecer una moratoria a su siembra, por ser país centro de origen y diversidad. La SAGARPA en 1999 puso en marcha una moratoria de facto a la siembra experimental y comercial de maíz transgénico, que se mantuvo hasta el 2005. [3]
Entre 1998 y 2004, se otorgaron 317 permisos a 38 empresas, 3 institutos de investigación, universidades, etc. para 26 cultivos experimentales de OGM en 48 sitios, de 17 estados del país. La superficie total sumó 667,510 hectáreas, casi el 90% de ésta para algodón, en fase experimental o piloto.
Notas:
[1] La empresa Sinalopasta fue adquirida en el año 2012 por la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente.
[2] Destaca que el 20 de diciembre de 1995, fue publicado en el Diario Ofi cial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-056-FITO-1995 , aprobado el 7 de noviembre de 1996 y, que desde ese momento, comenzarían a defi nirse de forma más específi ca qué características tendrían las medidas de control o requisitos establecidos por el gobierno mexicano, para la importación y liberación al ambiente de transgénicos. En cuanto al marco institucional, en el año 1999 fue creada la CIBIOGEM, integrada por titulares de la SAGARPA, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Economía (SE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
[3] José Antonio, Serratos Hernández, “Bioseguridad y dispersión de maíz transgénico en México”, en Revista Ciencias 92-93, UNAM, octubre 2008- marzo 2009, México p. 133-134.
Publicado originalmente en Otros Mundos Chiapas

1/13/2018

La revolución de datos no debe olvidar a mujeres y niñas

Este es un artículo de opinión de Jemimah Njuki, especialista en agricultura, seguridad alimentaria y empoderamiento de mujeres y trabaja como especialista en el Centro de Investigación y Desarrollo Internacional de Canadá. Además forma parte del Aspen Institute New Voices Fellow.

Las mujeres son la mayoría en la pequeña agricultura en África. Crédito: Kristin Palitza/IPS.
OTTAWA, 10 ene 2018 (IPS) - Si hay un principio político que ha permanecido constante a lo largo de la historia es que la tenencia de la tierra implica poder, lo que es particularmente cierto, y a veces hasta doloroso, para las mujeres de África.
En ese continente, las mujeres tienen muchas más probabilidades de dedicarse a la agricultura que los hombres, y también son las que tienen menos garantías de derechos y suelen contar con pequeños terrenos y de menor calidad.
Como investigadora que estudia el papel del género en la agricultura, me gustaría contribuir a hacer frente a las injusticias porque cuando los derechos a la tierra de las mujeres son sólidos, la producción aumenta, tienen mejores ingresos y más poder de negociación en el hogar.
Las investigaciones muestran que los derechos sólidos implican otros beneficios, como mejor nutrición infantil y mayores logros de las niñas en la educación.
Pero a medida que profundizo en el tema, me encuentro con otra constante política, y es que la información es poder. Y una manifestación de la crónica negligencia de mujeres en la agricultura es la falta de datos que las ayudarían a aclarar y hacer frente a las dificultades.
Por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates lanzó la Goal Keepers Initiative (“Iniciativa de Guardameta”), que realiza un esfuerzo concertado para rastrear el progreso para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Lo primero que hice al analizar el primer informe del programa publicado hace unas semanas, fue ir al Objetivo 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.
Al analizar los indicadores de género, que incluyen la proporción de mujeres con derechos a la tierra, me encontré varias veces con la frase “datos insuficientes”, ¡en letras mayúsculas rojas!
Sin datos es imposible rastrear los avances ni identificar políticas e intervenciones que apunten a la igualdad de género. Para desarrollar soluciones, ya sea en torno a los derechos a la tierra o a los muchos otros desafíos que deben afrontar mujeres y niñas, necesitamos datos que subrayen los problemas actuales y evalúen su impacto.
Un buen ejemplo de cómo los datos específicos por sexo impulsan el progreso está en la inclusión financiera.
Esos datos nos dan información sobre quién accede a qué productos, qué canaliza su uso y los brechas existentes. Ser conscientes de esos vacíos es fundamental para superarlos, y esto es imposible sin datos discriminados según hombres y mujeres.
En Ruanda, el uso de datos discriminados por sexo permitió apuntar a grupos excluidos del sistema financiero, mejorando así el índice de inclusión de 20 por ciento, en 2008, a 42 por ciento, en 2012.
Un informe de Data2X, de la Fundación de las Naciones Unidas, señala que cerca de 80 por ciento de los países cuentan con datos discriminados por sexo sobre mortalidad, participación en la fuerza laboral y educación y capacitación.
Pero menos de la tercera parte de ellos cuentan con estadísticas discriminadas en materia de sexo en empleos informales, de propiedad y gestión empresarial y de trabajo no remunerado ni recolectan datos sobre violencia contra la mujer.
La situación hace que se tenga un panorama incompleto de la vida de mujeres y hombres y de las brechas persistentes, lo que limita el desarrollo de políticas y de programas que hagan frente a las desigualdades.
Un desafío clave para la recolección de datos está en la inversión. Se necesitan fondos para ello y conocer la situación de mujeres y niñas en diferentes ámbitos como local, nacional e internacional.
Un estudio realizado en 2012 por la División de Estadística de la ONU, en colaboración con comisiones regionales del foro mundial, muestran que de los 126 países que respondieron, solo 13 por ciento tenían un presupuesto separado para contar con  estadísticas precisas de género, 47 por ciento dependía de fondos ad-hoc o de proyectos y el restante 39 por ciento, directamente no tenían nada.
En 2016, la Fundación Bill y Melinda Gates invirtió 80 millones de dólares para mejorar la recolección de datos por sexo.
En Uganda, el estudio Medición de Estándares de Vida del Banco Mundial colabora con la iniciativa Evidencia y Datos para la Igualdad de Género y la Oficina de Estadística local para recoger y analizar los derechos de propiedad de los distintos integrantes del hogar.
Es útil saber, por ejemplo, qué activos poseen las mujeres para desarrollar programas y políticas que beneficien tanto a ellas como a los hombres y que achican la constante brecha de género.
En el Centro de Investigación y Desarrollo Internacional de Canadá, apoyamos el registro de eventos civiles y vitales por sexo, como fecha de nacimiento y muerte, para contribuir a registrar el avance en indicadores como la salud sexual y reproductiva de las mujeres y la mortalidad infantil.

Todavía no hay datos a escala global sobre cómo las mujeres son propietarios de tierras consuetudinarias.
Uno de los desafíos es que las reglas, las normas y las costumbres que determinan la distribución de tierras y recursos pertenecen a instituciones sociales como la familia, el parentesco, la comunidad, los mercados y los estados.
Por ejemplo, cuando visité Malí en 2012, participé en una reunión comunitaria en una aldea y presencié cómo el jefe local concedía derechos sobre unas tierras a un grupo de mujeres para que pudieran cultivar juntas y ganarse la vida. Pero no había documento ni registro formal.
Sin esos datos, cuando se privatiza la tierra o se formaliza la tenencia, las mujeres suelen perder el control de esos terrenos consuetudinarios.
Por ejemplo, tras la independencia de Kenia, Uganda y Zimbabwe, durante el registro de tierras y la experiencia de formalización, la falta de datos y de consideración de las mujeres en los derechos consuetudinarios hizo que los documentos quedaran a nombre del jefe de hogar, a menudo un hombre.
De esa forma, la autoridad sobre el uso, la venta y el control de la tierra quedó en manos de los hombres, y las mujeres perdieron el derecho y el acceso que tenían antes.
Agencias internacionales y gobiernos deben comprometerse a invertir en la recolección de más datos sobre mujeres y niñas.
Achicar la brecha de género no solo es útil para evaluar los avances hacia los ODS, sino para señalar qué intervenciones funcionan y qué es necesario hacer para acelerar los avances hacia la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas.
Lo que se mide, importa, y lo que importa se mide, y las mujeres y las niñas importan.

Traducido por Verónica Firme

12/24/2017

Aumentó monto para comprar alimentos básicos en el exterior

De diciembre de 2012 a octubre pasado, 20,232.7 mdd para importar maíz, trigo, arroz y frijol

Las mayores compras foráneas fueron del grano más consumido en el país, con 12 mil 128.2 mdd


México incrementó la cantidad de recursos que destinó en los primeros cinco años de este gobierno para comprar en el extranjero cuatro granos de consumo generalizado, respecto del monto erogado en el periodo comparable del sexenio anterior, de acuerdo con información del Banco de México.
Entre diciembre de 2012 y octubre de este año, la importación de maíz, trigo, arroz y frijol requirió divisas por 20 mil 232.7 millones de dólares, cantidad que superó en 15.65 por ciento al valor de las importaciones de esos mismos productos en el periodo comparable del sexenio anterior, según los datos del banco central.
El mayor crecimiento porcentual en las importaciones de granos básicos ocurrió en el caso del maíz, uno de los productos de mayor consumo en la dieta de la población.
Desde el inicio de la actual administración y hasta octubre pasado, México importó maíz con un valor de 12 mil 128.2 millones de dólares, cantidad superior en mil 929 millones de dólares a las compras realizadas en el exterior durante el periodo comparable del gobierno pasado, cuando fueron de 10 mil 199.1 millones de dólares. Ello representó un incremento de 18.91 por ciento, según los datos del banco central.
El segundo mayor crecimiento, de entre esos cuatro granos básicos, ha sido el del trigo. En el transcurso del actual gobierno, su importación sumó 5 mil 710.6 millones de dólares, cantidad que superó en 12.58 por ciento a la registrada en el periodo comparable de la administración pasada, cuando las compras de trigo al extranjero alcanzaron 5 mil 72.4 millones de dólares, mostraron los datos del Banco de México.
Mientras tanto, las importaciones de arroz sumaron, también en el tiempo transcurrido desde el inicio del gobierno actual, mil 831.4 millones de dólares, cantidad que superó en 9.10 por ciento a la empleada para pagar las compras al exterior en periodo similar de la administración anterior, cuando fueron mil 678 millones de dólares.
En cuanto al frijol, las importaciones de esta leguminosa fueron de 562.4 millones de dólares, 3.47 por ciento más que en entre diciembre de 2006 y octubre de 2011, cuando sumaron 543.6 millones de dólares, de acuerdo con los datos del Banco de México.
La importación de alimentos en México es equivalente a 6.08 por ciento de la importación total de mercancías que realiza el país, una proporción menor a la del promedio para la región de América Latina y el Caribe, que es de 7.50 por ciento, según datos del Banco Mundial actualizados al cierre de 2016.

Roberto González Amador
Periódico La Jornada
Miércoles 20 de diciembre de 2017, p. 20

8/29/2017

El lado oscuro del TLCAN en alimentos


Dainzú Patiño / @DainzuP (Expansión) -
La importación de productos agropecuarios desde Estados Unidos generó dependencia de México sin mayores beneficios a consumidores, consideran representantes del sector

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no ha sido del todo conveniente para México en materia de alimentos al generar dependencia en sus importaciones y mayores precios al consumidor final.
En la actualidad México importa el 45% de los alimentos que consume, lo que ha colocado al país en una situación de dependencia alimentaria, sobre todo con Estados Unidos, que provee casi la mitad de esos productos, comentaron representantes de este sector en conferencia de prensa conjunta.
En 2016, el valor de las agroexportaciones de Estados Unidos a México sumó 13,125 millones de dólares (mdd), 5.3 veces más de lo que se exportaba antes del TLCAN, refieren cifras del Buró de Censos estadounidense.
"Si sigue esta tendencia, el 80% de las importaciones de alimentos vendrán de Estados Unidos en 2030”, dijo Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).
Los alimentos más enviados de Estados Unidos a México son: maíz, carne de cerdo, trigo, leche en polvo y carne de pollo.
“En el proceso de renegociación del TLCAN, no se habla de importaciones, es una manipulación de la información, las importaciones nos han colocado en una situación de dependencia alimentaria", advirtió Suárez.
El TLCAN representó una oportunidad para importar más alimentos, lo que implicó menos producción y apoyo para el campo mexicano, que se vio en desventaja frente a los productores en Estados Unidos que reciben subsidios del gobierno, comentó Enrique Bojórquez, director general de Sucroliq, empresa mexicana productora de azúcar líquida.
De acuerdo con Bojórquez, el gobierno estadounidense da subsidios a productores del campo por arriba de 3,500 mdd al año.
Cifras de la ANEC detallan que de 1997 a 2005, las importaciones a menores precios de maíz, soya, trigo, carnes de res, puerco y pollo, afectaron el ingreso de los productores mexicanos que dejaron de vender 12,882 mdd.
Estados Unidos envía alimentos por "abajo del costo de producción; una práctica desleal de comercio denunciada por productores al gobierno mexicano”, informó el director de la ANEC.

Eclipsa beneficio

Aún con importaciones a precios bajos gracias a un dólar menos fuerte, el consumidor mexicano no ha visto beneficios en los precios de los alimentos en lo que va de 2017.
Esto se refleja, en parte, en el alza de precios en los productos agropecuarios en mayo de 6.43%, en junio de 8.42%, y en julio de 11.98%, a tasa anual.
Lo anterior pese a que en la primera mitad del año el peso se apreció frente al dólar 14%, la mejor cifra vista desde el primer semestre de 2011, lo que hubiera significado importaciones de alimentos a menores precios.
“Si estamos importando a precios bajos, y no se vende a precios bajos al consumidor, quienes se están beneficiando son los grandes intermediarios, los grandes procesadores, los grandes distribuidores”, dijo Suárez.
Los representantes de la ANEC y Sucroliq coincidieron en que la renegociación del TLCAN seguirá representando una amenaza para el campo mexicano, pues los beneficios que se buscan van más dirigidos a las empresas multinacionales, y no a pequeños, ni medianos productores en México.
En su página de internet la ANEC propone un nuevo acuerdo de cooperación y complementación con Estados Unidos, "no de mayor desregulación para dejar todo en las manos del mercado".
¿El nuevo TLCAN contemplará los trabajos agrícolas temporales en EU?

8/22/2017

TLCAN: El sector agrícola de EU no quiere cambios bruscos


6/10/2017

Campesinas de Zimbabwe, en pos de la seguridad alimentaria

Capacitación y créditos para enfrentar crisis y cambio climático


El Programa Mundial de Alimentos apoyó a 95.000 personas en Zimbabwe en 2016 mediante la recuperación o creación de activos comunitarios, como los sistemas de recolección de agua. Crédito: PMA.

“¿Quiere tomates o boniatos (camote)? ¿Cuánto tiene?”. Los gritos de las vendedoras se oyen desde lejos a medida que uno se aproxima a Domboshawa, una localidad 30 kilómetros al noreste de la capital de Zimbabwe, Harare.

Decenas de mujeres y niños que cargan con verduras, bolsas de boniatos y recipientes llenos de productos agrícolas gritan por encima del estruendo de los vehículos en movimiento, con el fin de vender sus productos a cambio de una reducida ganancia.

Tsitsi Machingauta, de 32 años y propietaria de una granja de dos hectáreas en la zona, se queja de los numerosos problemas que padecen los pequeños agricultores, que van desde la podredumbre de los productos en los campos debido a las fuertes lluvias que el país experimentó este año, hasta la mediocre red vial que restringe su acceso a los mercados.

“Incluso cuando las cadenas de supermercados nos compran productos, pagan muy poco porque no tenemos poder de negociación. Debido a las limitadas ganancias, apenas podemos ganarnos la vida y ni que hablar de enviar a nuestros hijos a la escuela”, aseguró Machingauta a IPS.

La mujer, fundadora y directora del Sindicato Agrícola de Mujeres, una organización que apoya a las pequeñas agricultoras en Domboshawa, explicó cómo la falta de conocimiento para aprovechar la tecnología y el tiempo limitado para acceder a la capacitación, además de las consecuencias del cambio climático, agravaron la situación de las mujeres en la zona.

Según el Ministerio de Asuntos de la Mujer, Género y Desarrollo Comunitario de Zimbabwe, las mujeres constituyen 70 por ciento de la población rural y 86 por ciento de ellas se dedican a la agricultura. Pero de los pequeños agricultores que se beneficiaron del programa de reforma agraria estatal, solo 18 por ciento eran mujeres.

Un estudio realizado en 2016 por la Cámara Nacional de Comercio sobre mujeres emprendedoras reveló que pocas de las numerosas pequeñas agricultoras cumplen con los rigurosos requisitos que exigen los bancos para concederles un préstamo. Por eso es más probable que las mujeres operen en el sector informal.

Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre pequeños propietarios y agricultores familiares, si las agricultoras tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los hombres podrían aumentar el rendimiento en sus establecimientos entre 20 y 30 por ciento, lo cual sacaría de la pobreza a entre 100 y 150 millones de personas.

Ali Said Yesuf, asesor técnico de la FAO, dijo a IPS que el Departamento de Desarrollo Internacional de Gran Bretaña financió 72 millones de dólares para implementar el Programa de Subsistencia y Seguridad Alimentaria (LFSP), con el fin de aumentar la productividad y los ingresos agrícolas, mejorar la seguridad alimentaria y nutricional y reducir la pobreza en las zonas rurales de Zimbabwe.

“El LFSP abordará activamente las limitaciones específicas que enfrentan los pequeños agricultores, particularmente las mujeres, a la hora de mejorar la productividad de sus granjas y participar en los mercados”, según Yesuf. El proyecto abarca ocho distritos en Zimbabwe.

Las intervenciones tienen en cuenta las limitaciones temporales, que son consecuencia de las numerosas responsabilidades domésticas que recaen sobre las mujeres. El LFSP promueve tecnologías que ahorran mano de obra, tales como la mecanización en la agricultura de conservación, las descascarilladoras y las tecnologías de extracción de agua, así como estufas de madera más eficientes.

Los servicios de extensión y de capacitación se realizan cerca de los hogares para evitar interrupciones en las rutinas de las mujeres, explicó Yesuf.

“Las cadenas de valor como las aves de corral – pollos de engorde y autóctonos – y el maní (cacahuate), que se perciben como un dominio de las mujeres, también reciben preferencia. Esto les permite tener cierto control sobre los ingresos derivados”, añadió.

El LFSP también asegura la participación de las mujeres en la toma de decisiones, como su pertenencia a comités rurales, consejos de ahorro y préstamo y asociaciones de productos básicos, y en el trabajo con mujeres y hombres para integrar las relaciones de género dentro del hogar.

El programa también promueve mejorar el conocimiento de las mujeres sobre los mercados.

El LFSP aplica el enfoque conocido como Sistemas de Aprendizaje de Acción de Género, que brinda espacios seguros para que las comunidades integren la toma de decisiones y las relaciones de poder.

Así, “los hogares y las comunidades se han comprometido a promover prácticas no opresivas, que reconoce la importancia de compartir roles”, afirmó Yesuf.

A medida que las mujeres son conocidas por sus buenas prácticas de ahorro, el LFSP ha mejorado y construido estas iniciativas mediante el ahorro y los préstamos internos a través de la capacitación y el desarrollo de capacidades y la introducción de actividades generadoras de ingresos.

Las mujeres de la provincia de Midlands han transformado sus vidas con el proyecto de Extensión y Capacitación para la Agricultura Rural del LFSP, como le sucedió al grupo de ahorro y préstamo de Vavariro.

“Comenzamos contribuyendo pequeñas cantidades de dinero, desde tres dólares por persona”, informó Virginia Gomana, una integrante del grupo.

“Ahora nos aventuramos en grandes proyectos que nunca pensamos que haríamos, como la cría de cabras y la horticultura, y esto nos permitió tener nuestros propios hogares. Vavariro también se convirtió en una plataforma donde podemos intercambiar ideas, fortalecer nuestras habilidades”, agregó.

Yesuf dijo que también se recurrió a las instituciones financieras para apoyar mejor las necesidades de estas mujeres. “Las mujeres acceden a préstamos de instituciones microfinancieras… con garantías grupales”, explicó.

*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.

Por: Sally Nyakanyanga*
Cimacnoticias | Harare.- 

4/11/2017

Sometidos a Trump



Pedro Miguel
El domingo pescaron a Tomás Yarrington en Florencia. Italia. Es uno de esos pocos casos en los que los grupos en el poder actúan de manera precavida, se deslindan de uno de sus mafiosos, se adelantan a fincarle responsabilidades y evitan, así, daños políticos mayores. Desde 2012 la PGR emitió una orden de aprehensión del ex gobernador tamaulipeco. Otra cosa es que haya existido, o no, la voluntad para cumplirla; el lustro transcurrido desde que se giró la orden de captura hasta la detención del individuo hace pensar que no, como no parece haberla en los casos de los Duarte y manifiestamente no la hay en el de Borge Angulo.
Otros ex funcionarios han sido apresados en días recientes por la policía de Estados Unidos. El más conocido es Édgar Veytia, quien fue capturado cuando aún se desempeñaba de fiscal general de Nayarit, el 23 de marzo, en San Diego, por acusaciones de narcotráfico. Unos días más tarde cayó preso en Phoenix Carlos Manuel Villalobos Organista, ex senador panista, acusado de desviar presupuestos destinados a seguridad, educación y salud cuando se desempeñaba de secretario de Hacienda en el gobierno de Guillermo Padrés Elías, en Sonora. También se dio a conocer que un individuo que sirvió de enlace entre la Policía Federal mexicana y la DEA estadunidense, identificado únicamente como Iván N, se entregó a principios de mes a la fiscalía de Chicago para responder por cargos de obstrucción de acciones de inteligencia y vinculación con un grupo delictivo.
Tanto los ex funcionarios detenidos por Washington como los delincuentes sin cargo oficial que han sido capturados o entregados en extradición por el gobierno de Peña Nieto (el más prominente es El Chapo) aportan a la administración de Donald Trump una masa de información sobre los entresijos de la corrupción en México, las complicidades entre funcionarios y grupos delictivos y la inoperancia deliberada de los organismos supuestamente encargados de procurar justicia y responsables, en los hechos, de procurar impunidad.
Washington tiene otras fuentes y otros métodos para hurgar en la criminalidad gubernamental al sur del Río Bravo. Un caso conocido es el espionaje sistemático, masivo y de alta tecnología aplicado por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en inglés) sobre funcionarios y políticos de diversos niveles. Por ejemplo, como parte de la información obtenida por Edward Snowden, el 1º de septiembre de 2013 se dio a conocer un documento interno de esa dependencia en el que se informaba que en dos semanas de esfuerzo intensivo de espionaje, la NSA había conseguido 85 mil 489 mensajes de texto intercambiados entre Peña Nieto (por entonces, candidato presidencial) y nueve de sus más cercanos colaboradores (https://is.gd/MTDL8o). El documento filtrado por Snowden era una presentación interna para instruir a empleados de la NSA en las técnicas del espionaje digital y sólo especificaba, por ejemplo, el contenido de dos de esos mensajes. Otra revelación obtenida gracias a Snowden es que la inteligencia militar estadunidense también consiguió información interna lucrativa a partir del hackeo de la cuenta de correo de la Presidencia de México en el sexenio de Calderón (https://is.gd/JVxoL1).
Entre espionaje y confesiones de delincuentes presuntos o confesos capturados por Estados Unidos, el gobierno de ese país ha logrado hacerse con una formidable capacidad de chantaje sobre los gobernantes mexicanos del PAN y el PRI, ejecutores serviles de los dictados económicos, políticos y estratégicos de Washington en nuestro país.
Tal circunstancia no sólo explica la plena sumisión de tales gobernantes a los dictados del norte sino también la preferencia de Trump, recientemente expresada vía su secretario de Seguridad Interior, John Kelly, por un nuevo gobierno panista o priísta a partir de 2018: no otra conclusión puede extraerse de lo dicho por éste y por el senador John McCain en el sentido de que no quieren en México un presidente de izquierda. La administración republicana desea que el vecino del sur sea gobernado por alguna fórmula conocida, es decir, alguien de quien pueda lograr docilidad mediante datos comprometedores. En suma, aunque las candidaturas priísta y panista de cara a 2018 aún no se han definido, es claro que estarán de antemano sometidas a Donald Trump.
Twitter:@Navegaciones

10/30/2016

Megatratados comerciales y soberanía alimentaria



Miguel Concha
El mundo atraviesa por un proceso de reconfiguración de regiones en megarregiones comerciales, lo que nos convoca a reflexionar sobre el presente, aunque, con base en experiencias del pasado, sobre lo que debemos evitar para el futuro. Estamos en un momento clave para prevenir, en el caso de algunos países, o bien para evitar a toda costa en otros, la continuidad e implementación de políticas económicas basadas solamente en la lógica de la acumulación y la concentración de la riqueza. Este es, pues, un momento que nos obliga a hacernos cargo ética y políticamente de una realidad que se caracteriza por estar en medio de una crisis de la civilización capitalista que, como diría Armando Bartra, con un origen unitario, el modelo capitalista tiene expresiones multidimensionales y de alcances planetarios. Es por ello importante en este sentido cobrar conciencia de que hoy se negocian decenas de tratados comerciales que se caracterizan por abarcar dimensiones intercontinentales y conexiones entre regiones mundiales que ahora se consideran estratégicas, como la región Asia Pacífico, o que pretenden ampliar el control y la conservación de privilegios, como en el caso de algunos países de Europa, y de Estados Unidos. Todo bajo la conducción e intereses del poder corporativo, el cual se apresta a definir las reglas de esta reconfiguración mediante, por ejemplo, megatratados comerciales.
Convocadas por la Comunidad de Estudios Jaina, el Instituto Agropecuario de San Andrés, así como por la oficina en Bolivia de la Fundación Friedrich Ebert, entre otras instituciones, diversas representaciones de movimientos, organizaciones e instituciones académicas críticas de Ecuador, Argentina, Uruguay, Canadá y Bolivia se reunieron del 25 al 28 de octubre en las ciudades de Tarija y La Paz en torno a las jornadas Megaacuerdos, el impacto en la soberanía alimentaria y alternativas desde los pueblos. En dicho encuentro se dieron cita también la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, de México, y la Convergencia México Mejor Sin ATP, articulaciones que están contra los tratados de libre comercio y defienden la soberanía alimentaria. La discusión versó sobre los impactos de los tratados de libre comercio en los países que los han firmado, los retos a los que se enfrentan bajo la lógica de la competitividad los que todavía no lo han hecho y los desafíos que tenemos como pueblos ante esta reconfiguración mundial.
La manera en que ha sido concebido el libre comercio estuvo constantemente bajo consideración. Algunos países de la región andina hablan del paradigma de la complementariedad, que estimula y alienta la solidaridad entre países. Una integración de apoyo mutuo desde abajo, que pone en el centro la dignidad de las personas, los pueblos y la Madre Tierra. Por otro lado, y contrariamente al anterior, tenemos el paradigma de la competitividad, en el que priman la ganancia y el interés de acumular riqueza. Paradigma que a costa de avasallar la soberanía de los países busca mantener los privilegios y proteger las inversiones de las grandes corporaciones. Se dio también cuenta del avance del poder corporativo, pues en países que no participan formalmente en tratados comerciales de talante competitivo se experimenta la invasión de empresas trasnacionales, así como el despojo de sus identidades y sus bienes comunes. México es el país que por desgracia ejemplifica los estragos de la implementación legalizada de tratados competitivos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) generó desde su puesta en marcha situaciones económicas que, contrariamente al sueño del crecimiento y la generación de riqueza, han colocado a la población con mayores índices de pobreza extrema. Experimenta además la invasión de megaproyectos que han acarreado enorme conflictividad y violencia en su territorio, así como la precarización del trabajo y la violación sistemática de los derechos de los pueblos y las personas. En relación con la soberanía alimentaria, en este periodo del TLCAN los diferentes gobiernos mexicanos han renunciado a su obligación de garantizarla. Por el contrario, el país tiene ahora 40 por cierto de dependencia alimentaria, lo que ha provocado el olvido del campo y la chatarrización de la alimentación, obteniendo con ello en cambio millones de personas con enfermedades asociadas a la mala alimentación. Como producto también de los tratados comerciales observamos cómo el Estado mexicano ha sido refuncionalizado para garantizar que las inversiones de las corporaciones no corran riesgos, y cómo no vacila en aceptar la claudicación de sus obligaciones de proteger y garantizar la dignidad de las personas y las comunidades.
Sin embargo, afortunadamente también sabemos que hay posibilidades de revertir esta situación. Una de ellas es la conservación e impulso a un modelo campesino de producción de alimentos. En estas jornadas se compartieron experiencias de cómo los pueblos y movimientos sociales se están organizando en los países participantes para hacer frente al despojo y la crisis, reconociendo que es mediante la agricultura a pequeña escala, familiar y basada en los saberes campesinos e indígenas como podemos obtener la soberanía alimentaria que requerimos. Entendida ésta como aquella que no sólo pone atención en la disponibilidad, sino también en el modo de producción y el origen de los alimentos. Se consideró de relevancia igualmente la capacidad de las naciones para satisfacer sus propias necesidades internas y tomar decisiones de manera soberana, privilegiando un modelo de agricultura que se aleje del agroindustrial, canalizando apoyos e incentivos hacia los pequeños campesinos.

10/16/2016

"Si no hay respuesta el país se puede incendiar"


Labriegos demandan a la autoridad federal un gasto digno y una ley de aguas justa

Si el gobierno no responde a peticiones de campesinos el país se puede incendiar


Campesinos durante la marcha del Auditorio Nacional al Monumento a la Revolución, sobre Paseo de la Reforma, ayer

Periódico La Jornada
FotoLas organizaciones que forman el movimiento El Campo es de Todos propusieron al gobierno federal reorientar la política y el presupuesto designado al agro y demandaron la aprobación de una ley de aguas que no sea afín al empresariado y el diseño de una ley general de consulta a los pueblos indígenas para evitar los despojos a ese sector.
En una marcha entre el Auditorio Nacional y el Monumento a la Revolución, actividad que concluye las movilizaciones de la Caravana Nacional Campesina e Indígena en Defensa del Territorio y el Derecho a la Alimentación, iniciadas el pasado 9 de octubre en diversos estados del país, aseguraron que el pueblo indígena y campesino está hasta la madre de tanto recorte presupuestal.
Advirtieron que si el gobierno no responde a sus peticiones el país se puede incendiar. Insistieron en que se apruebe para 2017 un presupuesto digno para el agro.
Desde las 10 de la mañana, miles de labriegos avanzaron por Paseo de la Reforma, encabezados por los líderes de las agrupaciones que conforman el movimiento, entre ellas Cioac, Unimoss, Ficam, UGCP, CCC, Unorca, CNPA y Red OSC. Cerca de las 13 horas los primeros contingentes arribaron al Monumento a la Revolución, donde se celebró un mitin.
Allí leyeron un documento entregado en Los Pinos, según el cual las agrupaciones exigen el diseño de un solo programa de apoyo al pequeño agricultor, articulado y no fragmentado, que implique estímulos a la comercialización y a la innovación tecnológica, y rechazan la discrecionalidad con que se aplican los apoyos asentados en el Programa Especial Concurrente para el campo.
Demandan el establecimiento de una ventanilla única que integre la estructura programática y precisan que los recursos deben estar dirigidos a productores y con un enfoque territorial e integral. Además pidieron una sola regla de operación, en lugar de un entramado complejo.
Hacen hincapié en que los ejidos y comunidades poseemos 105 millones de hectáreas en nuestros 30 mil ejidos y comunidades y añaden que en el país 85 por ciento de las unidades de producción son de 20 hectáreas o menos. No obstante, aportamos más de 50 por ciento de la producción de granos básicos; somos los generadores de mayor empleo en el sector primario, y sin embargo los presupuestos federales rurales los entregan a una minoría de grandes agricultores de las zonas más ricas del país.
El diputado de Morena Jesús Serrano Lora, presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, habló de la conformación del frente parlamentario en favor del campo, el cual buscará tener eco en las demás bancadas y repudió el recorte para el campo de unos 20 mil millones de pesos, propuesto para 2017.
Max Correa, líder de la Central Campesina Cardenista, advirtió que si el gobierno federal no atiende nuestro llamado, el próximo año habrá escasez de alimentos, porque habrá un paro agrario. Llamó a que se apruebe una ley de aguas justa y que se tome en cuenta la propuesta de presupuesto que les dejamos.

10/13/2016

105 millones de hectáreas ejidales y comunales, en el abandono y pobreza: Narro

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Ante la movilización campesina este jueves, líderes de ese sector explican a Aristegui Noticias cuáles son sus principales demandas. "La lucha es por un nuevo trato a este sector", acotó José Narro Céspedes.

Foto: Hilda Ríos/ Cuartoscuro
En entrevista para Aristegui Noticias, reveló que en el campo hay 105 millones de hectáreas ejidales y comunales que “prácticamente están en el abandono, en la marginación y en la pobreza”.
Sostuvo que “la única política que impulsa el gobierno para este sector es la política asistencial para que la gente no se muera de hambre, sin haber realmente una estrategia para el desarrollo nacional”.
A su vez, Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista, dijo que buscan “visibilizar ante la sociedad que lo que pasa en el campo es un asunto de todos, sobre todo por el derecho humano a la alimentación y también de los hechos de despojo que están sufriendo nuestros ejidos, nuestras comunidades y pueblos para satisfacer ganancias y la avaricia de empresarios y proyectos que están destruyendo bosques, selvas, contaminando agua…”.
Denunció que existe un “mercado agroamilentario imperfecto en México que está generando el emprobecimiento de muchos campesinos productores pequeños y el encarecimiento de los alimentos para los consumidores”.
Llamó a limitar a los “agentes preponderantes” y apostar en generar una mayor competitividad en el mercado agroalimentario.
“Esperamos cambiar la política pública de la Sagarpa para que se puedan enfocar todos los apoyos a elevar la productividad de la agricultura familiar campesina e indígena y que se apliquen las medidas y recomendaciones de la Cofece en contra los monopolios agroalimentarios en nuestro país, como SuKarne, Maseca, Bimbo, Bachoco, que son los únicos que le ponen el precio a las cosechas de nuestros productos porque son los únicos compradores en muchas regiones, pero también hay monopolios que son los únicos que suministran determinados insumos, maquinarias y equipos para el campo y que son los grandes ganadores de este sistema agroalimentario mexicano que tiene que cambiar”, expuso.
Acusó también a concesionarias, como empresas de Carlos Slim, que están cobrando peaje afectando a varios ejidos, cuando estos ni siquiera están expropiados; lo mismo sucede cuando llegan empresas canadienses que destruyen y contaminan territorios.
Hizo un llamado al presidente Enrique Peña Nieto y a todo el gabinete a que “podamos sentarnos a la mesa y determinar acordar los principales rubros de lo que representaría el inicio de un cambio del trato hacia el campo y los campesinos, para evitar este desastre nacional, este empobrecimiento y este despojo”.
José Dolores López, de la Central Independiente de Obreros y Campesinos, habló sobre una posible reforma al campo en este sexenio: “(Al inicio del sexenio) No les interesó, les interesó más el Pacto por México con algunas otras reformas… estamos exigiendo que se abra una negociación, el campo está muy complicado en estos momentos”.
“Estamos proponiendo un presupuesto que vaya enfocado sobre todo a la pequeña producción para impulsar la producción nacional”, agregó.